El refugio inseguro es el Estado visto como una especie de ser inmaterial, capaz de satisfacer
todas nuestras necesidades. Una especie de padre
imaginario todopoderoso, una
contradicción aceptada por muchos. Y más peligroso es aún, cuando se pretende
que los gobernantes, en nombre de tal abstracción, se hagan cargo de las
demandas de la mayoría, que rara vez son satisfechas, ya que tales obligaciones
son contrarias a la naturaleza del gobierno. Todavía peor, son contrarias a la
propia naturaleza del hombre.
Es por eso que, en lugar de vivir
mejor cada día de manera sostenida, entre más intervienen los gobernantes en
nuestras vidas, mayores son las miserias que encontramos en el camino. Es por
eso que ese Estado Benefactor atrae a los peores representantes de nuestra
sociedad. Es por eso que los gobernantes terminan aliándose con los grupos de
presión que proliferan en ese Estado, una alianza que termina violentando los
derechos individuales del resto.
Un ejemplo tremendo de lo anterior
es la tragedia del miércoles pasado en el mal llamado hogar seguro, en el cual habían muerto al momento que escribo estas
líneas 37 jóvenes mujeres cuya vida, desde que nacieron, fue más difícil que
para muchos. Abandonadas y/o violentadas por sus padres y, para colmo de males,
condenadas por burócratas nacionales e internacionales a existir precariamente
bajo la tutela del Estado. Sí,
condenadas a no ser adoptadas por aquellos que podrían haberles brindado un
hogar amoroso en el cual se hubieran podido desarrollar. Condenadas a vivir en
un infierno y morir en la hoguera por quienes no escucharon que el camino que
lleva a tal destino está empedrado de buenas
intenciones.
El origen de esta tragedia en
particular es fácil de encontrar: la ley antiadopciones
que se aprobó hace una década durante el gobierno de Óscar Berger. El, la gente
que la promovió y los diputados que la aprobaron deben de ser señalados como
responsables. Pero también los son todos aquellos que aplaudieron una medida
que, con un poco de esfuerzo mental que hubieran hecho por aclararse las ideas,
habrían previsto las consecuencias en el largo plazo de otorgar más poder a los
gobernantes, hacer las adopciones casi imposibles e institucionalizar a los huérfanos.
Se preocuparon más por lo que podrían ganar algunos de los involucrados, que
por el bienestar de los niños abandonados y/o maltratados.
Lamento haber estado en lo
correcto hace 10 años cuando escribí lo siguiente: “¿Cómo puede alguien creer,
conociendo la ineptitud de los gobernantes en cumplir con sus funciones
primordiales, que estos van a saber qué es mejor para los huérfanos? ¿Gente que
sólo le interesa robar nuestros impuestos?... Si entran en vigencia las leyes
que centralizan la adopción, en lugar de poner un alto a los supuestos actos
criminales denunciados, los multiplicarán, junto con la corrupción que va a
acarrear la discrecionalidad que le otorguen a los burócratas a cargo”. Llegó
la hora de corregir de raíz el error. La ley antiadopciones debe ser derogada.
Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo
Veintiuno”, el lunes 13 de marzo de 2017.
Etiquetas: abuso, adopciones, asunción, corrupción, crimen, Estado, gobierno, hogar, Jimmy Morales, ley, Oscar Berger, seguro, tragedia, violación, virgen