¿Por qué murió Claudia Patricia?

¿Murió Claudia Patricia Gómez González porque en Guatemala no podía vivir como ella quería vivir? ¿Murió Claudia Patricia porque en Guatemala, a pesar de haberse graduado de perito contador, no podía encontrar un trabajo que le permitiera mejorar su calidad de vida? ¿Murió Claudia Patricia porque en Guatemala no encontró la posibilidad de progresar? ¿Por qué Claudia Patricia y millones de personas más, no pueden hacer realidad sus sueños en Guatemala?

                             

¿Por qué Claudia Patricia decidió emigrar a EE.UU. a pesar de los peligros que sabía que iba a encontrar en el camino? ¿Por qué decidió irse de Guatemala sabiendo que podía morir, como muchos otros murieron antes que ella intentando llegar a EE.UU.? ¿Por qué eligió irse a EE.UU. y no a Venezuela, Cuba o Nicaragua, por ejemplo? ¿Qué hace la diferencia, entre estos países, en la calidad de vida de la gente? ¿A cuál de estos países se asemeja Guatemala y por qué?

Después de conocer la historia de Claudia Patricia Gómez González, similar a la de tantos que han tomado la misma decisión que ella tomó de abandonar nuestro país, repito con más vehemencia, si acaso se puede, la pregunta que nos dejó Matt Ridley a los guatemaltecos cuando visitó nuestro país: “¿Qué tema puede ser más importante que el origen de la prosperidad?”

¡Cuántas historias de éxito habrá escuchado Claudia Patricia antes de tomar la decisión de emigrar! Historias de compatriotas nuestros que llegaron a EE.UU. y acrecentaron sus ingresos. Por eso, tantos como ella optan por hacer la maleta e irse a vivir al otro lado de la frontera, con la certeza de que van a encontrar trabajo productivo, condición sine qua non para la supervivencia de todo ser humano, ya que si quiero incrementar mis ingresos reales, debo aumentar mi productividad. Y, ¿quién no va a querer contratar a aquel que sabe que su mejora de vida depende de su productividad?  .

El hambre que sufren incontables compatriotas nuestros, el cual a duras penas logran saciar precariamente, no es consecuencia del cambio climático, ni de los avorazados empresarios, ni de la falta de programas sociales estatales: es producto de todos los obstáculos que hay para crear riqueza. Y la peor de las ironías es que la mayoría de esos obstáculos son puestos con la excusa de ayudar al desarrollo. ¿El desarrollo de quién? Una tragedia promovida por aquellos que creen que apoyan, y que lo único que logran en el largo plazo es más miseria para los más pobres. ¡Ah! Y facilitar la corrupción para aquellos que llegan al ejercicio del poder.

Para que no decidan más claudiapatricias emigrar, tienen que confiar de que en Guatemala pueden prosperar. Para poder prosperar necesitan contar con un trabajo productivo. Para que haya trabajo, necesitamos inversión. Para que haya inversión por lo menos debe haber certeza jurídica, respeto a la propiedad privada y un sistema impositivo bajo y competitivo. Bien lo dijo Dwight E. Lee: “Las decisiones políticas equivocadas, que ignoran lo que hemos aprendido de la economía REAL, afectan a los más pobres”. ¿Cuántos más morirán antes de que la mayoría reconozca la realidad?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 28 de mayo de 2018.

Escudo anticorruptos

El único escudo anticorruptos que cumple con el objetivo de reducir al mínimo posible la corrupción es un verdadero Estado de Derecho. Un término utilizado de forma superficial por tantos que, deduzco, por sus propuestas para construirlo o, no tienen ni idea de qué es un Estado de Derecho o, simplemente usan el término como muletilla políticamente correcta para avanzar sus intereses personales a costa, precisamente, de ese Estado de Derecho.

El Estado de Derecho no se construye con la incontinente aprobación de nueva legislación por parte del Congreso. Si el Estado de Derecho fuera lo mismo que una incontable cantidad de supuestas leyes, de decretos y de regulaciones, ¡hace cuánto tiempo no hubiéramos cantado victoria en Guatemala! Y las condiciones de vida de aquellos que hacen el esfuerzo mental y físico por superarse serían mil veces mejor. Sin embargo, ¿cuántas leyes existen en nuestro país y acaso han contribuido la mayoría de estas a que vivamos en paz, con seguridad y justicia?

Por cierto, una cosa es el Estado de Derecho y otra el Estado de Legalidad. Por supuesto, el Estado de Derecho implica un Estado de Legalidad, pero un Estado de Legalidad NO implica un Estado de Derecho. En una dictadura puede ser que se cumpla con la mayor parte de las llamadas leyes, pero tales leyes en lugar de cumplir con su función de proteger a los individuos, sirven para violar sus derechos y asegurar la explotación de la gente por parte de los dirigentes.

En nuestro país, mucha de la legislación no se cumple. Al menos, no la cumplen aquellos que viven dentro de la economía informal, que son la mayoría. ¡Y menos mal no se cumple, porque hoy estaríamos peor! ¿Y por qué no se cumple? Porque la mayoría de normas son ilegítimas e incumplibles. Porque violentan los derechos de muchos para beneficiar a unos pocos. Porque casi toda esa legislación promueve la corrupción. ¿Significa esto que los guatemaltecos necesitamos “reglas especiales” que se adapten a nosotros? ¿Será que nuestra naturaleza es diferente a la naturaleza del resto de humanos? Quienes creen tal mentira ancestral, es probable que nunca hayan leído ni escuchado la sentencia de G. K. Chesterton de que “lo esencial en los hombres es lo que tienen en común y no lo que los separa”.

Bruno Leoni distinguió entre la seguridad jurídica a corto y a largo plazo. La primera está asegurada por el hecho de que las normas están escritas y son accesibles. Y, según Leoni, la seguridad jurídica a largo plazo se remonta a los romanos, quienes tenían "un concepto de la certeza de la ley que se podía describir como que el significado de la ley nunca debía estar sujeto a cambios repentinos e impredecibles".

En fin, tratando de concluir un tema de por sí vital como incomprendido, la esencia de la ley radica en las interacciones humanas tal cual son, y no en el gobierno que tiene el poder de legislar. La gente hace la ley al esperar un respeto mutuo por ciertos reclamos que le son propios: su propiedad, su vida y su esfera de acción autónoma. En otras palabras, el Estado de Derecho está conformado por las normas que promueven el respeto al derecho ajeno lo que, parafraseando a Benito Juárez, es el bien común.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 21 de mayo de 2018.

¿En quién creer?

Las declaraciones de Juan Carlos Monzón contra varios miembros de la prensa, han agudizado la crisis de confianza en las instituciones que enfrentamos en la actualidad. También contribuye a la pérdida de confianza en los medios de comunicación, particularmente los vistos como tradicionales, el exitoso cabildeo de varias de las facciones interesadas en el ejercicio del poder (que no necesariamente involucra sobornar a alguien por medio de la llamada fafa), al igual que el poco cuestionamiento al intervencionismo promovido tanto por burócratas nacionales como internacionales.

Por cierto, el testigo estrella de la CICIG es ya de por sí un personaje poco confiable que, como aquellos a los que acusa, debe pagar las consecuencias de sus acciones. Y por esa poca confiabilidad que inspira un criminal confeso como Monzón, espero que las pruebas científicas y documentales que aporten al proceso citado, al igual que a otras causas justificadas como la del Transurbano, sean suficientes para condenar sin lugar a dudas a corruptos que, como Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, salta a la vista la fortuna que acumularon abusando del poder que se les delegó como gobernantes.

Ahora, ¿quiénes son los principales responsables de la crisis de confianza que crece en nuestro país? ¿Cuáles son las consecuencias esperadas de esta crisis de confianza que empeora? ¿Cuándo y qué debemos de creer a los colaboradores eficaces? ¿A los medios de comunicación? ¿A los comentaristas y/o analistas? ¿Qué hacer con los rumores? Y aún más importante, ¿cuál es la realidad de la mayoría en Guatemala? ¿La que se refleja en los medios, en las redes o en la calle? O, ¿es esa realidad una mezcla de las tres?

Precisamente, entre los principales responsables de la creciente desconfianza se encuentra el grupo de analistas mencionados, ya sea que estén a sueldo de intereses de terceros o por simple conveniencia personal, que opinan desconectados de la señalada realidad, elevando sus oraciones al Divino Estado como responsable de proveer todo lo que el pueblo demande, ya sea una necesidad o un capricho. Un Divino Estado fracasado, convertido en violador de los derechos individuales de la mayoría, fuente de desilusiones y origen de la corrupción. ¿Por qué promueven medidas que sólo facilitan la corrupción?

¿En quién creer? Primero que todo, en nosotros mismos. En fin, de cada uno de nosotros depende hacer una evaluación justa y verdadera para determinar qué es cierto y qué es falso. Segundo, podemos confiar en quien emita juicios basados en los hechos de la realidad, que contextualice los hechos que describe o analiza y aporte la evidencia que demuestre la verdad de las afirmaciones que sostiene. O sea, quien tenga los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es. Y, por supuesto, no debemos caer en la falacia de la generalización apresurada: no todo en el mundo del periodismo está podrido. Depende de usted como lector, espectador u oyente objetivo, diferenciar el trigo de la paja y apoyar a quienes, les guste o no los resultados de su trabajo, cumplen con su misión: la búsqueda de la verdad de los hechos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 14 de mayo de 2018.

La obsesión con la CICIG

Si queremos cambiar las condiciones en la cuales vivimos en Guatemala, para bien de los habitantes respetuosos, responsables y productivos, debe prevalecer la razón por encima de la emoción. La discusión debe ser intelectualmente honesta, basada en los hechos de la realidad, independientemente de si estos nos agradan o nos disgustan. En particular en el principal tema de los debates en las redes sociales, en los medios de comunicación y en casi todo tipo de reunión: Iván Velásquez y la CICIG.

En estos enfrentamientos que han llegado al seno familiar, se pueden identificar con facilidad tres grupos: los ivanlovers, los ivanhaters y los indiferentes. Los últimos, como un reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad, suelen ser la mayoría que, harta de la política, creen que ignorándola no los afecta. Lamentable error que pagamos todos. Existe un cuarto grupo, el de la minoría en la que me incluyo, que no encajamos en ninguno de los tres señalados. Los grupos más notorios suelen ser los dos primeros, entre los cuales encuentro más coincidencias que diferencias. El problema principal es la intensidad emocional que los ciega a la hora de intentar evaluar imparcialmente a Iván Velásquez, la principal diferencia, más que la misma CICIG.

En ambos grupos, lovers y haters, hay gente que lo único que le interesa es ejercer el poder. También, en ambos grupos hay gente corrupta, envidiosa y comprada cuyo propósito es, o mantener el statu quo, o cambiarlo en beneficio de ellos mismos y en detrimento del resto de la población. Sin embargo, en la mayor parte de las veces, lo que observo es a gente hastiada de la corrupción, deseosa de vivir dentro de circunstancias diferentes y con la esperanza de que algún día vivamos dentro de una sociedad justa.

¿Por qué tantos han perdido el juicio, han dejado de ser objetivos, si alguna vez lo fueron, y se dejan llevar por sus pasiones en lo que respecta a Velásquez? ¿Por qué confunde la mayoría la lucha en contra de la corrupción con defender o atacar a Velásquez? ¿Es Velásquez el principal obstáculo para construir un Estado de Derecho? ¿Quién o quiénes ganan con los enfrentamientos que, en varios casos, ya rayan en lo absurdo? ¿Estarían hoy presos Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti si no existiera la CICIG? ¿Por qué el trato que se le da a Álvaro Colom y su gabinete es diferente al que se le da a los otrora patriotas? ¿Por qué hay personas presas sin evidencia contundente de los delitos que se les imputa? ¿Qué evidencia respalda las acusaciones de abuso de poder y violación al debido proceso por parte de la CICIG?

En fin, para unos Velásquez es un héroe. Para otros es el mismo diablo encarnado. Para mí es sólo un hombre que, como cualquier otro, debe pagar las consecuencias de sus acciones. Recordemos que la batalla va más allá de encarcelar a los corruptos. La batalla vital es contra el mismo origen de la corrupción. Espero que pronto predomine en la discusión la calma y la búsqueda de la verdad, para que aquellos que hemos elegido Guatemala como nuestro hogar podamos objetivamente ponernos de acuerdo en los medios e instituciones que necesitamos para vivir en paz, con la confianza de que en nuestro país podemos progresar honestamente, con seguridad y dentro de un sistema justo.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 7 de mayo de 2018.