Janus: el David de los trabajadores

El pasado 27 de junio, la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. emitió un dictamen en favor de Mark Janus, contrario a las pretensiones de AFSCME, el cual debe ser celebrado por todos los trabajadores del mundo. Se enfrentó a Goliat, representado por el sindicato estatal, y le ganó. Un importante triunfo que afirma los derechos de los estadounidenses protegidos por la Primera Enmienda de su Constitución.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó en el caso Janus versus AFSCME, que no se puede exigir a los trabajadores gubernamentales no sindicalizados, que paguen cuotas a los sindicatos como condición para trabajar en el Estado. Esta resolución, considerada histórica por muchos, restaura los derechos de libertad de expresión y libertad de asociación de la Primera Enmienda, a más de cinco millones de maestros de escuelas públicas, personal de primera respuesta (policías, bomberos, etcétera) y otros empleados del gobierno en todo el país.

La Primera Enmienda reza: “El Congreso no legislará respecto al establecimiento de una religión o a la prohibición del libre ejercicio de la misma; ni limitará la libertad de expresión o de la prensa; ni coartará el derecho de las personas para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios”.

Mark Janus, demandante en el caso, empleado por el gobierno estatal de Illinois, declaró: "Estoy muy emocionado de que la Corte Suprema haya restaurado no solo mis derechos asegurados por la Primera Enmienda, sino también los derechos de millones de otros trabajadores gubernamentales en el país. Muchos de nosotros nos hemos visto obligados a pagar por discursos políticos y posiciones políticas con las que no estamos de acuerdo, solo para poder mantener nuestros trabajos. Esta es una victoria para todos nosotros. El derecho a decir ‘no’ a un sindicato es tan importante como el derecho a decir ‘sí’”.

Jacob Huebert, abogado de Janus, comentó al respecto lo siguiente: "Esta es la mayor victoria para los derechos de los trabajadores en una generación. La Primera Enmienda nos garantiza a cada uno de nosotros, como individuos, el derecho de elegir a qué grupos queremos apoyar y a cuáles no. La Corte Suprema reconoció que nadie debe ser obligado a renunciar a ese derecho solo para poder trabajar en el gobierno. La Corte reconoció que los sindicatos tienen el derecho de organizarse y abogar por las políticas en las que creen, pero no tienen un derecho especial para obligar a las personas a pagar por su cabildeo. Tienen que jugar según las mismas reglas que todos los demás”.

La importancia de esta sentencia radica en que nos recuerda que todo trabajador, sin importar el sector en el cuál trabaja, debe ser libre de elegir con quién asociarse,  de rechazar formar parte de un sindicato y no ser obligado a pagar cuotas para mantener a los líderes de estos grupos. Debe ser libre de elegir dónde trabajar, bajo qué condiciones y ganando lo que él acuerde con quien quiera que esté en la capacidad de ofrecerle un empleo productivo y desee hacerlo. El trabajador debe ser libre de elegir cómo prever para su vejez, con quién crear su fondo de retiro, bajo qué circunstancias y en cuál contexto desea hacerlo. Al final, es SU dinero: producto de SU esfuerzo. Si es capaz de ganarlo, lo justo es respetar su decisión de cómo gastarlo.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 9 de julio de 2018.

El poder del trabajador

Los trabajadores guatemaltecos debemos recobrar nuestro derecho a decidir dónde, cómo, cuándo, cuánto y con quién queremos invertir parte del dinero que nosotros hemos ganado para nuestra jubilación. Y no sólo debemos recobrar el derecho sobre nuestras pensiones, sino también la libertad de decidir con quién contratar nuestro seguro de salud. ¿Por qué somos obligados a hacerlo con el abstracto Estado? Uno de los mayores engaños al trabajador que existen, es la falsa ilusión de que los gobernantes, en nombre de la mencionada abstracción, se van a hacer cargo de nuestra salud y de los ingresos que necesitemos para cuando lleguemos a viejos.

El próximo jueves, Alfonso Abril va a presentar, acompañado de Fritz Thomas, el libro en el cual resume años de investigación sobre cuál es la mejor propuesta para que los trabajadores podamos multiplicar nuestros ahorros para que mañana, cuando deseemos jubilarnos, podamos disfrutar de una vida digna en la cual nuestras necesidades básicas estén cubiertas. Y no sólo investigó sobre el tema de la pensiones, también sobre cuál es la mejor manera de asegurar que, en caso lo necesitemos, podamos enfrentar cualquier inconveniente relacionado con nuestra salud. El título del libro es: “Del monopolio a la libertad: una propuesta para reformar el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social”. Para más detalles sobre la obra, les recomiendo comprar el libro y/o asistir a la presentación.

Repito lo que he expresado en múltiples ocasiones: el trabajador debe ser libre de elegir cómo prever para su vejez, con quién crear su fondo de retiro, bajo qué circunstancias y en cuál contexto desea hacerlo. Al final, es SU dinero: producto de su esfuerzo. Y si fue capaz de ganarlo, es capaz de decidir qué es lo que más le conviene a partir de sus objetivos personales, no la decisión arbitraria de ningún burócrata y menos de los líderes y/o miembros de los grupos de interés que pretenden decidir por el resto. Lamentablemente, y contrario a su obligación primera, son los mismos gobernantes, apoyados por los señalados grupos de presión ideologizados, quienes violan los derechos de los trabajadores y menoscaban su dignidad. Los desprecian considerándolos incapaces de decidir qué es lo que más les conviene.

El monopolio otorgado desde hace 70 años al IGSS, además de que viola la libertad de los trabajadores, obstaculiza el desarrollo integral de todos aquellos que son obligados a mantener el citado elefante blanco, el cual es una de las mejores pruebas del fracaso del Estado Benefactor. Sin embargo, la propuesta de Abril no es ni privatizar ni acabar con el IGSS. Lo que propone es ponerlo a competir y que sean los trabajadores quienes elijan dónde invertir para su vejez y dónde contratar los servicios de salud. Los que  quieran pueden continuar con el ente estatal, y quienes no lo deseen podrán invertir en entidades privadas, según la conveniencia de quien está generando el dinero, y no basado en la decisión arbitraria de un funcionario público. ¿Quién puede oponerse a la libertad del trabajador de decidir sobre su vida y patrimonio?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 22 de enero de 2018.

El trabajador debe ser libre

El trabajador debe ser libre de elegir dónde trabajar, bajo qué condiciones y ganando lo que él acuerde con quien quiera que esté en la capacidad de ofrecerle un empleo productivo y desee hacerlo. El trabajador debe ser libre de elegir cómo prever para su vejez, con quién crear su fondo de retiro, bajo qué circunstancias y en cuál contexto desea hacerlo. Al final, es SU dinero: producto de su esfuerzo. Y si fue capaz de ganarlo, es capaz de decidir qué es lo que más le conviene a partir de sus objetivos personales, no la decisión arbitraria de ningún burócrata y menos de los líderes y/o miembros de los grupos de presión que pretenden decidir por el resto.

Sin embargo, en Guatemala lo anterior es prohibido, entre otras normas, por el Decreto 295 del Congreso (Ley Orgánica del Seguro Social), emitido el 30 de octubre de 1946. Según la legislación citada, todos los habitantes de Guatemala que sean parte activa del proceso de producción de artículos o servicios, ESTAN OBLIGADOS ¿a contribuir? (una obvia contradicción) al sostenimiento del régimen de seguridad social.

¿Por qué? Si nuestra Constitución dice clara y explícitamente en los artículos 2 y 4 lo siguiente: “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral… En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos… Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad”. No obstante, son los mismos gobernantes, apoyados por los grupos de presión ideologizados, quienes violan los derechos de los trabajadores y menoscaban su dignidad. Los desprecian considerándolos incapaces de decidir qué es lo que más les conviene.

El monopolio otorgado desde hace 70 años al IGSS, además de que viola la libertad de los trabajadores, obstaculiza el desarrollo integral de todos aquellos que son obligados a mantener el mencionado elefante blanco, el cual es una de las mejores pruebas del fracaso del Estado Benefactor en nuestro país. Y, a pesar de su deterioro generalizado, lo único que se propone es que los trabajadores puedan elegir invertir para su vejez en el IGSS o en otras entidades privadas, según la conveniencia de quién está generando el dinero, y no basado en la decisión arbitraria de un funcionario público.

El ciudadano, que es el mandante, manda. El ciudadano decide. Las abstracciones no actúan, sólo los individuos que conforman los colectivos. Y cada uno es responsable de las decisiones que toma, independientemente de los grupos a los cuales pertenezca o con lo que se identifique. Hoy es más posible que ayer promover una reforma que les devuelva a quienes trabajan por cuenta ajena (o sea, son empleados por otros) la libertad que pocos gozan en Guatemala. Pero para eso deben aclararse las ideas y no dejarse engañar por quienes saben que NO se está proponiendo la privatización del IGSS y aun así mienten descaradamente para engañar a la gente.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 29 de agosto de 2016.