El poder del trabajador

Los trabajadores guatemaltecos debemos recobrar nuestro derecho a decidir dónde, cómo, cuándo, cuánto y con quién queremos invertir parte del dinero que nosotros hemos ganado para nuestra jubilación. Y no sólo debemos recobrar el derecho sobre nuestras pensiones, sino también la libertad de decidir con quién contratar nuestro seguro de salud. ¿Por qué somos obligados a hacerlo con el abstracto Estado? Uno de los mayores engaños al trabajador que existen, es la falsa ilusión de que los gobernantes, en nombre de la mencionada abstracción, se van a hacer cargo de nuestra salud y de los ingresos que necesitemos para cuando lleguemos a viejos.

El próximo jueves, Alfonso Abril va a presentar, acompañado de Fritz Thomas, el libro en el cual resume años de investigación sobre cuál es la mejor propuesta para que los trabajadores podamos multiplicar nuestros ahorros para que mañana, cuando deseemos jubilarnos, podamos disfrutar de una vida digna en la cual nuestras necesidades básicas estén cubiertas. Y no sólo investigó sobre el tema de la pensiones, también sobre cuál es la mejor manera de asegurar que, en caso lo necesitemos, podamos enfrentar cualquier inconveniente relacionado con nuestra salud. El título del libro es: “Del monopolio a la libertad: una propuesta para reformar el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social”. Para más detalles sobre la obra, les recomiendo comprar el libro y/o asistir a la presentación.

Repito lo que he expresado en múltiples ocasiones: el trabajador debe ser libre de elegir cómo prever para su vejez, con quién crear su fondo de retiro, bajo qué circunstancias y en cuál contexto desea hacerlo. Al final, es SU dinero: producto de su esfuerzo. Y si fue capaz de ganarlo, es capaz de decidir qué es lo que más le conviene a partir de sus objetivos personales, no la decisión arbitraria de ningún burócrata y menos de los líderes y/o miembros de los grupos de interés que pretenden decidir por el resto. Lamentablemente, y contrario a su obligación primera, son los mismos gobernantes, apoyados por los señalados grupos de presión ideologizados, quienes violan los derechos de los trabajadores y menoscaban su dignidad. Los desprecian considerándolos incapaces de decidir qué es lo que más les conviene.

El monopolio otorgado desde hace 70 años al IGSS, además de que viola la libertad de los trabajadores, obstaculiza el desarrollo integral de todos aquellos que son obligados a mantener el citado elefante blanco, el cual es una de las mejores pruebas del fracaso del Estado Benefactor. Sin embargo, la propuesta de Abril no es ni privatizar ni acabar con el IGSS. Lo que propone es ponerlo a competir y que sean los trabajadores quienes elijan dónde invertir para su vejez y dónde contratar los servicios de salud. Los que  quieran pueden continuar con el ente estatal, y quienes no lo deseen podrán invertir en entidades privadas, según la conveniencia de quien está generando el dinero, y no basado en la decisión arbitraria de un funcionario público. ¿Quién puede oponerse a la libertad del trabajador de decidir sobre su vida y patrimonio?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 22 de enero de 2018.

El trabajador debe ser libre

El trabajador debe ser libre de elegir dónde trabajar, bajo qué condiciones y ganando lo que él acuerde con quien quiera que esté en la capacidad de ofrecerle un empleo productivo y desee hacerlo. El trabajador debe ser libre de elegir cómo prever para su vejez, con quién crear su fondo de retiro, bajo qué circunstancias y en cuál contexto desea hacerlo. Al final, es SU dinero: producto de su esfuerzo. Y si fue capaz de ganarlo, es capaz de decidir qué es lo que más le conviene a partir de sus objetivos personales, no la decisión arbitraria de ningún burócrata y menos de los líderes y/o miembros de los grupos de presión que pretenden decidir por el resto.

Sin embargo, en Guatemala lo anterior es prohibido, entre otras normas, por el Decreto 295 del Congreso (Ley Orgánica del Seguro Social), emitido el 30 de octubre de 1946. Según la legislación citada, todos los habitantes de Guatemala que sean parte activa del proceso de producción de artículos o servicios, ESTAN OBLIGADOS ¿a contribuir? (una obvia contradicción) al sostenimiento del régimen de seguridad social.

¿Por qué? Si nuestra Constitución dice clara y explícitamente en los artículos 2 y 4 lo siguiente: “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral… En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos… Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad”. No obstante, son los mismos gobernantes, apoyados por los grupos de presión ideologizados, quienes violan los derechos de los trabajadores y menoscaban su dignidad. Los desprecian considerándolos incapaces de decidir qué es lo que más les conviene.

El monopolio otorgado desde hace 70 años al IGSS, además de que viola la libertad de los trabajadores, obstaculiza el desarrollo integral de todos aquellos que son obligados a mantener el mencionado elefante blanco, el cual es una de las mejores pruebas del fracaso del Estado Benefactor en nuestro país. Y, a pesar de su deterioro generalizado, lo único que se propone es que los trabajadores puedan elegir invertir para su vejez en el IGSS o en otras entidades privadas, según la conveniencia de quién está generando el dinero, y no basado en la decisión arbitraria de un funcionario público.

El ciudadano, que es el mandante, manda. El ciudadano decide. Las abstracciones no actúan, sólo los individuos que conforman los colectivos. Y cada uno es responsable de las decisiones que toma, independientemente de los grupos a los cuales pertenezca o con lo que se identifique. Hoy es más posible que ayer promover una reforma que les devuelva a quienes trabajan por cuenta ajena (o sea, son empleados por otros) la libertad que pocos gozan en Guatemala. Pero para eso deben aclararse las ideas y no dejarse engañar por quienes saben que NO se está proponiendo la privatización del IGSS y aun así mienten descaradamente para engañar a la gente.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 29 de agosto de 2016.

Apariencias de la anticorrupción

La lucha contra la corrupción en nuestro país está basada más en apariencias que en realidades. Y es tanta la necesidad de la mayoría de creer que se pueden hacer los cambios correctos y erradicar de nuestra sociedad a los corruptos y la corrupción, sin involucrarse y confiando ciegamente en los que supuestamente la combaten, que ante todo anuncio con tintes jolivudenses de que apresan a alguien, muchos estallan en alegría desbordada de patrio ardimiento y más de uno propone el Premio Nobel de la Paz para los denunciantes.

Olvidan, o prefieren ignorar, que no es sólo cuestión de apresar a aquellos de los cuales se sospecha que nos han robado a los tributarios. Las acusaciones se deben probar en un juicio en el que se cumpla con el debido proceso. Lo anterior es importante de resaltar por el bienestar en el largo plazo de los inocentes aunque pareciera, en un principio, que beneficia a los criminales.

El énfasis de los mandantes se debe enfocar en presionar a los funcionarios del Ministerio Público y a todos los encargados de recopilar las evidencias científicas para que prueben, sin duda razonable, la culpabilidad de los imputados. Lo que no debería ser difícil de hacer, ya que casi todos los sospechosos han sido descarados a la hora de mostrar públicamente lo que han robado. Los responsables de presentar la acusación deben seguir la pista del dinero: follow the money, recomiendan acertadamente los investigadores gringos.

Me alegro de la captura de algunos pocos de los cientos de extorsionistas que pululan en las aduanas. Desde los vistas hasta el mismo presidente, desde hace cualquier cantidad de tiempo, han estado involucrados en líneas (las cuales deberíamos de llamar maras o pandillas) que utilizan el poder para extorsionar a quienes se atreven a importar bienes a Guatemala. Por supuesto, más de algún avispado debe de haber entre estos últimos, que antes de ser extorsionado decide negociar con quienes deciden arbitrariamente cuándo, bajo qué condiciones y a qué costo entra un producto al país. Pero estos pícaros son la excepción, no la mayoría.

Sin embargo, las denuncias contra los funcionarios corruptos que se han robado nuestros impuestos, que han despilfarrado lo que a nosotros nos ha costado ganar, brillan por su ausencia. Fuera del caso del IGSS y algunas acusaciones contra unos pocos alcaldes, no ha habido verdaderas denuncias contra los peores corruptos entre quienes se encuentran (además del expresidente y la exvicepresidente) ministros, secretarios, directores y funcionarios estatales en general. Sólo puras apariencias e investigaciones mediocres sustentadas principalmente en evidencias circunstanciales y en dimes y diretes. Sin embargo, es tanta la necesidad de justicia en nuestro país, que tantos han aplaudido y seguirán aplaudiendo hasta el cansancio los distintos montajes mediáticos que han prevalecido. Pero, ¿hasta cuándo podrán seguir falseando la realidad? Mientras, la corrupción continúa avanzando.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 4 de abril de 2016.