Legislación antiprogreso

Los actuales diputados, enfermos de una legislorrea al parecer incurable, se han dedicado a aprobar más legislación intervencionista, estatista y colectivista, cuyo objetivo es darle más poder a quienes lo ejercen, los gobernantes, a costa de nuestros derechos. La mayoría de los decretos legislativos de lo que va del año obstaculizan el progreso y promueven la violación de la vida, la libertad y la propiedad de los habitantes de Guatemala. En lugar de fortalecer a quien deben servir, al mandante, se otorgan más poder a sí mismos y a la burocracia estatal en general.

Son despreciables quienes se quedan callados ante esta situación a pesar de que se dan cuenta de que el poder que se les otorga a los gobernantes para interferir en nuestras vidas y decidir sobre nuestros bienes es proporcional a los niveles de corrupción, impunidad y abusos. O sea, a mayor poder discrecional de los gobernantes y funcionarios públicos, existe más corrupción, más impunidad y más abusos por parte de éstos.  Y peores son aquellos que reconocen lo anterior, y se asociación para delinquir con quienes hacen de la política un negocio infame. 

A los proestatistas y los neomercantilistas influyentes les conviene a sus intereses hacer creer que la solución a las carencias de nuestra sociedad se encuentra en quienes, en la mayoría de los casos, son los causantes del problema: los gobernantes.  Por supuesto, también se avocan luego a ellos para cobrarles la factura del apoyo solicitando privilegios. En nuestro país los gobernantes y los buscadores de rentas promueven una ciega carrera hacia el abismo de la miseria perenne.

Me da pena pensar en el futuro de los más pobres, aquellos por quienes dicen velar los neopopulistas, neonacionalistas y neosocialistas, porque no sólo no logran superar la pobreza en la que viven, sino que cada ley que aprueban los diputados reduce sus probabilidades de que logren mejorar honradamente su calidad de vida. La opción que les queda es la de emigrar a países en los cuales se goza de una mayor libertad, respeto a la propiedad, justicia y seguridad.

Tenga cuidado con quienes proponen más de lo mismo: más allá de las consignas ideológicas desgastadas, agotadas… más allá de los ataques falaces (non sequitur, hombre de paja, ad hominem) enfoquémonos en lo que es nuestro sistema político: ¿qué nos enseña la realidad? Los hechos, ¿qué nos dicen del tipo de sistema que impera en Guatemala? ¿Por qué se ha caracterizado? ¿Por la intervención gubernamental en nombre del abstracto Estado o por el respeto a los derechos individuales de cada uno de los miembros de la sociedad y la igualdad ante la Ley para todos? ¿Hasta dónde llega el control de los gobernantes sobre nuestras vidas? ¿Hasta dónde pretenden llegar con los cambios que intentan aprobar?

El sistema que tiene más de siete décadas de prevalecer en Guatemala es el Estado Benefactor/Mercantilista. Es este el origen del problema. Más de lo mismo, sólo va a empeorar las condiciones en las cuales vivimos.

                                                                            

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 25 de abril de 2016.

El "sentido común" del parásito

Si le parece demasiado fuerte llamar parásitos a quienes viven del esfuerzo mental y físico de otros, los puede llamar gorrones, porque al final la conclusión es la misma: son buscadores de rentas que pretenden vivir a costa del trabajo de los demás. Es irrelevante el discurso que utilicen para alcanzar sus objetivos: ¿ayudar? a los pobres (con el dinero de otros), el argumento resentido en contra de la riqueza o la falaz explicación a la supuesta injusticia en la desigualdad de rentas y patrimonios.

La proliferación de estos parásitos, a los que les encanta vivir cómodamente a expensas de los tributarios, no es sólo un fenómeno de índole nacional. Es un fenómeno mundial. Los encontramos por todos lados, ya sea en la burocracia estatal nacional o en la burocracia de los organismos internacionales y supranacionales. Tanto los funcionarios nacionales como los miembros de entes como la ONU, el FMI, el BM, la CEPAL… se dedican primordialmente a promover más impuestos, sin importarles el daño que le hacen en el largo plazo a todos los demás, en especial a los más pobres.

Debemos identificar las intenciones REALES de estos personajes. Repito: ellos también viven de los impuestos que nosotros pagamos. Todos los funcionarios de estas instituciones internacionales son mantenidos por los gobiernos de los países que forman parte de dicha organización. Lógicamente, el sentido común de esta gente se enfoca en ver cómo logran los gobernantes de tales países exprimir más a los tributarios. Son en general, con contadas excepciones, gente que no tiene la menor idea de lo que implica crear riqueza. El colmo de la ironía es que esta gente que despotrica en contra de los paraísos fiscales y en contra de aquellos que quieren proteger su dinero legítimamente ganado de sus garras,  NO PAGAN IMPUESTOS.

¿Cómo llegaron a acumular tanto poder los parásitos de las burocracias estatales, nacionales y supranacionales? Poder que les permite perseguir y condenar a los creadores de riqueza con el objetivo de apoderarse de lo que otros se han ganado para vivir ellos como reyes sin nunca haber sido gente productiva ni generadores de empleo productivo. ¿Por qué la mayoría se queda callada mientras una minoría celebra tal violación a los derechos individuales de quienes han hecho el esfuerzo mental y físico por mejorar su calidad de vida y la de sus seres queridos, siendo exitosos en las tareas que han elegido? Que, además, en el proceso de alcanzar sus objetivos han ayudado a otros a conseguir los propios creando, repito, trabajos productivos.

Como señala Ricardo Rojas, debemos denunciar y combatir a la ineptocracia que predomina en el ámbito estatal: “Una forma de gobierno en el que los menos aptos para liderar son elegidos por los menos capaces de producir, y en el que aquellos miembros de la sociedad menos capaces de sustentarse a sí mismos o de triunfar son recompensados con bienes y servicios procedentes de la riqueza que le ha sido confiscada a un número cada vez menor de productores”.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 18 de abril de 2016.

El secreto bancario NO existe

Al menos en Guatemala. Los que sí existen, y por montón, son personas mentirosas y manipuladoras que, aprovechándose de la indignación de la mayoría de los ciudadanos de nuestro país, quieren hacernos creer que no sólo la información sobre las cuentas bancarias es secreta, sino que ese es el motivo por el cual no pueden llegar a sus metas de recaudación. Metas que mejor deberíamos de llamar de extorsión tributaria. Hoy, como buenos oportunistas que son, también quieren hacer creer que el falso secreto bancario es un obstáculo en las investigaciones contra los corruptos.

Es increíble el descaro con el cual los funcionarios estatales nacionales, desde los mismos presidentes del Congreso y del Ejecutivo, hasta los funcionarios de los organismos internacionales, Iván Velásquez de la CICIG incluido, se aprovechan descaradamente de la ignorancia de muchos en lo que respecta al derecho al debido proceso y la importancia que tiene para proteger a los inocentes del abuso del poder por parte de los gobernantes. Un derecho que debemos defender a toda costa.

Con toda la desfachatez del mundo, y la complacencia y apoyo de la mayoría de miembros de los medios de comunicación (serviles a lo políticamente correcto), exigen eliminar el ya frágil debido proceso, ahora en el caso de la información sobre el manejo de las cuentas bancarias, engañando desvergonzadamente a los incautos ciudadanos llamándole secreto bancario al debido proceso necesario, como ya dije con anterioridad, para evitar que nuestros mandatarios abusen del poder y violenten nuestros derechos individuales a la vida, a la libertad y a la propiedad.

                   

Por estas fechas, toman como excusa para impulsar  esta aberrante violación al debido proceso, el escándalo suscitado alrededor de los llamados Panama Papers: los datos de la firma de abogados Mossack Fonseca, que muestran cómo empresarios y celebridades mundiales buscan proteger su dinero, entre otros motivos, de las garras de los gobernantes que expolian en nombre del abstracto Estado creando compañías offshore, como lo haríamos la mayoría si pudiéramos. Por supuesto, es una ironía que también lo hagan políticos corruptos y criminales, los cuales muestran con esta acción lo bien que conocen a su especie: buscan proteger de sus iguales lo que ¡quién sabe! cómo adquirieron.

En Guatemala, si los terroristas fiscales de la SAT o los fiscales del MP necesitan información sobre el manejo de las cuentas de alguien, lo único que deben hacer es justificar frente a un juez competente los motivos por los cuales se les debe autorizar a pedir tal información a la entidad bancaria en la que tenga la cuenta la persona que les interesa. Si la evidencia es objetiva y justa, el juez deberá girar instrucciones para que los funcionarios del banco entreguen la información solicitada. Así ha funcionado y así deberá seguir funcionando. No se deje manipular. No permita que los peores representantes de nuestra sociedad sigan adquiriendo poder.

                                                                                                                

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 11 de abril de 2016.

Apariencias de la anticorrupción

La lucha contra la corrupción en nuestro país está basada más en apariencias que en realidades. Y es tanta la necesidad de la mayoría de creer que se pueden hacer los cambios correctos y erradicar de nuestra sociedad a los corruptos y la corrupción, sin involucrarse y confiando ciegamente en los que supuestamente la combaten, que ante todo anuncio con tintes jolivudenses de que apresan a alguien, muchos estallan en alegría desbordada de patrio ardimiento y más de uno propone el Premio Nobel de la Paz para los denunciantes.

Olvidan, o prefieren ignorar, que no es sólo cuestión de apresar a aquellos de los cuales se sospecha que nos han robado a los tributarios. Las acusaciones se deben probar en un juicio en el que se cumpla con el debido proceso. Lo anterior es importante de resaltar por el bienestar en el largo plazo de los inocentes aunque pareciera, en un principio, que beneficia a los criminales.

El énfasis de los mandantes se debe enfocar en presionar a los funcionarios del Ministerio Público y a todos los encargados de recopilar las evidencias científicas para que prueben, sin duda razonable, la culpabilidad de los imputados. Lo que no debería ser difícil de hacer, ya que casi todos los sospechosos han sido descarados a la hora de mostrar públicamente lo que han robado. Los responsables de presentar la acusación deben seguir la pista del dinero: follow the money, recomiendan acertadamente los investigadores gringos.

Me alegro de la captura de algunos pocos de los cientos de extorsionistas que pululan en las aduanas. Desde los vistas hasta el mismo presidente, desde hace cualquier cantidad de tiempo, han estado involucrados en líneas (las cuales deberíamos de llamar maras o pandillas) que utilizan el poder para extorsionar a quienes se atreven a importar bienes a Guatemala. Por supuesto, más de algún avispado debe de haber entre estos últimos, que antes de ser extorsionado decide negociar con quienes deciden arbitrariamente cuándo, bajo qué condiciones y a qué costo entra un producto al país. Pero estos pícaros son la excepción, no la mayoría.

Sin embargo, las denuncias contra los funcionarios corruptos que se han robado nuestros impuestos, que han despilfarrado lo que a nosotros nos ha costado ganar, brillan por su ausencia. Fuera del caso del IGSS y algunas acusaciones contra unos pocos alcaldes, no ha habido verdaderas denuncias contra los peores corruptos entre quienes se encuentran (además del expresidente y la exvicepresidente) ministros, secretarios, directores y funcionarios estatales en general. Sólo puras apariencias e investigaciones mediocres sustentadas principalmente en evidencias circunstanciales y en dimes y diretes. Sin embargo, es tanta la necesidad de justicia en nuestro país, que tantos han aplaudido y seguirán aplaudiendo hasta el cansancio los distintos montajes mediáticos que han prevalecido. Pero, ¿hasta cuándo podrán seguir falseando la realidad? Mientras, la corrupción continúa avanzando.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 4 de abril de 2016.