Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

10.17.2016

La responsabilidad de Jimmy



Es responsabilidad de Jimmy Morales, y de todo aquel que ocupe el cargo de Presidente del Organismo Ejecutivo, velar, en nombre del abstracto Estado, por la seguridad de todos. ¿A qué me refiero con seguridad? A que es responsabilidad del Primer Mandatario de nuestra nación velar porque no se violen los derechos individuales de los habitantes de Guatemala: que se respete la vida, la libertad y la propiedad de todos. También es su responsabilidad, en caso de que los derechos de uno o varios miembros de la sociedad hayan sido violados, investigar el caso y presentar ante los tribunales competentes a los responsables de los delitos o los crímenes señalados, para que estos sean juzgados.

Lo anterior queda estipulado en los artículos 1, 2, y 4 de nuestra Constitución. Estos artículos ordenan lo siguiente: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común… Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona… En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre, ni a otra condición que menoscabe su dignidad”.

El objetivo del Ejecutivo no es gastar a rajatabla lo que pueda gastar. Mucho menos es obligación del Presidente gastarse todo el dinero aprobado por el Legislativo por medio del Presupuesto, el cual en gran parte es financiado por préstamos y/o bonos que luego tendremos que pagar nosotros. Sin embargo, tomando en cuenta que el tal Presupuesto no es otra cosa que el reparto del botín entre gobernantes, funcionarios, grupos de presión y la burocracia estatal parasitaria, más de uno de los pícaros incluido en el listado de maleantes que esperan apropiarse de nuestros impuestos, pondrá el grito en el cielo si no le entregan su tajada.

Gastar por gastar para mantener la corrupción vivita y coleando: eso es lo que Jimmy y aquellos que llegan al ejercicio del poder entienden por ejecución. Y ya advirtió Morales que, aquel que no cumpla con la orden de gastar a manos llenas será ejecutado: en otras palabras, será despedido y sustituido por un malandrín que sí cumpla con los requisitos esperados. Va a cambiar a los que considere ladrones mediocres por otros que sí sean capaces de repartir eficientemente la plata que nos expoliaron.

¡Son buenos para malgastar lo que nos costó producir! Pero  nada más. Después de más de 10 meses de gobierno nos queda claro que mintieron en su campaña. Según el ministro de Gobernación, Francisco Rivas,  aumentaron las denuncias por extorsión, a pesar de que la mayoría de los extorsionados no denuncian por temor a los mismos policías y las autoridades. ¿Debemos los tributarios denunciar por extorsionistas a nuestros gobernantes? Sí, es lo que se merecen.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 17 de octubre de 2016.

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9.26.2016

La calamidad es no prever, Conred



Total señores, la prevención se supone que es la más importante de sus tareas, según lo que ustedes mismos han oficializado como su visión: “Constituir el centro de convergencia de la aptitud nacional para la prevención, vigilancia y respuesta a los fenómenos naturales y sociales que pongan en riesgo a las comunidades en sus bienes más valiosos: la vida, integridad física y propiedades, que constituyen fundamento de la paz íntima y cotidiana de las agrupaciones humanas”. Más aún, la que eligieron como la primera fase de sus funciones es, precisamente, la de prevención y mitigación. Entonces, ¿cómo es posible que, ustedes que se supone van a enseñar a otros a prever, sean INCAPACES de hacerlo en su caso, sin un estado de excepción? Esa es una verdadera calamidad.

Es una contradicción, o una mentira descarada, que no puedan prever con tiempo suficiente, cumpliendo con los requisitos de la Ley de Compras y Contrataciones, para las distintas etapas climatológicas por las que pasamos, TODOS LOS AÑOS, en nuestro país. El propio Secretario de Conred, Sergio Cabañas, reconoció la semana pasada que tiene ¡33 años de experiencia en la mal llamada institución! ¿De qué le ha servido si ni siquiera sabe cuándo hay que cambiar la flota de vehículos necesarios para enfrentar las crisis que se puedan dar en la temporada de lluvias en Guatemala?

Con más de tres décadas trabajando en Conred, ¡tantos años de Marqués y aún no sabe mover el abanico!, en lugar de estar lamentando que tuvieron que dar marcha atrás con el intento de restringir varios de nuestros derechos constitucionales, debería ocuparse en hacer lo que debieron desde principio del año: prever. O sea, en base al conocimiento acumulado a la fecha, iniciar los procesos dentro de la ley para comprar lo que iban a necesitar en el transcurso del año. Como lo hacemos todos los que nos hemos atrevido a ejercer el más riesgoso de los oficios: emprender. Por supuesto, la diferencia trascendental es que nosotros tomamos decisiones sobre NUESTROS recursos (si nos equivocamos, nosotros pagamos las consecuencias), mientras que los funcionarios estatales trabajan con el dinero de otros que, al final, somos nosotros.

Dice Cabañas que por primera vez actuaban de buena fe. ¡Ups! ¿Qué nos dice eso del pasado? Pienso que después de esa declaración, vale la pena investigar cómo han manejado el dinero de los tributarios quienes han estado a cargo de Conred. Por cierto, para el actual Secretario del ente mencionado tengo a la mano otro sabio refrán: “De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”. Los estados de excepción, ayer, hoy y mañana y en casi todos los casos, sólo han servido para facilitar la corrupción pues, como correctamente lo señaló Lord Acton, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y, al fin, para qué tanto lloriquear si al final se salieron con la suya. El estado de calamidad aprobado solo servirá para que unos acumulen fortunas a costa nuestra.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 26 de septiembre de 2016.

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8.29.2016

El trabajador debe ser libre



El trabajador debe ser libre de elegir dónde trabajar, bajo qué condiciones y ganando lo que él acuerde con quien quiera que esté en la capacidad de ofrecerle un empleo productivo y desee hacerlo. El trabajador debe ser libre de elegir cómo prever para su vejez, con quién crear su fondo de retiro, bajo qué circunstancias y en cuál contexto desea hacerlo. Al final, es SU dinero: producto de su esfuerzo. Y si fue capaz de ganarlo, es capaz de decidir qué es lo que más le conviene a partir de sus objetivos personales, no la decisión arbitraria de ningún burócrata y menos de los líderes y/o miembros de los grupos de presión que pretenden decidir por el resto.

Sin embargo, en Guatemala lo anterior es prohibido, entre otras normas, por el Decreto 295 del Congreso (Ley Orgánica del Seguro Social), emitido el 30 de octubre de 1946. Según la legislación citada, todos los habitantes de Guatemala que sean parte activa del proceso de producción de artículos o servicios, ESTAN OBLIGADOS ¿a contribuir? (una obvia contradicción) al sostenimiento del régimen de seguridad social.

¿Por qué? Si nuestra Constitución dice clara y explícitamente en los artículos 2 y 4 lo siguiente: “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral… En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos… Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad”. No obstante, son los mismos gobernantes, apoyados por los grupos de presión ideologizados, quienes violan los derechos de los trabajadores y menoscaban su dignidad. Los desprecian considerándolos incapaces de decidir qué es lo que más les conviene.

El monopolio otorgado desde hace 70 años al IGSS, además de que viola la libertad de los trabajadores, obstaculiza el desarrollo integral de todos aquellos que son obligados a mantener el mencionado elefante blanco, el cual es una de las mejores pruebas del fracaso del Estado Benefactor en nuestro país. Y, a pesar de su deterioro generalizado, lo único que se propone es que los trabajadores puedan elegir invertir para su vejez en el IGSS o en otras entidades privadas, según la conveniencia de quién está generando el dinero, y no basado en la decisión arbitraria de un funcionario público.

El ciudadano, que es el mandante, manda. El ciudadano decide. Las abstracciones no actúan, sólo los individuos que conforman los colectivos. Y cada uno es responsable de las decisiones que toma, independientemente de los grupos a los cuales pertenezca o con lo que se identifique. Hoy es más posible que ayer promover una reforma que les devuelva a quienes trabajan por cuenta ajena (o sea, son empleados por otros) la libertad que pocos gozan en Guatemala. Pero para eso deben aclararse las ideas y no dejarse engañar por quienes saben que NO se está proponiendo la privatización del IGSS y aun así mienten descaradamente para engañar a la gente.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 29 de agosto de 2016.

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11.23.2015

¿Para qué #$% pagamos impuestos?



¿Para qué diablos pagamos impuestos? ¿Para la compra de viviendas de lujo, ostentosos vehículos europeos últimos modelos, aviones, helicópteros, yates… para los ladrones que llegan al ejercicio del poder y sus cuates? ¿Para financiar los caprichos de los familiares de los politiqueros? ¿Para sufragar las transas con los oportunistas contratistas del Estado? ¿Para satisfacer las demandas de los sindicalistas estatales: una partida de viles extorsionistas, vagos y vividores? ¿Para sostener una burocracia estatal ineficiente, innecesaria y engorrosa?

¿Acaso pagamos impuestos para mantener los exorbitantes salarios de la parasitaria burocracia supraestatal de los organismos internacionales? ¿Para premiar con bonos extras improductivos a quienes no cumplen con sus obligaciones en tiempo? ¿Para que construyan o adecúen cárceles V. I. P. para los pocos funcionarios corruptos que están presos? ¿Para que los peores representantes de nuestra sociedad, a quienes atrae el sistema político de incentivos perversos que prevalece, sigan viviendo cómodamente a costa nuestra?

¿Para qué diablos pagamos impuestos? Es una pregunta que me he hecho mil veces desde que supe que NO pagamos impuestos para que haya seguridad y justicia, a pesar de que la Constitución Política de la ¿República? de Guatemala dice claramente en los artículos 1 y 2 que “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común” y que “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. Ahora resulta que, para exigir que los mandatarios cumplan con su mandato, los tributarios debemos pagar más impuestos de los que ya pagamos para lo mismo. Similar al bono de Gloria Porras para que los empleados de la CC se pusieran al día en su trabajo atrasado.

¿Con quién quieren quedar bien los que irracionalmente promueven la injusta idea de que paguemos más impuestos dentro del contexto actual? Me parece absurdo que gente que ha presentado denuncias en contra de la corrupción y han dado a conocer los abusos del poder, el despilfarro y el robo descarado de los tributos que pagamos, ahora pretendan exigirnos que aportemos más, en lugar de fortalecer la lucha por el uso correcto de todo lo que recauda la SAT.

¿Por qué tal contradicción? ¿Por qué pretenden hacer creer que los que se oponen son los desprestigiados mercantilistas del CACIF? No sólo ellos están en contra de pagar más. Todo ciudadano sensato que a duras penas llega a fin de mes y que sabe que los impuestos no los van a pagar solo los más ricos (¡Qué populismo! ¡Qué demagogia!), que está harto de que los obligados a defender sus derechos individuales sean los primeros en violarlos, que se indigna de ver cómo una parte importante del resultado de sus esfuerzos va a parar a los bolsillos de los delincuentes y criminales que gobiernan, se opone a pagar un centavo más.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 23 de noviembre de 2015.

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7.27.2015

Yo NO financio a politiqueros



Y me opongo ROTUNDAMENTE a que me obliguen los corruptos que ejercen el poder a hacerlo por medio de cambios a la Legislación Electorera y de Pandillas Politiqueras (LEPP). Rechazo la intención de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de Iván Velásquez de la CICIG, y de los actuales diputados de que NOSOTROS, los ya agobiados tributarios, seamos obligados a financiar las campañas publicitarias de gente que en su mayoría despreciamos por mentirosos, holgazanes y ladrones.

Lo aprobado por la comisión del Congreso a cargo de conocer las reformas a la LEPP dice lo siguiente en el Artículo 65 que reforma el artículo 220 del Decreto número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, la Ley Electoral y de Partidos Políticos: …“f) El Tribunal Supremo Electoral, deberá destinar de su propio presupuesto [que sale de nuestros bolsillos], en el año electoral, una cantidad como parte del financiamiento público [el dinero que nos fue exprimido bajo amenaza de ir a la cárcel] que promueva un acceso igualitario a los espacios y los tiempos en los medios de comunicación social. El cálculo del monto a asignar será el equivalente a no menos del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) [¡Q.150 millones!] de los ingresos ordinarios del Estado [parafraseando a Frédéric Bastiat: esa ficción a partir de la cual los parásitos quieren vivir a costa de los creadores de riqueza: los que se esfuerzan mental y físicamente por ganarse el pan diario de cada día]”.

Con propuestas como la anterior, los magistrados del TSE e Iván Velásquez lo único que van a lograr es facilitarle el robo de nuestros impuestos a los corruptos que aspiran a gobernar dentro del actual sistema intervencionista, estatista y colectivista. ¿Cómo se sienten quienes fueron engañados y manipulados, y que terminaron apoyaron leyes que ni siquiera conocían y que los perjudican?

Es urgente que hagamos un cambio radical, pero lo que pretenden hacer en el Congreso es aprobar más de lo mismo. Si queda tal y como está vamos a empeorar en vez de mejorar. Las modificaciones que están discutiendo otorgan más poder a los gobernantes: no fortalecen al inexistente Estado de Derecho sino a los politiqueros y al gobierno, facilitando el robo de nuestros impuestos además de promover el clientelismo y el nepotismo. No a ESTAS reformas a la LEPP.

Quienes quieran financiar a los partidos políticos porque creen que así van a cambiar a los corruptos, ¡HAGANLO! Nadie se los impide: es SU dinero, hagan con este lo que quieran sin violentar los derechos de los demás: no pretendan, cual dictadores, imponernos sus decisiones al resto. El origen de la corrupción NO es el financiamiento a los partidos políticos. El origen de la corrupción es el sistema de incentivos perversos, inmoral e injusto, que prevalece en Guatemala y, lamentablemente, la mayoría de reformas propuestas a la LEPP que están discutiendo los diputados, en lugar de acabarlo, lo fortalece en beneficio de los parásitos saqueadores que llegan al poder.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 27 de julio de 2015.

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8.18.2014

Nación de ovejas



Comienzo repitiendo lo que afirmé en mi artículo anterior: “Lamentablemente esta actitud intolerable de parte de aquellos que viven a nuestras costillas, que viven de nuestros impuestos, ha sido consentida por muchos que han olvidado el papel que representan en un Estado moderno, el papel de la autoridad, y bajan la cabeza cada vez que un servidor público los trata como siervos”.

Como bien lo dijo el célebre periodista estadounidense Edward R. Murrow a mediados del siglo veinte: “No caminaremos con miedo, el uno del otro. No seremos conducidos por el miedo hacia una era de sinrazón… no descendemos de hombres temerosos: no de hombres que temían escribir, hablar, asociarse y defender causas que eran, por el momento, impopulares… Podemos negar nuestra herencia y nuestra historia, pero no podemos evadir la responsabilidad por el resultado. No hay forma para un ciudadano de una República de abdicar de sus responsabilidades”.

La primera responsabilidad de toda persona digna es defender sus derechos individuales de todo criminal que atente contra estos incluyendo a los gobernantes, de lo contrario, como advirtió Murrow: “Una nación de ovejas pronto engendra un gobierno de lobos”. No debemos permitir que aquellos que están obligados a velar porque haya seguridad y asegurar que en caso de una violación el delincuente y/o el criminal compense a sus víctimas (asegurar que haya justicia) terminen poniendo en riesgo nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad. No debemos temer a expresarnos y, mucho menos, dejarnos intimidar por quienes gobiernan y aquellos que trabajan para ellos.

Cada vez son menos los que permiten que los gobernantes y sus empleados violen sus derechos individuales. Pero debemos entender que si lo hacen es porque hay quienes se dejan. Es porque estos últimos no pueden soportar que otros tengan la valentía que a ellos les falta. Es porque estos apaciguadores, para ocultar su vergüenza y su incapacidad de defenderse a sí mismos y a los suyos, pretenden que el resto actuemos como ellos, dejándonos avasallar por los gobernantes: renunciando a nuestra condición de humanos libres que se reconocen como mandantes y no como súbditos de quienes hemos elegido para que ejerzan el poder.

El pensamiento de una persona racional no se doblega ante aquellos que ejercen el poder temporalmente ni ante sus aduladores. Al contrario, los enfrenta dando la cara y el nombre, no cobardemente escondidos detrás de seudónimos. Quien conoce sus derechos CONSTITUCIONALES exige que sean respetados por todos y respeta los de los otros. A Murrow le gustaba recordar las palabras que Shakespeare puso en boca de Casio, palabras sabias que nosotros también debemos recordar: “La falla, querido Bruto, no está en nuestras estrellas, sino en nosotros mismos que aceptamos la servidumbre”. Termino mi artículo de hoy con la misma oración que usé la semana pasada: “El abuso de los gobernantes, centrales y locales, sólo va a terminar hasta que nosotros digamos ¡BASTA!”.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 18 de agosto de 2014.

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8.11.2014

La prepotencia de Emetra



O, para ser exacta, la prepotencia de los agentes de Emetra la cual refleja la actitud de sus jefes. Gente que cree que manda, olvidando que los mandantes somos nosotros. Lamentablemente esta actitud intolerable de parte de aquellos que viven a nuestras costillas, que viven de nuestros impuestos, ha sido consentida por muchos que han olvidado el papel que representan en un Estado moderno, el papel de la autoridad, y bajan la cabeza cada vez que un servidor público los trata como siervos.

La arbitrariedad con la que actúan estos familiares de los buitres, abusando del poder y violentando los derechos individuales de los ciudadanos respetuosos de las normas, los acerca cada vez más a los corruptos agentes de la Policía Nacional Civil. Total, “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”. De nada les sirven sus vistosos uniformes si en lugar de detener a quienes infringen la ley de tránsito, detienen a quien nada debe, solo porque se les antojó. Lo que a mí precisamente me sucedió el 4 de agosto de este año.

En esta ocasión al menos, estaban parando a quienes nos conducíamos en vehículos de modelo reciente. ¿Lo harían creyendo que podrían exprimirnos más dinero imponiendo multas inconstitucionales por si acaso no habíamos pagado el impuesto de circulación? Pues conmigo les salió el tiro por la culata. No solo estaban mis papeles en orden, sino había pagado en tiempo el tributo mencionado y no tenía NINGUNA multa pendiente de pago. Y, lo más importante, no había cometido ninguna infracción que les autorizara a detenerme y registrarme, lo cual fue reconocido por el agente Alberto Ortega.

El artículo 25 de la Constitución nos protege de abusos como los que cometieron contra mí y muchos más el pasado lunes. Artículo que reza: “Registro de personas y vehículos. El registro de las personas y de los vehículos, SÓLO podrá efectuarse por elementos de las fuerzas de seguridad cuando se establezca CAUSA JUSTIFICADA para ello. Para ese efecto, los elementos de las fuerzas de seguridad DEBERÁN presentarse debidamente uniformados y pertenecer al mismo sexo de los requisados, debiendo guardarse el respeto a la dignidad, intimidad y decoro de las personas”. Imperativo, pero bajo ningún punto de vista facultativo. Por cierto, los agentes que me detuvieron eran hombres: otra violación a mis derechos.

Hoy ocupa un lugar preferencial en mi camioneta una Constitución que recién me regaló un apreciado amigo, abogado de profesión, para que la próxima vez que enfrente una situación similar les recuerde, con la Ley en la mano, que si no he cometido una infracción NO tienen el poder para detenerme. Además, mantengo mi teléfono a la mano y la cámara de video fácil de activar, junto con la grabadora y el número de mi abogado, porque si vuelven a violar mis derechos, no solo me voy a expresar públicamente: los voy a demandar. Lo que todos deberíamos de hacer. El abuso de los gobernantes, centrales y locales, sólo va a terminar hasta que nosotros digamos ¡BASTA!


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 11 de agosto de 2014. La fotografía del agente Alberto Ortega la tomé el lunes 4 de agosto de 2014.

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5.06.2013

Barrida tributaria




Pavel Centeno, junto con sus achichincles de la SAT, “sale a la caza de tributantes”, advierte el pasado 30 de abril el diario Prensa Libre en su portada. Cierto. Una prueba más de que los empleados de la SAT, más que ejercer la administración tributaria, se dedican a aterrorizar a quienes nos encontramos presos en las garras de los gobernantes. Que nos hemos visto, inevitablemente, en la necesidad de tramitar el NIT. Superintendencia de administración Terrorista. Estamos inventariados. Somos los blancos en la cacería de los tributarios, listos para ser acosados por los lebreles entrenados en perseguir y acabar con la víctima.

En una entrevista hecha hace algunos años (publicada el 14 de octubre de 2006, en la Revista Ñ 159) dijo José Saramago que “ya no hay nada, sacaron todo, la higuera no está, fue todo arrasado”, refiriéndose a su tierra natal (Azinhaga, Portugal). Creo que en ese camino vamos nosotros, con un tipo como Centeno y su títere al frente de la SAT, Carlos Enrique Muñoz, quienes amenazan descaradamente a quienes nos encontramos inexorablemente al alcance de sus fauces: los que conformamos la economía formal. ¡Quién pudiera ser informal! Es la única manera en que la mayoría puede sobrevivir en un sistema como el que tenemos en Guatemala. Más del 76 por ciento de la población económicamente activa, según los datos de varias organizaciones que se dedican a recabar información.

El 23 de enero de 2012, escribí una carta a Otto Pérez Molina, la que fue publicada en Siglo Veintiuno, de la cual quiero recordarles lo siguiente: “…tenga presente lo mandado por la Constitución en los artículos 1°, 2° y 3°, que representan lo más importante de su mandato: ‘Artículo 1º. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común’. ‘Artículo 2º. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona’. ‘Artículo 3º. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona’. Lo anterior aplica a TODOS en Guatemala, razón por la cual no se justifica violar los derechos de unos para beneficiar a otros”.

En nuestro país lo más común es que se violen nuestros derechos individuales. Vivimos en una creciente incertidumbre. De sobra los mandantes podemos invocar el Artículo 45 de la Constitución que reza: “...Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”. Es correcta la decisión que toman muchos de no pagar impuestos. Debemos organizarnos y por medio de una acción en los tribunales oficializar nuestra negativa a seguir siendo expoliados por quienes detentan el poder. Bien lo expresó José Ortega y Gasset: "La caza es todo lo que se hace antes y después de la muerte del animal. La muerte es imprescindible para que exista la cacería". Elijamos vivir.




Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 6 de mayo de 2013. La primera imagen es del caricaturista "Fo" de Prensa Libre, publicada el lunes 6 de mayo de 2013. La otra imagen la bajé de la Internet.

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7.09.2012

Reforma sin forma




Es lo que va a presentar el presidente Otto Pérez Molina al Congreso. Una propuesta que hará más ecléctica a nuestra desarrollada y contradictoria Constitución. Un contrato social producto de los intereses, las frustraciones y las convicciones erradas de un grupo de personas cuya filosofía se ubica en las antípodas del pensamiento político y económico que permite el progreso de los habitantes de una nación. De los principios que deben regir en una sociedad: que hacen la diferencia entre un conjunto de normas para asegurar la convivencia pacífica entre hombres libres o las reglas para legalizar la servidumbre entre esclavos.

Muchas cosas más puedo agregar a las escritas en mi artículo del pasado lunes sobre el tema de llamado “Fortalecimiento del sistema político”, pero lo único que quiero recalcar es que el título correcto de esa parte de la propuesta debió ser: “Fortalecimiento del sistema presidencialista”, y debió terminar con un “Ave, Caesar, morituri te salutant”. ¡Ah! Estoy de acuerdo con la eliminación del artículo 160  que autoriza a los diputados para desempeñar otros cargos públicos.

En el área del “Fortalecimiento del sistema fiscal y financiero”, quiero repetir lo que otros han dicho sobre las modificaciones al artículo 125: es una expropiación disfrazada de “participación patrimonial”. ¿Cómo van a adquirir hasta el 40 por ciento de las empresas que explotan recursos naturales? ¿Van a comprar acciones con dinero de los tributarios? ¿Tendrán la capacidad de intervenir cualquier explotación de recursos naturales ya que obvian el “no renovables”? ¿Pretenden crear, de nuevo, empresas estatales: los futuros peores antros de corrupción, como lo fueron en el pasado? El podrá de hoy, es el será de mañana… ¡Qué maña!

Con las modificaciones al artículo 171, el Congreso pierde la facultad de APROBAR el Presupuesto General de la Nación. Sólo lo puede “improbar”. De nuevo, fortalece al Presidente y debilita al ciudadano al debilitar al Congreso. Y me parece una ironía agregar al artículo 238 (Transferencias y equilibrio fiscal) que “Preferentemente se observará el principio del equilibrio presupuestario”. O sea, seguirán gastando más de lo que les ingresa, y endeudando al tributario.

Me ofende que crean que en Guatemala no hay gente inteligente que entienda las intenciones verdaderas de su absurda propuesta. Las reformas deben ser integrales y coherentes con la realidad, y no un montón de cambios para satisfacer a grupos de presión, ser políticamente correctos y facilitar la corrupción con la excusa de buscar la transparencia. No deben propiciar un retorno al pasado, a prácticas fracasadas como la de pretender que los gobernantes (el Estado es solo una abstracción) se conviertan en empresarios. Y que además lo hagan con el dinero de nosotros, los tributarios, que no nos vamos a ver beneficiados con tales inversiones que vamos a tener que financiar. Veni, vidi, vici.


El presente artículo fue publicado el lunes 9 de julio de 2012 en el diario guatemalteco Siglo Veintiuno. La imagen la bajé de la Internet.

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7.02.2012

Dictadura Constitucional




Después de leer y analizar detenidamente el proyecto de reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala, conocido popularmente como el paquetazo constitucional, presentado por Otto Pérez Molina, presidente del Organismo Ejecutivo, y sus asesores, puedo asegurar que el fin último del mismo es fortalecer el sistema presidencialista y casi desaparecer las pocas instituciones republicanas de nuestro actual sistema de normas. Además de intentar, de nuevo, formalizar las fracasadas reformas acordadas por los signatarios de los mal llamados acuerdos de paz de 1996, las que fueron rechazadas en la Consulta Popular de 1999.

Uno de los mejores cuestionamientos que he leído a las intenciones del todavía MANDATARIO, es el hecho por el dirigente sindical Victoriano Zacarías, el cual fue publicado en el diario Prensa Libre del pasado 28 de junio: “¿Qué beneficio tenemos los trabajadores y ciudadanos? ¿Se va a terminar la delincuencia, el alto costo de la vida, el desempleo? ¿Habrá agua en algunas colonias donde pasan más de 8 días y no hay? Es lo que nos van a preguntar los compañeros”. Y son las preguntas básicas que debemos hacernos todos los todavía MANDANTES.

Hago énfasis en la calidad de mandatario del Presidente (en buen chapín, el primer mandadero de la nación), y la facultad de mandante del ciudadano (el que manda al mandadero) porque en la parte del llamado “Fortalecimiento del sistema político”, incluyen una modificación al artículo 182, la cual deja de reconocer que el Presidente del Organismo Ejecutivo ejerce sus funciones por mandato del pueblo y lo convierte en Jefe de Estado y Jefe del Organismo Ejecutivo, cuál émulo de Hugo Chávez y todo aspirante a dictador.

Para rematar la intención de los ponentes de convertir al Presidente del Organismo Ejecutivo en soberano de la nación, incluyen cambios a varios artículos que van desde transformar en un monstruo de dos cabezas al Organismo Judicial (que al final dependerían del Ejecutivo) hasta eliminar el derecho de los ciudadanos a decidir bajo qué normas vamos a vivir, tal y como queda expresado en la modificación al artículo 279: “Para cualquier reforma constitucional se deberá convocar a una Asamblea Nacional Constituyente”. Eliminan la consulta popular. Le quitan el poder de decisión al mandante: al ciudadano, al pueblo.

Y las anteriores reflexiones son apenas las primeras que comparto con ustedes. Hoy quisiera tener al menos diez cuartillas de espacio para detallar, artículo por artículo, el porqué el proyecto de reformas a la Constitución del gobierno debe ser rechazado por el bien de todos en el largo plazo. Nuestro presente contrato social, para llegar a ser verdaderamente una Constitución Republicana, necesita ser modificado. Pero no cualquier cambio nos va a permitir vivir dentro de un Estado de Derecho que nos proteja de los abusos de los gobernantes, de los delincuentes y de los criminales.


El presente artículo fue publicado el lunes 2 de julio de 2012 en el diario guatemalteco Siglo Veintiuno. La imagen la bajé de Internet.

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6.04.2012

Constitualet




Tal y como se lee en español, nuestra actual Constitución ha sido utilizada la mayor parte del tiempo para que los políticos y los funcionarios del gobierno, pasados y presentes, limpien sus desechos pasándose los derechos de los habitantes de Guatemala por donde se les da la gana.


Por supuesto que estoy de acuerdo con el 93 por ciento de personas que votaron a favor de modificar la actual ley suprema que rige en nuestra sociedad, según la encuesta publicada en “Prensa Libre” el pasado jueves 31 de mayo de 2012. En lo que NO estoy de acuerdo, y pienso oponerme férreamente hasta donde me lo permitan mis fuerzas, es al hecho de que esa modificación se haga por medio de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y que la reforma que se haga sea la propuesta por los politiqueros que hoy nos gobiernan. O aquellos que desean gobernarnos, tal es el caso del populista de Manuel Baldizón.

Como era de esperarse en la propuesta de los mencionados, pues al fin es lo que conviene a sus intereses, lo que estos pretenden es ampliar su poder, profundizar el sistema actual (que fracasa en todos lados y está consumiendo la riqueza creada en siglos anteriores en las sociedades más desarrolladas del planeta) y debilitar aún más el derecho de propiedad con la excusa de que “el Estado debe seguir asumiendo responsabilidades para las cuales no tiene recursos suficientes”, como declaró Pérez el día que se celebraron los 27 años de la Carta Magna. Me pregunto, ¿quién gobierna al Presidente? ¿Quién está detrás de sus palabras? ¿Quién le ha vendido tales ideas? ¿Quiénes lo rodean y le susurran al oído cual sirenas homéricas?

Por cierto, me sorprendió el alto porcentaje de gente que respalda el cambio del sistema, y pienso que esta evolución en la opinión de la mayoría es un producto más del arduo trabajo que durante varios años hicimos los miembros de la Asociación Civil ProReforma. Logramos concientizar a más conciudadanos de los que alguna vez llegamos a imaginar. Por eso hoy hay tantos convencidos de que la única manera de mejorar nuestra calidad de vida es cambiando el modelo de Estado Benefactor/Mercantilista que hoy prevalece por un verdadero Estado de Derecho.

Le duela a quien le duela (unos pocos que hacen algún ruido y han mentido a diestra y siniestra sobre el contenido y los objetivos de ProReforma) NINGUNA otra propuesta ha tenido el apoyo que tiene ProReforma. Más de 73 mil ciudadanos, debidamente identificados, dando la cara y el nombre, la apoyamos y presentamos al Congreso de la República. ProReforma ya no pertenece a quienes la redactaron, sino a todos aquellos que la apoyaron y la hicieron suya. Pase lo que pase antes de la Consulta Popular que se va a llevar acabo el año entrante, los diputados tienen la OBLIGACIÓN de incluir en esta consulta lo solicitado por tantos guatemaltecos. Y que decidamos nosotros, los mandantes, cuáles son los cambios que se deben hacer.


El presente artículo fue publicado el lunes 4 de junio de 2012 en el diario guatemalteco Siglo Veintiuno. La imagen la bajé de mapigodoy.blogspot.com

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1.23.2012

Para: el mandatario Otto Pérez Molina



De: la mandante Marta Yolanda Díaz-Durán Alvarado.

Comienzo esta epístola pública deseándole éxito en su vida y el camino que recién emprende como Presidente del Organismo Ejecutivo y Jefe de Estado de la República de Guatemala. El motivo de la presente es para recordarle el marco dentro del cual va a ejercer los cargos citados. Lo hago porque hasta hoy, casi todos los que han sido electos para servir a los habitantes de mi país, lo único que han hecho es servirse de nosotros para acumular fortunas para ellos, sus familiares y sus amigos cercanos.

¡Ah! Y enriquecer a sus socios en el proceso de saquear: los líderes de los grupos de presión que son propios del sistema que, lamentablemente, impera en nuestra nación y contradice los ideales republicanos liberales. Me refiero al Estado Benefactor/Mercantilista que explota a los creadores de riqueza. Un producto de la usurpadora democracia que reina en sociedades poco desarrolladas como la nuestra, donde la mayoría, engañada por una minoría, termina apoyando medidas que castran la esencia del ser humano racional y libre.

Primero, quiero aclarar un par de conceptos que son claves para que cada quien ocupe su lugar y, en su caso, cumpla con el mandato que se le ha dado. Mandatario, según el DRAE en su segunda acepción significa: “Persona que, en virtud del contrato consensual llamado mandato, acepta del demandante representarlo personalmente, o la gestión o desempeño de uno o más negocios”. Y la misma fuente, en su primera acepción, identifica al mandante como el “que manda”. Lo anterior para dejar claro quién obedece a quién en este contrato social.

Segundo, tenga presente lo mandado por la Constitución en los artículos 1°, 2° y 3°, que representan lo más importante de su mandato: “Artículo 1º. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”. “Artículo 2º. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. “Artículo 3º. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona”. Lo anterior aplica a TODOS en Guatemala, razón por la cual no se justifica violar los derechos de unos para beneficiar a otros.

Como ciudadana guatemalteca que paga sus impuestos “porque son impuestos” (y no contribuciones), como reconoció su ministro de Finanzas mostrando su inclinación por medidas propias del Ancien Régime al mejor de los estilos Louis XIV de Francia, le recuerdo el artículo vital para la defensa de los ciudadanos y la legitimación de la desobediencia civil contra el abuso del poder por parte de los gobernantes: “Artículo 45. ...Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”.

Atentamente, yo.


El presente artículo fue publicado el lunes 23 de enero de 2012 en el diario guatemalteco Siglo Veintiuno. La imagen la bajé de Internet.

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3.14.2011

Ser o no ser parientes



Ese es el dilema de Sandra Torres y Álvaro Colom. Unidos en matrimonio. Del verbo transitivo unir: “Juntar dos o más cosas entre sí, haciendo de ellas un todo” (DRAE). Como cantaban los Timbiriche en la década de los 80 del siglo pasado: “Tú y yo somos uno mismo”. O sea, que si yo (Colom) no puedo ser candidato presidencial de nuevo, tú (Torres) tampoco. Unidos en las buenas y en las malas. ¡Y vaya que ha sido buena la vida de la pareja presidencial en los últimos tres años!

Ser o no ser pariente del Presidente, lo que no es conveniente para las aspiraciones de Torres. ¿Valorará más, la todavía primera dama, su deseo de reinar que el amor que la ha hecho acompañar hasta hoy a Colom? ¡Qué novelón! Lástima que al final, si sus ambiciones se llegan a concretar, quienes haremos el papelón de nuestras vidas seremos nosotros, los ciudadanos, los pagadores de impuestos, los creadores de riqueza, manteniendo por cuatro años más a los saqueadores mencionados y su séquito de seguidores.

Dejaron plasmado los constituyentes de 1985, en el artículo 186 de la actual Carta Magna de Guatemala, que “No podrán optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República: … c. Los parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente o Vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la Presidencia”… Lamentablemente olvidaron los mencionados que siendo el sistema legal vigente positivista, nos hubieran ahorrado muchas confusiones (léase interpretaciones arbitrarias), aunque fuese redundante, agregar dos palabras y un artículo: “Incluye al cónyuge”. ¿Acaso era tan complicado? ¡Ah! Los políticos y sus trampas.

Con sólo consultar el DRAE se aclara la posible duda. La definición del adjetivo “pariente” es la siguiente: “Respecto de una persona, se dice de cada uno de los ascendientes, descendientes y colaterales de su misma familia, ya sea por consanguinidad o afinidad”. Otro término que considero importante definir para este caso es parentesco (nombre masculino): “Vínculo por consanguinidad, afinidad, adopción, matrimonio u otra relación estable de afectividad análoga a esta”. Y para finalizar, ¿qué significa el adverbio de lugar “dentro”? “En la parte interior de un espacio o término real o imaginario”. I rest my case: es evidente que la prohibición incluye a la esposa del Presidente. Sin embargo, nos guste o no, la decisión final la tomarán los próximos magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

Termino con una idea del ilustrado francés del siglo dieciocho François Marie Arouet, conocido universalmente como Voltaire: "Anyone who has the power to make you believe absurdities has the power to make you commit injustices", cuya traducción libre y mía es: "Cualquier persona que tiene el poder de hacerte creer lo absurdo, tiene el poder para hacerte cometer injusticias". La única solución para este y muchos problemas es el cambio del sistema político.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 14 de marzo de 2011. La imagen la bajé de Internet.

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10.11.2010

Blenocracia


O la gonorrea del poder ilimitado. Según la “Real Academia de la Cleptocracia”, la blenocracia (consecuencia del sistema mencionado), también llamada gonocracia es el “flujo mucoso ocasionado por la inflamación del poder, principalmente dentro de los sistemas socialistas. Se utiliza casi exclusivamente refiriéndose al uso del ser humano como medio, sacrificable, bajo la excusa de que el interés de la mayoría debe estar por encima de los derechos individuales”.

Los experimentos en guatemaltecos, llevados a cabo entre 1946 y 1948 bajo la responsabilidad del gobierno estadounidense del demócrata Harry S. Truman, deben ser condenados. Y todo aquel llevado a cabo en circunstancias similares en cualquier lugar. Aclaro: lo condenable no es la experimentación, la cual es necesaria para el avance de la civilización, sino la forma en la que se hicieron los experimentos citados. Primero, porque las prostitutas, presos, militares y enfermos mentales que fueron inoculados con sífilis, gonorrea y chancro, fueron engañados por los burócratas estadounidenses con la venia de empleados del gobierno de Guatemala. Y segundo, porque no existe justificación alguna para que unos hombres sacrifiquen a otros, por más nobles que sean las intenciones ni la cantidad de gente que se beneficie con este sacrificio.

Tanto Barack Obama, actual Presidente de Estados Unidos, como Hillary Clinton, Secretaria de Estado, se disculparon. El primero, políticamente correcto, con Álvaro Colom, Presidente de Guatemala. La segunda, correctamente, con las víctimas y sus familiares. Por supuesto, Colom al igual que otros politiqueros oportunistas y gorrones, no perdieron el tiempo en ver cómo sacan provecho de este lamentable hecho, solicitando una compensación para el abstracto Estado. Compensación que va a terminar en los bolsillos de quienes la administren.

Sin embargo, a quienes deben pedir perdón y resarcir los daños causados es a las víctimas. Y también deben pedir perdón los miembros del gobierno de Juan José Arévalo que todavía estén vivos por haber permitido tales experimentos. Por lo menos tres Ministerios, o sus equivalentes a la fecha, estuvieron involucrados: el de Salud, el de Gobernación y el de la Defensa. Por cierto, al frente de este último estaba Jacobo Arbenz. ¿Cómo es posible que haya quienes, ante tan contundente evidencia, pretenden negar que los estudios conducidos por los burócratas gringos hayan sido del conocimiento del Presidente Arévalo?

La investigadora que hace este aberrante descubrimiento, declaró que los experimentos se hicieron en Guatemala, ya que las condiciones legales de nuestro país los facilitaban. Fue una negociación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Guatemala. Y hago énfasis en esto porque no guardo ningún sentimiento antiestadounidense. Al contrario, admiro a los padres fundadores y los creadores de riqueza de este país. Recordando a Ronald Reagan: “El gobierno no es la solución. El gobierno es el problema”.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 11 de octubre de 2010. La imagen de “La Gloriosa Victoria” de Diego Rivera la bajé de la Internet.

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8.30.2010

¿Vicepresidente de la nación o estrella del Rock and Roll?


¿Recuerdan aquella rola que nos planteaba el dilema existencial de qué queríamos ser cuando fuéramos grandes? ¿Presidentes de la Nación o estrellas del Rock and Roll? Ante semejantes opciones, yo me decanté por el oficio musical, porque el chance de político no me place para nada. O, al menos esa fue mi intención. Sin embargo, poco prosperó mi carrera como guitarrista y a la fecha sólo recuerdo el círculo de do. Hasta hoy a lo que principalmente me he dedicado es a contemplar para conocer en el sentido aristotélico.

No sabía yo lo peligroso que sería ir más allá de sentir y pensar. No conocía los riesgos que implica razonar. Y aún peor, la amenaza que podía significar expresarme libremente y cuestionar a los poderosos. Más en un sistema de normas como el nuestro, donde los gobernantes gozan de un poder casi ilimitado, el cual utilizan de manera arbitraria para amedrentar a quienes no nos acomodamos al papel de súbditos, y exigimos ser tratados como ciudadanos libres. Y, por supuesto, exigimos que los impuestos sean utilizados correctamente: que las acciones de los funcionarios sean respetuosas de la vida, la libertad y la propiedad de los habitantes de la nación.

Hay quienes, como José Rafael Espada, que optaron por ser simplemente Vicepresidente. Y como tal, a principios de septiembre del año 2009 presentó varias querellas en mi contra porque, según él, uno de tantos artículos míos, titulado “El beso de Espada”, lo afectaba en su dignidad y, ¡qué cosa tan divertida! lo colocaba en un estado de indefensión. ¿Indefenso contra quién? Aquel que es cuidado por un pequeño ejército de empleados de la nación, pagados con nuestros tributos, rodeado de cualquier cantidad de motos de última generación, y se transporta dentro de una camioneta blindada de aproximadamente un millón de quetzales. También comprada con nuestros dineros. Sin duda ¡todos! quisiéramos encontrarnos así de frágiles en Guatemala.

Por ese motivo, el 4 de septiembre del año pasado decidí interponer una solicitud de Amparo ante la Corte de Constitucionalidad, la cual, a criterio de mis abogados, me debió ser concedida INMEDIATAMENTE, ante la evidente violación a mi derecho a la libre expresión, resguardado por el Artículo 35 de nuestra Constitución. Pero ¡oh, sorpresa! no sólo no me otorgaron el amparo provisional sino, al final, los magistrados Roberto Molina Barreto, Alejandro Maldonado Aguirre, Mario Pérez Guerra, Gladys Chacón Corado y Juan Francisco Flores Juárez; auxiliados por el Secretario General de la CC, Martín Ramón Guzmán Hernández, lo denegaron, violando la ley máxima de nuestra nación, la cual juraron defender.

Lo que tal vez no calcularon los citados magistrados, es que al negarme el Amparo que legal y legítimamente me correspondía, convertían una situación personal en un tema que compete a toda la población. Hoy, la circunstancia me supera. Usted, ¿qué piensa hacer para defender SU derecho a expresarse sin correr el riesgo de ir a la cárcel?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 30 de agosto de 2010. La imagen la bajé de la Internet.

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8.16.2010

Lucky day


¡Me encantan los viernes 13! ¿Será porque es un día que se presta para cuestionar prejuicios sin bases en la realidad? ¿Esa que tantos se empeñan en negar dañándose a sí mismos y al resto? Eso incluye en especial el ámbito de las ideas que, les guste o no a algunos, tienen consecuencias. Por eso es vital separar las premisas falsas de las verdaderas. Separar las intenciones, sean buenas o malas, de los resultados alcanzados. Reconocer que los segundos son más importantes y dependerán de la falsedad o certeza de nuestras creencias.

Por ejemplo, entender el capitalismo es entender la acción humana y respetar nuestra naturaleza, no intentar cambiarla como lo hacen los socialistas y los creyentes en mitos que, como el viernes 13, no tienen sustento en la realidad. Conocer la diferencia entre el empresario y el mercantilista va intrínsecamente unido al enunciado primero de este párrafo.

Los ciudadanos debemos recordar que nosotros les delegamos, no entregamos, a los gobernantes el poder, por eso debe ser limitado su ejercicio. No caer en las trampas de los políticos: en sus discursos populistas y complacientes, cuyo principal objetivo es captar los suficientes votos para ejercer el poder. Que no nos convenzan con su falso canto, como lo intentaron las sirenas que tentaron a Odiseo. Una vez adultos debemos asumir la responsabilidad de nuestra vida. No debemos pensar que la responsabilidad que asumieron nuestros padres cuando éramos niños, ahora la contraigan el Presidente, los diputados, los jueces. Ellos tienen funciones específicas, y es a esas funciones a las que se deben dedicar. Son ellos quienes deben temer a los ciudadanos para que no abusen del poder, y no nosotros, los ciudadanos, a los gobernantes.

Soy creyente en la protesta valiente, pero siempre pacífica, dentro de la libertad que aún respeta el régimen de legalidad existente, que al menos en el caso de Guatemala, todavía nos permite legalmente recuperar el terreno que hemos perdido en el campo de los derechos individuales. Protesta que respeta los derechos de los otros, que no inicia el uso de la fuerza contra los demás.

En Guatemala necesitamos algo más que infraestructura. Menos si ésta es construida por el abstracto Estado, que termina siendo administrado por oportunistas y gorrones que construyen casas de cartón, las cuales cobran como si fueran elaboradas con granito y mármol. No se diga de las carreteras, los puentes, las escuelas… Más que edificios, necesitamos esperanza, como dice Evey, la protagonista de “V for Vendetta”. Necesitamos ProReforma.

"Cada ser humano es un fin en sí mismo, no el medio para los fines de otros. Debe existir por su propio esfuerzo, sin sacrificarse a otros ni sacrificar a otros para sí. La búsqueda de su propio interés racional y de su propia felicidad es el más alto propósito moral de su vida". Palabras de Ayn Rand. En fin, ¡otro viernes 13! de buena suerte para quien sabe que su vida depende de sí mismo y las decisiones que tome.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 16 de agosto de 2010. La imagen es la primera página de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, la que recibí el viernes 13 de agosto pasado (el mismo día que este escrito fue concebido) en la cual me notifican que rechazaron mi solicitud de amparo. En una futura columna voy a analizar las consecuencias que el dictamen acarrea al artículo 35 de la Constitución, la cual de nuevo es violada y debilitada por los mismos magistrados llamados a defenderla.

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7.19.2010

Nada más que la …


¿Verdad? ¿Sólo la verdad? ¿La concordancia de lo que pienso con la realidad, dentro de su contexto no falseado? ¿Puede decir sin equivocarse que ese es el resultado del primer juicio llevado a cabo para esclarecer el asesinato de Rodrigo Rosenberg? ¿Dónde quedan las declaraciones contradictorias de los sicarios? ¿Declaraciones como la de Jesús Manuel Cardona Medina que, durante el juicio, se adaptó a la hipótesis presentada por la CICIG?


¿Es lo mismo validar una hipótesis (que ¿casualmente? exime a quienes actualmente ostentan el poder) que hacer justicia? Tal vez los condenados sí mataron por contrato a Rosenberg, pero ¿queda probado, SIN DUDA RAZONABLE, que él los contrató tal y como lo decidieron los fiscales de la CICIG? ¿Quién presta atención a lo dicho por Lucas Josué Santiago López? “Vengo a pedirles perdón por algo que no hice… el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, porque pruebas no hay, y lastimosamente estos señores a los que beneficiaron me culparon para recibir beneficios”. ¿Por qué darle credibilidad a lo dicho por los beneficiados, los colaboradores eficaces, y no a lo declarado por Santiago López y su compañera? ¿Acaso porque unos testimonios le convienen más a los gobernantes que los otros?


Varios piensan que es irónico que cuestione la forma en la cual se ha llevado a cabo la investigación y el juicio en el caso del asesinato de Rodrigo Rosenberg. Yo, que fui favorecida por las declaraciones de Mario Fuentes Destarac y Eduardo Rosenberg Paiz, que confirmaron lo afirmado en mi artículo “El beso de Espada”, por el cual todavía me encuentro demanda por el Vicepresidente, entre otras cosas, por intento de desestabilización. Una demanda que muchos prefieren ignorar, paradójicamente, dentro de los mismos medios de comunicación a pesar de la violación explicita que esta acción representa a los artículos 5 y 35 de la Constitución. En fin, prefiero vivir en paz con mi conciencia, que ser políticamente correcta, aunque pareciera que voy contra mis propios intereses.


Se equivocan quienes piensan que el juicio terminó. Falta la sentencia que va a dictar la historia. Y para ese juicio que se va a llevar a cabo dentro de varios años, dejo mis dudas sobre este caso emblemático que, considero, aún no somos capaces de medir su impacto. Digan lo que digan los jueces, digan lo que digan los fiscales del MP y la CICIG, digan lo que digan los editoriales de los diarios, este no es un caso cerrado. Se acomoden o no los hermanos Valdés Paiz a la hipótesis de la CICIG, declaren o no culpable de su propio asesinato a Rodrigo Rosenberg, lo declaren o no también culpable del asesinato de los Musa, este será un hecho que, en el fondo, pocos darán por resuelto, a pesar del deseo de la mayoría de olvidarlo.


Escribo para ustedes que me leen muchos años después de que pasó esta etapa histórica de Guatemala. Ustedes que, por ser ajenos a los hechos, espero encuentren la verdad y hagan justicia.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 19 de julio de 2010. La fotografía la tomé desde el avión, el día que regresé de Las Vegas: el domingo 11 de julio de 2010.

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7.12.2010

Las Termópilas de Colom


Después de 12 días en los cuales fui casi ajena al debate político nacional, regreso a mi país con las armas intelectuales cargadas de ideas renovadas y muchos nuevos argumentos para pelear la batalla política que le tocó a mi generación.


Tengo claro que la lucha no es sólo en contra de los abusos del gobierno de Álvaro Colom, sino en contra del sistema de incentivos perversos, el Estado Benefactor/Mercantilista, que fue adoptado hace 65 años. Un conjunto de normas que, a pesar de sus pretendidas intenciones de ayudar a los pobres, lo único que ha logrado es atraer y llevar a los peores elementos de la sociedad al ejercicio del poder. Gente que cuyo paso por la administración pública les permitió, y les permite, enriquecerse a costa de las personas trabajadoras y productivas.


El gobierno ha fallado por lo menos en el cumplimiento de sus funciones primordiales ordenadas en la Constitución Política de la Republica en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 39.


Álvaro Colom en sus más recientes declaraciones, en tono de amenaza, de nuevo viola los artículos 5 y 35 de la constitución que tratan sobre la Libertad de acción y la Libertad de expresión. El artículo 5 dice: “Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma”.


A pesar del disgusto que pueda provocar al Presidente y al Vicepresidente, Rafael Espada (por quien me encuentro demanda), escribo en pleno uso de mi derecho constitucional contenido en el artículo 35 que reza: “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna... No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.


Creo que los ciudadanos respetuosos, productivos y responsables, la mayoría, debemos invocar el artículo 45 de nuestra Constitución (Acción contra infractores y legitimidad de resistencia) para defendernos de los abusos de nuestros gobernantes: “Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”.


Creo que la batalla se puede ganar sin violentar las normas vigentes y de manera pacífica. Bastaron 300 hombres, peleando por su libertad y la de sus seres queridos, para vencer al poderoso ejército de Persia hace 2500 años, en la célebre batalla de las Termópilas. Hoy, más de 73000 ciudadanos guatemaltecos solicitamos al Congreso una consulta popular, según manda la Constitución, por medio de la cual esperamos cambiar la situación lamentable y en constante deterioro en la cual vivimos. ¡A la carga compatriotas!



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 12 de julio de 2010. La imagen la bajé de la Internet.

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10.18.2009

Jaqueca


Hoy, como en otras ocasiones, voy a romper las reglas del periodismo de opinión políticamente correcto. Voy a quebrantar la norma generalmente aceptada de escribir específicamente sobre los temas de actualidad: aquellos asuntos que tienen que ver con la esfera pública. Los hechos que, reconozco, tienen especial relevancia, sobre todo en naciones regidas por sistemas políticos interventores, como lo es el modelito Benefactor/Mercantilista que escogieron para nosotros los constitucionalistas de 1945, el cual ha sido replicado, en el mejor de los copy/paste, por quienes los relevaron en la importante tarea de redactar las leyes que debieran imperar en nuestro país.

Por supuesto, ese grupo de dignatarios incluye a quienes en 1985 nos recetaron el fiambre legislativo que tenemos hoy, al que cariñosamente llamaron “Constitución Política de la República de Guatemala”. Sin duda, acertaron al nombrarla política, pero patinaron bien feo al agregarle lo de República. Nuestra nación poco tiene del gobierno de Leyes propio de una Republica, y le sobra legislación que amplía el poder discrecional del cual gozan los gobernantes, quienes terminan siendo una especie de reyes temporales. Tiempo que aprovechan para enriquecerse y compartir solidariamente su suerte con sus familiares, amigos y socios comerciales (financistas) que los apoyaron en el camino que los llevó a la cumbre del Estado.

Tengo dolor de cabeza y, tal vez, eso me hace ver nuestra realidad presente como una especie de película surrealista capaz de superar la fantasía de Buñuel y Dalí inmortalizada en “Un perro andaluz”. Por cierto, si algo abunda en nuestro terruño son los perros que ladran, y estos sí muerden a los ciudadanos que somos espectadores de una pésima puesta en escena de una mala obra literaria llena de buenas intenciones de algunos y claros intereses de otros, a quienes les conviene mantener el statu quo para llegar al ejercicio del poder y tener al alcance de sus manos las arcas públicas, que no son otra cosa más que nuestros bolsillos. O, podría ser, seguir viviendo de nuestros impuestos, siempre tras bambalinas. Escondiéndose tras las faldas de la sociedad civil.

“Something is rotten in the state of Denmark”. Le dice, en la cuarta escena de la primera parte, Marcellus a Horatio en Hamlet, la célebre obra de William Shakespeare. En el caso chapín, ya no sé en que parte de esta pésima tragedia estamos y mucho menos cuál escena es la que observamos. Lo único que puedo asegurar es que el actual sistema político del Estado de Guatemala ya murió y que el cadáver apesta, ya se pudrió. Y el olor fétido nos recuerda a todos aquellos que son asesinados diariamente. Crímenes que en la mayoría de los casos no van a ser resueltos. Peste que al menos a mí me provoca, entre otras cosas, una tremenda jaqueca que no se cura con un par de aspirinas. Sólo ProReforma puede curar tremenda enfermedad. Démonos la oportunidad de cambiar.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 12 de octubre de 2009. La fotografía del “Guardabarranco” la tomé el sábado 17 de octubre de 2009, en la Galería de Arte de Iván Gabriel, en San Juan Comalapa.

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