El patojón pidón

Es ni más ni menos que el Presidente del Organismo Ejecutivo de Guatemala: Jimmy Morales. Y no hago nada más que repetir lo que el mismo mandatario declaró la semana pasada en una reunión con alcaldes de Jutiapa, cuando les solicitó, humildemente, una contribución en materiales de construcción para reparar las carreteras que se encuentran en un proceso de destrucción.

Morales opina que de no darse tal colaboración de poco servirá el patriótico trabajo de los Ingenieros del Ejército en el proceso de rellenar los agujeros que pueblan las carreteras del país. Se corre el riesgo de que el plan “a parchar las carreteras” del Ministro de la Defensa, fracase. Pero, ¡quién sabe! puede ser que el plan del Ministro de Comunicaciones de apoyar a la seguridad ciudadana, funcione.

En fin, según el Presidente, no hay dinero para comprar los materiales, además de que les cuesta mucho adquirirlos por culpa de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y, para colmo de males, no hay compañías confiables para hacer el trabajo, ya que la mayoría de estas han sido cuestionadas por la Contraloría, la CICIG y el MP. La última excusa citada, sin duda, es en parte cierta. Y digo en parte, porque sé que hay otras empresas que les gustaría licitar las construcciones y las reparaciones de carreteras, pero NO están dispuestas a pagar, primero, ni el diezmo que les exigen para darles el trabajo ni, segundo, la comisión que requieren los burócratas para que les sea cancelado el proyecto una vez terminado y entregado.

En lo que respecta a la primera excusa, la falta de dinero, ¡esa NO la creo! ¿Acaso no se ha regodeado Juan Francisco Solórzano Foppa al presentar sus logros al frente de la Santa Inquisición Tributaria de Guatemala? ¿Acusa el Presidente al mencionado Superintendente de mentiroso? ¿O en qué se han gastado todo lo que han recaudado? ¿Para qué ha servido el aumento en la recaudación fiscal? Y, ¿por qué la sospechosa insistencia de los burócratas en el porcentaje de recaudación y no en lo importante, el monto necesario para que el gobierno cumpla con las funciones propias de su naturaleza?

¿Es necesario un nuevo sistema de compras del abstracto Estado? ¿Qué les molesta a los gobernantes de la actual legislación? ¿Es culpa de tal ley el bajo nivel de ejecución estatal? ¿Por qué los hallazgos por incumplimiento de la entrega de obras, bienes y servicios, son la “evidencia para generar un nuevo sistema de adquisiciones”? Lo que, por cierto, es falso. Esto simplemente es una prueba más de la inutilidad, ineficiencia e irresponsabilidad de los gobernantes y los funcionarios estatales.

¿Por qué premiarlos facilitando la corrupción? Ni siquiera la actual normativa asegura el uso correcto de nuestros impuestos. Bien lo dijo el mismo Solórzano Foppa, en un tuit que compartió hace algunos días: “Como funcionario que tiene que ejecutar en base a la ley de compras le puedo asegurar que usar la misma NO es garantía alguna de transparencia”. Una vez no cambiemos de raíz el sistema de incentivos perversos que prevalece, ¡bien amolados seguiremos!

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 31 de julio de 2017.

Chulada de hundimiento

Y no me refiero a los cráteres, algunos cuyo fondo no es visible, que inundan nuestras carreteras. Hundimientos de los cuales, descaradamente, los funcionarios estatales culpan a la lluvia. Sí, créalo o no, la culpa es del agua que se atreve a filtrarse en las magníficas autopistas que cubren nuestro país de punta a punta. Caminos que da gusto recorrer disfrutando del hermoso paisaje que nos brinda Guatemala. ¡Qué bárbara la lluvia! ¿Cuándo irá a ser perseguida y denunciada por el Ministerio Público y la CICIG?

En fin, ironía aparte, la desastrosa condición en la cual se encuentran nuestras vías de comunicación, simplemente reflejan la realidad misma del sistema político vigente que facilita la corrupción, la verdadera causante de la desgracia en la cual no sólo se encuentran las carreteras, sino todos los servicios que, supuestamente, son responsabilidad de los gobernantes en nombre del abstracto Estado. Somos testigos del hundimiento del Estado Benefactor/Mercantilista. Sin embargo, aún somos pocos los que nos atrevemos a señalarlo. Tal vez es porque la mayoría sólo sufre las consecuencias de su fracaso, pero no conocen o entienden el origen de la tragedia en la que vivimos.

Es raro el que niega que la reina de la construcción es la corrupción. Al menos, en la construcción a cargo de los gobernantes. En la construcción de puentes, carreteras, hospitales, escuelas… y todo aquello que, según los estatistas, debe hacer el gobierno. Vaya ingenuidad de muchos a estas alturas del partido y en un siglo en el cual es cada vez más difícil ocultar los hechos de la realidad.

Aunque, detrás de los bienintencionados que sirven de parlantes de la potestad estatal para intervenir en todo aspecto de la vida humana en sociedad, están aquellos perversos, oportunistas, saqueadores parasitarios que se aprovechan de la candidez de la mayoría para llegar al ejercicio del poder. Y una vez en posesión de sus cargos, con contadas excepciones, se quitan la máscara y se dedican a hacer lo mismo que sus antecesores: mentir, robar y extorsionar. ¡Ah! Y vender al mejor postor el poder que los ingenuos le otorgaron.

Alejandro Sinibaldi es un ladrón, un extorsionador, un corrupto que debe rendir cuentas ante la justicia y compensar a sus víctimas, los tributarios. Así como lo es Arnoldo Medrano y familia. Así como lo son los burócratas corruptos que los apoyaron y, sin duda, muchos más de quienes han ejercido un cargo en el Estado. Sin embargo, de los acusados que no eran parte de la burocracia estatal habrá que diferenciar a los cómplices voluntarios de Sinibaldi y demás funcionarios que hicieron negocios turbios con ellos, de quienes cedieron a la extorsión. Y todos, en su justa medida, deberán pagar las consecuencias de sus acciones.

¿Qué deben hacer quienes son extorsionados? Denunciar y no trabajar con los inmorales. ¿Cómo evitar la corrupción, no sólo en los nuevos contratos de infraestructura, sino en todo el Estado? Cambiando el sistema de incentivos perversos que prevalece.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 17 de julio de 2017.

Bloqueadores

Manifestar no es lo mismo que bloquear. Hechos evidentes para cualquiera que no falsea la realidad, no engaña a otros ni si se miente a sí mismo. El primero es un derecho propio de cualquier persona libre que considera necesario expresar y compartir su pensar y su sentir con otros. El segundo es un delito que viola el derecho a la libre locomoción de la mayoría, pone en riesgo la propiedad de muchos y, en algunos casos, pone en peligro la vida de otros.

Sin embargo, en nuestro país, comenzando por el gobierno, muchos se hacen de la “vista gorda” ante la evidencia y prefieren sufrir las consecuencias de las acciones violentas de los delincuentes que bloquean carreteras, y a otros poco les importa porque creen que a ellos no les afecta. Tremendo error de los mencionados, que terminamos pagando todos, aún aquellos que señalamos a quienes violan descaradamente nuestros derechos y le exigimos a los gobernantes que cumplan con su función de velar porque estos sean respetados.

Repito lo que he señalado en otras ocasiones: no es lo mismo reclamar para que se respeten nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad, que extorsionar con medidas de hecho para que alguien más (en este caso los gobernantes en nombre del abstracto Estado) se haga cargo de satisfacer nuestras necesidades y todo aquello que deseamos pero no queremos hacer el esfuerzo por adquirirlo. Lo que suelen hacer los bloqueadores es EXIGIR violentamente que se les den bienes y se les otorguen beneficios que no han ganado. Demandan privilegios.

Les da igual que para satisfacer sus reclamos los gobernantes se conviertan en violadores de los derechos de otros. Reclaman descaradamente lo que ellos no están dispuestos a dar: RESPETO. Dejan claro que lo único que termina las protestas (y sólo de forma temporal, mientras se les ocurre por qué más bloquear) es que se les conceda todo lo que piden. Eso es EXTORSIONAR. Su negocio se mantiene a base de medidas de hecho violentas, constantes y sostenidas en el tiempo. Su modus vivendi se basa en la destrucción y la pobreza de otros a quienes dicen defender, aunque en la realidad lo que logran es obstaculizar su progreso.

El principio de la no-agresión es la norma básica para asegurar la coexistencia pacífica dentro de una sociedad. Solo se justifica el uso de la fuerza para defenderse del ataque y/o abusos de otros. Por eso es necesaria la existencia del gobierno cuyas funciones, propias de su naturaleza, son velar porque haya seguridad y justicia. El gobierno DEBE cumplir con su obligación y DEBE retirar a los delincuentes que bloquean y violan los derechos de los demás.

¿Es justo que unos vivan de obstaculizar la creación de riqueza y condenando a vivir miserablemente a la mayoría? No. Ojalá prosperen las denuncias que se han presentado en el Ministerio Público en contra de los profesionales del bloqueo, delincuentes confesos y responsables de la pobreza de muchos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 17 de julio de 2017.

Un mundo justo

Es uno de los eslóganes más comunes. En su nombre los artistas hacen conciertos, los burócratas estatales (nacionales y supranacionales) organizan cumbres, los miembros de los grupos de presión exigen privilegios… En fin, ¿quién en su sano juicio no desea vivir en un “mundo justo”? El problema no se encuentra en el anhelo de que prevalezca la justicia. El problema se encuentra en la definición ambigua del término “justicia” y el poco entendimiento de la mayoría de lo que es justo. Es por eso que en nombre de ese “mundo justo” se terminan cometiendo tremendas injusticias.   

¿Cómo sería un “mundo justo”? ¿Por qué sería un “mundo justo”? ¿En qué nos basamos para decir que es un “mundo justo”? ¿Qué necesitamos para vivir en un “mundo justo”? Primero, reconocer que “justos” sólo podemos ser los seres humanos que decidimos cultivar el hábito de darle a cada quién lo que le corresponde. Y segundo, así como buscamos ser justos en nuestra vida diaria, debemos buscar esa justicia en la sociedad en la que vivimos, lo que significa que el sistema político que impere en nuestro país debe ser justo.

¿Cómo debe ser ese sistema justo que respete la máxima de darle a cada quien lo que le corresponde? ¿Debe ser un sistema que discrimine y beneficie a unos a costa de los otros? ¿O debe ser un sistema de leyes iguales para todos? ¿Un sistema que vele por igual para que se respeten los mismos derechos y las mismas obligaciones a todo miembro de la sociedad? ¿Debe ser un sistema que reconozca y respete el éxito a quien le corresponda y, por otro lado, castigue a los delincuentes y criminales, los cuales deben ser obligados a compensar a sus víctimas?

Lamentablemente, en el mundo actual, en diferentes grados, el sistema que predomina es el que discrimina. El sistema de incentivos perversos, injusto, que favorece a los que engañan, roban, destruyen… y castiga a los productivos, responsables, que se superan y respetan la vida, la libertad y la propiedad de los demás. Los trágicos sucesos recientes en el correccional “Las Gaviotas” y la decisión de los magistrados de la “Corte Intermedia de Injusticia” en el caso de la Minera San Rafael son una muestra más del fracaso de ese sistema que sólo beneficia en el corto plazo a gente acostumbrada a violentar los derechos de otros y vivir parasitariamente del trabajo del resto. Otra tragedia provocada por quienes promueven el Estado Benefactor/Mercantilista.

Dentro de ese contexto, es perder el tiempo preguntarse por qué tantos de nuestros compatriotas deciden emigrar y por qué son pocos, cada vez menos, los que se atreven a invertir en Guatemala. Más que medidas superficiales para promover “un mundo justo”, lo que necesitamos es que más personas se decidan a cuestionarse y, después de aclararse las ideas, cambiar de raíz lo que hay que cambiar y podemos cambiar por ser creación humana: el sistema político estatista e intervencionista.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 10 de julio de 2017

En "Hechos" por TV Azteca: Aliados para la prosperidad de quién

Corrupción, ¿fenómeno natural?

Según Iván Velásquez, quién recientemente fue confirmado como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la corrupción es un “fenómeno natural” que sólo se acabará si hay una “reforma” al sistema de justicia. Al menos, eso dijo el martes 27 de junio pasado ante los representantes de los gobiernos que mantienen financieramente a la CICIG.

Un fenómeno que, según el Comisionado, además de cambios constitucionales, necesita del involucramiento de la gente para erradicarlo: “Es necesario un nuevo despertar ciudadano como el de 2015, más profundo y más consciente, para la consolidación del estado de Derecho indispensable para lograr prosperidad y certeza jurídica en el país”. Interesante. Parece que el Comisionado repite lo que varios llevamos todo el siglo veintiuno diciendo hasta el cansancio. ¿Será posible que, finalmente, alguien poderoso nos escuchó?

Ahora, hace falta saber si nos referimos a los mismos cambios y a la misma responsabilidad individual que implica ese despertar ciudadano.  Usamos términos similares, pero, ¿los usamos con el mismo sentido y la misma intención? ¿Qué entiende Velásquez por reforma? ¿Por estado de Derecho? ¿Por prosperidad? ¿A qué tipo de certeza se refiere? ¿Cómo concibe ese despertar más profundo? ¿De qué debemos estar más conscientes los ciudadanos? ¿De los conceptos? ¿De los hechos de la realidad? ¿Del conocimiento adquirido por nuestra especie a través del tiempo? En fin, él es el único que puede responder estas preguntas que le dirijo. 

Lo que yo puedo hacer es brevemente mencionar qué pienso que debemos hacer. Primero, quienes participen en ese despertar deberán pasar por un proceso OBJETIVO de aclararse las ideas y entender e integrar a su conocimiento qué es el estado de Derecho y cuál es su naturaleza. De lo contrario, serán un grupo de hombres masa emocionalmente manipulables, sin juicio propio, que terminaran convertidos en tontos útiles para avanzar agendas de gente malévola y de grupos de presión parasitarios en búsqueda de privilegios.

Segundo, si el problema es el abuso del poder, por la discrecionalidad y arbitrariedad de la que gozan los gobernantes y los funcionarios, ¿por qué proponen más de lo mismo? Eso no es cambiar las reglas para mejorar: es empeorar el problema. Entonces ¿cómo cambiarlas para que sea una verdadera reforma? Debemos cambiarlas en sentido contrario al del estatismo e intervencionismo que hoy prevalece. Debemos hacer una reforma de raíz que limite el ejercicio del poder a las funciones que son propias de la naturaleza del gobierno.

La intervención de unos que se aprovechan del poder que gozan ellos, sus familiares o amigos, no justifica la intervención de otros para también imponer sus intereses al resto de miembros del grupo. Más aún, si se trata de vivir dentro de una sociedad, ese abuso debe ser condenado. En resumen, si queremos prosperar y vivir en paz, la ruta que debemos caminar es la que nos lleve hacia la igualdad de todos ante la Ley.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 3 de julio de 2017.