Víctimas por siempre

Pienso que la única forma en la cual nuestra especie como un todo puede verdaderamente mejorar su calidad de vida y de manera sostenida en el largo plazo,  es dentro de un ambiente pacífico y de respeto mutuo entre las personas. Más aún, la evidencia histórica muestra que es en los llamados tiempos de paz (en las épocas de menos violencia) cuando mayor ha sido el progreso humano.

Por supuesto, si hay que defenderse de un ataque que atenta contra los derechos individuales de los habitantes de un país, estos tienen el derecho de defenderse. Pero solo con el objetivo de rechazar la agresión que otro inició. Este enfrentamiento puede ser externo (con miembros de otra nación) o interno (con individuos de la misma sociedad). En Guatemala hubo, como se ha mencionado hasta el cansancio, un conflicto interno, a pesar del apoyo que tuvieron ambos bandos de gobiernos extranjeros. En esta guerra hubo aproximadamente 37,000 muertos (“Guatemala: La historia silenciada, tomo II” de Carlos Sabino). Una tragedia.

La mayoría de los muertos fueron guerrilleros y militares. Todos fueron parte del conflicto, todos estaban enterados de los riesgos que enfrentaban. Pero, como en toda guerra, también hubo víctimas: inocentes que quedaron atrapados en medio del fuego cruzado de dos grupos que peleaban por el poder. Conciudadanos nuestros, sin importar la etnia con la cual se identifiquen, que fueron sacrificados.

Vidas que nunca serán recompensadas, cuyas muertes hoy son aprovechadas, de nuevo, por los perdedores en el enfrentamiento armado, que esperan en esta ocasión ganar la guerra por otros medios. Gente sin escrúpulos a quienes no les importa aprovecharse del dolor de otros para alcanzar sus objetivos. Y, lo que es peor, mentir para provocar lástima en la mayoría de espectadores pasivos que se conmueven ante historias contradictorias a los ojos de quienes buscamos la evidencia científica que pruebe la veracidad de los testimonios.

No dudo de que algunos de los relatos estén cercanos a la realidad. Pero otros, es obvio que fueron fabricados para el circo montado con el objetivo de condenar a los acusados por un delito que no se cometió en Guatemala: el genocidio. ¿Hubo masacres? ¿Hubo violaciones? Sí, de ambos lados, y a los responsables de estos hechos específicos se les debe juzgar para que paguen los crímenes que cometieron. Pero en nuestro país no se dieron “actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal".

A los jueces en el juicio contra Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez no les interesa la verdad y menos hacer justicia. Su meta es condenar, a como dé lugar, a los acusados. Pobres. Pero, en fin, más lástima me provocan aquellos que efectivamente sufrieron las consecuencias del enfrentamiento y ahora son víctimas de la manipulación. No caiga en la trampa: no sea usted también víctima. No deje que se aprovechen de sus sentimientos solidarios con el sufrimiento ajeno.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 8 de abril de 2013.

Amenaza de muerte

Mi objetivo hoy es reflexionar sobre el legítimo derecho de los ciudadanos a defenderse. Más aún dentro de un contexto como el nuestro, en el cual cada día aumenta la incertidumbre en la cual vivimos, hecho que se refleja en el incremento de la delincuencia y la criminalidad, realidad que los gobernantes están empeñados en negar. Un derecho que solo delegamos temporalmente en los gobernantes para que ellos se encarguen de protegernos. Repito: delegamos, pero no renunciamos a nuestro derecho vital de defendernos de una agresión. Un derecho que debemos ejercer si queremos salvar nuestra vida o la de nuestros seres queridos, ante la ausencia del Estado para hacerlo.

Aquellos que creen que cuando lo amenaza un asaltante con un arma solo le interesa su teléfono celular o cualquier otro bien, y no les va a hacer daño si se lo entregan mansamente están equivocados. El antisocial no solo le está dando a elegir entre su vida y su propiedad: en muchas ocasiones, aunque le entregue lo que le exige, igual lo puede lastimar o hasta matar. La amenaza del criminal es una amenaza de muerte. Aceptar lo anterior es básico para entender por qué muchos habitantes de Guatemala han decidido hacer uso de su legítimo derecho a defenderse, ocasionando en algunos casos la muerte del criminal.

Por supuesto que si hacemos el análisis fuera del contexto, la mayoría nos vamos a escandalizar de que un ladrón sea condenado a muerte por un robo. Si viviéramos dentro de un Estado de Derecho esperaríamos que los gobernantes se dedicaran a sus funciones primordiales: velar porque la violaciones a la vida, a la libertad y a la propiedad de la gente respetuosa, de los ciudadanos honestos; de la gente que trabaja, produce, crea y respeta a los otros, sean las mínimas. Sin embargo, lo anterior es falso en nuestro país. Es una fantasía que suele convertirse en una pesadilla.

Es diferente el caso del energúmeno que le dispara a alguien porque le bocinó, o el caso de aquel que es linchado por una multitud irracional que no sabe a ciencia cierta si el delito del cual se le acusa es real. Las anteriores son acciones que muestran la frustración y la rabia que muchos sienten, pero no son actos relacionados con el ejercicio del derecho a defendernos de un ataque que pone en peligro nuestra vida y/o la de nuestros valores más queridos.

Mutatis mutandis es una frase en latín que significa “cambiando lo que se deba cambiar”. En Guatemala hay muchas cosas que debemos cambiar para vivir en paz y en una verdadera República. En Guatemala impera la Democracia, y hemos cosechado los resultados de esa tiranía de la mayoría que es engañada por los políticos que llegan a ejercer el poder, quienes se benefician con el caótico estado actual de las cosas. Ellos, sus familiares y sus asociados. El resto de los ciudadanos, terminamos pagando las consecuencias de los errores de quienes han creído las promesas populistas del Estado Benefactor/Mercantilista.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 18 de marzo de 2013. No se conoce al autor de la fotografía. Salió publicada en "Prensa Libre" el sábado 16 de marzo de 2013.

En defensa propia

Sobre la muerte de Edward Giovanni Cifuentes Pérez el pasado miércoles 20 de febrero circulan varias versiones. En lo que coincidieron muchos de quienes comentaron ese día el hecho, es que el fallecido había asaltado a alguien que se encontraba detenido por el tránsito de esa zona, conocida por los constantes robos a quienes recorren el área. Por cierto, si es comentado todo a pulmón, más que a sotto voce, y desde hace tiempo que por ese lugar atracan ¿por qué no hay policías atentos a detener a los asaltantes? ¿Son los maleantes socios de los agentes a cargo de ese sector?

La mayoría de testigos que en su momento se pronunciaron (testigos que hoy aparentemente desaparecieron, cosa entendible) contaron que una persona que se encontraba dentro de un vehículo detenido por un semáforo fue amenazada por un ladrón que, se presume, era Cifuentes. El criminal se transportaba en moto. La víctima del robo al defenderse e intentar recuperar sus bienes disparó a Cifuentes provocando que estallara el tanque de la moto, lo que le costó la vida. ¿Qué pasó? A ciencia cierta, no lo sé. ¿Llegaremos a conocer algún día la verdad? Tampoco lo sé. Esa es responsabilidad del Ministro de Gobernación, de la Fiscal General y del equipo que con ellos trabaja.

Lo que considero importante, suponiendo que los testimonios iniciales son ciertos (lo cual creo probable), es que un ciudadano cansado, como lo estamos tantos, de la situación de indefensión en la que nos encontramos, decidió ejercer su legítimo derecho a la defensa personal, y al ejercer ese derecho perdió la vida el malhechor que había puesto en peligro su vida. ¿Acaso la amenaza no es el celular o la vida? ¿Habrá quién cree que un criminal usa un arma para hacer reír a sus víctimas? El hombre agredido disparó. Una de las balas hizo estallar la moto. Si era el ladrón, murió a consecuencia de sus decisiones. De lo contrario, murió por la inseguridad en que vivimos. No me alegro de su muerte. Quisiera que las cosas fueran diferentes en mi país. Pero la realidad es otra.

Lamento que el Procurador de los Derecho Humanos, Jorge De León Duque, haya confundido un acto de legítima defensa con algo tan delicado como es la justicia por cuenta propia, la que se presta a muchas injusticias, tal es el caso de los linchamientos. Toda persona tiene  el derecho de defenderse, defender a sus seres queridos y a sus bienes. Esa es la verdadera defensa de los derechos individuales, y la misión olvidada por los funcionarios públicos.

Como bien lo explicó Frédéric Bastiat, el Estado no debería ser un instrumento de opresión y de expoliación recíproca entre los ciudadanos, sino la fuerza común instituida para garantizar a cada uno lo suyo y hacer reinar la justicia y la seguridad. Cuando el gobernante falla en cumplir con su tarea, los ciudadanos tienen el derecho legítimo de defenderse. Y lo anterior, lamentablemente es lo que está sucediendo en Guatemala.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 25 de febrero de 2013. La imagen la bajé de Facebook. No se identifica el creador.

Las Termópilas de Colom

Después de 12 días en los cuales fui casi ajena al debate político nacional, regreso a mi país con las armas intelectuales cargadas de ideas renovadas y muchos nuevos argumentos para pelear la batalla política que le tocó a mi generación.

Tengo claro que la lucha no es sólo en contra de los abusos del gobierno de Álvaro Colom, sino en contra del sistema de incentivos perversos, el Estado Benefactor/Mercantilista, que fue adoptado hace 65 años. Un conjunto de normas que, a pesar de sus pretendidas intenciones de ayudar a los pobres, lo único que ha logrado es atraer y llevar a los peores elementos de la sociedad al ejercicio del poder. Gente que cuyo paso por la administración pública les permitió, y les permite, enriquecerse a costa de las personas trabajadoras y productivas.

El gobierno ha fallado por lo menos en el cumplimiento de sus funciones primordiales ordenadas en la Constitución Política de la Republica en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 39.

Álvaro Colom en sus más recientes declaraciones, en tono de amenaza, de nuevo viola los artículos 5 y 35 de la constitución que tratan sobre la Libertad de acción y la Libertad de expresión. El artículo 5 dice: “Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma”.

A pesar del disgusto que pueda provocar al Presidente y al Vicepresidente, Rafael Espada (por quien me encuentro demanda), escribo en pleno uso de mi derecho constitucional contenido en el artículo 35 que reza: “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna... No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.

Creo que los ciudadanos respetuosos, productivos y responsables, la mayoría, debemos invocar el artículo 45 de nuestra Constitución (Acción contra infractores y legitimidad de resistencia) para defendernos de los abusos de nuestros gobernantes: “Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”.

Creo que la batalla se puede ganar sin violentar las normas vigentes y de manera pacífica. Bastaron 300 hombres, peleando por su libertad y la de sus seres queridos, para vencer al poderoso ejército de Persia hace 2500 años, en la célebre batalla de las Termópilas. Hoy, más de 73000 ciudadanos guatemaltecos solicitamos al Congreso una consulta popular, según manda la Constitución, por medio de la cual esperamos cambiar la situación lamentable y en constante deterioro en la cual vivimos. ¡A la carga compatriotas!

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 12 de julio de 2010. La imagen la bajé de la Internet.

Post absolución

El martes 12 de junio de 2007, después de una agónica jornada y uno de los más intensos debates en vistas públicas que se han dado en el país, José Natividad Trejo fue absuelto, por unanimidad, de la acusación de homicidio que le hacía el Estado de Guatemala. Pero, debido a uno de tantos procesos burocráticos de nuestro sistema político (interventor y supuestamente benefactor), el trámite inicial de cambio de acusación había sido abandonado en alguno de la infinidad de escritorios por los cuales circulan los asuntos públicos. Por tanto Trejo, en presidios, seguía acusado de asesinato, y como fue absuelto del cargo de homicidio, los diligentes empleados del preventivo no le permitieron abandonar tan prestigioso albergue hasta el miércoles siguiente. En fin, el pasado 13 de junio Natividad se vio libre al viento como una bandera azul/blanco/azul, luego de más de nueve meses en la cárcel. Renacido y haciendo honor a su nombre.

El jueves posterior a su liberalización, al mediodía, entrevisté a Trejo en “Todo a pulmón” (100.9FM), programa radial que conduzco en compañía de Jorge Jacobs. Por cierto, lo pueden escuchar por medio del servicio de podcasting (http://www.radiopolis.info/). Los invito a hacerlo porque es interesante conocer la historia contada por su protagonista.

No obstante, hoy quiero enfatizar la calidad de ciudadano de Trejo, y no la actividad a la que se dedicaba (piloto de bus), ni el sonado juicio en su contra. Aunque, para ser exacta, debería de decir simplemente persona. Todos tenemos el derecho de defendernos, defender a nuestros seres queridos y a nuestras propiedades, del ataque criminal de cualquier antisocial que no respeta lo ajeno, pone en peligro la existencia de otros e incumple las normas de convivencia de una sociedad cuyos miembros ansían vivir y cooperar en paz.

No obstante, es importante diferenciar entre la legítima defensa y las ejecuciones extrajudiciales: un intento de hacer justicia por mano propia. A pesar de que entiendo la desesperación compartida por la mayoría de los habitantes de mi paradójico terruño, debemos reflexionar, fría y racionalmente, sobre las consecuencias en el largo plazo que esas acciones pueden acarrearnos: seamos inocentes o culpables. Defendernos de un ataque no es lo mismo que convertirnos en atacantes. Es vital comprender por qué, a pesar de las buenas intenciones expresadas por los gobernantes, y en muchos casos contenidas en la legislación, la situación empeora.

Hace un par de años escribí: “Entiendo los motivos que llevan a la población a organizar sus vecindarios en una especie de comunidades autónomas extralegales, pero me inquieta pensar que la decisión de los ciudadanos de acabar con los atropellos nos lleve a un punto sin retorno que nos conduzca a un abismo insondable”. El abuso de poder, sea de los gobernantes o de los gobernados, nos convierte a todos en delincuentes. ¿En qué sociedad queremos vivir?


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 18 de junio de 2007.

Defensa obligada

“Bang, bang. ¡Corre Cafecito, corre!”, gritaron. Sin embargo, no lo hizo: permaneció junto al cadáver del criminal que atentó contra su vida y sus bienes, los de su familia y los de aquellos que viajaban en la camioneta que piloteaba el 4 de septiembre de 2006, en la ruta entre Villa Hermosa y Boca del Monte. Según Cafecito, “quien nada debe, nada teme”. ¿Qué problemas podría acarrearle hacer uso de su derecho legítimo a la defensa personal? Qué ingenuo: en sólo unas horas se encontraba en un juzgado diciendo: “Mi nombre es José Natividad Trejo. Estatus actual: preso”. Acusado de asesinar a quien puso en peligro su vida y la de muchos más.

"El secreto de la existencia humana no sólo está en vivir, sino también en saber para qué se vive." Escribió el célebre escritor ruso Fedor Dostoyevski. ¿Para qué vivimos, si no podemos proteger nuestra vida? Hoy me veo obligada a hablar en favor de nuestro derecho básico a defendernos, más aún cuando aquellos responsables de esa tarea, los gobernantes, la han olvidado, la han relegado a la última de sus prioridades. A la distribución del Presupuesto General de la abstracta Nación me remito como prueba definitiva.

El gobierno es una organización que agrupa a quienes hemos trasladado nuestro personal y legítimo derecho de defensa, confiriéndoles para ello autoridad y poder para ejercer el monopolio de la coerción. El Estado es el aparato de coacción que obliga a la gente a respetar las reglas de la vida en sociedad, y es justificado por la existencia de antisociales. En Guatemala tenemos Estado y gobierno de papel: en el discurso interesado de unos cuantos ignorantes de la realidad del resto. Individuos cuya primordial ambición es ejercer el poder.

Nunca he cruzado palabra con Trejo. No voy a idealizar a alguien que ni siquiera conozco. A quien sí conocí es a su compañera de hogar, madre de sus hijos y principal vocera de su causa. Una mujer joven, valerosa e inteligente, de estudios formales inconclusos pero poseedora de un sentido común despierto. Una ciudadana que reclama sus derechos y los de su pareja, enfrentándose casi sola a las mafias imperantes en nuestro mal llamado sistema de justicia.

“¡Ley pervertida! ¡Ley… desviada de su objetivo legítimo y dirigida a otro totalmente contrario!… ¡Ley hacedora de iniquidad, cuando su misión era castigar la iniquidad!… Ley es justicia. Y bajo la ley de justicia, bajo el régimen del derecho, bajo la influencia de la libertad, de la seguridad, de la estabilidad y de la responsabilidad cada persona logrará todo su valor, toda la dignidad de su ser, y la humanidad alcanzará, con orden y calma, lentamente, sin duda, pero con certeza, el progreso que es su destino”. Amén, Frédéric Bastiat.

Liberémonos de la criminalidad, las injusticias y el régimen de incentivos perversos. La reforma radical no puede esperar más. Depende de nosotros, los gobernados, y no de los políticos, que sólo pueden ser presionados.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 11 de junio de 2007.