El botín de 2019

O, como es oficialmente conocido, el “Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación”, se encuentra en el último trecho de su aprobación. Tienen, los más de 40 ladrones que integran la cueva del Congreso, hasta el próximo viernes 30 de noviembre para aprobarlo. Por ese motivo, y ante la urgencia de saquear a los tributarios en el año de Hidalgo, el año de pendejo el que deje algo, se declararon en sesión permanente.

No tengo el espacio, ni el tiempo, de listar todas la críticas que se le han hecho a la absurda propuesta del exministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada. Sin embargo, quiero mencionar al menos algunas, entre estas, la denuncia de los diputados de Encuentro por Guatemala de que en el proyecto de presupuesto 2019 no hay ministerio ni fondo que no tenga incrementos en los renglones 029, 015, 022, 021 (para contratación de personal temporal) que juntos suman Q23 mil millones.

Según una investigación de elPeriódico, el proyecto de presupuesto está basado en los nexos de varios diputados con determinados entes gubernamentales. Por ejemplo, establece que la asignación de Q120 millones adicionales para el Ministerio de Salud, deberá ser utilizada específicamente para la compra de equipo y el remozamiento, por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, de los hospitales de Quiché, Alta Verapaz y Santa Rosa, asignación que coincide con el distrito de los diputados Estuardo Galdámez, Rudy Pereira y Marco Aurelio Pineda.

La Comisión de Finanzas agregó Q60 millones para la construcción de canchas deportivas que a cargo del viceministerio de Deportes en el que Mario Renato Monterroso García, sobrino del diputado Hugo Fernando García Gudiel, estaría a cargo de su ejecución. También crearon una partida presupuestaria de Q25 millones para pagar un subsidio de transporte al adulto mayor. Dicho aporte sería recibido por una asociación de transportistas con sede en Escuintla, y aparentemente fueron gestionados por el diputado Domingo Trejo.

El incremento de Q50 millones a la partida del MAGA para el fortalecimiento de la administración del agua, al parecer beneficia a los dos hijos de la diputada Delia Bac que trabajan en dicho ministerio. Además, el incremento de Q12.5 millones al Registro de Información Catastral se debe a que éste es controlado por familiares, amigos y socios del diputado Armando Escribá. Por último, otro incremento relevante es el de Q75 millones para el viceministerio de Seguridad Alimentaria que es dirigido por Manfred Melgar Padilla, hermano del diputado Herbert Armando Melgar Padilla.

Esperemos que prevalezca la falta de acuerdos bajo la mesa, para que no logren alcanzar su perverso objetivo de aprobar el presupuesto con mayor déficit de toda nuestra historia: alrededor de un 40 por ciento de los ingresos fiscales programados. La única forma de evitar que los políticos gasten más de lo que deben es reformando urgentemente nuestro sistema, comenzando por obligar a los diputados, por ley, sólo aprobar balanceados, donde no pretendan gastar más de lo que puedan justamente recaudar.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 26 de noviembre de 2018.

Falso testimonio

Exculpar a criminales sanguinarios es despreciable. Pero más despreciable es perdonarlos para incriminar a otros, sin importar que estos otros sean o no culpables del hecho que se les imputa. Y es aún más grave la situación cuando quienes los usan son de los principales responsables de que se haga justicia y de que los antisociales compensen a sus víctimas.

Hay un solo crimen cuya víctima principal no puede ser resarcida: el asesinato. Queda en manos de sus deudos decidir cómo deberá pagar sus culpas el asesino. Las otras víctimas que son aquellos que amaron a la persona a quien le fue premeditadamente arrebatada la vida.  Que fueron privados de la presencia del ser querido al cual lloran. También son crímenes aberrantes el secuestro y la violación. Y los depravados, culpables comprobados de tales hechos, deben ser severamente castigados y nunca, bajo ningún punto de vista, beneficiados. Menos, para avanzar venganzas espurias de aquellos que detenta el poder o, peor aún, lo ejercen por encima de la Ley.

En redes sociales se difundieron dos audios, los cuales ya reconoció como verdaderos Juan Francisco Sandoval (máxima autoridad de la FECI), en los que ofrecían beneficios (que podían incluir ayudas económicas) al reo Marco Tulio López López, miembro de la banda de asesinos y secuestradores llamados "Los Pasaco", a cambio de declarar contra los acusados en el caso Gavilán. En dichos audios, López afirma que no fue torturado y no tiene nada en contra de Vielmann y los otros acusados.

Juan Francisco Sandoval, trató de minimizar la relevancia que tienen estos audios, declarando que no se le ha dado ningún beneficio a López. Sin embargo, lo relevante de los audios no es si llegaron a un acuerdo o no. Lo más importante es que en éstos están negociando la compra de un testimonio falso, lo que aumenta la duda en lo que respecta al uso que han dado a la figura del colaborador eficaz. En este caso particular, Marco Tulio López expresamente dice que no fue torturado, pero que si lo ayudan económicamente “hasta de más hablo ahí”.

No obstante lo anterior, el viernes pasado los fiscales del Ministerio Público se atrevieron a presentar la declaración de Marco Tulio López López, según la cual no sólo fue torturado por policías de la Comisaría de Escuintla (tortura en la cual se encontraban presentes Carlos Vielmann, Erwin Sperisen y Víctor Soto Diéguez), si no que ¿además? le conectaron alambres eléctricos en las manos, le pusieron capuchas todo el día y lo golpearon a petición de Vielmann ¿Qué “más habló ahí” López? “El señor Erwin Sperisen se nos subía en la espalda y pegaba brincos y el señor Carlos Vielmann me puso la bota en el cuello”.

La presentación de este testimonio falso debe ser suficiente para anular el juicio y demandar a los fiscales que se prestaron a semejante bajeza con tal de montar un caso contra Vielmann y los demás acusados. Se debe exigir a la Fiscal General, Consuelo Porras, que investigue este hecho y deduzca responsabilidades a quienes corresponda por este engaño. La justicia no se alcanza a base de mentiras. Solo habrá justicia cuando prevalezca la verdad.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 19 de noviembre de 2018.

Los Pasaco: del infiernito al paraíso

El pasado viernes 9 de noviembre, comenzó la audiencia de primera declaración en el caso de Ejecuciones Extrajudiciales. La juez Claudette Domínguez, quien preside el Juzgado de Mayor Riesgo A, será quien decida si se liga o no a proceso a los acusados. Entre estos se encuentran el exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, el exsubdirector de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC), Stu Velasco, y el exviceministro de Seguridad, Kamilo Rivera, quien fue declarado en rebeldía y ya fue emitida su orden de captura a nivel internacional.

El fiscal de la FECI, Carlos De León, comenzó detallando la forma en la que habría operado la supuesta estructura criminal integrada por exfuncionarios del Ministerio de Gobernación y la PNC. De León acusó a Vielmann de elaborar el plan Gavilán para dar apariencia de legalidad a una estrategia cuyo objetivo real era asesinar a los reos fugados de la Cárcel de Alta Seguridad de Escuintla conocida como "El Infiernito”. Vielmann, además de declararse un “secuestrado político” ante la prensa, dijo que “la CICIG ya no es un ente de investigación, puede ser como era la SS en la Segunda Guerra Mundial. Arma los casos, no respeta el derecho de defensa y lo secuestra a uno políticamente. Si quiere salir libre hay que volverse colaborador eficaz”.

Entre la lista de testigos presentada por el Ministerio Público, llaman la atención cuatro reos (Julio García Palacios, Isaías López Castillo, Marco Tulio López y Luis Humberto Arana), condenados a 50 años de prisión por secuestro, integrantes de las bandas de Los Pasaco y de Agosto Negro. ¿Está basada la acusación en el caso de “El Infiernito”, principalmente en el testimonio de criminales confesos y condenados? ¿Qué credibilidad pueden tener personas que no dudaron en torturar y asesinar a sus víctimas, además de aterrorizar a sus familiares, con el fin de obtener el dinero del rescate? ¿Son capaces estos criminales de declarar cualquier cosa con tal de que los dejen libres o les reduzcan la pena? Si no tuvieron problemas para acabar con la vida de quienes secuestraron, ¿los tendrán para mentir con tal de beneficiarse?

Ese mismo día, Iván Velásquez, por medio de una videoconferencia durante la presentación del informe anual de labores de la CICIG, abogó por seguir “luchando juntos para acabar con las estructuras de corrupción que minan los derechos humanos”. ¿Y qué con las estructuras de narcotraficantes, asesinos, violadores…? Sin duda, motivos tiene Víctor Suarez, presidente de la Asociación de Amigos del País, al afirmar que “es una tristeza para Guatemala que… liberen presos que realmente son un problema para la sociedad. Estamos hartos de las maras y la delincuencia, y de que en lugar de dar la justicia correcta y protegernos, se dediquen… a poner en libertad a presos sumamente peligrosos para la sociedad”.

¿Irán a seguir Los Pasaco el camino del infiernito al paraíso que anduvieron, entre otros, Juan Carlos Monzón y Estuardo Gonzales? Cualquier crimen que cometan estos malhechores, si son liberados por la CICIG y la FECI, serán responsabilidad principal de estos últimos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 5 de noviembre de 2018.

El plebiscito de Trump

Mañana se llevarán a cabo, como oficialmente son conocidas, las midterm elections (elecciones de medio término) de Estados Unidos. Estas elecciones son consideradas el segundo acontecimiento político más importante del ciclo electoral estadounidense, después de los comicios presidenciales. Estas elecciones, que se realizan a la de mitad del mandato presidencial, suelen considerarse como una especie de evaluación del trabajo del presidente, quien quiera que este sea, durante los dos primeros años de su gobierno.

En las elecciones de este 6 de noviembre se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado (33 escaños más dos por la renuncia de los senadores de Minnesota y Misisipi). Además, 36 estados elegirán gobernadores este año. Según The New York Times, están en juego 6,665 puestos políticos a nivel estatal y miles más a nivel local.

                                                             

Estos comicios determinarán qué partido controlará las dos cámaras del Congreso en los próximos dos años de la presidencia de Donald Trump. En otras palabras, quienes tendrán el poder de supervisar al presidente Trump y a sus funcionarios. Hoy, el Partido Republicano tiene la mayoría en ambas cámaras. En el Senado, hay 51 senadores republicanos contra 49 demócratas, y en la Cámara de Representantes 235 contra 193, además de 7 puestos vacantes, Muchos ven estos comicios como una especie de referendo sobre la gestión de Trump, del que depende el apoyo que tendrá en el Congreso en los próximos dos años y su posible reelección en 2020.

Si los demócratas logran el control de la Cámara Baja, es muy probable que impulsen investigaciones que podrían ser la excusa para promover un proceso de destitución (impeachment) contra el presidente. Con una sola cámara bajo su control, los demócratas no pueden imponer su agenda legislativa, pero pueden limitar la de Trump, bloqueando sus proyectos en el Congreso. Si logran el control del Senado, además de promover sus políticas, pueden rechazar cualquier nuevo nombramiento de Trump en la Corte Suprema de Justicia o en su Gabinete, aunque Trump podría vetar cualquier medida antes de que se convierta en ley. No obstante, el Congreso puede descartar el veto presidencial con dos tercios de los votos.

Coincido con los analistas que piensan que el escenario más probable es que el Partido Republicano conserve su mayoría en el Senado y que los demócratas logren el control de la Cámara de Representantes. Baso mi juico en los datos proporcionados por FiveThirtyEight, un sitio especializado en pronósticos electorales, según los cuales la probabilidad, al 4 de noviembre, de que los demócratas obtengan el control de la Cámara Baja es de un 85.3 por ciento, frente a tan solo un 15.5 por ciento que tienen de tomar el control del Senado. Sin embargo, otras encuestas muestran que la competencia por el control de la Cámara Baja es muy pareja y que, al final, puede suceder cualquier cosa el martes próximo: el día del referéndum de Trump.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 5 de noviembre de 2018.