El Estado de Derecho y las leyes objetivas

Viviremos dentro de un Estado de Derecho cuando no necesitemos intérpretes de la ley. Cuando, efectivamente, lo que predomine y rija en las relaciones entre los individuos de una sociedad, sean normas generales, universales, impersonales, objetivas y pocas para que sean entendidas y acatadas por todos. Cuando esas normas se enfoquen en que prevalezca el respeto a la vida, la libertad y la propiedad de los miembros de la sociedad, sin distinción de ningún tipo, sin privilegios para nadie.

Cuando recuperemos el ideal aristotélico de que “todo Estado es, evidentemente, una asociación y toda asociación no se forma sino en vista de algún bien, puesto que los hombres, cualesquiera que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece ser bueno”. Cuando se acepte que para buscar nuestra felicidad y florecer, necesitamos cooperar en paz, ser productivos y no pretender vivir a costa de los demás.

El propósito de la ley, el propósito apropiado, es establecer los principios generales de conducta, que gobiernen las relaciones humanas en una sociedad. Que establezcan los principios de conducta que promuevan el respeto a los derechos individuales y eviten que unos quebranten los derechos de otros. Para alcanzar estos fines, las leyes deben ser objetivas. Una ley objetiva, es una ley que define, basada en los hechos y en la naturaleza de las cosas -en particular la naturaleza humana-, lo que constituye un delito o lo que está prohibido, y el tipo de pena en que una persona incurriría si realiza la acción prohibida.

Las leyes objetivas definen principios generales, que los jueces aplican en casos concretos. Lo cual es, indiscutiblemente, una tarea difícil. Como explica Ayn Rand, la aplicación objetiva de principios legales en áreas particulares puede ser bastante desafiante. Por ejemplo, en los ensayos titulados “La naturaleza del gobierno” y “Las vastas arenas movedizas”, Rand discute la cuestión de la locura temporal como defensa en el derecho penal (un “tema muy delicado”), los argumentos contrastantes a favor de la pena capital (una “pregunta muy difícil”), y si la ignorancia de la ley puede calificar como una defensa. También discute los principios que deben guiar a los legisladores para determinar la jerarquía de los castigos criminales, la responsabilidad legal de los niños y personas insanas, y las reglas de evidencia que guían a los tribunales.

Rand también aborda en los ensayos mencionados, los peligros de la ley no objetiva, que significa "una ley sin definición específica, que puede tener tantas interpretaciones diferentes como hombres que las interpreten". Bajo una ley no objetiva, los ciudadanos estamos a merced de la arbitrariedad de los intérpretes, o sea, los jueces y los magistrados. La ley no objetiva, como afirma la filósofa citada, es un requisito previo para la tiranía. “No importa cuán severa sea la forma de gobierno que puedas tener… si sus leyes, sus edictos son objetivos, un gobierno así no es una tiranía". ¿Queremos ser libres y progresar? Debemos, entonces, acabar con la dependencia de intérpretes de leyes, reformando de raíz nuestro sistema normativo.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 18 de febrero de 2019.

Los Pasaco: del infiernito al paraíso

El pasado viernes 9 de noviembre, comenzó la audiencia de primera declaración en el caso de Ejecuciones Extrajudiciales. La juez Claudette Domínguez, quien preside el Juzgado de Mayor Riesgo A, será quien decida si se liga o no a proceso a los acusados. Entre estos se encuentran el exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, el exsubdirector de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC), Stu Velasco, y el exviceministro de Seguridad, Kamilo Rivera, quien fue declarado en rebeldía y ya fue emitida su orden de captura a nivel internacional.

El fiscal de la FECI, Carlos De León, comenzó detallando la forma en la que habría operado la supuesta estructura criminal integrada por exfuncionarios del Ministerio de Gobernación y la PNC. De León acusó a Vielmann de elaborar el plan Gavilán para dar apariencia de legalidad a una estrategia cuyo objetivo real era asesinar a los reos fugados de la Cárcel de Alta Seguridad de Escuintla conocida como "El Infiernito”. Vielmann, además de declararse un “secuestrado político” ante la prensa, dijo que “la CICIG ya no es un ente de investigación, puede ser como era la SS en la Segunda Guerra Mundial. Arma los casos, no respeta el derecho de defensa y lo secuestra a uno políticamente. Si quiere salir libre hay que volverse colaborador eficaz”.

Entre la lista de testigos presentada por el Ministerio Público, llaman la atención cuatro reos (Julio García Palacios, Isaías López Castillo, Marco Tulio López y Luis Humberto Arana), condenados a 50 años de prisión por secuestro, integrantes de las bandas de Los Pasaco y de Agosto Negro. ¿Está basada la acusación en el caso de “El Infiernito”, principalmente en el testimonio de criminales confesos y condenados? ¿Qué credibilidad pueden tener personas que no dudaron en torturar y asesinar a sus víctimas, además de aterrorizar a sus familiares, con el fin de obtener el dinero del rescate? ¿Son capaces estos criminales de declarar cualquier cosa con tal de que los dejen libres o les reduzcan la pena? Si no tuvieron problemas para acabar con la vida de quienes secuestraron, ¿los tendrán para mentir con tal de beneficiarse?

Ese mismo día, Iván Velásquez, por medio de una videoconferencia durante la presentación del informe anual de labores de la CICIG, abogó por seguir “luchando juntos para acabar con las estructuras de corrupción que minan los derechos humanos”. ¿Y qué con las estructuras de narcotraficantes, asesinos, violadores…? Sin duda, motivos tiene Víctor Suarez, presidente de la Asociación de Amigos del País, al afirmar que “es una tristeza para Guatemala que… liberen presos que realmente son un problema para la sociedad. Estamos hartos de las maras y la delincuencia, y de que en lugar de dar la justicia correcta y protegernos, se dediquen… a poner en libertad a presos sumamente peligrosos para la sociedad”.

¿Irán a seguir Los Pasaco el camino del infiernito al paraíso que anduvieron, entre otros, Juan Carlos Monzón y Estuardo Gonzales? Cualquier crimen que cometan estos malhechores, si son liberados por la CICIG y la FECI, serán responsabilidad principal de estos últimos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 5 de noviembre de 2018.