Escudo anticorruptos

El único escudo anticorruptos que cumple con el objetivo de reducir al mínimo posible la corrupción es un verdadero Estado de Derecho. Un término utilizado de forma superficial por tantos que, deduzco, por sus propuestas para construirlo o, no tienen ni idea de qué es un Estado de Derecho o, simplemente usan el término como muletilla políticamente correcta para avanzar sus intereses personales a costa, precisamente, de ese Estado de Derecho.

El Estado de Derecho no se construye con la incontinente aprobación de nueva legislación por parte del Congreso. Si el Estado de Derecho fuera lo mismo que una incontable cantidad de supuestas leyes, de decretos y de regulaciones, ¡hace cuánto tiempo no hubiéramos cantado victoria en Guatemala! Y las condiciones de vida de aquellos que hacen el esfuerzo mental y físico por superarse serían mil veces mejor. Sin embargo, ¿cuántas leyes existen en nuestro país y acaso han contribuido la mayoría de estas a que vivamos en paz, con seguridad y justicia?

Por cierto, una cosa es el Estado de Derecho y otra el Estado de Legalidad. Por supuesto, el Estado de Derecho implica un Estado de Legalidad, pero un Estado de Legalidad NO implica un Estado de Derecho. En una dictadura puede ser que se cumpla con la mayor parte de las llamadas leyes, pero tales leyes en lugar de cumplir con su función de proteger a los individuos, sirven para violar sus derechos y asegurar la explotación de la gente por parte de los dirigentes.

En nuestro país, mucha de la legislación no se cumple. Al menos, no la cumplen aquellos que viven dentro de la economía informal, que son la mayoría. ¡Y menos mal no se cumple, porque hoy estaríamos peor! ¿Y por qué no se cumple? Porque la mayoría de normas son ilegítimas e incumplibles. Porque violentan los derechos de muchos para beneficiar a unos pocos. Porque casi toda esa legislación promueve la corrupción. ¿Significa esto que los guatemaltecos necesitamos “reglas especiales” que se adapten a nosotros? ¿Será que nuestra naturaleza es diferente a la naturaleza del resto de humanos? Quienes creen tal mentira ancestral, es probable que nunca hayan leído ni escuchado la sentencia de G. K. Chesterton de que “lo esencial en los hombres es lo que tienen en común y no lo que los separa”.

Bruno Leoni distinguió entre la seguridad jurídica a corto y a largo plazo. La primera está asegurada por el hecho de que las normas están escritas y son accesibles. Y, según Leoni, la seguridad jurídica a largo plazo se remonta a los romanos, quienes tenían "un concepto de la certeza de la ley que se podía describir como que el significado de la ley nunca debía estar sujeto a cambios repentinos e impredecibles".

En fin, tratando de concluir un tema de por sí vital como incomprendido, la esencia de la ley radica en las interacciones humanas tal cual son, y no en el gobierno que tiene el poder de legislar. La gente hace la ley al esperar un respeto mutuo por ciertos reclamos que le son propios: su propiedad, su vida y su esfera de acción autónoma. En otras palabras, el Estado de Derecho está conformado por las normas que promueven el respeto al derecho ajeno lo que, parafraseando a Benito Juárez, es el bien común.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 21 de mayo de 2018.

El desborde del poder

Con tanta legislación, en la era de la supuesta lucha contra la corrupción, ¿cuánto tiempo podremos aguantar hasta el desborde del poder? Porque, a menos que logremos parar la legislorrea de la cual adolece el Congreso, y se comience a deslegislar, la situación no va a mejorar. Por el contrario, solo puede empeorar.

Bien lo explicó Andrew Hamilton en 1735, en “El juicio de John Peter Zenger”: “El poder se puede comparar con un gran río. Si bien se mantiene dentro de sus límites, puede ser hermoso y útil. Pero cuando se desborda, es demasiado impetuoso para frenar; arrasa con todo lo que está delante de él, y trae destrucción y desolación donde sea que venga”. Un aterrador símil. Más en países como el nuestro en el cual el poder atrae a los peores representantes de nuestra sociedad.

¿Se ha preguntado qué pasa cuando los resentidos y los envidiosos llegan al ejercicio del poder? ¿O lo ejercen de hecho desde la abstracta sociedad civil, por medio de grupos de presión políticamente correctos? ¿Qué sucede con las condiciones de vida del resto, descontando de estos a los amigos y familiares de los gobernantes? ¿Cómo afecta al ciudadano sin influencias, con miedo a expresarse, apático ante una situación que en el menos malo de los escenarios se estanca? ¿Qué les sucede a las personas que arriesgan, que invierten, que intentan crear riqueza? ¿Cómo acaban aquellos que son exitosos gracias a su propio esfuerzo mental y físico? ¿Quiénes terminan manteniendo a los que ostentan el poder y a su círculo cercano?

Para evitar el desborde del poder y la destrucción que éste trae consigo, debemos regresarlo a su curso limitándolo. Para alcanzar tal meta, es necesario entender que el objetivo de la LEY no es privilegiar a grupos específicos (familia, mujeres, indígenas, homosexuales, etcétera) El objetivo de la Ley es velar porque se le reconozca a cada persona lo que le corresponde, lo que asegura la convivencia pacífica y respetuosa dentro de una sociedad. Para eso, más que legislación o mandato específicos para beneficiar a unos a costa de otros, la LEY debe ser igual para todos, sin distinción de sexos, etnias, preferencias, etcéteras.

Hamilton recomienda que “si, entonces, esta es la naturaleza del poder, hagamos al menos nuestro deber, y como los sabios que valoran la libertad, empleemos nuestro máximo cuidado para apoyar la libertad, el único baluarte contra el poder sin ley, que en todas las edades ha sacrificado a su salvaje lujuria e ilimitada ambición la sangre de los mejores hombres que jamás hayan existido". ¿Qué estamos haciendo para salvaguardar nuestra libertad y nuestros derechos individuales del desborde del poder?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 26 de marzo de 2018.

¿Competencia o más corrupción?

Es la pregunta que nos debemos hacer ante la amenaza de que sea aprobada por el Congreso la mal llamada ley de competencia, la cual será mejor comprendida si se le reconoce como lo que es: más legislación intervencionista que, al final, va a promover la incompetencia y la corrupción, porque a más intervención de los gobernantes y de los burócratas en la economía, en la salud, en la educación, en las carreteras…, mayor y más fácil es el robo y el despilfarro de nuestros impuestos y más difícil es la creación de riqueza y el progreso.

El problema de la ley anticompetencia está en su mismo origen y su naturaleza intervencionista. La raíz del problema es el poder discrecional y arbitrario que pretenden otorgar a un grupo de burócratas. Poder que con anterioridad usaron para otorgar privilegios que evitan la competencia. Poder ostentado por burócratas que no saben qué significa competir o le tienen miedo a la competencia y por eso se acomodaron como funcionarios del Estado. Burócratas que ahora van a decidir qué es una práctica anticompetitiva, qué es la eficiencia económica, qué bienes debemos adquirir y a quiénes se los debemos comprar. Lo que es una paradoja, porque la única práctica anticompetitiva que existe es la creada previamente por los gobernantes que favorecieron con monopolios o carteles a los mercantilistas.

Es absurdo utilizar de excusa para aprobarla que ya el resto de países la tienen: mal de muchos, consuelo de tontos. El objetivo REAL de la ley anticompetencia es intervenir el mercado y crear más burocracia por medio de un ente superpoderoso al que van a llamar la “Superintendencia de competencia”, hermana de sangre de la SAT. La oferta es tentadora para algunos que CREEN que les va a facilitar competir con los más eficientes. ¿Te afectan los que compiten en tu mercado? ¿Venden más que tú? ¡Ah! Reclámalo a la Superintendencia: es probable que estén llevando a cabo alguna práctica anticompetitiva como, por ejemplo, ofrecer un mejor producto, un mejor servicio o un mejor precio.

NO se necesita una supuesta ley de competencia para protegernos, porque la mejor protección para los consumidores es la VERDADERA competencia: la única que beneficia a todos en el largo plazo. Los intercambios de propiedad privada, pues al fin eso hacemos al adquirir bienes y servicios, son por naturaleza voluntarios. No se puede legislar el libre mercado o crear competencia por medio de legislación. Para tener un mercado, libre por definición, los gobernantes deben respetar la voluntad de las personas que deciden qué, cómo, cuándo, cuánto… y a quién le compran todo aquello que necesitan para cubrir sus necesidades y alcanzar sus objetivos PERSONALES.

Una política de intervención del gobierno en el mercado es una contradicción. Que los gobernantes pretendan controlar por medio de regulaciones la competencia es ilógico. EL “CONTROL” LO DEBE EJERCER EL CONSUMIDOR/USUARIO: en todos los bienes y en todos los servicios, incluidos los estatales. El control lo debe ejercer quien paga. Una ley de competencia, solo promueve la burocracia estatal, la arbitrariedad de los gobernantes y, por tanto, la corrupción y la extorsión legalizada. La única competencia que va a promover será la de la corrupción.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 19 de marzo de 2018.

¿Magistrados o dictadores de la CC?

El frágil sistema de pesos y contrapesos propuesto por los constituyentes en 1985 ya no funciona. O, tal vez nunca funcionó, porque la falla del sistema es de raíz. El problema se origina en las premisas a partir de las cuales acordaron las normas que nos iban a regir en la que, efectivamente, es la era democrática; en la cual la mayoría (de la minoría que es la que generalmente vota) elige emocionalmente, motivada por ofertas incumplibles pero que alimentan la falaz y cómoda idea de que alguien más se va hacer cargo de nuestras vidas.

La ironía del caso es que al final, quiénes se han convertido en los dioses de nuestra democracia son cinco personas que integran la Corte de Constitucionalidad (CC), quienes ni siquiera son electos por los ciudadanos, sino son designados a dedo, dependiendo de qué grupo de presión es el más influyente en un momento determinado. Por cierto, esos mismos grupos de interés son también un resultado del sistema de incentivos perversos que actualmente impera en nuestro país, en el cual en última instancia prevalece la voluntad de los magistrados de la Corte mencionada. En otras palabras, son ellos quienes están gobernando sin límites e importándoles poco la Constitución, la justicia y el bienestar de los guatemaltecos. Un  ejemplo de lo anterior es el caso del cierre de operaciones de la Mina San Rafael.

Leslie Stephen, en “The Science of Ethics” (1882), reconoce que “los abogados tienden a hablar como si la legislatura fuera omnipotente, ya que no se ven precisados a ir más allá de sus decisiones… pueden hacer cualquier ley que les plazca y en cuanto una ley significa cualquier norma establecida por la legislatura”. Y, aunque Stephen considera que “desde el punto de vista científico, el poder de la legislación está estrictamente limitado... desde dentro porque la legislatura es el producto de una cierta condición social… que determina la sociedad… [Por medio de] la Constitución… y desde fuera, porque el poder de imponer leyes depende del instinto de subordinación, que en sí mismo tiene sus límites”, en nuestra triste realidad, los legisladores podrían decidir que había que “matar a todos los niños de ojos azules”, probando la locura que los invade, y, peor aún, la mayoría de los ciudadanos mostrarían que se han convertido en “súbditos idiotas” sometidos a una legislación absurda, exigiendo que ésta se cumpla.

¿Cómo serán recordados los magistrados de la CC?  ¿Cómo personas honestas, respetuosas de la ley y conscientes de su responsabilidad? ¿O cómo oportunistas vendidos a la voluntad destructora de CALAS? ¿Cuántos se quedaran sin trabajo si cierra definitivamente la Mina San Rafael? ¿Quiénes se benefician del cierre y por qué se benefician? ¿Qué podemos hacer? ¿Nos encontramos indefensos ante las decisiones de la CC? ¿Sólo nos queda esperar que, casi por milagro, los dictadores de la mencionada corte cumplan con su función de defender el orden constitucional, según dicta el artículo 268 de la Constitución?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 5 de marzo de 2018.

2018

Para muchos, el año comenzó hoy. Al menos el año productivo. Lo vemos en el tránsito que recuperó su pesadez. Lo sabemos por las bocinas que nos recuerdan que vivimos en un mundo de urgencias en el que debemos llegar pronto a algún lugar: un objetivo que probablemente no alcancemos. ¿Porque salimos tarde? ¿Porque no planificamos bien nuestro tiempo? ¿O será porque realmente no deseamos llegar a un lugar en el cual no queremos estar?

En fin, espero que la mayoría mantenga el entusiasmo que nos embarga a principios de año, aceptando que terminaron las vacaciones y a pesar de las complicaciones que implica el hecho de que casi todos retomamos nuestra rutina diaria, con todo e inicio de clases. ¿Por qué? Porque los retos que nos depara este 2018 son importantes para el presente y el futuro propios y de nuestros seres queridos.

Uno de los desafíos más importantes de este año a nivel político es la elección del próximo fiscal general, no solo por la batalla contra la corrupción, sino para todo el sistema de justicia en nuestro país. Ese sistema que en lugar de enfocarse en velar para que cada quien reciba lo que merece, es utilizado como un arma para satisfacer las demandas de los grupos de presión más poderosos del país. Un sistema que contribuye a preservar las injusticias que prevalecen en nuestra sociedad.

Sin embargo, el objetivo más trascendente para el año 2018 es hacer una verdadera reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. De lo contrario, se ponen en riesgo las elecciones generales de 2019. Entre los cambios urgentes a la actual legislación, el más relevante es el de la elección de diputados. Será una victoria significativa para los ciudadanos si por lo menos se logra aprobar el voto preferencial. Por supuesto, el ideal sería que pasara el voto nominal y hacer pleno el derecho de todo ciudadano a ser electo, aprobando que cualquiera que lo desee, aunque no esté respaldo por alguna organización política, pueda postularse para un cargo público. No obstante, en las actuales circunstancias, veo poco probable que estos cambios se den.

En lo que respecta a los retos ciudadanos, el principal será la defensa de la libertad de expresión, que significa la libertad de defender los propios puntos de vista y asumir las posibles consecuencias, incluido el desacuerdo con los demás, la oposición, la impopularidad y la falta de apoyo. La libertad de no estar de acuerdo, no escuchar y no apoyar a nuestros antagonistas.

No debemos permitir la censura bajo ningún punto de vista. La censura sólo la puede ejercer el gobierno. Ninguna persona, no importa cuán influyente sea o la profesión que ejerza, puede usar la fuerza física o la coacción gubernamental para censurar ni suprimir las opiniones o las publicaciones de otros. Todos somos libres de expresarnos en nuestros espacios y todos somos libres de escuchar a quien nosotros queramos. La función política del derecho a la libertad de expresión es proteger a los disidentes y es la principal defensa contra la imposición de una dictadura.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 8 de enero de 2018.

Desigualdad ante la ¿ley?

¿Vamos a perder la oportunidad de cambiar de raíz nuestro nefasto sistema político? Sí, lamentablemente, si la mayoría no despierta y deja de entretenerse con el circo y todas las distracciones que este ofrece, en lugar de enfocarse en lo importante: lo que está pasando en el Congreso, las nuevas leyes que los diputados están discutiendo y los cambios constitucionales que pretenden aprobar. Por supuesto, hay que estar también atentos a lo que sucede en nuestros tribunales, donde los jueces y magistrados, en particular los de la Corte de Constitucionalidad, están cambiando la legislación a su antojo y al gusto de los poderosos.

Quiero señalar que ya, a pesar del entusiasmo ciudadano a partir de las manifestaciones de abril y mayo de 2015, una gran parte de los cambios que han sido aprobados en el Congreso, en lugar de acercarnos a la necesaria igualdad ante la Ley, nos han alejado de ésta al otorgar más poder a los gobernantes para que, en nombre del abstracto Estado, intervengan en áreas que no les corresponden y tengan más control sobre nuestras vidas y bienes. En otras palabras, en vez de avanzar en una verdadera reforma, hemos retrocedido.

Digo necesaria “igualdad ante la Ley”, porque sin esta igualdad, la única posible y ojalá fuera la única deseable por todos, es imposible el progreso en el largo plazo. Más aún, es imposible la convivencia pacífica entre los miembros de una misma sociedad. Cualquier otro tipo de igualdad no sólo es inmoral e injusta, sino que es contraria a nuestra naturaleza y lo único que trae consigo es más miseria y obstáculos para superar la pobreza… al menos para la mayoría.

Las siguientes son las condiciones sine qua non para la existencia de un Estado de Derecho: 1. el Imperio de la ley; 2. la existencia de leyes auténticas, o sea que sean iguales para todos, generales, abstractas, conocidas, pocas, ciertas...; 3. el respeto al debido proceso: que los ciudadanos disfruten de los derechos contenidos en la ley y que el peso de la prueba dependa de quién acusa; 4. el respeto a los derechos individuales: vida, libertad y propiedad; y 5. la alternabilidad en el ejercicio del poder. En resumen, debemos acabar con todos los privilegios (exenciones especiales, ventajas exclusivas, leyes privadas) de todos los que hasta hoy se han beneficiado de estos privilegios y, lógicamente, no promover ni aprobar más prebendas para unos a costa de los derechos de los demás.

Los cambios que se hagan a la actual legislación y las leyes nuevas que se aprueben, deben ir enfocados al ideal de la igualdad de todos ante la Ley. Eso es, si queremos convivir en paz los unos con los otros, cada uno buscando sus propios fines por medio de la cooperación y el  intercambio libre basados en el respeto que nos debemos los unos a los otros. De lo contrario, sólo estaremos promoviendo una mayor iniquidad en nuestra sociedad y, en definitiva, en nuestras vidas.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 24 de abril de 2017.

La orfandad estatal

Una de las mayores tragedias que puede enfrentar un ser humano, es la de depender de los gobernantes que, en nombre del abstracto Estado, supuestamente asumen la responsabilidad de satisfacer sus necesidades y velar por su bienestar. Una responsabilidad que no es propia de la naturaleza de un gobierno. Pero es aún más trágico cuando esa dependencia es propiciada, esperada y aprobada por el mismo individuo, el cual termina viviendo insatisfactoriamente en la miseria: personas que son víctimas del engaño basado en el falso argumento de que la función del Estado es asegurarle todo aquello que considere necesario para vivir bien.

Sin embargo, dentro del contexto anterior, la peor de las tragedias es aquella a la cual adultos bien intencionados, pero totalmente equivocados, condenan a los niños a vivir bajo la tutela de los gobernantes que, repito, son quienes actúan en nombre del abstracto Estado. Niños, niñas, algunos recién nacidos, otros que ya han crecido bajo la tortura de vivir con padres que los maltratan y abusan de ellos. Criaturas indefensas y malqueridas que en muchos casos terminan reaccionando violentamente ante las circunstancias que les tocó vivir, llegando en ocasiones a cometer con otros los crímenes que fueron cometidos con ellos. Un círculo vicioso que es difícil de romper. Y más difícil es cuando los burócratas que quedan a cargo de ellos son peores que los familiares irresponsables de los cuales han sido apartados.

Antes de que fuera aprobada en el año 2007 la ley antiadopciones, varios miles de huérfanos tenían la expectativa de encontrar quién los adoptara, y que el proceso de sanar las heridas que desde pequeños les habían sido provocadas, se diera dentro de un ambiente familiar amoroso que les permitiera llegar a vivir vidas plenas y felices. No obstante, gracias a la exitosa campaña negra en contra de las adopciones, dirigida desde la misma UNICEF, esa esperanza se perdió.

Es cierto que hubo algunas denuncias (menos del uno por ciento de las adopciones), que debieron ser investigadas. Pero eso no justificaba que se condenara al noventa y nueve por ciento restante a vivir bajo la tutela de los gobernantes. Tampoco que se responsabilizara al tributario de los gastos de las ahora casi inexistentes adopciones, cuando antes estos gastos corrían a cargo de quienes quería adoptar. La ironía mayor es que, al final, no sólo no investigaron y menos se resolvieron las pocas denuncias reales, sino que ahora el costo de las contadas adopciones que hay es multimillonario y la única que se vio favorecida en el largo plazo con la estatización de las adopciones es la corrupción.

Hoy tenemos la oportunidad de corregir ese tremendo error que se cometió hace 10 años. Pero el éxito de este emprendimiento dependerá de la cantidad de gente que se involucre. Ojalá entre estos se incluyan quienes apoyaron este crimen hace una década. Tienen la oportunidad de enmendar sus errores y evitar más tragedias como la del “Hogar ‘inseguro’ de la Virgen de la Asunción”. Exijamos que se derogue, urgentemente, la ley antiadopciones.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 20 de marzo de 2017.

Fábrica de leyes

Uno de los principales problemas que enfrentan en la actualidad los medios de información tradicionales, es esa manía de la mayoría de sus miembros de confundir las leyes con la legislación y creer que al Congreso hay que evaluarlo por la cantidad de decretos que emitan los diputados, sin importar las consecuencias en el largo plazo que acarrean estos decretos. Nuevos decretos cuyo objetivo es crear más regulaciones que lo único que logran es debilitar aún más las pocas normas que merecen ser llamadas leyes. Un mal hábito que repiten año con año, en particular por estas fechas.

El error de creer que el Organismo Legislativo es una especie de fábrica de leyes, que rara vez cumplen con las condiciones para serlo efectivamente, promueve el estatismo y la intervención y, contrario a lo que muchos sostienen, esa incontinencia legislativa a los únicos que favorece es a los gobernantes y sus cómplices, ya sean estos últimos miembros de grupos de presión influyentes o familiares y amigos de quienes ejercen el poder.

Un Estado de Derecho, dentro del contexto republicano, está basado en la igualdad de todos ante la ley. Por eso, las leyes deben de ser universales, abstractas, impersonales y pocas para que sean conocidas y obedecidas. Las leyes deben aplicarse a todos por igual, mandantes y mandatarios, estos últimos todavía llamados por la mayoría gobernantes. Ninguno de los decretos legislativos, no importa cuántos sean ni quiénes los propongan, que promuevan la violación de los derechos individuales de unos, con la excusa de beneficiar a otros, pueden ni deben ser llamados leyes, porque estos son contrarios a la igualdad mencionada que asegura la vida, la libertad y la propiedad de todos sin distinciones de ninguna clase.

Sin embargo, en los tiempos actuales, aunque mucha gente engaña y se engaña creyendo que vivimos dentro de una república, la realidad es que hay pocas leyes y mucha legislorrea. Y esta última ahogando, poco a poco con cada nueva regulación que es aprobada, a las primeras. Acabando con la efectividad de las leyes y, de paso, con nuestros derechos individuales que quedan a merced de los caprichos de los poderosos y sus secuaces.

En lugar de promover la emisión de más legislación, debemos exigir la desregulación: la eliminación de todos aquellos decretos que les han permitido a los gobernantes adquirir más y más poder. Poder que es el origen de la corrupción, como bien lo enfatizó el célebre Lord Acton, con su hoy aún más célebre frase: “El poder tiende a corromper. El poder absoluto corrompe absolutamente”. Si queremos vivir en una sociedad donde imperen la paz, el respeto y la justicia, en la cual podamos convivir, compartir e intercambiar sin la intervención arbitraria de terceros, exijamos a los diputados que legislen menos y fiscalicen más.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 19 de diciembre de 2016.

Legislación antiprogreso

Los actuales diputados, enfermos de una legislorrea al parecer incurable, se han dedicado a aprobar más legislación intervencionista, estatista y colectivista, cuyo objetivo es darle más poder a quienes lo ejercen, los gobernantes, a costa de nuestros derechos. La mayoría de los decretos legislativos de lo que va del año obstaculizan el progreso y promueven la violación de la vida, la libertad y la propiedad de los habitantes de Guatemala. En lugar de fortalecer a quien deben servir, al mandante, se otorgan más poder a sí mismos y a la burocracia estatal en general.

Son despreciables quienes se quedan callados ante esta situación a pesar de que se dan cuenta de que el poder que se les otorga a los gobernantes para interferir en nuestras vidas y decidir sobre nuestros bienes es proporcional a los niveles de corrupción, impunidad y abusos. O sea, a mayor poder discrecional de los gobernantes y funcionarios públicos, existe más corrupción, más impunidad y más abusos por parte de éstos.  Y peores son aquellos que reconocen lo anterior, y se asociación para delinquir con quienes hacen de la política un negocio infame. 

A los proestatistas y los neomercantilistas influyentes les conviene a sus intereses hacer creer que la solución a las carencias de nuestra sociedad se encuentra en quienes, en la mayoría de los casos, son los causantes del problema: los gobernantes.  Por supuesto, también se avocan luego a ellos para cobrarles la factura del apoyo solicitando privilegios. En nuestro país los gobernantes y los buscadores de rentas promueven una ciega carrera hacia el abismo de la miseria perenne.

Me da pena pensar en el futuro de los más pobres, aquellos por quienes dicen velar los neopopulistas, neonacionalistas y neosocialistas, porque no sólo no logran superar la pobreza en la que viven, sino que cada ley que aprueban los diputados reduce sus probabilidades de que logren mejorar honradamente su calidad de vida. La opción que les queda es la de emigrar a países en los cuales se goza de una mayor libertad, respeto a la propiedad, justicia y seguridad.

Tenga cuidado con quienes proponen más de lo mismo: más allá de las consignas ideológicas desgastadas, agotadas… más allá de los ataques falaces (non sequitur, hombre de paja, ad hominem) enfoquémonos en lo que es nuestro sistema político: ¿qué nos enseña la realidad? Los hechos, ¿qué nos dicen del tipo de sistema que impera en Guatemala? ¿Por qué se ha caracterizado? ¿Por la intervención gubernamental en nombre del abstracto Estado o por el respeto a los derechos individuales de cada uno de los miembros de la sociedad y la igualdad ante la Ley para todos? ¿Hasta dónde llega el control de los gobernantes sobre nuestras vidas? ¿Hasta dónde pretenden llegar con los cambios que intentan aprobar?

El sistema que tiene más de siete décadas de prevalecer en Guatemala es el Estado Benefactor/Mercantilista. Es este el origen del problema. Más de lo mismo, sólo va a empeorar las condiciones en las cuales vivimos.

                                                                            

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 25 de abril de 2016.

Legislación electorera de pandillas politiqueras

Legislación arbitraria que solo refleja la voluntad del legislador y los intereses de los grupos de presión con capacidad de cabildear en el Congreso por privilegios. “¡Ley pervertida!” la llamaría Frédéric Bastiat: “¡Y con ella todas la fuerzas colectivas de la Nación, desviada de su objetivo legítimo y dirigida a un objetivo totalmente contrario! ¡Ley convertida en instrumento de todas las codicias, en lugar de frenar las codicias! ¡Ley hacedora de iniquidad, cuando su misión era castigar la iniquidad!” Normas corruptas, como los son sus autores, para beneficiar a una minoría a costa de la mayoría.

Necesitamos cambiar la ley que regula los procesos eleccionarios. Más aún, necesitamos cambiar de raíz el sistema político completo. Pero eso no implica que debamos hacer cualquier cambio a toda costa. Debemos hacer los cambios que nos permitan vivir dentro de una sociedad donde podamos cooperar e intercambiar en paz, respetando la vida, la libertad y la propiedad de todos. Donde cada uno coseche lo que sembró en base a su esfuerzo y los medios que escogió para producir. Donde las probabilidades de ser felices sean más altas.

Los cambios propuestos recientemente no contribuyen a los objetivos listados en el párrafo anterior. Todo lo contrario. Profundizan el injusto régimen actual. Están diseñados para beneficiar a ciertos grupos, facilitar el expolio del creador/tributario y privilegiar a un sector de individuos ¿o debería decir individuas? que se apropian de una representación que no tienen.

Los politiqueros pretenden duplicar una falsa deuda que nos han endilgado a los ciudadanos: la deuda política. ¡Qué ironía! Si algunos están en deuda con nosotros, los mandantes, son ellos. No obstante, pretenden que les entreguemos 4 dólares por voto recibido, como si los actuales 2 dólares no fueran ya un abuso. Por cierto, ¿por qué no lo decretan en quetzales? ¿No confían en cómo manejan sus colegas la moneda? ¿Prefieren confiar en el Presidente de la Reserva Federal estadounidense? ¿Les preocupa que su patrimonio se devalúe? En fin, lo que pretenden es asegurarle ingresos a su negocito para mantenerlo a flote, sin importar que sus servicios sean o no demandados.

¿Cuán sinvergüenza debe ser alguien para pretender un puesto sin haberlo ganado? ¿Solo por su sexo, su edad o su etnia? ¿Tan poco se valoran para aceptar que solo por medio de favores pueden llegar a ocupar una curul? ¿Cuáles son las intenciones reales detrás de los promotores de semejante aberración? Si fuera cierto que su objetivo es beneficiar a minorías, lo que deberían de promover es la eliminación de privilegios, no la creación de más legislación oportunista.

¿Y que nos ofrecen a cambio de lo anterior? Fijar la cantidad máxima de diputados en 160 parásitos. ¡Cómo si de los actuales 158 no sobraran la mayoría! Tal y como es nuestro sistema actualmente atrae a los PEORES representantes de nuestra sociedad. ¿Qué podemos esperar con las reformas propuestas? Más de lo mismo, solo que en mayor cantidad.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 4 de noviembre de 2013.

RENALENAM

"Es una responsabilidad moral desobedecer las leyes injustas".

¿Ya dieron cuál es el significado del acrónimo que sirve de título a mi artículo de hoy? “Registro Nacional de Leyes Nacidas Muertas”. Cada sesión del Congreso en la cual aprueban más legislación hace cada vez más urgente la creación de este registro. Como Directora pueden nombrar a Roxana Ramírez, la anterior administradora del Cementerio General, ya que en este camposanto sí deberíamos de celebrar el que ¡al fin! sepamos cuánta norma inútil han aprobado los diputados a lo largo de los siglos por los siglos de los siglos ¡amén!

La más reciente que, por cierto, podría ser la primera registrada en el RENALENAM es la “Ley de Equipos Terminales Móviles” que prohíbe el robo de celulares y obliga al usuario a registrar su aparato bajo la amenaza de que si no lo hace le suspenden el servicio y le pueden expropiar el celular. Lo que, por cierto, sería inconstitucional. También podemos incluir la norma para ¿regular? el cambio climático y la obligación de portar chalecos anaranjados. Y así, podemos irnos casi ad eternum hasta tener el registro de las miles de regulaciones que no sirven para nada.

Debo enfatizar que estos cadáveres legislativos son unos muertitos muy caros para los tributarios. ¿Cuánto parásito no hace como que trabaja gracias a estas supuestas leyes? ¿Cuánto despilfarro no justifican los gobernantes bajo la excusa de cumplir con lo decretado? Para que al final el ciudadano salga trasquilado y de todas formas no disminuya el mal que pretende corregir. Tal será el caso del robo de celulares. ¡Si hasta en el Registro de Propiedad se roban los bienes inmuebles! Bienes que se supone son inamovibles.

Como escribió François Marie Arouet (Voltaire): “Una multitud de leyes en un país es como tener muchos médicos: es signo de enfermedad”. ¡Cuán enfermos estamos! Bien lo dijo el ilustrado mencionado: “La estupidez es una enfermedad extraordinaria, no es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás”. Un importante motivo por el cual los ciudadanos debemos expresarnos y corregir la plana a los políticos antes de que sea demasiado “…peligroso tener la razón cuando el gobierno está equivocado”. No vaya a ser que “a fuerza de repetir una necedad, acabemos creyéndola", lo que creo les pasó a los ponentes de estas y otras leyes cuyo único destino es mantener a aquellos que sean contratados para ¿laborar? en la oficinota a cargo de cumplir con la voluntad de los legisladores. ¡Ah! Y los caprichos de los miembros de los grupos de presión que gastaron cualquier cantidad de dinero para que fuera aprobada.

Por descabellada que le pueda sonar a algunos mi idea, podría ser una solución lógica a la legislorrea que ha sepultado bajo su estiércol a las Leyes auténticas que necesitamos para vivir dentro de un Estado de Derecho y construir una verdadera República Liberal. Es mejor que NO PASE NADA en el Congreso a que aprueben más legislación que otorgue más poder a los gobernantes.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 23 de septiembre de 2013.

Chaleco arcoíris

Ni solo color esperanza ni solo color naranja. Imagínense a todos los motociclistas con un chaleco que llevara los siete colores del arcoíris: desde el rojo hasta el violeta, pasando por el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el añil. Una bella imagen, permanente, que nos haría recordar diariamente ese hermoso fenómeno óptico y meteorológico producido por los rayos del Sol cuando atraviesan pequeñas gotas de agua contenidas en la atmósfera terrestre, cuyo resultado visible es un espectro de frecuencias de luz continuo en el cielo. Nos haría suspirar a muchos… menos a los pobres individuos que tendrán que portarlo. Eso sí, no habría discriminación: todos los colores de los partidos estarían representados.

De todas formas hoy deben de portar un fúnebre chaleco negro impuesto por Álvaro Colom, y que por disposición del Presidente del Ejecutivo, Otto Pérez Molina y el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, deberán reemplazar casi ipso facto por uno color naranja. Aquel que para el 16 de septiembre no haya cambiado al color que identifica al Partido Patriota deberá atenerse a las consecuencias por semejante desfachatez.

Por supuesto que la excusa que dan es que el otrora conocido como anaranjado simboliza la seguridad… sí, principalmente la seguridad INDUSTRIAL. ¿Qué tiene que ver con el abuso de uniformar a todos aquellos que circulan en una motocicleta? Por cierto, quienes se han tragado el cuento de los gobernantes olvidan que el uniforme naranja también lo portan los presos. ¿Cuál de todos los significados del naranja vamos a considerar correcto? Quedará a discreción de cada uno decidirlo. A lo mejor a alguien le entretiene hacer un estudio semiótico sobre el naranja y lo que este color simboliza para la mayoría de los guatemaltecos.

Pero, al final, lo más importante a discutir no es el color del chaleco, sino la obligación de portarlo. ¿En qué contribuye a que haya más seguridad? ¿Qué sucede si un ladrón roba el chaleco de un motorista? ¿Qué pasará con aquellos que asaltan a pie a los conductores de los vehículos parados (motoristas incluidos) por el tránsito cada día más pesado? ¿También deberemos portar al caminar por las calles un chaleco que nos identifique? ¿Qué número debiera ser visible (que no legible) en nuestro chaleco de caminantes? ¿El del DPI? ¿Y si tengo problemas para sacar la nueva identificación en el RENAP? Si llevo una gorra en la cabeza, ¿debe ser visible mi número de identificación? Absurdo. Un cambio de color en el chaleco de los motoristas no nos brinda seguridad. Es una decisión prejuiciosa que viola derechos individuales y clasifica a los motoristas como delincuentes.

Al menos con el Acuerdo Gubernativo 289-2013 eliminaron la prohibición de que circule más de una persona en una motocicleta. Pero si hubieran querido enmendar el error del gobierno anterior, simplemente debieron derogar el acuerdo de Colom, no emitir uno nuevo. Otra decisión de Otto Pérez Molina y su gente que nace muerta. Fracasada.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 19 de agosto de 2013. El collage lo elaboré con imágenes que bajé de la Internet.

Lo siento

Siento mucho, muchísimo, darme cuenta de que, más rápido de lo que había pensado, esa farsa de ley que se vendió como la panacea de los infantes desamparados, abandonados, maltratados, abusados… tantas veces por sus familiares, incluidos sus padres… se cae en pedazos, al salir a luz las verdaderas razones que guiaron a varios de quienes se rasgaban las vestiduras, amenazaban con inmolarse o, al menos, cortarse las venas con pan sándwich (digo, no vaya a ser que se lastimaran al utilizar otro objeto) si no era aprobada.

¿Cuáles son algunas de esas razones? La búsqueda de poder, dinero, fama. Un cómodo puesto en la burocracia estatal que les asegure altos ingresos a cambio de nada. ¿Acaso se les puede exigir el cumplimiento de sus labores? Los podemos criticar, despreciar, recordarles a su madrecita (por suerte ellos sí la tuvieron), decirles hasta de qué se van a morir que, total, a la gente de su especie les da igual. Han llegado a desarrollar tal cuero aceitoso que todo les resbala.

Probablemente hay motivos de índole sicológica que, sin duda, no creo tener la suficiente información como para emitir un diagnóstico y menos sugerir un tratamiento. El resentimiento, la envidia, la frustración, sentirse fracasado, independientemente del éxito alcanzado, son obstáculos que sólo se pueden vencer cuando el individuo reconoce que los padece, y existe un compromiso real del sujeto de tratarse, buscar las raíces de sus males y tomar cartas en el asunto para superarlos. En fin, un problema de quien así siente, así vive y así consume su escaso e irrecuperable tiempo.

Por supuesto que hay que corregir los abusos que algunos hayan cometido en tan noble proceso como es el de la adopción. Pero de eso a sepultar la esperanza de los huérfanos, hay un gran trecho. En lugar de estatizar, monopolizar, burocratizar y pasarle el costo del trámite de las adopciones a los tributarios, se debió fortalecer la persecución y condena de aquellos que hubieran incurrido en actos criminales.

Quienes me hacen el honor de leer lo que escribo, o escuchar “Todo a pulmón” (100.9FM, al mediodía), saben cómo este tema me ha tocado en lo personal. Conocen de mi amistad con un grupo de cariñosos niños que, a pesar de lo queridos que son (yo soy sólo una más entre tantos que daríamos casi cualquier cosa por verlos dichosos e integrados a una familia), anhelan ser adoptados. Seres bellos que desean disfrutar del amor exclusivo de un padre o una madre. Qué mejor si ambos. Pero, al menos con uno de ellos que los ame, los proteja y se dedique por entero, como lo hacen muchos, a brindarles una vida plena de oportunidades, es suficiente.

Se puede enmendar el error. Se puede revertir por medio del activismo jurídico y la indignación de la población consciente. Pero todo ello implica, además del decir, la acción. No debemos quedarnos de brazos cruzados. Todos podemos hacer algo. Por favor, hágalo.

Articulo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 28 de enero de 2008.

La fotografía de Rodolfo la tomé el sábado 26 de enero de 2008, en el Hogar Rafael Ayau.

Vidas robadas

El fracaso del Estado benefactor/mercantilista desborda la angustia de nuestras sociedades tropicales, conformistas y en eternas terceras vías del subdesarrollo. Ante tanta promesa utópica de cambiar la naturaleza humana, propia de las mentes intervencionistas, precisamente el ser humano perdió la seguridad ganada con el ausente y mal entendido Estado de Derecho. Al menos por las latitudes latinoamericanas.

Es obvio que los habitantes de Guatemala no somos ajenos a esta situación. Lo que es peor, vivimos inmersos en ella. Día a día, la mayoría se cuestiona si va a regresar con vida a su hogar. La inseguridad imperante, la falta de respeto a los otros, a sus bienes, a sus decisiones, hace que la desesperación sea la madre de la actuación sin razón.

Un ejemplo de consecuencias imposibles de medir es la consigna que parecieran tener algunos burócratas, políticos y reporteros, para atribuirle a la adopción (y a las ambiciones monetarias, dicen, de algunos notarios), hechos probablemente propios del contexto general que afrontamos hoy. Un contexto caracterizado por el aumento constante de la criminalidad ante la impotencia de los gobernantes de frenar los crecientes abusos de los antisociales.

Llamar al secuestro de niños, de forma manipuladora, robo, ha propiciado que resurjan mitos ancestrales en mujeres y hombres que se encuentran, como casi todos, acosados por el miedo. Y si a ese sentir se le suma la desinformación, ¿qué podemos esperar de la actuación individual irresponsable, encubierta en medio de una turba: una muchedumbre de gente confusa y desordenada? Sin duda, la proliferación de los linchamientos, donde más que justicia se busca venganza: quién me la paga, no quién me la debe. ¿Cuáles de las versiones son ciertas y cuáles falsas? ¿Una realidad u otra excusa más de supuestos defensores de derechos humanos para conseguir más dinero?

Según la Procuraduría General de la Nación, alrededor del 95 por ciento de los niños adoptados son entregados a estadounidenses. De estos últimos, el 95 por ciento presentan pruebas de ADN previo a la autorización de la adopción, y el restante 5 por ciento son criaturas abandonadas, de padres desconocidos, los cuales, después de cumplir con el proceso, son otorgados a quienes cumplieron con los requisitos solicitados. Estos datos, verificables, hacen poco posible el gran negocio del robo de niños para dar en adopción que tanto cacarean algunos.

En fin, urgen adopciones, no legislación que las entorpezca, sea o no avalada por expertos del Buró de La Haya.

Como dijo el dramaturgo español Jacinto Benavente: "Si murmurar la verdad aún puede ser la justicia de los débiles, la calumnia no puede ser otra cosa que la venganza de los cobardes". Que caiga el peso de la culpa en la conciencia de aquellos que por intereses espurios difaman a la Institución milenaria de la Adopción… si es que acaso tienen conciencia. Voleur de vie.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 9 de julio de 2007.

Las adopciones, ¿un tema ideológico?

Ideología: qué fácil es reducir a tan manipulada palabra, utilizada por la gente, lo sepan o no, influenciada por el pensamiento marxista de la confrontación: de clases, etnias, sexos… Simple enfrentamiento. Cuando lo que precisamente promueve el liberalismo es totalmente lo contrario: cooperación pacífica.

Ahora, pretenden estirar esta visión del mundo hasta el mismo tema de las adopciones, en donde ponen en juego el bienestar de miles de niños. Y todo, por la envidia. Si tanto les preocupa lo que ganan los notarios, en lugar de aumentar los trámites y las regulaciones, deberían eliminarlas y, simplemente, dejar el proceso en lo que debería de ser: un contrato privado entre los padres biológicos que dan en adopción y los que desean hacer suyos los hijos que otros tuvieron. Niños cuyos padres no los quieren o, por el contrario, los quieren tanto que consideran que van a tener mejores oportunidades en otro hogar.

Caso excepcional serían los niños abandonados con padres desconocidos. Sin embargo, en ese caso, lo ideal sería que se encargaran de ellos casa hogares privadas, mantenidas de forma voluntaria por tanta gente solidaria que hay en todas las sociedades.

¿Cuáles serán las verdaderas razones que mueven esa campaña que acabará con la institución formal de la adopción en Guatemala?

Lástima que entre los mismos reporteros y periodistas de nuestro país existen tantos prejuicios y resentimiento que no les permite ser objetivos e investigar qué ha pasado en los países que adoptaron la legislación que promueven los burócratas de UNICEF. Descubrirían a quiénes les arruinó la vida.

La ironía es que las peores manos en las que pueden estar estos niños (las del abstracto Estado, que al final termina siendo un burócrata cualquiera, desmotivado y sin incentivos), son en las que pretenden los bienintencionados tramitadores de UNICEF, poner el destino de tantas criaturas que podrían vivir bajo condiciones envidiables por los habitantes de países tercermundistas como el nuestro.

Y luego pretenden que les creamos que es por el bien de los infantes. Mentirosos.