Estado de extorsión

El Estado que prevalece en Guatemala, es el estado de extorsión sin discriminación alguna. Ni por etnia, ni por grupo social o ni por recursos económicos. Difiere en quiénes extorsionan a quiénes, pero, al final, tan extorsionista es el pandillero de la mara Salvatrucha, el del Barrio 18 o el  de los Crazy Gansters, como lo es el funcionario, el burócrata, el fiscal, el juez… que usa el poder que se le delegó para extorsionar a los ciudadanos con la excusa de alcanzar sus objetivos, cualesquiera que estos sean. Ya sea para bien o para mal de la mal llamada “sociedad”.

Lo que, por cierto, me lleva a preguntarme si todavía podemos identificarnos con los términos de “sociedad” y “Estado”, cuando estamos tan lejos de la definición aristotélica de éstos: “Todo Estado es, evidentemente, una asociación, y toda asociación no se forma sino en vista de algún bien, puesto que los hombres, cualesquiera que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece ser bueno… todas las asociaciones tienden a un bien de cierta especie, y que el más importante de todos los bienes debe ser el objeto de las más importante de las asociaciones, de aquella que encierra a todas las demás, y a la cual se llama Estado”.

La extorsión más burda, y más fácil de identificar y condenar, es la que hacen los criminales de cuello azul: o sea, aquellos que usan un arma para amedrentar a sus víctimas y no se tocan el alma para asesinarlos a ellos o a sus familiares, si no les entregan el dinero que les exigen. La extorsión que hacen los delincuentes comunes, los criminales sin organización y los organizados en maras o pandillas.

La extorsión que hacen los burócratas estales, ya sean los empleados de la SAT, de las aduanas o los que piden una comisión para otorgar contratos estatales, es un poco más difícil de señalar ya que como arma usan la discrecionalidad (arbitrariedad) que les da la ley o la legislación decretada a su antojo. Aunque gracias a los avances tecnológicos de la Cuarta Revolución Industrial, se les puede grabar infraganti al cometer la extorsión.

El problema que tienen la mayoría de las víctimas en estos casos es que para acusarlos tienen que pagar, y en el momento en el cual ceden a la presión, los convierten en cómplices. Luego, la abstracta opinión pública (que suele ser la voz de unos pocos dirigentes de los grupos de presión consentidos por los medios de comunicación) en lugar de referirse a ellos como víctimas de una extorsión, los acusan de corruptos y de sobornar a los cándidos funcionarios del gobierno.

No obstante, la extorsión más difícil de señalar por el temor, casi terror, que sienten los extorsionados de ir presos al infierno de las cárceles guatemaltecas, aunque sean inocentes o la falta no lo justifique, es aquella que hacen los émulos de Robespierre de nuestro país, a quienes ni siquiera les aplican las leyes de Guatemala ni de ningún lugar. Aquellos a quienes se les otorgó poderes casi divinos para, en teoría, combatir a los peores criminales de nuestro país.

La ironía es que ese poder no lo han utilizado para combatir a las peores y más peligrosas expresiones del crimen organizado. Sí han capturado a algunos criminales de Estado, que merecen estar presos y que ¡ojalá!, retribuyan justamente a sus víctimas y paguen sus crímenes, particularmente el abuso del poder que se les delegó. Por supuesto, después de que se cumpla con el debido proceso. Sin embargo, hasta que se limite el ejercicio del poder, exista respeto al debido proceso, certeza jurídica y seguridad, en otras palabras, que todos seamos iguales ante la ley y nadie superior a esta, seguiremos viviendo dentro de un Estado de extorsión.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 27 de agosto de 2018.

Extorsión del fiambre al tamal

Veo con tristeza que mi país se ha convertido en el reino de los extorsionistas. Pero no sólo me refiero a los más obvios integrantes de este grupo, los pandilleros, que desde las mismas cárceles extorsionan a la gente responsable, respetuosa y productiva, entre ellos a los pocos que todavía se atreven a invertir en Guatemala, transformando recursos en riqueza y creando fuentes de trabajo que tanta falta hacen para reducir la emigración de nuestros compatriotas. Criminales que no dudan en asesinar a quién sea con tal de que sus víctimas sucumban a sus amenazas. Sicópatas que, en la mayoría de los casos, no tienen redención.

Sin embargo, no son los únicos que viven de la extorsión y de la violación continúa de los derechos individuales de la mayoría. Entre los principales extorsionistas se incluyen a los grupos de presión. Organizaciones, en muchos casos, delincuenciales que, así como los pandilleros tienen a su Smurf, ellos tienen a su Daniel, a su Joviel o a su Telma. Que, al igual que los mareros intimidan, ponen en riesgo la vida de los demás y viven del robo de la riqueza creada por otros. Aunque, a diferencia de los mareros y criminales comunes, ellos no se encuentran presos. Más aún, pareciera que son intocables gracias al apoyo que gozan de burócratas supranacionales y estructuras internacionales de personas que viven de la peor de las extorsiones: la extorsión impositiva.

¿Por qué es la extorsión impositiva la peor de todas? Porque utilizan la ley para extorsionar. Esa ley que llamó Frédéric Bastiat pervertida, porque fue desviada de su objetivo legítimo y dirigida a un objetivo totalmente contrario. Ley que deja de ser ley para convertirse en legislación arbitraria que facilita a los corruptos que llegan al ejercicio del poder expoliar a los creadores de riqueza, y vivir parasitariamente a costa de los tributarios temerosos que claudican ante la amenaza de ir a la cárcel. Ley que termina invirtiendo los papeles entre los mandantes y los mandatarios y, de alguna manera, retrocediendo el reloj a los tiempos del antiguo régimen.

¿Existe una reticencia a pagar impuestos? ¿O una aversión a ser extorsionados del fiambre al tamal? Para responder estas preguntas hay que aclarar el contexto. Es evidente que debemos financiar las funciones propias de la naturaleza de un gobierno si queremos vivir dentro de una verdadera República, donde el poder que gozan los mandatarios está limitado por el respeto a los derechos individuales de aquellos que respetan los derechos de los demás. Derechos que en principio son reconocidos a todos por igual, y que sólo se pierden cuando alguien no cumple con su obligación de respetar la vida, la libertad y la propiedad de otros.

Sobra decir que la realidad de los guatemaltecos no es la propia de una República. Entonces, ¿por qué vamos a pagar impuestos cuando la mayor parte de estos terminan en los bolsillos de burócratas, políticos y oportunistas que negocian con ellos? ¿Por qué aceptamos ser extorsionados? Extorsión que, por cierto, se da todos los días del año, independientemente del menú.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 20 de noviembre de 2017.

El refugio inseguro

El refugio inseguro es el Estado visto como una especie de ser inmaterial, capaz de satisfacer todas nuestras necesidades. Una especie de padre imaginario todopoderoso, una contradicción aceptada por muchos. Y más peligroso es aún, cuando se pretende que los gobernantes, en nombre de tal abstracción, se hagan cargo de las demandas de la mayoría, que rara vez son satisfechas, ya que tales obligaciones son contrarias a la naturaleza del gobierno. Todavía peor, son contrarias a la propia naturaleza del hombre.

Es por eso que, en lugar de vivir mejor cada día de manera sostenida, entre más intervienen los gobernantes en nuestras vidas, mayores son las miserias que encontramos en el camino. Es por eso que ese Estado Benefactor atrae a los peores representantes de nuestra sociedad. Es por eso que los gobernantes terminan aliándose con los grupos de presión que proliferan en ese Estado, una alianza que termina violentando los derechos individuales del resto.

Un ejemplo tremendo de lo anterior es la tragedia del miércoles pasado en el mal llamado hogar seguro, en el cual habían muerto al momento que escribo estas líneas 37 jóvenes mujeres cuya vida, desde que nacieron, fue más difícil que para muchos. Abandonadas y/o violentadas por sus padres y, para colmo de males, condenadas por burócratas nacionales e internacionales a existir precariamente bajo la tutela del Estado. Sí, condenadas a no ser adoptadas por aquellos que podrían haberles brindado un hogar amoroso en el cual se hubieran podido desarrollar. Condenadas a vivir en un infierno y morir en la hoguera por quienes no escucharon que el camino que lleva a tal destino está empedrado de buenas intenciones.

El origen de esta tragedia en particular es fácil de encontrar: la ley antiadopciones que se aprobó hace una década durante el gobierno de Óscar Berger. El, la gente que la promovió y los diputados que la aprobaron deben de ser señalados como responsables. Pero también los son todos aquellos que aplaudieron una medida que, con un poco de esfuerzo mental que hubieran hecho por aclararse las ideas, habrían previsto las consecuencias en el largo plazo de otorgar más poder a los gobernantes, hacer las adopciones casi imposibles e institucionalizar a los huérfanos. Se preocuparon más por lo que podrían ganar algunos de los involucrados, que por el bienestar de los niños abandonados y/o maltratados.

Lamento haber estado en lo correcto hace 10 años cuando escribí lo siguiente: “¿Cómo puede alguien creer, conociendo la ineptitud de los gobernantes en cumplir con sus funciones primordiales, que estos van a saber qué es mejor para los huérfanos? ¿Gente que sólo le interesa robar nuestros impuestos?... Si entran en vigencia las leyes que centralizan la adopción, en lugar de poner un alto a los supuestos actos criminales denunciados, los multiplicarán, junto con la corrupción que va a acarrear la discrecionalidad que le otorguen a los burócratas a cargo”. Llegó la hora de corregir de raíz el error. La ley antiadopciones debe ser derogada.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 13 de marzo de 2017.

El terror de los inocentes

El viejo refrán según el cual quién nada debe nada teme, no aplica en sociedades como la nuestra, donde el poder del que gozan los gobernantes es casi ilimitado y, para colmo de males, la mayoría cree que éstos deben intervenir en prácticamente toda faceta de la acción humana. En tales condiciones, que los inocentes no deben temer es un juicio falso. Un gobierno con posibilidad de decidir sobre nuestras vidas y propiedades, que convierte casi en una ficción nuestro derecho a la libertad, es contrario a la moderna idea republicana cuya única razón de ser del gobierno es velar precisamente por los derechos individuales de todos.

En un país de todopoderosos gobernantes, ya sea que gobiernen dando la cara o tras bambalinas, cualquiera, en cualquier momento, haya o no violado los derechos de otros, haya o no cometido un delito o un crimen, puede ser detenido y encarcelado sin ningún miramiento y en franca violación del debido proceso. Se violan los derechos de la mayoría, con la venia de muchos y rara vez se escucha a la misma víctima reclamar respeto. Se violan todos los días. Los violan los delincuentes, los criminales y los mismos gobernantes azuzados por los líderes de los grupos de presión que en la mayor parte de los casos sólo se representan a sí mismos.

Hasta Pierre-Joseph Proudhon, a quien nadie puede acusar de ser liberal o capitalista, en “Idea General de la Revolución en el siglo XIX”, publicada en 1851, escribió: “Ser gobernado significa ser observado, inspeccionado, espiado, dirigido, sometido a la ley, regulado, escriturado, adoctrinado, sermoneado, verificado, estimado, clasificado según tamaño, censurado y ordenado por seres que no poseen los títulos, el conocimiento ni las virtudes apropiadas para ello. Ser gobernado significa, con motivo de cada operación, transacción o movimiento, ser anotado, registrado, contado, tasado, estampillado, medido, numerado, evaluado, autorizado, negado, endosado, amonestado, prevenido, reformado, reajustado y corregido”.

Continúo con Proudhon: “Es, bajo el pretexto de la utilidad pública y en el nombre del interés general, ser puesto bajo contribución, engrillado, esquilado, estafado, monopolizado, desarraigado, agotado, embromado y robado para, a la más ligera resistencia, a la primera palabra de queja, ser reprimido, multado, difamado, fastidiado, puesto bajo precio, abatido, vencido, desarmado, restringido, encarcelado, tiroteado, maltratado, juzgado, condenado, desterrado, sacrificado, vendido, traicionado, y, para colmo de males, ridiculizado, burlado, ultrajado y deshonrado ¡Esto es el gobierno, esta es su justicia y esta su moralidad!”.

Varios de quienes nos damos cuenta del camino que andamos optan por hacer la maleta e irse a vivir a otro lado, con la expectativa de que van a vivir mejor. Otros, nos quedamos a dar la batalla, con la esperanza de que más despierten de la pesadilla del Estado Benefactor/Mercantilista y, finalmente, podamos cambiar de manera radical el sistema en el cual vivimos hoy.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 5 de septiembre de 2016.

Los criminales deben pagar

Los criminales deben pagar las consecuencias de sus acciones. Deben pagar los crímenes que cometieron: es lo justo, es lo correcto. Es el sistema por medio del cual, desde siempre, el ser humano ha aprendido la diferencia entre el bien y el mal. Se castiga a aquel que viola los derechos individuales de otros (vida, libertad y propiedad) y se premia a quién es respetuoso, responsable y racional a la hora de emitir los juicios a partir de los cuales va a actuar. O sea, a quien hace el esfuerzo mental y físico por vivir y convivir con los demás en paz.

                                                               

Sin embargo, lamentablemente, el sistema de incentivos perversos que prevalece en el sistema político es el que también impera en nuestro sistema penitenciario. Un sistema que promueve la solidaridad hacia el reo que, supuestamente, es una víctima (de otros, generalmente sus padres, o de abstracciones, como la sociedad, a las que se les culpa de las malas acciones que el criminal DECIDIÓ cometer), olvidando que ese individuo en particular violentó los derechos de otro ajeno a esa supuesta violación de la que él fue víctima. Un sistema que termina violando, nuevamente, los derechos de aquel que sufrió la agresión del criminal en cuestión.

A la hora de juzgar el daño que una persona comete a otra, es irrelevante lo que a esa persona le haya sucedido con anterioridad. En tal caso, habría que juzgar a quien efectivamente le dañó y que ese individuo en específico lo compense una vez se cumpla con el debido proceso y haya sido vencido en un juicio imparcial. Pero eso no justifica bajo ningún punto de vista objetivo el que se le absuelva de pagar sus delitos o crímenes y de su responsabilidad de compensar a sus víctimas para que haya justicia. Este sistema  de incentivos perversos en el ámbito penitenciario, es promovido por gente en la mayoría de los casos bienintencionada, pero que falsea la realidad y olvida que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Gente que termina siendo cómplice de las fechorías que sus patrocinados cometan desde las cárceles.

Por cierto, los presos DEBEN de trabajar para pagar sus gastos y cumplir con sus compromisos, tal y como lo estipula el Código Penal de nuestro país (Decreto número 17-73), en el libro primero, título VI, Capítulo I, en el artículo 47: “Producto del trabajo. El trabajo de los reclusos es obligatorio y debe ser remunerado. El producto de la remuneración será inembargable y se aplicará: 1º. A reparar e indemnizar los daños causados por el delito. 2º. A las prestaciones alimenticias a que esté obligado. 3º. A contribuir a los gastos extraordinarios y necesarios para mantener o incrementar los medios productivos que, como fuente de trabajo, beneficien al recluso. 4º. A formar un fondo propio que se le entregará al ser liberado”. De lo contrario, como ha sido hasta hoy, los condenados somos de nuevo los tributarios: condenados a soportar a los antisociales que violaron o pueden llegar a violar nuestros derechos. Absurdo.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 7 de diciembre de 2015.

Protestas criminales

Yo protesto. Tú protestas. El protesta. Ella protesta. Nosotros protestamos. Ustedes protestan. Ellos protestan. ¡Ah! Mejor aclaro que también ellas protestan, antes de que protesten las feministas. En fin, todos protestamos. El acto de protestar parece ser algo propio del ser humano. Es una faceta de nuestra libertad de expresión. No hay ningún problema con protestar. Se generan problemas cuando los medios que usamos para hacerlo violan los derechos de otros.

Es lamentable que en la mayoría de los casos de la llamada protesta social a los manifestantes les importa poco ser escuchados y mucho menos pelean por el respeto a los derechos individuales de todos. Lo que hacen es EXIGIR, de manera represiva y violenta, que se les den bienes y beneficios que no han ganado. Demandan privilegios. Les da igual que para satisfacer sus reclamos los gobernantes se conviertan en violadores de los derechos de otros. Reclaman lo que ellos no están dispuestos a dar: respeto. Dejan claro que lo único que termina temporalmente las protestas es que se les conceda todo lo que piden. Por cierto, eso no es protestar, es EXTORSIONAR. Luego, al ser complacidos por los gobernantes, algo más se les ocurrirá exigir. Su negocio se mantiene a base de medidas de hecho violentas, constantes y sostenidas en el tiempo.

La ironía es que la mayoría, que terminamos pagando por los caprichos de los arriba mencionados, somos productivos, honestos, respetuosos… No participamos en hechos delictivos y criminales. Queremos salir adelante por nuestro propio esfuerzo. Por eso hay tantos latinoamericanos, guatemaltecos incluidos, viviendo en Estados Unidos: personas que decidieron vivir en un país distinto al que nacieron, un país en el cual todavía es posible mejorar la calidad de vida, donde pueden disfrutar del fruto de su ingenio, de los riesgos que han tomado, del trabajo honorablemente entregado. Gente pacífica y laboriosa.

Algunos, ingenuamente, otros porque son incapaces de reconocer que se equivocan o son unos oportunistas descarados, pretenden justificar las medidas de hecho alegando que las autoridades no los complacen y que ya se aburrieron de sentarse a dialogar con funcionarios del gobierno. Hay quienes tienen la desfachatez de acusarnos a unos de criminalizar actos que de pacíficos no tienen nada. Cuando lo cierto es que casi todo lo que exigen no se les puede dar sin cometer una injusticia con otros. Confunden derechos con necesidades, y pretenden que los demás nos ocupemos de las obligaciones que les corresponden a ellos.

Aquellos que llegan engañados o pagados a las protestas también deben asumir las consecuencias de sus acciones. Lo anterior no los exime de los actos delincuenciales o criminales cometidos. Bloquear carreteras y cualquier vía de comunicación no es un derecho. Obstaculizar la libre locomoción de otros no es un derecho. Dañar la propiedad de otros no es un derecho. Saquear comercios no es un derecho. Protestar no es lo mismo que violar.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 16 de diciembre de 2013.

#pornvictimisation

Contraria a la creencia popular de que el crimen no paga, dentro de las actuales reglas del juego político hay un tipo de criminalidad que no solo es más rentable que la común (robos, secuestros, extorsiones…), sino que es más segura: los riesgos son menores. Esa criminalidad es la mal llamada protesta social. Aclaro que no me refiero a la justa queja del ciudadano honesto, trabajador y respetuoso que cuestiona el actuar corrupto y prepotente de los politiqueros. Me refiero a los grupos organizados con el objetivo de extorsionar a los gobernantes para que estos les otorguen privilegios.

Los colectivos que recurren a la victimización de determinada clase de personas supuestamente abusadas a lo largo de su existencia. Por cierto, una de las más rentables tácticas hoy es recurrir a los agravios cometidos en contra de los ancestros. Este discurso es sobre todo atractivo cuando se trata de conseguir dinero de los burócratas de otros países que cargan con una irracional culpa en lo que respecta al pasado colonialista de sus naciones. No hay nada más sexy, un trending topic, que resucitar a los extintos mayas para inspirar lástima en caras pálidas emotivas, manipulables, que manejan el dinero que han expoliado a los trabajadores de sus respectivas naciones.

También hay extranjeros dentro de estos grupos. Fracasados que no pasaron de zope a gavilán en sus terruños y, llenos de resentimiento, encuentran un espacio donde sentirse importantes en pueblos como el nuestro. Estos tipos ocupan posiciones relevantes en las estructuras jerárquicas de estas organizaciones en las cuales la mayoría se siente intimidada por un  par de ojos claros, una tez blanca y un cabello rubio. Que quede claro, no tengo nada en contra de los anteriores atributos, similares a los míos. Lo que me parece despreciable es el doble discurso y la hipocresía tanto de los nacionales como los internacionales que conforman estas facciones.

¿Cómo logran las prebendas que buscan? Violando los derechos de otros. Bloqueando carreteras, destruyendo propiedad, amenazando, extorsionando… Aterrorizando a los habitantes de sus comunidades que no se atreven a enfrentarlos. Y, descaradamente, pretenden que aceptemos tales manifestaciones como pacíficas. Hasta al secuestro han recurrido para que los gobernantes les concedan sus exigencias en diálogos en los cuales los perdedores no están presentes: los tributarios y la gente decente que ve sus derechos mancillados con tal de complacer a los violentos. En fin, el problema no son los diálogos. El problema es que negocian principios y derechos de otros.

La ironía es que al final solo los líderes de estos grupos se benefician. El resto les sirven de carne de cañón para alcanzar sus objetivos de vivir cómodamente a expensas de la pobreza de unos y de la riqueza creada por otros que con ese dinero pudieron haber generado puestos de trabajo productivos que les permitieran a los que se quejan de sus condiciones de vida mejorar honorablemente su existencia.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 14 de octubre de 2013.

Terror en la SAT

...al menos gobiernos como los actuales, consecuencia del Estado Benefactor/Mercantilista.

¿Cuántos burócratas de la Superintendencia de Administración Tributaria/Terrorista estuvieron a punto de sufrir un infarto el pasado miércoles 25 de septiembre al ver entrar a sus oficinas centrales a un grupo de policías dispuestos a llevarse presos a varios de ellos? “¿Vienen por mí?”, pudo ser la pregunta que se hicieron muchos que saben que tienen cola que les pisen.

El alivio debe haberles llegado al ver que no se los llevaban a ellos sino a otros de sus compañeros. Más de uno debió mirar al cielo invadido de un falso arrepentimiento y hacer la promesa (que no van a cumplir) de no volver a cometer delitos al amparo de la legislación que les otorga poderes casi ilimitados. Talvez por unos días los tributarios podrán dormir tranquilos sabiendo que no serán objeto de extorsiones por parte de sujetos pagados, irónicamente, con sus impuestos. Al menos mientras a estos se les pasa el susto.

Llama mi atención el hecho de que esta operación se haya llevado a cabo mientras Roxana Baldetti ejercía las funciones de Presidente, ya que Otto Pérez Molina se encontraba de paseo (a todo lujo) en Nueva York. ¿Será que Baldetti va a aprobar una operación similar en las aduanas? ¿O en ese centro de corrupción sí tiene todo el poder y no hay ladronzuelo que se le rebele?

Pueden ser tres los motivos por los cuales varios de los miembros de la banda de ladrones de vehículos “Los Clonadores” fueron apresados: no estaban compartiendo sus ganancias con los jefes, el monto que les daban a estos últimos nos les satisfacía o la presión que ejerció el gobierno de El Salvador (que necesita urgentemente anotar goles ante las próximas elecciones) no les dejó opción. Por supuesto, sacrificaron a las ovejas porque los meros lobos deben encontrarse tranquilos en sus respectivas lomas.

Es curioso que ¿casualmente? ese mismo miércoles se haya incendiado por cuarta vez el depósito de vehículos bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobernación. Con todo lo que ha llovido, es poco probable que esta desgracia haya sido accidental. ¿Qué querían esconder quienes provocaron el incendio? ¿Tendrá alguna relación con las órdenes de captura emitidas en contra de miembros de la banda mencionada? ¿Está investigando el MINGOB y el Ministerio Público este hecho?

¿Cuál fue el aporte en este caso de los paladines de la injusticia, socios de los colaboradores eficaces (antes sicarios), expertos en extorsiones, o sea, los fiscales de la CICIG? Se supone que su misión es apoyar al MP, a la Policía Nacional Civil y a otros entes del Estado, tanto en la investigación de los delitos cometidos por los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, como en el desmantelamiento del crimen organizado. Un fin que al parecer nunca les interesó.

Pensar que este caso es apenas una pequeña muestra de lo que sucede dentro del corrupto aparato estatal guatemalteco. Una prueba más de que nuestro sistema político actual atrae a los PEORES representantes de nuestra sociedad.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 30 de septiembre de 2013.

Amenaza de muerte

Mi objetivo hoy es reflexionar sobre el legítimo derecho de los ciudadanos a defenderse. Más aún dentro de un contexto como el nuestro, en el cual cada día aumenta la incertidumbre en la cual vivimos, hecho que se refleja en el incremento de la delincuencia y la criminalidad, realidad que los gobernantes están empeñados en negar. Un derecho que solo delegamos temporalmente en los gobernantes para que ellos se encarguen de protegernos. Repito: delegamos, pero no renunciamos a nuestro derecho vital de defendernos de una agresión. Un derecho que debemos ejercer si queremos salvar nuestra vida o la de nuestros seres queridos, ante la ausencia del Estado para hacerlo.

Aquellos que creen que cuando lo amenaza un asaltante con un arma solo le interesa su teléfono celular o cualquier otro bien, y no les va a hacer daño si se lo entregan mansamente están equivocados. El antisocial no solo le está dando a elegir entre su vida y su propiedad: en muchas ocasiones, aunque le entregue lo que le exige, igual lo puede lastimar o hasta matar. La amenaza del criminal es una amenaza de muerte. Aceptar lo anterior es básico para entender por qué muchos habitantes de Guatemala han decidido hacer uso de su legítimo derecho a defenderse, ocasionando en algunos casos la muerte del criminal.

Por supuesto que si hacemos el análisis fuera del contexto, la mayoría nos vamos a escandalizar de que un ladrón sea condenado a muerte por un robo. Si viviéramos dentro de un Estado de Derecho esperaríamos que los gobernantes se dedicaran a sus funciones primordiales: velar porque la violaciones a la vida, a la libertad y a la propiedad de la gente respetuosa, de los ciudadanos honestos; de la gente que trabaja, produce, crea y respeta a los otros, sean las mínimas. Sin embargo, lo anterior es falso en nuestro país. Es una fantasía que suele convertirse en una pesadilla.

Es diferente el caso del energúmeno que le dispara a alguien porque le bocinó, o el caso de aquel que es linchado por una multitud irracional que no sabe a ciencia cierta si el delito del cual se le acusa es real. Las anteriores son acciones que muestran la frustración y la rabia que muchos sienten, pero no son actos relacionados con el ejercicio del derecho a defendernos de un ataque que pone en peligro nuestra vida y/o la de nuestros valores más queridos.

Mutatis mutandis es una frase en latín que significa “cambiando lo que se deba cambiar”. En Guatemala hay muchas cosas que debemos cambiar para vivir en paz y en una verdadera República. En Guatemala impera la Democracia, y hemos cosechado los resultados de esa tiranía de la mayoría que es engañada por los políticos que llegan a ejercer el poder, quienes se benefician con el caótico estado actual de las cosas. Ellos, sus familiares y sus asociados. El resto de los ciudadanos, terminamos pagando las consecuencias de los errores de quienes han creído las promesas populistas del Estado Benefactor/Mercantilista.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 18 de marzo de 2013. No se conoce al autor de la fotografía. Salió publicada en "Prensa Libre" el sábado 16 de marzo de 2013.

Un día tranquilo

¿Será un sueño imposible en Guatemala? Por supuesto, mi sueño completo es que ese día se repita la mayoría de veces posible, y no como es hoy la vida real en mi país. Son tantos los abusos, los crímenes, las miserias… que a veces parece que muchos se han acomodado al estado actual de las cosas y han dejado a un lado, abandonada, la esperanza de que la situación cambie para bien de todos. O, al menos para la mayoría que asume sus responsabilidades, comenzando por mantenerse a sí mismos y a las personas que libremente haya decidido apoyar.

Mientras hago ejercicios suelo ver, entre otras cosas, noticieros internacionales. Precisamente en esas me encontraba un día de la semana pasada cuando vi una nota sobre un hecho que había escandalizado a los londinenses: un hombre, sin explicación conocida, atacó a una adolescente por la espalda, golpeándola una sola vez en la cabeza. Tan fuerte fue el golpe que la joven perdió el conocimiento. Gracias a unas cámaras de seguridad lograron identificar al antisocial culpable de la agresión. ¡Qué diferente al contexto nuestro! Un caso similar en estos lares ni siquiera hubiera sido noticia, menos hubiera sido resuelto.

Muy diferente es la realidad por acá. Por ejemplo, la semana pasada una familia se destruyó debido a una granada que encontró uno de los niños en una mochila que llevó a su casa. No es esta la primera ocasión en la cual nos enteramos de lo fácil que es toparse con un arma mortal en cualquier esquina de la ciudad. Y en el interior la situación es la misma, o peor. ¿A cuántos indignó esta tragedia? A muy pocos, estando ya la mayoría acostumbrada a escuchar sobre hechos parecidos.

Quiero vivir un día tranquilo en el cual el Ministro de Gobernación de mi país, encargado de nuestra seguridad, no genere más incertidumbre de la que hay al suplicar amablemente, por sus cuentas públicas en las redes sociales, a una partida de delincuentes y criminales ¿o terroristas? que por favor le devuelvan los explosivos, junto con sus respectivos detonadores, que robaron de unos vehículos que previamente quemaron los mismos sujetos a quienes se dirige. Un día en el cual pueda caminar tranquila por cualquier espacio, donde quiera y pueda, sin miedo a quedar en medio de una balacera de narcos, sin temer a que en cualquier momento puedo pasar a formar parte de la estadística olvidada de las miles de víctimas de la llamada guerra contra las drogas.

Un día en el cual no me tope con una breve nota perdida entre los reclamos de algunos oportunistas, en la cual informan del hallazgo del cadáver de un recién nacido abandonado a su suerte que poco le sirvió en este mundo, otra víctima más, ahora de la ley antiadopciones que ha condenado a miles de criaturas no queridas por sus progenitores a una vida en el abandono y sin la posibilidad de crecer dentro del seno de una familia. Un día en el cual los saqueadores, los vividores, los mentirosos… ocupen su lugar.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 26 de noviembre de 2012. La foto del amanecer la tomé un día que esperaba fuera tranquilo. No importa la fecha.

Leonel tembló

El miércoles apareció Leonel. Muerto. ¿Tembló cuando murió? Dejó su casa el sábado por la mañana. Fue a trabajar. Nunca regresó. Dicen que lo mataron por robarle la moto. No estoy segura de que así haya sido. Apareció en Mixco, lejos de su hogar. Veintidós años. Productivo. Era Leonel parte de una familia muy querida por mis padres. Otro asesinato cuyo responsable morirá algún día en el anonimato. Impune. Lo siento mucho por Evaristo y Laura. Siento no poder hacer más por ellos que lamentar su dolor y desear que con el tiempo encuentre paz su corazón.

Guatemala tembló. Cayó el peligroso San Marcos de adobe que sobrevivió al terremoto de 1976. Cayó sobre decenas de personas que dejaron de existir. Muchos creen que las mató el sismo.  ¿Será cierto? Conocemos el epicentro del fenómeno que ayer mostró la fragilidad en la que tantos viven. ¿Fue el sismo el que disparó contra las construcciones que cayeron encima de los que murieron? Sé que a Leonel lo mató quien jaló el gatillo del arma asesina.  ¿Quién es culpable de la muerte de cuatro niños en una casa decretada patrimonio histórico de la nación? Decisión que impidió que fuera destruida para levantar una nueva edificación. La legislación presente, como en el caso de Leonel, es la principal causa de la muerte.

Qué cierto es lo escrito por Francisco Pérez de Antón en “Callejón de Dolores”, su más reciente novela: “La ley se ha instituido para inhibir la acción de los indeseables, se dice, pero… no hay justicia que pueda devolverle la vida a las víctimas de los asesinos. Por acuerdo general dejamos aquella en manos de terceros, pero cuando los jueces por incompetencia, cobardía, corrupción u otras causas, no son capaces de hacerlas cumplir ¿Qué nos queda a los demás para alcanzarla? ¿Y qué satisfacción dar a los agraviados, a los inocentes y a los muertos?”

Guatemala tembló. San Marcos lloró. Leonel murió. Y todo lo anterior son más pruebas que se suman a las tantas evidencias que ya hay de que el sistema colapsó: se cayó. ¿Cuándo lo vamos a levantar? ¿Cuándo lo vamos a cambiar? ¿Cuándo le vamos a dar un giro de 180 grados que nos permita alejarnos del intervencionismo actual que nos ahoga? ¿Cuándo vamos nosotros, los ciudadanos, a impulsar los cambios que nos permitan vivir dentro de una República Liberal? Y quiero resaltar que los cambios solo pueden venir de nosotros, los ciudadanos, porque a los políticos les conviene el caos, la miseria y la inseguridad creciente en la cual vivimos.

Evaristo y Laura, no puedo devolverles a Leonel vivo. No puedo detener el muro de adobe que se derrumbó sobre los niños que vivieron en la histórica casa, patrimonio ¿de nuestra cultura? ni puedo resucitar a todos aquellos que mueren porque nos han impuesto un sistema empobrecedor, ajeno a un verdadero Estado de Derecho. Pero sí puedo denunciarlo, sí puedo hacerlo público, sí puedo condenarlo. Sí puedo invitarlo a usted a que también lo haga. Puedo y lo hago.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 12 de noviembre de 2012. La fotografía es de Edgar Domínguez de Prensa Libre.

La turba lo mató

¡Agarren a la turba! Es la responsable del crimen. La turba lo persiguió. La turba lo atrapó. La turba lo vapuleó. La turba lo roció con gasolina. La turba le prendió fuego. La turba lo mató. La culpable, sin lugar a dudas, es la turba. Ahora, ¿quién es la turba? ¿Será mi padre? ¿Será mi madre? ¿Será mi hermano, mi hermana? ¿Será mi esposo, mi esposa? ¿Será mi amigo, mi amiga? ¿Será mi hijo, mi hija? ¿Será mi vecino, mi vecina? ¿Será un conocido, un desconocido? ¿Será el muerto? ¿Seré yo?

¿Por qué lo mató la turba? ¿Qué delito cometió? ¿Quién lo acusó frente a la turba? ¿Para qué lo acuso? ¿Cuál fue la evidencia que llevó a la turba a concluir que debía aplicar la ¡tan cuestionada! pena de muerte? ¿Quién dictaminó el castigo? ¿Quién es la turba? ¿Será la angustia de la creciente incertidumbre? ¿Será la falta de justicia? ¿Será el cansancio del abuso constante? ¿Será la mentira recurrente del gobernante? ¿Será la desesperanza del cambio que no llega? ¿Será la facilidad con que la mayoría es manipulada?

¿Para qué lo mató la turba? ¿Para aliviar su cólera? ¿Para enmendar el desagravio? ¿Para descargar su frustración? ¿Por desencanto generalizado? ¿Por la necesidad de alguien que le pague lo que otro le debe? ¿Quién le debe a la turba? ¿Qué le debe ese alguien a la turba? ¿Puede la turba cobrarle a ese alguien? ¿Sabe la turba, a ciencia cierta, por qué está molesta?

¿Quién puede calmar a la turba? ¿Cómo se puede llevar la paz a la turba? ¿Cómo juzgar a la turba? ¿A qué criminal esconde la turba? ¿Qué esconde la turba? ¿Qué muestra la turba? ¿Podemos con la turba? ¡Qué responda la turba!

A la turba le fascina el fuego. La turba quemó al hombre. La turba quemó el vehículo. La turba quemó la casa. La turba robó el almacén. La turba violó a la niña. La turba secuestró al policía. La turba insultó al paisano. La turba se coronó reina del pueblo. La última palabra es suya: que muera el acusado, que prevalezca el caos. La turba es la más peligrosa asesina en serie que jamás haya conocido. También la más temida de los verdugos.

La turba quiere festejar su éxito. La turba quiere alzar su vaso y acabar con el espíritu fermentado de la bebida elegida. El alcohol enciende el espíritu de la turba. La gasolina lo calma por un breve instante. La turba no tiene límites. La turba no tiene rostro. La turba es culpable pero inimputable. La turba es irresponsable. La turba es todo aquel cobarde que huye de sí mismo. El acusado ante la turba no tiene escape ni defensa.

La turba gobierna dentro de un Estado de Hecho, ajeno al Derecho. Desconoce las leyes. No entiende la importancia del respeto al debido proceso. No confía en los tribunales, talvez con razón. ¿Por qué la turba actúa a su antojo sin pagar las consecuencias de sus acciones? La turba es una realidad que pone en peligro la vida de todos. ¿Quién será el próximo muerto por la turba? La turba, la asesina en serie imparable.

El presente artículo fue publicado el lunes 14 de mayo de 2012 en el diario guatemalteco Siglo Veintiuno. La fotografía es de Aroldo Marroquín, y fue publicada en Prensa Libre el 8 de enero de 2011.