La CICIG controlada

Sin duda, había que tomar en serio la llamada del 6 de septiembre pasado de Mike Pompeo a Jimmy Morales para comunicarle, entre otras cosas, de que el gobierno de su país iba a apoyar a la CICIG, pero reformada. Y como es la política de interesada, parece que dejaron, para apaciguar las aguas, a su principal defensora en EE.UU., la congresista demócrata de origen guatemalteco, Norma Torres, anunciar cuáles serán los cambios generales a la CICIG reformada, además de otorgarle, como premio de consolación, comunicar la buena nueva de la liberación de los fondos que habían congelado.

El anuncio de la liberación de los fondos del gobierno de Estados Unidos para la CICIG, sumado a las condiciones para esa liberación, significa que han discutido el tema de la CICIG y los cambios necesarios al acuerdo original firmado con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, estos cambios no son exactamente los que piden nuestros gobernantes, que exigen la destitución de Iván Velásquez. Pero, al parecer, tanto los republicanos como los demócratas encargados de la negociación, se decantaron por la propuesta de António Guterres, Secretario General de la ONU, de nombrar un comisionado adjunto, que deberá tener la bendición de la administración de Trump.

El comunicado de la congresista fue muy vago en cuanto a los cambios a realizar. De manera general menciona, además del nombramiento de un comisionado adjunto, que van a establecer un mecanismo de revisión externa de la CICIG y nuevos lineamientos internos. Además, Torres anunció que el gobierno de EE.UU. y Naciones Unidas firmaron un acuerdo para la donación de seis millones de dólares a la CICIG. Imagino que lo anterior significa un mayor control externo, que puede implicar auditorías periódicas de parte de la ONU y reportes trimestrales a los países donantes.

No especificaron cuáles van a ser los cambios internos, aunque podemos relacionarlos con el comunicado que hizo casi simultáneamente Iván Velásquez de la concentración de los elementos de la delegación de la CICIG que operaba en Quetzaltenango en las oficinas centrales. Esa delegación estaba dirigida por un funcionario a quien el gobierno de Estados Unidos le quitó la visa como consecuencia de varias acusaciones en su contra de mantener relaciones con terroristas de las FARC, de lo cual no tengo más información que la que ha circulado en los medios y en las redes.

Habrá que estar atentos a los cambios que se den en los próximos días en la CICIG, que pueden incluir la sustitución de los funcionarios a los cuales les negaron la visa de cortesía. Si a lo mencionado añadimos la reciente decisión de los magistrados de la CC, que se negaron a conocer las acciones en contra de la negativa a otorgar tales visas, podemos esperar que, tal vez, pronto termine la crisis relacionada con la CICIG. Una de tantas preguntas que me queda por responder es por qué Consuelo Porras, Fiscal General, autorizó que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Quetzaltenango, también suspendiera transitoriamente sus operaciones y se trasladaran a las oficinas centrales en Guatemala. ¿Será parte de los cambios a la CICIG reformada?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 29 de octubre de 2018.

El poder del trabajador

Los trabajadores guatemaltecos debemos recobrar nuestro derecho a decidir dónde, cómo, cuándo, cuánto y con quién queremos invertir parte del dinero que nosotros hemos ganado para nuestra jubilación. Y no sólo debemos recobrar el derecho sobre nuestras pensiones, sino también la libertad de decidir con quién contratar nuestro seguro de salud. ¿Por qué somos obligados a hacerlo con el abstracto Estado? Uno de los mayores engaños al trabajador que existen, es la falsa ilusión de que los gobernantes, en nombre de la mencionada abstracción, se van a hacer cargo de nuestra salud y de los ingresos que necesitemos para cuando lleguemos a viejos.

El próximo jueves, Alfonso Abril va a presentar, acompañado de Fritz Thomas, el libro en el cual resume años de investigación sobre cuál es la mejor propuesta para que los trabajadores podamos multiplicar nuestros ahorros para que mañana, cuando deseemos jubilarnos, podamos disfrutar de una vida digna en la cual nuestras necesidades básicas estén cubiertas. Y no sólo investigó sobre el tema de la pensiones, también sobre cuál es la mejor manera de asegurar que, en caso lo necesitemos, podamos enfrentar cualquier inconveniente relacionado con nuestra salud. El título del libro es: “Del monopolio a la libertad: una propuesta para reformar el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social”. Para más detalles sobre la obra, les recomiendo comprar el libro y/o asistir a la presentación.

Repito lo que he expresado en múltiples ocasiones: el trabajador debe ser libre de elegir cómo prever para su vejez, con quién crear su fondo de retiro, bajo qué circunstancias y en cuál contexto desea hacerlo. Al final, es SU dinero: producto de su esfuerzo. Y si fue capaz de ganarlo, es capaz de decidir qué es lo que más le conviene a partir de sus objetivos personales, no la decisión arbitraria de ningún burócrata y menos de los líderes y/o miembros de los grupos de interés que pretenden decidir por el resto. Lamentablemente, y contrario a su obligación primera, son los mismos gobernantes, apoyados por los señalados grupos de presión ideologizados, quienes violan los derechos de los trabajadores y menoscaban su dignidad. Los desprecian considerándolos incapaces de decidir qué es lo que más les conviene.

El monopolio otorgado desde hace 70 años al IGSS, además de que viola la libertad de los trabajadores, obstaculiza el desarrollo integral de todos aquellos que son obligados a mantener el citado elefante blanco, el cual es una de las mejores pruebas del fracaso del Estado Benefactor. Sin embargo, la propuesta de Abril no es ni privatizar ni acabar con el IGSS. Lo que propone es ponerlo a competir y que sean los trabajadores quienes elijan dónde invertir para su vejez y dónde contratar los servicios de salud. Los que  quieran pueden continuar con el ente estatal, y quienes no lo deseen podrán invertir en entidades privadas, según la conveniencia de quien está generando el dinero, y no basado en la decisión arbitraria de un funcionario público. ¿Quién puede oponerse a la libertad del trabajador de decidir sobre su vida y patrimonio?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 22 de enero de 2018.

Corrupción, ¿fenómeno natural?

Según Iván Velásquez, quién recientemente fue confirmado como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la corrupción es un “fenómeno natural” que sólo se acabará si hay una “reforma” al sistema de justicia. Al menos, eso dijo el martes 27 de junio pasado ante los representantes de los gobiernos que mantienen financieramente a la CICIG.

Un fenómeno que, según el Comisionado, además de cambios constitucionales, necesita del involucramiento de la gente para erradicarlo: “Es necesario un nuevo despertar ciudadano como el de 2015, más profundo y más consciente, para la consolidación del estado de Derecho indispensable para lograr prosperidad y certeza jurídica en el país”. Interesante. Parece que el Comisionado repite lo que varios llevamos todo el siglo veintiuno diciendo hasta el cansancio. ¿Será posible que, finalmente, alguien poderoso nos escuchó?

Ahora, hace falta saber si nos referimos a los mismos cambios y a la misma responsabilidad individual que implica ese despertar ciudadano.  Usamos términos similares, pero, ¿los usamos con el mismo sentido y la misma intención? ¿Qué entiende Velásquez por reforma? ¿Por estado de Derecho? ¿Por prosperidad? ¿A qué tipo de certeza se refiere? ¿Cómo concibe ese despertar más profundo? ¿De qué debemos estar más conscientes los ciudadanos? ¿De los conceptos? ¿De los hechos de la realidad? ¿Del conocimiento adquirido por nuestra especie a través del tiempo? En fin, él es el único que puede responder estas preguntas que le dirijo. 

Lo que yo puedo hacer es brevemente mencionar qué pienso que debemos hacer. Primero, quienes participen en ese despertar deberán pasar por un proceso OBJETIVO de aclararse las ideas y entender e integrar a su conocimiento qué es el estado de Derecho y cuál es su naturaleza. De lo contrario, serán un grupo de hombres masa emocionalmente manipulables, sin juicio propio, que terminaran convertidos en tontos útiles para avanzar agendas de gente malévola y de grupos de presión parasitarios en búsqueda de privilegios.

Segundo, si el problema es el abuso del poder, por la discrecionalidad y arbitrariedad de la que gozan los gobernantes y los funcionarios, ¿por qué proponen más de lo mismo? Eso no es cambiar las reglas para mejorar: es empeorar el problema. Entonces ¿cómo cambiarlas para que sea una verdadera reforma? Debemos cambiarlas en sentido contrario al del estatismo e intervencionismo que hoy prevalece. Debemos hacer una reforma de raíz que limite el ejercicio del poder a las funciones que son propias de la naturaleza del gobierno.

La intervención de unos que se aprovechan del poder que gozan ellos, sus familiares o amigos, no justifica la intervención de otros para también imponer sus intereses al resto de miembros del grupo. Más aún, si se trata de vivir dentro de una sociedad, ese abuso debe ser condenado. En resumen, si queremos prosperar y vivir en paz, la ruta que debemos caminar es la que nos lleve hacia la igualdad de todos ante la Ley.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 3 de julio de 2017.

El trabajador debe ser libre

El trabajador debe ser libre de elegir dónde trabajar, bajo qué condiciones y ganando lo que él acuerde con quien quiera que esté en la capacidad de ofrecerle un empleo productivo y desee hacerlo. El trabajador debe ser libre de elegir cómo prever para su vejez, con quién crear su fondo de retiro, bajo qué circunstancias y en cuál contexto desea hacerlo. Al final, es SU dinero: producto de su esfuerzo. Y si fue capaz de ganarlo, es capaz de decidir qué es lo que más le conviene a partir de sus objetivos personales, no la decisión arbitraria de ningún burócrata y menos de los líderes y/o miembros de los grupos de presión que pretenden decidir por el resto.

Sin embargo, en Guatemala lo anterior es prohibido, entre otras normas, por el Decreto 295 del Congreso (Ley Orgánica del Seguro Social), emitido el 30 de octubre de 1946. Según la legislación citada, todos los habitantes de Guatemala que sean parte activa del proceso de producción de artículos o servicios, ESTAN OBLIGADOS ¿a contribuir? (una obvia contradicción) al sostenimiento del régimen de seguridad social.

¿Por qué? Si nuestra Constitución dice clara y explícitamente en los artículos 2 y 4 lo siguiente: “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral… En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos… Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad”. No obstante, son los mismos gobernantes, apoyados por los grupos de presión ideologizados, quienes violan los derechos de los trabajadores y menoscaban su dignidad. Los desprecian considerándolos incapaces de decidir qué es lo que más les conviene.

El monopolio otorgado desde hace 70 años al IGSS, además de que viola la libertad de los trabajadores, obstaculiza el desarrollo integral de todos aquellos que son obligados a mantener el mencionado elefante blanco, el cual es una de las mejores pruebas del fracaso del Estado Benefactor en nuestro país. Y, a pesar de su deterioro generalizado, lo único que se propone es que los trabajadores puedan elegir invertir para su vejez en el IGSS o en otras entidades privadas, según la conveniencia de quién está generando el dinero, y no basado en la decisión arbitraria de un funcionario público.

El ciudadano, que es el mandante, manda. El ciudadano decide. Las abstracciones no actúan, sólo los individuos que conforman los colectivos. Y cada uno es responsable de las decisiones que toma, independientemente de los grupos a los cuales pertenezca o con lo que se identifique. Hoy es más posible que ayer promover una reforma que les devuelva a quienes trabajan por cuenta ajena (o sea, son empleados por otros) la libertad que pocos gozan en Guatemala. Pero para eso deben aclararse las ideas y no dejarse engañar por quienes saben que NO se está proponiendo la privatización del IGSS y aun así mienten descaradamente para engañar a la gente.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 29 de agosto de 2016.

Los cambios nefastos a la LEPP

Los cambios a la Legislación electorera y de pandillas politiqueras (LEPP) que pasaron ya en dos lecturas (porque no hubo debate) son NEFASTOS: son más de los mismo (estatismo, intervencionismo y colectivismo), además de que fortalecen a las bandas actuales y otorgan privilegios a grupos de interés que sólo van a facilitar el clientelismo dentro de las organizaciones criminales legales mencionadas, o sea, dentro de los partidos políticos. Repito lo que escribí hace unas semanas:

                                                            

“Lo aprobado por la comisión del Congreso a cargo de conocer las reformas a la LEPP dice lo siguiente en el Artículo 65 que reforma el artículo 220 del Decreto número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, la Ley Electoral y de Partidos Políticos: …“f) El Tribunal Supremo Electoral, deberá destinar de su ¿propio? presupuesto [que sale de nuestros bolsillos], en el año electoral, una cantidad como parte del financiamiento público [el dinero que nos fue exprimido bajo amenaza de ir a la cárcel] que promueva un acceso igualitario a los espacios y los tiempos en los medios de comunicación social. El cálculo del monto a asignar será el equivalente a NO MENOS del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) [¡Q.150 millones!] de los ingresos ordinarios del Estado [la ficción a partir de la cual los parásitos quieren vivir a costa de los creadores de riqueza: los que se esfuerzan mental y físicamente por ganarse el pan diario de cada día]”.

“Los cambios propuestos no sólo van a seguir atrayendo a embusteros, a saqueadores y a gorrones, sino también a más oportunistas que les da igual llegar o no al ejercicio del poder, ya que se conforman con vivir cómodamente de ser los eternos candidatos: vivirán de las campañas pagadas por nosotros. Las reformas propuestas… sólo les facilitan a los politiqueros llegar al ejercicio del poder utilizando NUESTRO dinero (los impuestos que nos son expoliados) pero NO cambian los motivos por los cuáles quieren llegar al ejercicio del poder. El sistema de incentivos perversos (intervencionista, colectivista) que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad continúa vigente y fortalecido”.

“Además de recetarse por lo menos Q150 millones de nuestros impuestos sólo para pagar su publicidad durante las elecciones, aumentan el número de diputados a 160, permiten el transfuguismo en el año electoral, mantienen la elección de diputados por listados, proponen cuotas de poder para mujeres e indígenas que solo van a fomentar el nepotismo y el clientelismo y consolidan el cartel de las pandillas politiqueras que sin duda se van a multiplicar por medio de la creación de comités cívicos”.

El cambio RADICAL es urgente, pero lo que pretenden en el Congreso es aprobar más de lo mismo. En lugar de mejorar la situación la van a empeorar. Las modificaciones que están discutiendo otorgan más poder a los gobernantes, no impulsan el Estado de Derecho, facilitan el robo de nuestros impuestos y promueven el clientelismo y el nepotismo. No a ESTAS reformas a la LEPP.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 28 de septiembre de 2015.

Sin representación no hay reforma

Desde hace un par de meses vengo señalando el oportunismo de ciertos grupos de presión que intentan arrogarse una representación que NO tienen: la representación de los ciudadanos, la representación de los mandantes. La representación de quienes libre y espontáneamente nos reunimos en la Plaza de la Constitución durante varios sábados desde el pasado 25 de abril hasta hace algunas semanas, hartos de los excesos nunca antes imaginados, del abuso de poder y la corrupción a la que ha llegado el actual gobierno de Otto Pérez Molina.

A la fecha, estos aprovechados consiguieron acabar con las manifestaciones multitudinarias de los sábados y estuvieron a punto de lograr que los diputados, ilegalmente, aprobaran cambios a la Legislación Electorera y de Pandillas Politiqueras (LEPP). Celebro que en esta ocasión los magistrados de la Corte de Constitucional (CC) hayan hecho respetar el proceso y decidieran por mayoría declarar inconstitucionales las primeras dos lecturas de los mencionados cambios y ordenar que se repita el proceso. Si la CC no hubiera parado esta violación, el Congreso hubiera continuado hasta las últimas consecuencias, lo cual hubiera sido nefasto para el futuro de Guatemala. Necesitamos una verdadera reforma, no más de lo mismo. Y la mayoría de cambios que aprobaron los diputados lamentablemente sólo profundizaban y fortalecían el sistema de incentivos perversos que hoy impera en nuestro país.

Pierre-Joseph Proudhon se equivocó en lo que trata al tema de la propiedad privada y el origen de la riqueza, pero en lo que respecta a su análisis del gobierno acertó en muchos puntos. De sus ensayos, el que me encantaría discutir próximamente en algún seminario es “Idea General de la Revolución en el siglo XIX” escrito en 1851. En el segundo estudio del ensayo dice lo siguiente: “He ahí el fin ulterior de esta centralización que, bajo la máscara del interés general, explota y conculca los intereses locales y privados, vendiendo al mejor postor, y en pública subasta, la justicia que reclaman. La corrupción es el alma de la centralización. Ya esté al frente de una monarquía, ya al frente de una democracia, el gobierno es inmutable en su espíritu y su esencia”.

El poder arbitrario, discrecional y casi ilimitado que otorgan a los gobernantes quienes promueven el estatismo con la excusa de atender las necesidades de los más pobres y corregir supuestas inequidades es la fuente de toda corrupción. El abuso del poder es lo que podemos esperar que suceda tarde o temprano cuando se pervierten las funciones del gobierno y se traicionan los principios republicanos.

Mientras no cambiemos de raíz el sistema estatista actual, colectivista e intervencionista, injusto e inmoral, la situación va a continuar empeorando. No debemos permitir, bajo ningún punto de vista, que los mismos de siempre, con las recetas de siempre, se hagan cargo de las reformas. Para evitarlo, es necesario que se sienta por todos los medios pacíficos posibles la presencia atenta del mandante.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 17 de agosto de 2015.

Plataforma de intereses particulares

Un grupo de individuos que llevan décadas de estar pululando alrededor del poder político en Guatemala, se autonombraron representantes de los mandantes y dispusieron, dictatorialmente, hacerse cargo de las reformas a la Legislación electorera y de pandillas politiqueras. Pero, ¿cuándo fueron electos para llevar acabo tal tarea? A mí NO me representan y NO me van a utilizar de excusa para avanzar sus intereses y afianzar sus ideas que, al fin, son las que hoy prevalecen en nuestro sistema.

Varios de los miembros de la pomposa “Plataforma Nacional para la Reforma del Estado” son responsables del caos, no sólo porque llevan años impulsando el Estado Benefactor/Mercantilista, sino porque han formado parte de gobiernos anteriores. Hablan de cambios, cuando lo que proponen es más de lo mismo: más estatismo, más intervencionismo y más violación a los derechos individuales. Más apoyo al injusto e inmoral sistema actual.

Venden la idea de que equidad es otorgar cuotas de poder a colectivos que ellos arbitrariamente consideran que no han sido tomados en cuenta, lo que es falso. La Constitución es clara al reconocer en el artículo 4 (Libertad e igualdad) que “en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos... Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad”. Otorgar prerrogativas a cualquiera es inconstitucional. En lugar de promover más privilegios, hay que eliminar los que ilegal e ilegítimamente se han dado.

Pretenden obligarnos a trabajar a los tributarios para que financiemos a los politiqueros organizados en partidos y les paguemos sus campañas publicitarias contra nuestra voluntad, lo que en cualquier época de la historia sería considerada una forma de esclavitud o servidumbre que ahora disfrazan de progresismo políticamente correcto. Y así, podría continuar explicando los principios detrás de los cambios exigidos por los integrantes de la Plataforma, gente que no representa a nadie más que a ellos mismos.

Al ver expuestas sus intenciones y su falta de representatividad, decidieron victimizarse y denunciar una supuesta campaña de desprestigio así como un hostigamiento que, si fuera cierto y pusiera en riesgo su vida, su libertad y su propiedad, es vital que presenten la evidencia en los tribunales correspondientes. Lo único que yo he hecho y seguiré haciendo es desenmascararlos y dejar claro que solo se representan a sí mismos.

Olvidan los miembros de la tal Plataforma, al igual que los politiqueros, que en el mundo actual los ciudadanos tenemos una poderosa herramienta para comunicarnos entre nosotros y expresarnos sin necesidad de intermediarios. Las redes sociales virtuales son el medio por el cual hoy muchos se enteran de lo que está pasando, se cuestionan sus creencias y se aclaran las ideas. Aún más importante, nos sirven para velar porque se respeten nuestros derechos individuales. Ya no estamos dispuestos a seguir manteniendo parásitos ni a ser engañados y violentados.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 10 de agosto de 2015.

Yo NO financio a politiqueros

Y me opongo ROTUNDAMENTE a que me obliguen los corruptos que ejercen el poder a hacerlo por medio de cambios a la Legislación Electorera y de Pandillas Politiqueras (LEPP). Rechazo la intención de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de Iván Velásquez de la CICIG, y de los actuales diputados de que NOSOTROS, los ya agobiados tributarios, seamos obligados a financiar las campañas publicitarias de gente que en su mayoría despreciamos por mentirosos, holgazanes y ladrones.

Lo aprobado por la comisión del Congreso a cargo de conocer las reformas a la LEPP dice lo siguiente en el Artículo 65 que reforma el artículo 220 del Decreto número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, la Ley Electoral y de Partidos Políticos: …“f) El Tribunal Supremo Electoral, deberá destinar de su propio presupuesto [que sale de nuestros bolsillos], en el año electoral, una cantidad como parte del financiamiento público [el dinero que nos fue exprimido bajo amenaza de ir a la cárcel] que promueva un acceso igualitario a los espacios y los tiempos en los medios de comunicación social. El cálculo del monto a asignar será el equivalente a no menos del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) [¡Q.150 millones!] de los ingresos ordinarios del Estado [parafraseando a Frédéric Bastiat: esa ficción a partir de la cual los parásitos quieren vivir a costa de los creadores de riqueza: los que se esfuerzan mental y físicamente por ganarse el pan diario de cada día]”.

Con propuestas como la anterior, los magistrados del TSE e Iván Velásquez lo único que van a lograr es facilitarle el robo de nuestros impuestos a los corruptos que aspiran a gobernar dentro del actual sistema intervencionista, estatista y colectivista. ¿Cómo se sienten quienes fueron engañados y manipulados, y que terminaron apoyaron leyes que ni siquiera conocían y que los perjudican?

Es urgente que hagamos un cambio radical, pero lo que pretenden hacer en el Congreso es aprobar más de lo mismo. Si queda tal y como está vamos a empeorar en vez de mejorar. Las modificaciones que están discutiendo otorgan más poder a los gobernantes: no fortalecen al inexistente Estado de Derecho sino a los politiqueros y al gobierno, facilitando el robo de nuestros impuestos además de promover el clientelismo y el nepotismo. No a ESTAS reformas a la LEPP.

Quienes quieran financiar a los partidos políticos porque creen que así van a cambiar a los corruptos, ¡HAGANLO! Nadie se los impide: es SU dinero, hagan con este lo que quieran sin violentar los derechos de los demás: no pretendan, cual dictadores, imponernos sus decisiones al resto. El origen de la corrupción NO es el financiamiento a los partidos políticos. El origen de la corrupción es el sistema de incentivos perversos, inmoral e injusto, que prevalece en Guatemala y, lamentablemente, la mayoría de reformas propuestas a la LEPP que están discutiendo los diputados, en lugar de acabarlo, lo fortalece en beneficio de los parásitos saqueadores que llegan al poder.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 27 de julio de 2015.

Todd Joviel Robinson Acevedo

De Joviel Acevedo a Todd Robinson parece que es poca la diferencia: el embajador de EE. UU. marchó el lunes pasado junto a los integrantes de la autonombrada “Plataforma para la Reforma del Estado” para exigir que se aprueben de urgencia nacional sus propuestas de cambios a la Ley Electorera y de Pandillas Politiqueras. Entre los ¿notables? personajes de la escuálida protesta iba por lo menos un miembro de la especie de Acevedo: Daniel Pascual. Luego, Robinson amenazó a los diputados después de criticarlos, amenazas que por la tarde cumplió, como era de esperarse, Iván Velásquez de la CICIG.

Para colmo de males, en una entrevista que le hizo Cindy Espina de “elPeriódico”, publicada el miércoles 8 de junio, el ingenuo embajador confesó que ¡ni siquiera sabía qué contenían las propuestas que apoyó! Muy mal Mr. Robinson, muy mal. Salió muy pero muy mal parado de esa entrevista que les recomiendo leer completa. Debemos oponernos a la injerencia de los grupos de presión que esperan beneficiarse de la iniciativa presentada por los magistrados del TSE. Los diputados NO deben aprobar nada sin antes discutirlo. Mucho menos cuando se trata de otorgar más privilegios, que es el camino contrario por el cual debemos transitar para reformar nuestro sistema político en general.

Ya que la orden que seguía Robinson por esos días era proteger a Otto Pérez Molina, ¿será que con su abuso de poder del lunes pasado pretendía distraer nuestra atención del mero jefe de la corrupción? Robinson merece más de un abucheo. Y ojalá el rechazo a su intromisión continúe por todos los medios pacíficos posibles, incluidos Twitter y Facebook. Por el bien del diplomático mencionado, ¿alguno de sus asesores le puede explicar la diferencia entre su cargo y el papel de un activista civil? ¿Explicarle que no se encuentra en 1965 en Selma, Alabama, y que él está muy lejos de ser Martin Luther King, Jr.?

Lo anterior me lleva a preguntarme, ¿cuál es la verdadera razón de la sospechosa visita de Thomas Shannon, Consejero del Departamento de Estado de EE. UU., acompañado de importantes miembros del gobierno estadounidense? ¿Vinieron porque Robinson no logró que Pérez Molina les deje llevarse a Roxana Baldetti para ser juzgada en Estados Unidos por lavado de dinero, entre otras cosas?

Por cierto, varios embajadores europeos se sintieron relegados a un segundo plano, por lo que decidieron también entrometerse en nuestros asuntos exigiendo que se aprueben pronto las susodichas modificaciones. Es lamentable que no les importe cuáles son las reformas que necesitamos para construir un Estado de Derecho que nos permita progresar. Que no se pregunten ¿a quiénes van a beneficiar los cambios? ¿A todos o solo a ciertas personas en detrimento del resto? ¿Representan estos cambios más privilegios para ciertos grupos de presión o buscan la igualdad de todos ante la Ley? Necesitamos cambios radicales, pero no imposiciones estatistas de otros gobiernos ni de oportunistas nacionales.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 13 de julio de 2015.