Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

8.06.2018

El secreto mejor guardado



El secreto mejor guardado, al menos por estos días, es el motivo por el cual los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgaron la suspensión provisional al acceso de información bancaria con fines tributarios, al resolver a favor de la empresa Escalas Mercantiles Innovadoras, S. A., la cual interpuso una acción de inconstitucionalidad con el fin de eliminar el Artículo 52 del decreto 37-2012, aprobado en agosto de 2016 y que entró en vigencia en febrero de 2017, referente a la Ley para el “Fortalecimiento Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria”, la cual adicionó el artículo 30 C al Decreto Número 6-91 del Código Tributario.

Considero que el escenario más probable por el cual ¡al fin! tomaron una decisión apegada a la Constitución y al respeto a nuestros derechos individuales, es por temor a que los inquisidores de la recientemente legalizada oficinita de la SAT, formalmente conocida como la “Gerencia de Investigación Tributaria”, que ya no es controlada por su amigo Juan Francisco Solórzano Foppa, decidan averiguar con cuántos fondos cuentan los mencionados magistrados y cómo manejan sus cuentas. Pero, en fin, esta es sólo una suposición mía.

Con esta decisión, restituyeron, por el momento, el derecho al debido proceso en lo que respecta a los casos que involucran a la SAT y a un tributario al cual los primeros intentan exprimir aún más de lo que ya lo hicieron. Si quieren conocer las operaciones de nuestras cuentas bancarias, tendrán que defender su caso frente al Ministerio Público (MP) y frente a un juez competente, que no esté al servicio de los gobernantes, para que éstos decidan si hay o no una causal que justifique el reclamo de los funcionarios de verificar información privada de un cuentahabiente. Si existe evidencia objetiva y justa, tanto el MP como el juez deberán girar instrucciones para que los representantes del banco entreguen la información solicitada. Así ha funcionado y así deberá seguir funcionando.

El secreto bancario no existe en Guatemala. Lo que hay en nuestro país, y lo cual debemos defender, es el debido proceso que mencioné en el párrafo anterior. La razón de ser de todo debido proceso es proteger a los ciudadanos responsables, respetuosos y productivos de la violación de sus derechos individuales por parte de los gobernantes, limitando el ejercicio discrecional y arbitrario del poder que éstos y los burócratas bajo sus órdenes gozan.

Como era de esperar, tanto funcionarios de la SAT como del Ministerio de Finanzas se lamentaron de la resolución de la CC. Yo celebro la decisión de la Corte, ya que era evidente la inconstitucionalidad desde que fue aprobado por el Congreso. La reacción de los gobernantes y sus empleados era previsible pues lo que a ellos primordialmente les interesa es expoliar a los tributarios, sin importarles el bienestar de los demás y el respeto que nos deben. No se deje asustar por el petate del muerto de la “Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos” (OCDE) y las amenazas de los burócratas nacionales, internacionales y supranacionales. Piense en su propio desarrollo y el de sus seres queridos.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 6 de agosto de 2018.


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4.11.2016

El secreto bancario NO existe



Al menos en Guatemala. Los que sí existen, y por montón, son personas mentirosas y manipuladoras que, aprovechándose de la indignación de la mayoría de los ciudadanos de nuestro país, quieren hacernos creer que no sólo la información sobre las cuentas bancarias es secreta, sino que ese es el motivo por el cual no pueden llegar a sus metas de recaudación. Metas que mejor deberíamos de llamar de extorsión tributaria. Hoy, como buenos oportunistas que son, también quieren hacer creer que el falso secreto bancario es un obstáculo en las investigaciones contra los corruptos.

Es increíble el descaro con el cual los funcionarios estatales nacionales, desde los mismos presidentes del Congreso y del Ejecutivo, hasta los funcionarios de los organismos internacionales, Iván Velásquez de la CICIG incluido, se aprovechan descaradamente de la ignorancia de muchos en lo que respecta al derecho al debido proceso y la importancia que tiene para proteger a los inocentes del abuso del poder por parte de los gobernantes. Un derecho que debemos defender a toda costa.

Con toda la desfachatez del mundo, y la complacencia y apoyo de la mayoría de miembros de los medios de comunicación (serviles a lo políticamente correcto), exigen eliminar el ya frágil debido proceso, ahora en el caso de la información sobre el manejo de las cuentas bancarias, engañando desvergonzadamente a los incautos ciudadanos llamándole secreto bancario al debido proceso necesario, como ya dije con anterioridad, para evitar que nuestros mandatarios abusen del poder y violenten nuestros derechos individuales a la vida, a la libertad y a la propiedad.
                   
Por estas fechas, toman como excusa para impulsar  esta aberrante violación al debido proceso, el escándalo suscitado alrededor de los llamados Panama Papers: los datos de la firma de abogados Mossack Fonseca, que muestran cómo empresarios y celebridades mundiales buscan proteger su dinero, entre otros motivos, de las garras de los gobernantes que expolian en nombre del abstracto Estado creando compañías offshore, como lo haríamos la mayoría si pudiéramos. Por supuesto, es una ironía que también lo hagan políticos corruptos y criminales, los cuales muestran con esta acción lo bien que conocen a su especie: buscan proteger de sus iguales lo que ¡quién sabe! cómo adquirieron.

En Guatemala, si los terroristas fiscales de la SAT o los fiscales del MP necesitan información sobre el manejo de las cuentas de alguien, lo único que deben hacer es justificar frente a un juez competente los motivos por los cuales se les debe autorizar a pedir tal información a la entidad bancaria en la que tenga la cuenta la persona que les interesa. Si la evidencia es objetiva y justa, el juez deberá girar instrucciones para que los funcionarios del banco entreguen la información solicitada. Así ha funcionado y así deberá seguir funcionando. No se deje manipular. No permita que los peores representantes de nuestra sociedad sigan adquiriendo poder.
                                                                                                                

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 11 de abril de 2016.

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2.10.2014

¿Secreto o proceso?



Un fantasma recorre Europa… y América… y Asia… y África… y Oceanía… y... Es el fantasma del estatismo. Un fantasma de carne y hueso que no solo espanta: actúa para extender sus tentáculos a las profundidades más íntimas de las cuentas bancarias de la gente productiva, creadora de riqueza, para apropiarse de lo que no es suyo: de aquello que NO le pertenece porque no se lo ha ganado. Pertenece a otros, al igual que todo lo que ha gastado hasta hoy: todo se lo ha apropiado. Cada día que pasa son menos los lugares donde se puede invertir con tranquilidad y seguridad. Lugares en los cuales se respeten los derechos individuales.

Parte clave de la estrategia de los burócratas que representan a ese fantasmal estatismo son los tratados que suscriben los gobernantes para intercambiar información sobre los nacidos en sus países que hayan decidido emigrar. El objetivo vil de estas acciones emprendidas por las sanguijuelas que están al frente de los Estados es perseguir a sus nativos - una simple cuestión del azar - hasta los confines de la Tierra, para chuparles todo lo que puedan. Por eso, muchos han optado por renunciar a su ciudadanía original y adquirir una nueva. Prefieren abandonar, con toda razón, su país de nacimiento antes de continuar siendo esclavizados por sus gobernantes y todos aquellos miembros de los grupos de presión que surgen dentro del parasitario Estado Benefactor/Mercantilista.

Los mencionados testaferros del Estado, acostumbrados a mentir descaradamente, pretenden hacernos creer que existen barreras a la expoliación, la cual, por cierto, solo favorece a los parasitarios saqueadores y no a quienes utilizan de excusa para el saqueo: a los pobres. Una de las mentiras más usadas es la del supuesto secreto bancario. Al menos en el caso de Guatemala, lo que existe en un debido proceso que deben de seguir los terroristas fiscales de la SAT para conocer sobre el manejo de las cuentas personales y/o empresariales de cualquiera. El objetivo de esta protección es precisamente limitar el ejercicio discrecional y arbitrario de los gobernantes y los burócratas que trabajan a su servicio.

Como bien explicó Ayn Rand: “El derecho a la vida es el origen de todos los derechos, y el derecho a la propiedad es la única manera de implementarlo. Sin el derecho a la propiedad ningún otro derecho es posible. Dado que un hombre debe sustentar su vida por su PROPIO esfuerzo, el hombre que no tiene derecho al producto de su esfuerzo no posee los medios para sustentar su vida. El hombre que produce mientras otros disponen del producto de su esfuerzo es un esclavo… el derecho a la propiedad es un derecho a la acción, como todos los demás: no es el derecho a un objeto sino a la acción y a las consecuencias de producir o ganar ese objeto…Es el derecho a ganar, conservar, usar y disponer de los valores materiales”.

Defiendo mis derechos participando en la más importante de las batallas de nuestra especie: la batalla de las ideas. ¿Usted?


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 10 de febrero de 2014.

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