Sin duda, había que tomar en serio la llamada del 6 de
septiembre pasado de Mike Pompeo a Jimmy Morales para comunicarle, entre otras
cosas, de que el gobierno de su país iba a apoyar a la CICIG, pero reformada. Y como es la política de interesada, parece que dejaron, para
apaciguar las aguas, a su principal defensora en EE.UU., la congresista demócrata
de origen guatemalteco, Norma Torres, anunciar cuáles serán los cambios
generales a la CICIG reformada, además
de otorgarle, como premio de consolación, comunicar la buena nueva de la liberación
de los fondos que habían congelado.
El anuncio de la liberación de los fondos del gobierno de
Estados Unidos para la CICIG, sumado a las condiciones para esa liberación, significa
que han discutido el tema de la CICIG y los cambios necesarios al acuerdo
original firmado con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo,
estos cambios no son exactamente los que piden nuestros gobernantes, que exigen
la destitución de Iván Velásquez. Pero, al parecer, tanto los republicanos como
los demócratas encargados de la negociación, se decantaron por la propuesta de António
Guterres, Secretario General de la ONU, de nombrar un comisionado adjunto, que deberá tener la bendición de la administración de Trump.
El comunicado de la congresista fue muy vago en cuanto a los
cambios a realizar. De manera general menciona, además del nombramiento de un
comisionado adjunto, que van a establecer un mecanismo de revisión externa de
la CICIG y nuevos lineamientos internos. Además, Torres anunció que el gobierno
de EE.UU. y Naciones Unidas firmaron un acuerdo para la donación de seis millones
de dólares a la CICIG. Imagino que lo anterior significa un mayor control
externo, que puede implicar auditorías periódicas de parte de la ONU y reportes
trimestrales a los países donantes.
No especificaron cuáles van a ser los cambios internos,
aunque podemos relacionarlos con el comunicado que hizo casi simultáneamente
Iván Velásquez de la concentración de
los elementos de la delegación de la
CICIG que operaba en Quetzaltenango en las oficinas centrales. Esa delegación
estaba dirigida por un funcionario a quien el gobierno de Estados Unidos le
quitó la visa como consecuencia de varias acusaciones en su contra de mantener relaciones
con terroristas de las FARC, de lo cual no tengo más información que la que ha
circulado en los medios y en las redes.
Habrá que estar atentos a los cambios que se den en los
próximos días en la CICIG, que pueden incluir la sustitución de los
funcionarios a los cuales les negaron la visa
de cortesía. Si a lo mencionado añadimos la reciente decisión de los
magistrados de la CC, que se negaron a conocer las acciones en contra de la
negativa a otorgar tales visas, podemos esperar que, tal vez, pronto termine la
crisis relacionada con la CICIG. Una de tantas preguntas que me queda por
responder es por qué Consuelo Porras, Fiscal General, autorizó que la Fiscalía
Especial Contra la Impunidad de Quetzaltenango, también suspendiera transitoriamente sus operaciones y se trasladaran
a las oficinas centrales en Guatemala. ¿Será parte de los cambios a la CICIG reformada?
Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el
lunes 29 de octubre de 2018.
Etiquetas: António Guterres, CICIG, Corte de Constitucionalidad, Jimmy Morales, Mike Pompeo, Norma Torres, ONU, reforma