Falso testimonio

Exculpar a criminales sanguinarios es despreciable. Pero más despreciable es perdonarlos para incriminar a otros, sin importar que estos otros sean o no culpables del hecho que se les imputa. Y es aún más grave la situación cuando quienes los usan son de los principales responsables de que se haga justicia y de que los antisociales compensen a sus víctimas.

Hay un solo crimen cuya víctima principal no puede ser resarcida: el asesinato. Queda en manos de sus deudos decidir cómo deberá pagar sus culpas el asesino. Las otras víctimas que son aquellos que amaron a la persona a quien le fue premeditadamente arrebatada la vida.  Que fueron privados de la presencia del ser querido al cual lloran. También son crímenes aberrantes el secuestro y la violación. Y los depravados, culpables comprobados de tales hechos, deben ser severamente castigados y nunca, bajo ningún punto de vista, beneficiados. Menos, para avanzar venganzas espurias de aquellos que detenta el poder o, peor aún, lo ejercen por encima de la Ley.

En redes sociales se difundieron dos audios, los cuales ya reconoció como verdaderos Juan Francisco Sandoval (máxima autoridad de la FECI), en los que ofrecían beneficios (que podían incluir ayudas económicas) al reo Marco Tulio López López, miembro de la banda de asesinos y secuestradores llamados "Los Pasaco", a cambio de declarar contra los acusados en el caso Gavilán. En dichos audios, López afirma que no fue torturado y no tiene nada en contra de Vielmann y los otros acusados.

Juan Francisco Sandoval, trató de minimizar la relevancia que tienen estos audios, declarando que no se le ha dado ningún beneficio a López. Sin embargo, lo relevante de los audios no es si llegaron a un acuerdo o no. Lo más importante es que en éstos están negociando la compra de un testimonio falso, lo que aumenta la duda en lo que respecta al uso que han dado a la figura del colaborador eficaz. En este caso particular, Marco Tulio López expresamente dice que no fue torturado, pero que si lo ayudan económicamente “hasta de más hablo ahí”.

No obstante lo anterior, el viernes pasado los fiscales del Ministerio Público se atrevieron a presentar la declaración de Marco Tulio López López, según la cual no sólo fue torturado por policías de la Comisaría de Escuintla (tortura en la cual se encontraban presentes Carlos Vielmann, Erwin Sperisen y Víctor Soto Diéguez), si no que ¿además? le conectaron alambres eléctricos en las manos, le pusieron capuchas todo el día y lo golpearon a petición de Vielmann ¿Qué “más habló ahí” López? “El señor Erwin Sperisen se nos subía en la espalda y pegaba brincos y el señor Carlos Vielmann me puso la bota en el cuello”.

La presentación de este testimonio falso debe ser suficiente para anular el juicio y demandar a los fiscales que se prestaron a semejante bajeza con tal de montar un caso contra Vielmann y los demás acusados. Se debe exigir a la Fiscal General, Consuelo Porras, que investigue este hecho y deduzca responsabilidades a quienes corresponda por este engaño. La justicia no se alcanza a base de mentiras. Solo habrá justicia cuando prevalezca la verdad.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 19 de noviembre de 2018.

Los Pasaco: del infiernito al paraíso

El pasado viernes 9 de noviembre, comenzó la audiencia de primera declaración en el caso de Ejecuciones Extrajudiciales. La juez Claudette Domínguez, quien preside el Juzgado de Mayor Riesgo A, será quien decida si se liga o no a proceso a los acusados. Entre estos se encuentran el exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, el exsubdirector de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC), Stu Velasco, y el exviceministro de Seguridad, Kamilo Rivera, quien fue declarado en rebeldía y ya fue emitida su orden de captura a nivel internacional.

El fiscal de la FECI, Carlos De León, comenzó detallando la forma en la que habría operado la supuesta estructura criminal integrada por exfuncionarios del Ministerio de Gobernación y la PNC. De León acusó a Vielmann de elaborar el plan Gavilán para dar apariencia de legalidad a una estrategia cuyo objetivo real era asesinar a los reos fugados de la Cárcel de Alta Seguridad de Escuintla conocida como "El Infiernito”. Vielmann, además de declararse un “secuestrado político” ante la prensa, dijo que “la CICIG ya no es un ente de investigación, puede ser como era la SS en la Segunda Guerra Mundial. Arma los casos, no respeta el derecho de defensa y lo secuestra a uno políticamente. Si quiere salir libre hay que volverse colaborador eficaz”.

Entre la lista de testigos presentada por el Ministerio Público, llaman la atención cuatro reos (Julio García Palacios, Isaías López Castillo, Marco Tulio López y Luis Humberto Arana), condenados a 50 años de prisión por secuestro, integrantes de las bandas de Los Pasaco y de Agosto Negro. ¿Está basada la acusación en el caso de “El Infiernito”, principalmente en el testimonio de criminales confesos y condenados? ¿Qué credibilidad pueden tener personas que no dudaron en torturar y asesinar a sus víctimas, además de aterrorizar a sus familiares, con el fin de obtener el dinero del rescate? ¿Son capaces estos criminales de declarar cualquier cosa con tal de que los dejen libres o les reduzcan la pena? Si no tuvieron problemas para acabar con la vida de quienes secuestraron, ¿los tendrán para mentir con tal de beneficiarse?

Ese mismo día, Iván Velásquez, por medio de una videoconferencia durante la presentación del informe anual de labores de la CICIG, abogó por seguir “luchando juntos para acabar con las estructuras de corrupción que minan los derechos humanos”. ¿Y qué con las estructuras de narcotraficantes, asesinos, violadores…? Sin duda, motivos tiene Víctor Suarez, presidente de la Asociación de Amigos del País, al afirmar que “es una tristeza para Guatemala que… liberen presos que realmente son un problema para la sociedad. Estamos hartos de las maras y la delincuencia, y de que en lugar de dar la justicia correcta y protegernos, se dediquen… a poner en libertad a presos sumamente peligrosos para la sociedad”.

¿Irán a seguir Los Pasaco el camino del infiernito al paraíso que anduvieron, entre otros, Juan Carlos Monzón y Estuardo Gonzales? Cualquier crimen que cometan estos malhechores, si son liberados por la CICIG y la FECI, serán responsabilidad principal de estos últimos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 5 de noviembre de 2018.

¿Quién contra bando?

En estos tiempos de creciente incertidumbre en Guatemala, tiempos en los que observamos dos bandos enfrentados por el ejercicio del poder político, cuyos líderes se aprovechan de la justa indignación de muchos, unos por la corrupción y otros por las violaciones al debido proceso, ambas consecuencias, precisamente, del abuso de ese poder que, dentro del Estado Benefactor/Mercantilista, es casi ilimitado, no deja de sorprenderme que tanto tirios como troyanos, incluidos la mayoría de medios de comunicación, estén pidiendo más de lo mismo: más intervención gubernamental. Claro, en nombre del divino y todopoderoso Estado que todo lo puede otorgar, particularmente a los grupos de presión, a sus líderes y a los pícaros que actúan en su nombre.

Unos que recientemente solicitaron más burocracia estatal, son los representantes de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, que pidieron al Ministerio Público la creación de una fiscalía especial que conozca los casos de contrabando y defraudación aduanera, pretendiendo asustar a los consumidores con la falacia de que las mercancías que ingresan de forma ilegal ponen en riesgo su salud. Puede ser que con algunos productos así sea, los cuales termina desechando el mismo mercado. Pero no es ese el caso de la mayor parte de esos bienes contrabandeados, o sea importados, que permiten a nuestros compatriotas de recursos más escasos satisfacer sus necesidades. Si fuera lo contrario, sin necesidad de la intervención de papá gobierno, ya hubieran dejado de comprarlos.

Con más burocracia no se arregla el problema, se complica aún más. Además, ¿cuál es el crimen? ¿Las personas libremente intercambiando? ¿La gente decidiendo a quién comprarle? ¿Oferentes informales que satisfacen mejor las necesidades de los demandantes? Porque, dejémoslo claro, NADIE obliga a nadie a comprarles a los contrabandistas. Por el contrario, los quieren obligar a NO adquirir los bienes que ellos les ofrecen.

Esa vieja idea de que puede existir un mercado intervenido, regulado por los gobernantes para asegurar la ¿libre competencia? es un oxímoron evidente para quienes entendemos el mercado: el proceso donde las personas, de manera voluntaria (o sea, sin la mediación coactiva de ningún tercero), intercambian los unos con los otros. Cada quien persiguiendo sus propios intereses y a la espera de ganar sin dañar a nadie en el proceso. Más aún, ganando ambas partes. Y, sin buscarlo, de esa manera beneficiando al resto de la sociedad al contribuir a la asignación eficiente de los recursos escasos.

Ese deseo de controlar las vidas y las pertenencias de los demás la entiendo viniendo de los políticos. Pero cuando la propuesta viene del sector privado, que debería cerrar filas con aquellos que exigimos al gobierno que se dedique únicamente a sus funciones primordiales, seguridad y justicia, me decepciona. El colmo es que el tributario va a terminar pagando por la nueva burocracia innecesaria. El contrabando es el comercio internacional ilegítimamente criminalizado. Cuando sea más caro ser contrabandista que vender legalmente su producto entonces sí va a acabar el contrabando. Y esto solo va a suceder cuando no existan las aduanas ni los obstáculos al libre intercambio en general.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 17 de septiembre de 2018.

Con o sin CICIG, contra la corrupción

Con o sin la CICIG, debemos continuar la persecución de corruptos y, espero, la mayoría tome en serio la verdadera lucha contra la corrupción. La persecución de corruptos se debe dar dentro del marco del frágil Estado de Derecho en Guatemala, que implica el respeto al debido proceso, para que se haga justicia y no sea aprovechada la legítima indignación de muchos para impulsar una cacería de brujas con el objetivo de que gente aviesa, algunos de ellos líderes de grupos de presión, llegue al ejercicio del poder.

Ese poder casi ilimitado que otorga el Estado Benefactor/Mercantilista, populista, que se basa en un sistema de incentivos perversos. Un sistema político que promueve el bienestar de abstractos “colectivos” por encima de los individuos reales. Un sistema político que promete a los ingenuos que lo apoyan que el divino Estado les va a satisfacer todas sus necesidades y deseos. Un sistema político que otorga el poder a quienes lo ejercen de intervenir en casi todo aspecto de la vida de los ciudadanos, no se diga el control sobre la propiedad de los miembros de la sociedad a quienes deja poco margen de acción para alcanzar sus legítimos fines. Un sistema político que es el origen de todos nuestros males.

La decisión legal y legítima, le guste a quien le guste… o le disguste, que tomó el presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la CICIG que termina el 3 de septiembre de 2019, le da el tiempo a quien corresponda dentro de la organización, a trasladar las capacidades a las entidades con las que colabora, hacer el cierre administrativo correspondiente y llevar a buen fin los casos fundamentales que han perseguido. Entre estos son primordiales las acusaciones contra los expresidentes Otto Pérez Molina y Álvaro Colom. Por supuesto espero también que terminen, después de cumplidos los procesos legales, con la condena que le toque, los casos contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Considero que en los casos de los mencionados, incluidos la mayoría de los funcionarios de sus gobiernos que también se encuentran acusados, sobra la evidencia que permita, sin lugar a duda, una condena que retribuya mínimamente a sus víctimas. Al menos, a los tributarios que defraudaron, a los ciudadanos que engañaron y a quienes hayan extorsionado. Pienso que la Fiscalía de Crímenes Internacionales en el Ministerio Público, que va a contar con la ayuda de agencias estadounidenses tales como el FBI, la DEA y la ICE, puede también asumir la tarea de perseguir a los corruptos de todos los gobiernos, incluidos los actuales y los que estén por venir. Este último un hecho que será inevitable una vez no cambiemos el sistema descrito con anterioridad.

Después de la conferencia de prensa que dio Morales el pasado 31 de agosto, queda claro que la minoría de los guatemaltecos que estamos interesados en lo que sucede, políticamente hablando, en nuestro país, estamos divididos en tres grupos, no dos como creen algunos. Lamento el innecesario despliegue militar que permitió el Presidente ese día, lo que se prestó a la elucubración y difusión de cualquier cantidad de teorías de la conspiración que no abonan en nada el terreno de la reconciliación necesaria para que nos enfoquemos en lo importante: la construcción de una verdadera República.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 3 de septiembre de 2018.

El fin del financiamiento

Si queremos cambiar las condiciones en la cuales vivimos en Guatemala, para bien de todos los habitantes respetuosos, responsables y productivos, debe prevalecer la razón por encima de la emoción. La discusión debe ser intelectualmente honesta. Motivo por el cual hago mía la aclaración que hace J.J. Rousseau al principio del Libro Tercero de “El contrato social”: “desconozco el arte de ser claro para quien no quiere prestar atención”.

La semana pasada, la Fiscal General, Thelma Aldana, y el titular de la CICIG, Iván Velásquez, presentaron la segunda acusación por financiamiento ilícito en contra del Presidente Jimmy Morales y el partido que le permitió llegar al ejercicio del poder, FCN-Nación. En esta ocasión, los señalan de recibir de varios empresarios del país apoyo financiero anónimo y no declarado para la campaña política de 2015.

Las dos acusaciones contra FCN-Nación suman alrededor de Q15 millones. Si ambas o alguna de estas acusaciones se prueban ante los tribunales de justicia, Jimmy Morales DEBE disculparse por mentir en lo que respecta a cuánto apoyo monetario recibió en su campaña, reconocer sus errores y pagar las consecuencias de éstos, incluidas las multas y las penas que correspondan. Lo mismo aplica a TODOS aquellos que se pruebe que estuvieron involucrados en los hechos mencionados.

Ahora, para emitir juicios justos y verdaderos, debemos delimitar objetivamente el contexto dentro del cual estamos deliberando. Es importante diferenciar los hechos evidenciados (demostrados sin duda razonable) de los chismes y de las falacias (ad hominem, fuera de contexto, generalizaciones, etcétera).

En el caso de las denuncias relacionadas con la política, debemos separar la corrupción de la extorsión: por ejemplo, no es el mismo contexto el caso del Transurbano (robo de impuestos) que el de La Línea (extorsión). Luego, debemos diferenciar los dos anteriores, que implican estar en el ejercicio del poder y abusar de éste para violentar derechos individuales o apropiarse del dinero de los tributarios, del financiamiento a los políticos, el cual se hace, en la mayoría de los casos, con dinero propio.

Después, debemos separar el financiamiento político legítimo (para financiar ideas) del financiamiento espurio (para comprar favores y privilegios). Como bien dijo Velásquez, el problema no es el financiamiento privado: el problema es que éste sea anónimo. Observación correcta dentro del sistema de incentivos perversos que prevalece. El financiamiento se debe separar por quién lo da, por qué lo da y el origen del dinero que se da. Si el apoyo financiero se otorga con el fin de obtener prebendas, algún contrato con el gobierno o continuar descaradamente cometiendo crímenes (en el caso de los narcos y los mareros), este financiamiento debe ser evidenciado y castigado.

Al fin, el financiamiento fraudulento a los políticos es sólo una consecuencia más del sistema estatista e intervencionista que impera. Les dan ese dinero a los politiqueros porque saben que estos tendrán el poder para concederles sus deseos. Y para que este se acabe, se debe reformar radicalmente el sistema político entero, comenzando por la Legislación Electoral y de Partidos Políticos.

Lo que no podemos permitir es que, con la excusa del financiamiento “ilícito”, nos obliguen a los tributarios a financiar a los políticos. El respeto a los derechos individuales de todos, incluye el derecho de cada quien a hacer con su dinero lo que se le antoje, incluido el financiar a un político o a las ideas que un partido declare sostener, sin obligarlo a financiar a otros con quienes no comparte valores.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 23 de abril de 2018.

La línea de la UNE

La línea de la UNE se pasó llevando a Álvaro Colom y a la mayor parte de quienes ostentaron el título de ministros durante su gobierno. Esa línea es la línea del Transurbano, que resultó ser una línea más de la corrupción que corroe a todos los organismos del Estado. Una corrupción que es imparable, sin importar cuántos sean acusados de corruptos y menos de cuántos terminen presos, una vez no se elimine desde su raíz el problema. Una realidad que sólo va a cambiar cuando cambien las causas que permiten la corrupción. Y, para que eso suceda, muchos tendrán que reconocer el fracaso del estatismo en todas sus expresiones.

Una línea que les dejo miles de millones de quetzales de los tributarios a los Colom y a varios de los funcionarios de su gobierno, a los pícaros de la AEAU y a saber a cuántos farsantes más. Una partida de estafadores que se aprovecharon de la necesidad de la mayor parte de la población capitalina de transportarse de manera segura.

Una línea que al parecer va a representar el último clavo del féretro de Oxfam, por ser uno de los acusados Juan Alberto Fuentes Knight, el presidente de la misma. Que, por cierto, no es la única ONG (además de la ONU que es la organización supranacional más poderosa que existe), en la cual sus directores y empleados han sido acusados de corrupción, de oportunismo y de violación de los derechos individuales de quienes se suponía iban a ayudar.

Pero, ¿por qué las ONG terminan atrayendo a corruptos, parásitos y violadores? Porque el origen de los fondos y el sistema que facilita el modus vivendi de sus miembros, es el mismo sistema de incentivos perversos que atrae a los politiqueros al ejercicio del poder. Como escribió F. A. Harper en The Freeman (1952): “Una vez que el derecho de cada persona a tener todo lo que ha producido ha sido sustituido por el derecho al saqueo colectivo, no es en absoluto sorprendente encontrar al dispensador oficial [el gobernante] que decide que es correcto para ELLOS saquear el botín… por un digno propósito, por supuesto”.

El origen de la corrupción es el poder, por eso debe ser limitado. Y ese poder lo adquieren los gobernantes gracias a la ingenuidad de los ciudadanos que decidieron otorgárselo más allá del necesario para que cumplan con sus obligaciones primordiales: dar seguridad y velar porque haya justicia. Quienes esperan que alguien les satisfaga sus necesidades, que votan por quienes les ofrecen más beneficios, lo que están haciendo es entregándoles un cheque en blanco a los peores representantes de nuestra sociedad, que son aquellos a los cuales atrae el Estado Benefactor/Mercantilista.

¿Qué cambió con la captura de Álvaro Colom y la mayor parte de su gabinete? Que, al menos ahora, quienes nos atacaban falazmente por defender el derecho al debido proceso, hoy insisten en la importancia que éste tiene dentro de una sociedad justa. En fin, como le responde Alfonso VI a Rodrigo Díaz del Vivar en el Mío Cid: “Cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras”.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 19 de febrero de 2018.

¿Es la lucha contra el progreso?

¿Qué está sucediendo en Guatemala? ¿Se está dando una lucha contra la corrupción o una lucha contra la producción? ¿Cuáles serán las consecuencias en el largo plazo si lo que se está gestando es la destrucción de nuestra capacidad productiva? ¿Quién querrá invertir y correr los riesgos que implica ser empresario en un ambiente político que fortalece el intervencionismo y el estatismo en contra del emprendimiento?

¿Quién querrá invertir en un país donde no hay certeza jurídica, no se respeta el derecho de propiedad y los jueces arbitrariamente detienen las operaciones de compañías, como es el caso de Mina San Rafael, por sus simpatías con grupos de presión ideologizados? ¿Por qué en Guatemala hay quienes tienen que recurrir a redes burocráticas corruptas o a firmas dedicadas a trámites con el “Estado” para recuperar el dinero que es suyo, que les pertenece legal y legítimamente? Tal es el caso del crédito fiscal de los auténticos exportadores, no de los fraudulentos. Un dinero que nunca debió ser expoliado.

¿Qué se ha ganado, o quiénes han ganado, con la ampliación del poder y la capacidad recaudadora de los gobernantes por medio de la Superintendencia de Administración Tributaria? Hoy, un ente similar a la “Santa Inquisición” de ayer. ¿Se fortaleció un árbol torcido? ¿Qué pasa cuando ese árbol torcido es un ente burocrático cuya organización fomenta la corrupción? En tal caso, ¿se facilitó el robo de nuestros impuestos?

Dentro del sistema de incentivos perversos que prevalece, el propio del Estado Benefactor/Mercantilista, ¿habrá un cargo estatal más despreciable que el de recaudador de la corrupción? O sea, el de jefe de la SAT. El inquisidor supremo de la mencionada entidad estatal, o si prefieren llámenlo el zar de la expoliación, que suele generar pasiones entre unos cuantos corifeos que apoyándolo encontraron una manera de expresar sus frustraciones personales y/o hacerles creer que es posible llegar al ejercicio del poder y ser ellos quienes mañana puedan gozar de los frutos de la riqueza creada por otros.

Ver cómo se ha desvirtuado la justa lucha contra la corrupción en nuestro país, me hizo recordar a dos admirables pensadores del pasado. El primero de ello es Thomas Jefferson, que en una carta a Pierre Samuel Dupont de Nemours de 1816, sentenció que "la mayoría al oprimir a un individuo es culpable de un crimen al abusar de su fuerza; y al actuar usando la ley del más fuerte, destruye los cimientos de la sociedad". Y luego, resonaron en mi mente las palabras de Voltaire, cuando advirtió que "cualquiera que tenga el poder de hacerte creer tonterías, tiene el poder de hacerte cometer injusticias".

Las piedras preciosas nacen del conflicto entre elementos químicos hostiles, lo suficientemente resistentes para sobrevivir cataclismos que destruyen todo a su alrededor. Las piedras preciosas son sobrevivientes, así como lo somos aquellos que a pesar de las circunstancias adversas en nuestro país, continuamos dando la batalla con la esperanza de que vamos a ganar en el largo plazo y, finalmente, viviremos dentro de una sociedad donde podamos progresar cooperando e intercambiando en paz, creando riqueza y respetándonos los unos a los otros.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 29 de enero de 2018.

Chulada de hundimiento

Y no me refiero a los cráteres, algunos cuyo fondo no es visible, que inundan nuestras carreteras. Hundimientos de los cuales, descaradamente, los funcionarios estatales culpan a la lluvia. Sí, créalo o no, la culpa es del agua que se atreve a filtrarse en las magníficas autopistas que cubren nuestro país de punta a punta. Caminos que da gusto recorrer disfrutando del hermoso paisaje que nos brinda Guatemala. ¡Qué bárbara la lluvia! ¿Cuándo irá a ser perseguida y denunciada por el Ministerio Público y la CICIG?

En fin, ironía aparte, la desastrosa condición en la cual se encuentran nuestras vías de comunicación, simplemente reflejan la realidad misma del sistema político vigente que facilita la corrupción, la verdadera causante de la desgracia en la cual no sólo se encuentran las carreteras, sino todos los servicios que, supuestamente, son responsabilidad de los gobernantes en nombre del abstracto Estado. Somos testigos del hundimiento del Estado Benefactor/Mercantilista. Sin embargo, aún somos pocos los que nos atrevemos a señalarlo. Tal vez es porque la mayoría sólo sufre las consecuencias de su fracaso, pero no conocen o entienden el origen de la tragedia en la que vivimos.

Es raro el que niega que la reina de la construcción es la corrupción. Al menos, en la construcción a cargo de los gobernantes. En la construcción de puentes, carreteras, hospitales, escuelas… y todo aquello que, según los estatistas, debe hacer el gobierno. Vaya ingenuidad de muchos a estas alturas del partido y en un siglo en el cual es cada vez más difícil ocultar los hechos de la realidad.

Aunque, detrás de los bienintencionados que sirven de parlantes de la potestad estatal para intervenir en todo aspecto de la vida humana en sociedad, están aquellos perversos, oportunistas, saqueadores parasitarios que se aprovechan de la candidez de la mayoría para llegar al ejercicio del poder. Y una vez en posesión de sus cargos, con contadas excepciones, se quitan la máscara y se dedican a hacer lo mismo que sus antecesores: mentir, robar y extorsionar. ¡Ah! Y vender al mejor postor el poder que los ingenuos le otorgaron.

Alejandro Sinibaldi es un ladrón, un extorsionador, un corrupto que debe rendir cuentas ante la justicia y compensar a sus víctimas, los tributarios. Así como lo es Arnoldo Medrano y familia. Así como lo son los burócratas corruptos que los apoyaron y, sin duda, muchos más de quienes han ejercido un cargo en el Estado. Sin embargo, de los acusados que no eran parte de la burocracia estatal habrá que diferenciar a los cómplices voluntarios de Sinibaldi y demás funcionarios que hicieron negocios turbios con ellos, de quienes cedieron a la extorsión. Y todos, en su justa medida, deberán pagar las consecuencias de sus acciones.

¿Qué deben hacer quienes son extorsionados? Denunciar y no trabajar con los inmorales. ¿Cómo evitar la corrupción, no sólo en los nuevos contratos de infraestructura, sino en todo el Estado? Cambiando el sistema de incentivos perversos que prevalece.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 17 de julio de 2017.

Apariencias de la anticorrupción

La lucha contra la corrupción en nuestro país está basada más en apariencias que en realidades. Y es tanta la necesidad de la mayoría de creer que se pueden hacer los cambios correctos y erradicar de nuestra sociedad a los corruptos y la corrupción, sin involucrarse y confiando ciegamente en los que supuestamente la combaten, que ante todo anuncio con tintes jolivudenses de que apresan a alguien, muchos estallan en alegría desbordada de patrio ardimiento y más de uno propone el Premio Nobel de la Paz para los denunciantes.

Olvidan, o prefieren ignorar, que no es sólo cuestión de apresar a aquellos de los cuales se sospecha que nos han robado a los tributarios. Las acusaciones se deben probar en un juicio en el que se cumpla con el debido proceso. Lo anterior es importante de resaltar por el bienestar en el largo plazo de los inocentes aunque pareciera, en un principio, que beneficia a los criminales.

El énfasis de los mandantes se debe enfocar en presionar a los funcionarios del Ministerio Público y a todos los encargados de recopilar las evidencias científicas para que prueben, sin duda razonable, la culpabilidad de los imputados. Lo que no debería ser difícil de hacer, ya que casi todos los sospechosos han sido descarados a la hora de mostrar públicamente lo que han robado. Los responsables de presentar la acusación deben seguir la pista del dinero: follow the money, recomiendan acertadamente los investigadores gringos.

Me alegro de la captura de algunos pocos de los cientos de extorsionistas que pululan en las aduanas. Desde los vistas hasta el mismo presidente, desde hace cualquier cantidad de tiempo, han estado involucrados en líneas (las cuales deberíamos de llamar maras o pandillas) que utilizan el poder para extorsionar a quienes se atreven a importar bienes a Guatemala. Por supuesto, más de algún avispado debe de haber entre estos últimos, que antes de ser extorsionado decide negociar con quienes deciden arbitrariamente cuándo, bajo qué condiciones y a qué costo entra un producto al país. Pero estos pícaros son la excepción, no la mayoría.

Sin embargo, las denuncias contra los funcionarios corruptos que se han robado nuestros impuestos, que han despilfarrado lo que a nosotros nos ha costado ganar, brillan por su ausencia. Fuera del caso del IGSS y algunas acusaciones contra unos pocos alcaldes, no ha habido verdaderas denuncias contra los peores corruptos entre quienes se encuentran (además del expresidente y la exvicepresidente) ministros, secretarios, directores y funcionarios estatales en general. Sólo puras apariencias e investigaciones mediocres sustentadas principalmente en evidencias circunstanciales y en dimes y diretes. Sin embargo, es tanta la necesidad de justicia en nuestro país, que tantos han aplaudido y seguirán aplaudiendo hasta el cansancio los distintos montajes mediáticos que han prevalecido. Pero, ¿hasta cuándo podrán seguir falseando la realidad? Mientras, la corrupción continúa avanzando.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 4 de abril de 2016.

Mandaderos de los meros corruptos

Hasta hoy sólo han encarcelado e iniciado procesos penales a algunos gatos y a unos pocos mandos medios de los miembros de la mafia estatal que por décadas han extorsionado a los guatemaltecos honrados y se han robado la mayoría de nuestros impuestos. El resto de los tributos los han malgastado en programas populistas cuyo objetivo es apaciguar las demandas de quienes están dispuestos a vender su futuro y el de sus seres queridos por un par de láminas y una supuesta bolsa de productos básicos. Es importante resaltar que los beneficiados de estos programas NO son los más pobres. Tampoco son muchos. Sólo son los necesarios para que los corruptos logren perpetuarse en el ejercicio del poder.

Por supuesto que lo anterior, después de cualquier cantidad de años en los cuales hemos visto cómo descaradamente los gobernantes acumulan fortunas inimaginables a costa nuestra, ha avivado la esperanza de que sí puede haber un cambio positivo para la gente honesta, respetuosa y laboriosa de Guatemala. Además, también genera la expectativa de que quienes han utilizado el sistema político actual para robar lo que es nuestro paguen las consecuencias de sus acciones y compensen a sus víctimas, que en este caso somos todos los tributarios del país.

Repito lo que dije en mi artículo anterior: “No fue el quehacer de ningún burócrata oportunista que vive como rey a costa de los impuestos de otros, lo que logró que Roxana Baldetti [y ahora otros] renunciara. Fue gracias a la presión de los ciudadanos que salimos a manifestar y protestamos en las redes sociales que Baldetti renunció a la vicepresidencia de Guatemala, independientemente de lo solicitado por grupos de presión como el CACIF, lo que haya confesado Marllory Dadiana Chacón Rossell (La Reina del Sur), las exigencias de La Embajada o las intrigas de sus agentes políticos infiltrados en la USAC”. Y hoy puedo agregar que esa misma presión de los mandantes logró que continúen arrestando a funcionarios involucrados en actos de corrupción. Pero, ¿para cuándo los meros tatascanes? Me refiero al presidente y a la R.

Las renuncias y las capturas de los acusados en el caso de La Línea y el IGSS fortalecen el ánimo de los ciudadanos activos que han despertado y asumen su papel de los que mandan. Le guste a quien le guste. Ahora que ya oficializó Ban Ki-moon la prórroga de la CICIG hasta el año 2017, ¿cuándo van a presentar la evidencia irrefutable que tienen en contra de Otto Pérez Molina y Baldetti? Me refiero a la que les sirvió para obligarlos a solicitar la prórroga. Sé que hay quiénes falsean la realidad y se molestan con quienes señalamos la negociación mencionada y los excusan diciendo que “las van a presentar cuándo las tengan”. Pero a estas alturas, somos muchos más los que no nos tragamos el cuento de que, a pesar de años de investigaciones, sólo tienen pruebas (que según algunos no son suficientes) en contra de los mandaderos. ¿Cuándo los van a acompañar el uno y la dos?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 25 de mayo de 2015.

CICIG/MP: Cada día que pasa

Cada día que pasa sin que pase algo verdaderamente importante en el caso en contra de la corrupción gubernamental en general, perdemos los guatemaltecos en nuestra lucha por hacer justicia y cambiar el sistema de incentivos perversos que ha imperado desde décadas atrás en nuestro país. Ese sistema político que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad, la mayoría mentirosos, ladrones, populistas y parásitos que viven de saquear a la gente productiva de Guatemala.

Cada día que pasa después de que oficializaron una realidad ampliamente conocida desde tiempo atrás: que la corrupción y la extorsión en las aduanas y la SAT habían llegado a niveles impensables de descaro, perdemos los guatemaltecos honestos, trabajadores, responsables, que somos expoliados todos los días por nuestros mandatarios. Cada día que pasa los corruptos que gobiernan tienen la oportunidad de poner a resguardo el botín y destruir las evidencias que los incriminan. ¿Hasta cuándo pretenden hacerse los locos? No queremos más shows mediáticos. Queremos resultados concretos. Queremos JUSTICIA. Queremos que devuelvan lo que se robaron.

No fue el quehacer de ningún burócrata oportunista que vive como rey a costa de los impuestos de otros, lo que logró que Roxana Baldetti renunciara. Fue gracias a la presión de los ciudadanos que salimos a manifestar y protestamos en las redes sociales que Baldetti renunció a la vicepresidencia de Guatemala, independientemente de lo solicitado por grupos de presión como el CACIF, lo que haya confesado Marllory Dadiana Chacón Rossell (La Reina del Sur), las exigencias de La Embajada o las intrigas de sus agentes políticos infiltrados en la USAC. Ahora, esa misma presión la debemos ejercer contra los señores del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para que presenten evidencia objetiva e irrefutable. Total, los burócratas de la CICIG ya no tienen nada que perder: su mandato fue prorrogado.

¿Negoció la juez Marta Sierra de Stalling y/o la magistrada Blanca Stalling con los acusados de formar parte de la mafia estatal de La Línea? ¿O el caso, que no esperaban que pasara de un show montado con el objetivo de forzar a Otto Pérez Molina a prorrogar el mandato de la CICIG, fue mal presentado por estos últimos y el Ministerio Público: sin suficientes pruebas para condenarlos respetando el debido proceso? ¿O son ciertas ambas afirmaciones: el caso está mal presentado y eso facilitó la negociación con la juez y/o la magistrada? Ahora que ya es formal la prórroga del mandato de la CICIG, ¿van a presentar Iván Velásquez y Thelma Aldana pruebas indiscutibles para condenar a Baldetti y a Pérez Molina?

Cada día que pasa la indignación ciudadana crece, lo que podría terminar en una explosión sangrienta que la mayoría no apoyamos. Cada día que pasa, esa justa indignación corre el peligro de ser cooptada y manipulada por intereses oscuros ajenos al bienestar de todos en el largo plazo. Cada día que pasa es transcendental.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 18 de mayo de 2015. El "meme" lo copie de Facebook. La foto del comisionado Iván Velásquez saludando al nuevo vicepresidente Alejandro Maldonado es de Rafael Rosales de "Siglo Veintiuno.

Terror en la SAT

...al menos gobiernos como los actuales, consecuencia del Estado Benefactor/Mercantilista.

¿Cuántos burócratas de la Superintendencia de Administración Tributaria/Terrorista estuvieron a punto de sufrir un infarto el pasado miércoles 25 de septiembre al ver entrar a sus oficinas centrales a un grupo de policías dispuestos a llevarse presos a varios de ellos? “¿Vienen por mí?”, pudo ser la pregunta que se hicieron muchos que saben que tienen cola que les pisen.

El alivio debe haberles llegado al ver que no se los llevaban a ellos sino a otros de sus compañeros. Más de uno debió mirar al cielo invadido de un falso arrepentimiento y hacer la promesa (que no van a cumplir) de no volver a cometer delitos al amparo de la legislación que les otorga poderes casi ilimitados. Talvez por unos días los tributarios podrán dormir tranquilos sabiendo que no serán objeto de extorsiones por parte de sujetos pagados, irónicamente, con sus impuestos. Al menos mientras a estos se les pasa el susto.

Llama mi atención el hecho de que esta operación se haya llevado a cabo mientras Roxana Baldetti ejercía las funciones de Presidente, ya que Otto Pérez Molina se encontraba de paseo (a todo lujo) en Nueva York. ¿Será que Baldetti va a aprobar una operación similar en las aduanas? ¿O en ese centro de corrupción sí tiene todo el poder y no hay ladronzuelo que se le rebele?

Pueden ser tres los motivos por los cuales varios de los miembros de la banda de ladrones de vehículos “Los Clonadores” fueron apresados: no estaban compartiendo sus ganancias con los jefes, el monto que les daban a estos últimos nos les satisfacía o la presión que ejerció el gobierno de El Salvador (que necesita urgentemente anotar goles ante las próximas elecciones) no les dejó opción. Por supuesto, sacrificaron a las ovejas porque los meros lobos deben encontrarse tranquilos en sus respectivas lomas.

Es curioso que ¿casualmente? ese mismo miércoles se haya incendiado por cuarta vez el depósito de vehículos bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobernación. Con todo lo que ha llovido, es poco probable que esta desgracia haya sido accidental. ¿Qué querían esconder quienes provocaron el incendio? ¿Tendrá alguna relación con las órdenes de captura emitidas en contra de miembros de la banda mencionada? ¿Está investigando el MINGOB y el Ministerio Público este hecho?

¿Cuál fue el aporte en este caso de los paladines de la injusticia, socios de los colaboradores eficaces (antes sicarios), expertos en extorsiones, o sea, los fiscales de la CICIG? Se supone que su misión es apoyar al MP, a la Policía Nacional Civil y a otros entes del Estado, tanto en la investigación de los delitos cometidos por los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, como en el desmantelamiento del crimen organizado. Un fin que al parecer nunca les interesó.

Pensar que este caso es apenas una pequeña muestra de lo que sucede dentro del corrupto aparato estatal guatemalteco. Una prueba más de que nuestro sistema político actual atrae a los PEORES representantes de nuestra sociedad.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 30 de septiembre de 2013.

Otto, Luis y César

No son los sobrinos del Pato Donald. Tampoco son la nueva versión de “Los Tres Chiflados”. Los dos tríos anteriores nos hacen reír, mientras que la trinca que da nombre a mi artículo, en el mejor de los casos nos indigna y en el peor nos atemoriza. Otto, Luis y César fueron los principales protagonistas de las historias de terror que entretuvieron a los guatemaltecos la semana pasada.

El primero hasta ostenta el cargo de Presidente de la seudorepública en la cual se ha convertido Guatemala. Una democracia en la cual la mayoría de votantes apoya a los gobernantes que ofrecen violentar los derechos de la minoría. La ironía de este cuento es que al final también pierde esa mayoría que se deja engañar con las fantasías que les venden por medio del Estado Benefactor/Mercantilista: un sistema populista, como lo son todos aquellos, izquierdistas o derechistas, que lo impulsan usando el discurso de ayudar a los más pobres para conmover a los ingenuos. Siendo ellos, los politiqueros, los únicos que pasan a mejor vida al llegar al ejercicio del poder. Y poco les importa que la gente los deje de apreciar rápidamente.

Tal es la situación de Otto Pérez Molina, que con año y medio de gobierno lo único que ha logrado es el desprecio y el descontento de más del 60 por ciento de la población. ¿Y cómo lo celebró el mandatario? Viajando a México a inaugurar junto con Enrique Peña Nieto, Presidente de nuestros vecinos del norte, otro programa más contra el hambre, mientras que en nuestro país se pudren en las bodegas de INDECA cualquier cantidad de alimentos destinados a los hambrientos de este lado de la frontera.

El segundo, Mario Luis Paz Mejía, colaborador eficaz de la “Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala”, y uno de los principales testigos en los casos Rosenberg/Musa/Valdés Paiz, reconoció que mintió a petición de los fiscales Rubén Herrera (Ministerio Público) y Luis Orozco (CICIG), quienes le hicieron “ofrecimientos de todo tipo” para que rindiera un testimonio falso. Una denuncia más que descubre la realidad sobre la CICIG y las enseñanzas de estos a los investigadores de nuestra nación. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a investigar esta acusación? ¿Van a pagar las consecuencias de sus acciones Herrera y Orozco? ¿Cumplían las órdenes de alguien más?

El tercero, acusado de formar parte de un grupo de criminales que obligaban a mujeres menores de edad a prostituirse, es ni más ni menos que uno de los retoños del cuestionado Presidente de la Cámara Penal. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Barrientos Pellecer. Por supuesto, César junior debe pagar por sus crímenes independientemente del papá. Pero, ¿qué podemos pensar del padre, cuando sus hijos (no es el primero en problemas con la justicia) son unos delincuentes? ¿Irá a utilizar su poder para exculpar a su vástago?

En fin, ¿qué pasa en Guatemala? ¿Quiénes son los responsables? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer para cambiar el estado caótico en el cual vivimos?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 22 de julio de 2013.

El día que murió Lea

Fue el 14 de febrero de 2013, en el cual la mayoría celebraba el llamado día del cariño. Algunos lo festejaban. Otros lo detestaban. De una u otra manera, casi todos lo mencionaban. Imagino que Lea De León salió temprano de su oficina para llegar a compartir la cena con sus seres queridos, como lo hicieron muchos más ese día fatídico que nunca más será un día de fiesta para quienes la amaron. Ese día un tipo que no tiene madre ni probablemente nadie que lo quiera la mandó a matar.

Conocí a Lea hace aproximadamente dos años, en uno de los casos menos comentados por la prensa en los que ella participó a pesar de que involucra a varios columnistas, yo misma incluida. Recuerdo ese día que me tocó declarar ante un fiscal del Ministerio Público sobre una falsa acusación (una más de tantas) que hizo la CICIG en contra de algunos de los periodistas que hemos cuestionado su presencia y su trabajo en nuestro país. Recuerdo la grata impresión que dejó en mí la abogada que nos apoyaba, de quien no conocía nada más que aquello que se había publicado de ella en los medios.

Luego, me volví a topar con Lea en los estudios de Canal Antigua, en los cuales la entrevisté en muchas ocasiones. Su nombre siempre surgía cuando planificábamos un programa en el cual debíamos abordar asuntos penales. Al conocer de primera mano su claridad y valentía para tratar temas que la mayoría temen, decidí invitarla también para discutir sobre cuestiones similares en el programa radial “Todo a Pulmón”. Pasó Lea a ser un personaje frecuente en Libertópolis. Una mujer controversial porque decidió involucrarse en casos difíciles, algunos incomprensibles al menos para mí, los cuales pareciera que ningún otro abogado estaba dispuesto a enfrentar.

El día que Lea fue asesinada me encontraba discutiendo con amigos en un club de lectura. Sonó mi teléfono exactamente a las 6 de la tarde. Quedé sorprendida al ver que me llamaban del Canal. Al responder solo escuché decir a Regina Román, sumamente impresionada, que Lea había muerto. Lea de quien habíamos hablado el día anterior. Lea a quien contemplamos invitar para tratar el tema de los jóvenes dedicados al crimen. ¿Será el sicario que acabó con su vida uno de esos jóvenes? En fin, de lo que sí estoy segura es de que quién lo haya hecho es uno de esos criminales al cual debe aplicarse la pena de muerte, tal y como estipula nuestra legislación. Esa Ley en la cual Lea creía y la carrera a la cual dedicó su vida.

¿Quiénes son los culpables? No sé. Solo sé que lograron recopilar suficiente evidencia, vídeos incluidos, para averiguarlo. Queda en manos del Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público encontrarlos lo más pronto posible, atraparlos y presentarlos a los tribunales correspondientes para que sean procesados. Espero que el asesinato de Lea De León sea resuelto y se haga justicia. Ojalá esta muerte que impactó a tantos no sea la prueba que faltaba para demostrar que en Guatemala se rebasó un límite más de la impunidad.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 18 de febrero de 2013. La fotografía fue tomada por Regina Román en octubre de 2012. En esta aparecemos Lea De León, Estuardo Zapeta y yo, en orden inverso.

CICIG: crimen institucionalizado

En silencio escuché el relato de lo que ha sido la vida de la familia De León Medina a partir de que Fredy Herald De León Barrios (mayor retirado del Ejército) fue detenido por personal de la CICIG a cargo del español Alejandro Lizana Cortopassi. Cuenta el acusado en su declaración ante juez lo siguiente: “Me detiene personal vestido de civil el día 4 de febrero [2011] en la tarde… las personas estaban… sin ninguna identificación. Me cerrojea una persona la pistola en la cabeza y me dice que no me mueva. La primera impresión que yo tuve fue que era un asalto… yo le alcancé de forma automática las llaves…”.

“Una señora, de apariencia americana, va y ayuda al tipo que me había cerrojeado la pistola y me hace las manos atrás, mientras el otro me toca para ver si voy armado… se acerca un señor... Alejandro Colina [Lizana Cortopassi] y me dice que estoy en una situación muy complicada. Que aquí en Guatemala solo él me puede ayudar. Que lo que yo tengo que hacer es hablar de una persona [Juan Ortiz] que él sabe que yo no tengo nada que ver, pero que necesita que yo hable… yo le digo… de qué se me acusa y me dice, de forma irónica, que es una sorpresa…”.

“Como a los 20 minutos llega… una patrulla. Me muestran un documento donde se me está sindicando… de asesinato. Me traen aquí a la torre de tribunales… yo hablo con mi hija… y me pregunta que de qué me están acusando. Y le digo: yo no sé exactamente de qué. Al final de eso mi hija se va y el señor Alejandro Colina [Lizana Cortopassi] la acompaña… y le va a decir a ella que sabe perfectamente que yo no tengo nada que ver en eso. Pero que conozco gente, y lo que él quiere es que yo lo ayude y que hable de esa persona. Porque si no digo yo lo que ellos quieren me van a seguir a mí imputando más delitos, y que la vida no me va alcanzar para pagar la prisión que me va devenir…”.

De León Barrios y su familia han presentado evidencia de su inocencia, incluidas declaraciones de testigos. También han puesto denuncias ante el Procurador de los Derechos Humanos de que han sido intimidados, ellos y sus testigos, por personal de la CICIG y el Ministerio Público. El enlace a la documentación que tengo en mis manos lo encuentran en mi blog: www.martayolanda.com

Justicia no es resolver a como dé lugar un caso, ni siquiera para complacer al poderoso gobierno de EE. UU. en su guerra perdida contra las drogas. Se hace justicia cuando se encuentra la verdad, y el criminal, vencido en un juicio apegado al debido proceso, compensa a la víctima. No se hace justicia cometiendo injusticias. "Los del crimen organizado son ustedes", me cuenta Carmen Olimpia Medina Medina de De León que les respondió su esposo a los fiscales de la CICIG y el MP, cuando estos pretendieron que él colaborara con ellos para recobrar su libertad. Sin embargo, la situación es más grave: la CICIG se ha convertido en un refugio de criminales con licencia para delinquir.

Nota: el enlace a las denuncias y otros lo encuentra en: http://www.libertopolis.com/denuncias-en-el-caso-de-la-cicig-vrs-fredy-de-leon

El presente artículo fue publicado el lunes 6 de agosto de 2012 en el diario guatemalteco Siglo Veintiuno. La imagen la bajé del sitio de la CICIG. Es una ironía lo dicho por el secretario de la ONU, ya que las evidencias muestran que quienes no están acostumbrados a la cultura de la justicia son los fiscales de la misma 

Godinez el olvidadizo

¿Quién soy? Puedo ser usted. Puedo ser su vecino. Puedo ser cualquiera. Puedo ser sólo yo. Sin embargo, para el siguiente texto seré simplemente dios: el narrador omnisciente, que decide sobre las vidas de los protagonistas de la historia que procedo en breve a contarles. ¿Sabrá el personaje que hoy presento que le hago parafrasear a Borges? ¿Que su presentación en sociedad es casi un plagio anunciado? En fin, sólo a mí me pueden acusar aquellos que consideren el cuento que comienza, una arrogancia de mi parte.


“Trabajo desde hace nueve años en el Ministerio Público de un país que olvido su nombre. O, al menos, quisiera olvidarlo haciendo honor a mi apodo. Olvidarlo como tantos otros al igual que yo lo desean. Un Ministerio Público que es un verdadero misterio para el público. Y no sólo para los ajenos, también para los internos.

Empecé como fiscal auxiliar segundo, y luego alguien insistió, quizá demasiado, en que me nombraran fiscal auxiliar primero. Había una diferencia de trescientos billetes. Bueno, creo que trescientos billetes son imperceptibles ahora, pero en aquel tiempo eran trescientos billetes. Entonces, creo que Porfirio “el león” era el Fiscal General. Otro que hacía honor no sólo a su apodo, sino a su nombre mismo. Imagino que sin importar dónde se encuentre ahora, no habrá cambiado. Seguirá siendo porfiado. Además de taimado, malencarado y peligroso. Él me dijo muy bien, que me harían fiscal auxiliar primero, a condición de no volver a oír mi nombre. Pero creo que, a lo mejor, lo oyó un par de veces después, ¿no?

En fin, en todo caso, me ascendieron, y yo llegué a ganar ¿cómo fue que le escuché decir a ese extraño anciano bibliotecario ciego que hablaba como argentino? ¿Incredibili dictum? Total, ¡dos mil cuatrocientos billetes mensuales! Por increíble que parezca dos mil cuatrocientos billetes mensuales no son desdeñables. Aunque, a veces pienso, yo debiera dejar este trabajo. Es un ambiente asaz mediocre. Pero sigo trabajando.

No sé si la palabra trabajando es exacta. Somos, creo, varios cientos de empleados, y nos adjudican trabajo que tiene que ser lento. Yo recuerdo que al principio trabajé arduamente clasificando la evidencia de los casos que me habían asignado. Al día siguiente, uno de los compañeros vino a recriminarme: me dijo que era una falta de compañerismo porque ellos se habían fijado un promedio del veinte por ciento por día de lo que yo había preparado. Ahora, para fines de realismo, ese veinte no era siempre veinte por ciento. Un día sería dieciocho y el otro veintiuno por ciento para que todo resultara más verosímil ¿no? Entonces, me dijo que yo no podía seguir así, y yo al día siguiente clasifiqué diecinueve por ciento para no quedar como presuntuoso. Bueno, y entonces, ¿qué sucede? El trabajo que tenemos que hacer se cumple, en digamos media hora o en tres cuartos de hora; y luego quedan el resto de las 7 horas que están dedicadas a conversaciones sobre fútbol. O si no chismes. O si no, por qué no, cuento verdes”.

Continuará…


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 21 de febrero de 2011. El texto de Borges es la respuesta que da en un entrevista que encuentran en: “En Dialogo 1, Jorge Luis Borges & Osvaldo Ferrari, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1998”. La imagen la bajé de Internet. Yo la modifiqué.

CICIG

Crisis de Identidad Conceptual Institucional Generalizada: CICIG. Sé que más de uno, pudo confundir las siglas que sirven de título a mi artículo con las de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, aparato burocrático creado por los dirigentes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para supuestamente combatir a grupos del llamado crimen organizado.


Hoy me dedico a pensar si hay algo rescatable del experimento mencionado. Hoy que somos testigos de la debacle anunciada por algunos, entre ellos yo, hace casi siete años cuando aún pensaban llamarlo “CICIACS”. Hoy, después de haberme presentado el jueves 25 de noviembre de 2010 al Ministerio Público para aclarar la falsedad de las acusaciones en mi contra de ser parte de una campaña de desprestigio contra la impune y poderosa entidad citada. Hoy que es vital rescatar el concepto de justicia. Justicia, que no es encontrar quién la paga, sino quién la debe y compensar a la víctima.

No es el objetivo de los ciudadanos guatemaltecos “apoyar a la CICIG”, como lo dijo recientemente una académica guatemalteca, según nota de Prensa Libre del pasado viernes. El fin es que haya justicia: que se le de a cada quién lo que le corresponda. Que los antisociales, que violenten los derechos individuales de otros, reciban el castigo que merecen y paguen las consecuencias de sus acciones. Y, por supuesto, lo más importante es, repito, que se compense a la víctima. Pero me refiero a la víctima real, no al ficticio Estado, que termina siendo la excusa para que aquellos que detentan el poder, terminen lucrando y beneficiándose de los dictámenes de los tribunales.

Una de las peores CICIG en nuestro país es la que impera en los medios de comunicación. Por ejemplo, llamar a la iniciativa que pretende acabar con el derecho de propiedad y la presunción de inocencia (la Ley de Extinción de Dominio) ley antinarco, no sólo es ingenuo, sino es una manera de desinformar y confundir. Algo que debería ser señalado y evitado. Más si sabemos que el fin del periodismo es la búsqueda de la verdad de los hechos. Lo que hace necesario reconocer que existe la verdad: la realidad, única, de la cual somos parte. Por supuesto, nadie conoce toda esa realidad: el conocimiento no sólo está disperso, sino hay más cosas de la realidad que desconocemos que las que conocemos. Pero lo anterior no es excusa para falsearla y pretender que no se puede conocer.

La confusión conceptual en algunos casos, en otros la crasa ignorancia, sin olvidar al sofista falsificador y distorsionador de los conceptos, son el origen de las malas decisiones políticas y el fracaso de las estrategias adoptadas a la fecha. En fin, sobre este tema espero elaborar más en futuras entregas. Hoy escribo sólo para reconocer ese ¡ajá moment! como le llamaría Albert Loan. O, como lo hemos chapinizado sus estudiantes con un sencillo ¡sí pues! Algo es rescatable de la CICIG para enfrentar a la raíz de nuestros problemas: sus siglas.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 29 de noviembre de 2010. La imagen la bajé de la Internet.