La CICIG controlada

Sin duda, había que tomar en serio la llamada del 6 de septiembre pasado de Mike Pompeo a Jimmy Morales para comunicarle, entre otras cosas, de que el gobierno de su país iba a apoyar a la CICIG, pero reformada. Y como es la política de interesada, parece que dejaron, para apaciguar las aguas, a su principal defensora en EE.UU., la congresista demócrata de origen guatemalteco, Norma Torres, anunciar cuáles serán los cambios generales a la CICIG reformada, además de otorgarle, como premio de consolación, comunicar la buena nueva de la liberación de los fondos que habían congelado.

El anuncio de la liberación de los fondos del gobierno de Estados Unidos para la CICIG, sumado a las condiciones para esa liberación, significa que han discutido el tema de la CICIG y los cambios necesarios al acuerdo original firmado con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, estos cambios no son exactamente los que piden nuestros gobernantes, que exigen la destitución de Iván Velásquez. Pero, al parecer, tanto los republicanos como los demócratas encargados de la negociación, se decantaron por la propuesta de António Guterres, Secretario General de la ONU, de nombrar un comisionado adjunto, que deberá tener la bendición de la administración de Trump.

El comunicado de la congresista fue muy vago en cuanto a los cambios a realizar. De manera general menciona, además del nombramiento de un comisionado adjunto, que van a establecer un mecanismo de revisión externa de la CICIG y nuevos lineamientos internos. Además, Torres anunció que el gobierno de EE.UU. y Naciones Unidas firmaron un acuerdo para la donación de seis millones de dólares a la CICIG. Imagino que lo anterior significa un mayor control externo, que puede implicar auditorías periódicas de parte de la ONU y reportes trimestrales a los países donantes.

No especificaron cuáles van a ser los cambios internos, aunque podemos relacionarlos con el comunicado que hizo casi simultáneamente Iván Velásquez de la concentración de los elementos de la delegación de la CICIG que operaba en Quetzaltenango en las oficinas centrales. Esa delegación estaba dirigida por un funcionario a quien el gobierno de Estados Unidos le quitó la visa como consecuencia de varias acusaciones en su contra de mantener relaciones con terroristas de las FARC, de lo cual no tengo más información que la que ha circulado en los medios y en las redes.

Habrá que estar atentos a los cambios que se den en los próximos días en la CICIG, que pueden incluir la sustitución de los funcionarios a los cuales les negaron la visa de cortesía. Si a lo mencionado añadimos la reciente decisión de los magistrados de la CC, que se negaron a conocer las acciones en contra de la negativa a otorgar tales visas, podemos esperar que, tal vez, pronto termine la crisis relacionada con la CICIG. Una de tantas preguntas que me queda por responder es por qué Consuelo Porras, Fiscal General, autorizó que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Quetzaltenango, también suspendiera transitoriamente sus operaciones y se trasladaran a las oficinas centrales en Guatemala. ¿Será parte de los cambios a la CICIG reformada?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 29 de octubre de 2018.

CC: dos contra tres

El viernes por la tarde, la Presidente de la Corte de Constitucionalidad, la magistrada Dina Ochoa, presentó su voto razonado disidente sobre la ampliación del amparo solicitado por Alfonso Carrillo en contra de la decisión de Jimmy Morales de no permitir el ingreso de Iván Velásquez al país. Tanto Ochoa como el magistrado Neftaly Aldana votaron en contra de la decisión mayoritaria del resto de magistrados.

Aldana razonó, entre otras cosas, que la naturaleza del amparo provisional presenta una fundamental diferencia con la resolución de fondo y no ofrece la posibilidad, conforme a sus aspectos esenciales, de resolver acerca de puntos que corresponden a la sentencia definitiva sobre la cual el tribunal deberá pronunciarse más adelante. ¿Debemos entender, entonces, que el fondo de la resolución es si Velásquez puede o no entrar a Guatemala? Me queda claro que, según la interpretación del magistrado Aldana, la respuesta a esta pregunta será, precisamente, la decisión inapelable que deberá ser emitida al finalizar el proceso.

El voto razonado de Dina Ochoa, comienza recordando una cita del exPresidente de la República y exmagistrado de la CC, Alejandro Maldonado Aguirre: “la Corte, con métodos jurídicos, se ocupa de la política, pero no hace política”, para enfatizar que los magistrados no son actores políticos y, por ende, no tienen más que velar por el compromiso de hacer respetar la Constitución. Ochoa argumenta que la resolución del amparo provisional, no conlleva la necesidad de ampliar el fallo por el mero hecho de no conceder la totalidad expresa de requerimientos que formuló el sujeto que lo pidió y que en la redacción de la resolución original, queda evidenciado el carácter impersonal del auto, “circunstancia que no es una mera casualidad, sino el efecto que perseguimos al brindar una solución interina, dejando a salvo las negociaciones que de conformidad con lo preceptuado en el Acuerdo [de la CICIG] es la vía para dilucidar los conflictos entre las partes”.

La respuesta del gobierno, por medio de un comunicado, no se hizo esperar, una vez fueron notificados del resultado dividido de la ampliación al auto que originalmente fue unánime, según el cual “harán uso de las facultades y recursos que la ley les otorga para defender la Constitución”. Una respuesta para la cual no necesitamos mayor interpretación: no van a dejar entrar a Velásquez, y poco les importa lo que interpreten Gloria Patricia Porras Escobar, José Francisco De Mata Vela y Bonerge Amilcar Mejía Orellana, sobre el auto dado a conocer el domingo 16 de septiembre. Obviando que, en nuestro nefasto sistema positivista, la última palabra se supone que la tiene la CC como ente colegiado, o sea, lo que decida la mayoría de los magistrados de la citada Corte.

El futuro cercano de nuestra institucionalidad queda en manos de la negociación a la que lleguen Jimmy Morales y Antonio Guterres en la Asamblea General de la ONU que se está llevando a cabo. Y en el largo plazo, ese futuro está en las manos de nosotros, los ciudadanos que decidimos ejercer como mandantes, y el cambio radical al sistema estatista/intervencionista, de incentivos perversos, que hoy impera en nuestro país.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 24 de septiembre de 2018.