¿Quién contra bando?

En estos tiempos de creciente incertidumbre en Guatemala, tiempos en los que observamos dos bandos enfrentados por el ejercicio del poder político, cuyos líderes se aprovechan de la justa indignación de muchos, unos por la corrupción y otros por las violaciones al debido proceso, ambas consecuencias, precisamente, del abuso de ese poder que, dentro del Estado Benefactor/Mercantilista, es casi ilimitado, no deja de sorprenderme que tanto tirios como troyanos, incluidos la mayoría de medios de comunicación, estén pidiendo más de lo mismo: más intervención gubernamental. Claro, en nombre del divino y todopoderoso Estado que todo lo puede otorgar, particularmente a los grupos de presión, a sus líderes y a los pícaros que actúan en su nombre.

Unos que recientemente solicitaron más burocracia estatal, son los representantes de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, que pidieron al Ministerio Público la creación de una fiscalía especial que conozca los casos de contrabando y defraudación aduanera, pretendiendo asustar a los consumidores con la falacia de que las mercancías que ingresan de forma ilegal ponen en riesgo su salud. Puede ser que con algunos productos así sea, los cuales termina desechando el mismo mercado. Pero no es ese el caso de la mayor parte de esos bienes contrabandeados, o sea importados, que permiten a nuestros compatriotas de recursos más escasos satisfacer sus necesidades. Si fuera lo contrario, sin necesidad de la intervención de papá gobierno, ya hubieran dejado de comprarlos.

Con más burocracia no se arregla el problema, se complica aún más. Además, ¿cuál es el crimen? ¿Las personas libremente intercambiando? ¿La gente decidiendo a quién comprarle? ¿Oferentes informales que satisfacen mejor las necesidades de los demandantes? Porque, dejémoslo claro, NADIE obliga a nadie a comprarles a los contrabandistas. Por el contrario, los quieren obligar a NO adquirir los bienes que ellos les ofrecen.

Esa vieja idea de que puede existir un mercado intervenido, regulado por los gobernantes para asegurar la ¿libre competencia? es un oxímoron evidente para quienes entendemos el mercado: el proceso donde las personas, de manera voluntaria (o sea, sin la mediación coactiva de ningún tercero), intercambian los unos con los otros. Cada quien persiguiendo sus propios intereses y a la espera de ganar sin dañar a nadie en el proceso. Más aún, ganando ambas partes. Y, sin buscarlo, de esa manera beneficiando al resto de la sociedad al contribuir a la asignación eficiente de los recursos escasos.

Ese deseo de controlar las vidas y las pertenencias de los demás la entiendo viniendo de los políticos. Pero cuando la propuesta viene del sector privado, que debería cerrar filas con aquellos que exigimos al gobierno que se dedique únicamente a sus funciones primordiales, seguridad y justicia, me decepciona. El colmo es que el tributario va a terminar pagando por la nueva burocracia innecesaria. El contrabando es el comercio internacional ilegítimamente criminalizado. Cuando sea más caro ser contrabandista que vender legalmente su producto entonces sí va a acabar el contrabando. Y esto solo va a suceder cuando no existan las aduanas ni los obstáculos al libre intercambio en general.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 17 de septiembre de 2018.

CICIG y SAT: corrupción y extorsión

Antes de cualquier otro comentario, quiero expresar mi alegría al saber que ¡finalmente! parece que se van a perseguir a los miembros más importantes de la mafia estatal que actualmente extorsiona a quienes intentan comercializar con personas o empresas cuyas operaciones se encuentran más allá de nuestras fronteras. Una red de corruptos que se han aprovechado del poder casi ilimitado que, lamentablemente, les han entregado a los gobernantes aquellos que han caído en la trampa del Estado Benefactor/Mercantilista.

Sin embargo, coincido con quienes han hecho ver que los capturados apenas representan la punta del iceberg: una pequeña mancha al tigre. Espero que la valiente acción dirigida por la Fiscal General, Thelma Aldana, sea sólo el principio de una estrategia que también lleve a la cárcel, y obligue a devolver lo que han robado, a los meros mandamases de la pandilla: al presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidente Roxana Baldetti. De ser posible, que se juzgue a funcionarios de gobiernos anteriores, incluidos presidentes y demás miembros de sus respectivos gabinetes.

Ahora, me surgen varias dudas en lo que respecta a la operación planificada por el MP, apoyado por la CICIG. Primero, es vox populi desde hace años que al frente de esta organización de criminales está la mismísima vicepresidente, Roxana Baldetti. ¿Por qué no aparece entre los señalados? ¿Cuándo inicia el proceso de antejuicio para presentarla ante la justicia? Conociendo la cercanía de la mencionada con el Presidente, Otto Pérez Molina, ¿está también él bajo investigación? ¿Cuándo vamos a tener más información en lo que respecta a los responsables del Organismo Ejecutivo? Porque, espero que no pretendan los funcionarios del gobierno, del MP y la CICIG vernos la cara de tontos y crean que nos vamos a tragar el cuento de que Pérez Molina y Baldetti no sabían nada de lo que hacían los tipos que ellos mismos pusieron al frente de la SAT y las aduanas. No se diga el caso de Juan Carlos Monzón que ocupa el cargo de Secretario PRIVADO de Baldetti.

Por cierto, llama mi atención el que hayan aprovechado a llevar a cabo este operativo precisamente cuando Monzón se encuentra fuera de Guatemala. Él y Baldetti. Total, ya han esperado tantos años para apresarlos que unos días más no eran trascendentales. ¿Por qué hacen las capturas cuando el supuesto cabecilla está de viaje en el exterior? No tiene sentido, a menos que el rumor, cada vez más fuerte, de que los señores de la CICIG negociaron la impunidad de los mencionados a cambio de que se renueve, nuevamente, su inconstitucional mandato.

Si acaso en los próximos días no empiezan las acciones en contra de los jefes de los capturados, sin lugar a duda y lamentablemente, confirmaré mi sospecha externada en el párrafo anterior, apoyada por la explicación que circula a sotto voce, a nivel nacional e internacional, de que este espectáculo tuvo como objetivo asegurarle el trabajo a los burócratas de la CICIG por unos años más.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 20 de abril de 2015.

Las redes de Roxana

Es preocupante saber que la vicepresidente Roxana Baldetti ha logrado meter sus tentáculos en casi todos los entes estatales bajo la jurisdicción del Organismo Ejecutivo, y que todavía controla en gran parte lo que sucede en el Congreso de la que espero, algún día próximo, sea la República de Guatemala. Ya de por sí es aterrador pensar en el poder que han acumulado los gobernantes, inquietud que aumenta al conocer quiénes lo ostentan. Lo anterior gracias a la ingenuidad ¿o comodidad? de tantos que quisieran resolver su vida con el menor esfuerzo, o peor aún, quisieran que otros los mantuvieran.

Es fácil para un populista, convencer de que vote por él a aquel que cree que por solo respirar merece que los demás lo mantengan. Y, lamentablemente, parece ser que hoy muchos forman parte de este grupo al cual José Ortega y Gasset llamó el hombre masa. ¡Cuántos caen en la telaraña tejida por quienes después se alimentan de ellos! Todo por su inconsciencia. Al primer politiquero oportunista que les ofrece aquello que desean sin haberlo ganado, le dan el poder de hacer lo que se le antoje. Y lo hace: no solo con quienes lo apoyaron, sino también con aquellos que luchan por algo más que sobrevivir: luchan por vivir la mejor vida posible.

Irónicamente, quien creyó en la falsas promesas del otrora candidato, luego gobernante, termina en el mejor de los casos viviendo una existencia mediocre o, como sucede la mayoría de las veces, miserable. Tristemente, en el proceso logran obstaculizar el progreso de quienes les hubieran podido proveer de un trabajo productivo que les permitiera no solo satisfacer sus necesidades básicas, sino mejorar de verdad su calidad de vida y la de sus seres queridos.

Comparto con ustedes las reflexiones anteriores porque llamaron mi atención las descaradas declaraciones sobre las redes de corrupción en las aduanas que dio Baldetti al diario Siglo Veintiuno, publicadas el lunes 4 de noviembre de 2013: “Las mafias se han guardado: sabemos que se han guardado y, por eso, es la mejora en los cobros que se han hecho… las mafias que tienen nombre y apellido”. Primero, talvez las mafias anteriores fueron sustituidas por otras, pero en las aduanas siguen operando individuos corruptos: burócratas extorsionistas. Segundo, el incremento en los cobros ha sido mínimo. Y, tercero, no necesitamos que Roxana Baldetti revele el nombre y el apellido de quien dirige estas redes: sobran las denuncias para saber quién es.

El colmo de la desfachatez es cómo se refirió a las que llamó las redes del mal; por supuesto, después de pedir más tiempo para ejercer los poderes casi ilimitados que se han recetado para disque combatir tales redes ¿o acabar con su competencia? En fin, una muestra más de arrogancia, ya que sobra gente que, si tuviera la valentía de contar públicamente cómo ha sido extorsionada y forzada a pagar comisiones con tal de poder sacar su mercadería y trabajar, podría poner a la vicepresidente en el lugar que le corresponde.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 11 de noviembre de 2013.

Las aduanas son inmorales

“Toda persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, pero nadie tiene el derecho de imponer su decisión a los demás".

El origen del problema es la existencia misma de las aduanas. Y solo va a terminar la corrupción en este ente inquisidor cuando deje de existir el origen del mal: la inmoral intervención de los gobernantes en el comercio internacional. Cuando los comerciantes y los consumidores descubran que han sido engañados y manipulados por años con el discurso nacionalista y la excusa de recaudar más impuestos. ¿Para qué? ¿Quiénes han sido los únicos ganadores con la imposición de aranceles y barreras no arancelarias? ¿Quiénes han sido los sacrificados en beneficio de unos pocos?

El problema no se arregla, más aún se complica, utilizando la fuerza pública y la tecnología para combatir a los importadores de bienes producidos en otros países, convirtiéndolos en criminales cuando no están cometiendo ningún crimen: no causan daños a terceros, sino todo lo opuesto. Venden productos que, obviamente, son demandados por muchos, de lo contrario no se arriesgarían a traerlos. El que cada uno decida libremente a quién le va a comprar, se produzca o no el bien en el país que reside, no es un crimen ni es asunto de los gobernantes. ¿Por qué tiene que pagar más aquel que prefiere comprar bienes elaborados en México, en Estados Unidos, en China, en India…?

La fuerza pública y la tecnología se deben usar para perseguir y atrapar a ladrones, a estafadores, a extorsionadores, a secuestradores, a violadores, a asesinos, a políticos corruptos… Se deben usar para llevar ante la justicia a quienes han violentado la vida, la libertad y la propiedad de otros. Y que una vez hayan sido vencidos en un juicio apegado al debido proceso, se les obligue a compensar a sus víctimas. Los anteriores son los únicos motivos que justifican la existencia de los gobernantes: un grupo de personas con el poder de someter a quienes no respeten a otros. Disciplinar a los antisociales.

No estamos obligados a cumplir la legislación que violenta nuestros derechos. Apelemos al artículo 45 de la Constitución que dice: “…legitimidad de resistencia: Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”. El contrabando es el comercio internacional ilegítimamente criminalizado. Es esa criminalización la que ha provocado que se cometan verdaderos crímenes alrededor de acciones comerciales encaminadas a facilitar el bienestar de la mayoría. Como sucede en el caso de la guerra perdida contra las drogas: todos terminamos pagando por la ambición de unos cuantos y por el abuso del poder por parte de los gobernantes.

Como podemos leer en “The Early Ayn Rand: A Selection from Her Unpublished Fiction”, editado por Leonard Piekoff: “Toda persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, pero nadie tiene el derecho de imponer su decisión a los demás". Y es esto lo que los ciudadanos, los soberanos, debemos entender para dejar de ser siervos de quienes deben ser nuestros servidores: los gobernantes.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 28 de octubre de 2013.

El Pérezaso

Según el Diccionario de la Rial Epidemia de Pelmazos, en su primera y única acepción (por el momento) Pérezaso significa: “Nombre masculino del intento de Otto Pérez Molina de darse a sí mismo, en el ejercicio del poder, una especie de golpe de Estado, interviniendo a la Superintendencia de Administración Terrorista/Tributaria (SAT) y a varias de las aduanas a su cargo”.

La definición anterior no incluye todas las decisiones equivocadas que ha tomado el mencionado desde su llegada a la Presidencia del Organismo Ejecutivo de Guatemala, comenzando por el origen de sus problemas actuales: la puñalada fiscal que propinó por la espalda al habitante productivo, respetuoso y emprendedor del país; a quien había ofrecido que no iba a aumentar los impuestos ni a adquirir más deuda. Tampoco hace mención al negoción ¿López o Pérez? de los chalecos anaranjados.

Es probable que la maña de adquirir más poder usando la fuerza y violentando las normas constitucionales la haya aprendido cuando fungió como jefe de los servicios de inteligencia del Ejército en la Dirección de Inteligencia Militar (G2), durante el gobierno de Jorge Serrano Elías. Sin embargo, ante la frustrada tentativa de este último de disolver el Congreso de la ¿República? de Guatemala, Pérez Molina optó por golpearse a sí mismo. Informo a mis lectores que en el objetivo de golpearse el Presidente salió exitoso: fue casi unánimemente aporreado por la crítica ciudadana y la de connotados abogados constitucionales que coincidieron en que la pretensión de Pérez Molina es contraria a lo que ordena nuestra Constitución. La que, por cierto, ya intentó cambiar en una ocasión. Otra de las batallas perdidas del otrora ¿glorioso? General.

A pesar de la oposición a la intervención hasta del propio Directorio de la SAT, Pérez Molina decidió continuar con un proyecto que, como tantos otros de su gobierno, nace muerto. Los únicos que parecen apoyarlo son algunos grupos de presión que quieren asegurar (y en algunos casos fortalecer) sus privilegios mercantilistas, y los miembros de su gabinete que de nuevo mostraron lo bien que les queda la segunda acepción de este “nombre masculino” según lo define el DRAE: “Conjunto de muebles…”.

Quedan varias preguntas que aún no han sido contestadas a cabalidad. Por ejemplo, ¿qué gana el Presidente interviniendo dependencias gubernamentales que están bajo su mando? ¿Por qué nombrar como interventores de los mencionados entes a quienes ocupan actualmente en estos los cargos de mayor autoridad? ¿A cuáles mafias pretende combatir: a las que llevan años extorsionando o a las de reciente creación?

El periodista mexicano Jorge Zepeda Patterson declaró que teme más al déspota con poder político que a un narco molesto o frustrado por una nota periodística. ¿Será que estamos llegando nosotros a una situación similar? Al final, lo que sí está claro es que Otto Pérez Molina lo que desea es adquirir más poder arbitrario y discrecional. ¿Cómo lo vamos a detener?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 21 de octubre de 2013. La imagen es la portada del diario guatemalteco Prensa Libre del viernes 18 de octubre de 2013.