Janus: el David de los trabajadores

El pasado 27 de junio, la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. emitió un dictamen en favor de Mark Janus, contrario a las pretensiones de AFSCME, el cual debe ser celebrado por todos los trabajadores del mundo. Se enfrentó a Goliat, representado por el sindicato estatal, y le ganó. Un importante triunfo que afirma los derechos de los estadounidenses protegidos por la Primera Enmienda de su Constitución.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó en el caso Janus versus AFSCME, que no se puede exigir a los trabajadores gubernamentales no sindicalizados, que paguen cuotas a los sindicatos como condición para trabajar en el Estado. Esta resolución, considerada histórica por muchos, restaura los derechos de libertad de expresión y libertad de asociación de la Primera Enmienda, a más de cinco millones de maestros de escuelas públicas, personal de primera respuesta (policías, bomberos, etcétera) y otros empleados del gobierno en todo el país.

La Primera Enmienda reza: “El Congreso no legislará respecto al establecimiento de una religión o a la prohibición del libre ejercicio de la misma; ni limitará la libertad de expresión o de la prensa; ni coartará el derecho de las personas para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios”.

Mark Janus, demandante en el caso, empleado por el gobierno estatal de Illinois, declaró: "Estoy muy emocionado de que la Corte Suprema haya restaurado no solo mis derechos asegurados por la Primera Enmienda, sino también los derechos de millones de otros trabajadores gubernamentales en el país. Muchos de nosotros nos hemos visto obligados a pagar por discursos políticos y posiciones políticas con las que no estamos de acuerdo, solo para poder mantener nuestros trabajos. Esta es una victoria para todos nosotros. El derecho a decir ‘no’ a un sindicato es tan importante como el derecho a decir ‘sí’”.

Jacob Huebert, abogado de Janus, comentó al respecto lo siguiente: "Esta es la mayor victoria para los derechos de los trabajadores en una generación. La Primera Enmienda nos garantiza a cada uno de nosotros, como individuos, el derecho de elegir a qué grupos queremos apoyar y a cuáles no. La Corte Suprema reconoció que nadie debe ser obligado a renunciar a ese derecho solo para poder trabajar en el gobierno. La Corte reconoció que los sindicatos tienen el derecho de organizarse y abogar por las políticas en las que creen, pero no tienen un derecho especial para obligar a las personas a pagar por su cabildeo. Tienen que jugar según las mismas reglas que todos los demás”.

La importancia de esta sentencia radica en que nos recuerda que todo trabajador, sin importar el sector en el cuál trabaja, debe ser libre de elegir con quién asociarse,  de rechazar formar parte de un sindicato y no ser obligado a pagar cuotas para mantener a los líderes de estos grupos. Debe ser libre de elegir dónde trabajar, bajo qué condiciones y ganando lo que él acuerde con quien quiera que esté en la capacidad de ofrecerle un empleo productivo y desee hacerlo. El trabajador debe ser libre de elegir cómo prever para su vejez, con quién crear su fondo de retiro, bajo qué circunstancias y en cuál contexto desea hacerlo. Al final, es SU dinero: producto de SU esfuerzo. Si es capaz de ganarlo, lo justo es respetar su decisión de cómo gastarlo.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 9 de julio de 2018.

No hay atajo sin trabajo

O, como dice otro refrán, quien quiere celeste, que le cueste. Aquel que quiere superar la pobreza y vivir la mejor vida posible a su alcance, debe trabajar: debe esforzarse, tanto mental como físicamente, para alcanzar sus objetivos, sin pretender vivir de los demás. Más aún, si quiere disfrutar verdaderamente de esa mejora, debe saber que lo que tiene se lo ha ganado justamente, por el sudor de su frente, y no arrebatándolo a otros o siendo cómplice de ese robo.

Es por esto último que vemos a muchos que han acumulado fortunas a base de trampas, fraudes, robos, privilegios… que, al final, poco importa cuánto hayan logrado juntar, sus vidas suelen ser vacías, superficiales y falsas, ya que pueden engañar a todo el mundo, menos a ellos mismos. Gente que termina rodeada de hipócritas, que no los valoran y sólo están interesados es sacarles parte del dinero mal habido. En pocas palabras, parásitos como lo son ellos.

Y esa manera deshonesta de vivir no depende del monto del dinero obtenido sin haberlo ganado: fracasa a toda escala, como lo podemos ver en aquellos programas sociales que pretenden usar el dinero expoliado a los tributarios para comprar votos. El bono seguro, el bono para las comadronas y cualquier otra prebenda similar, son políticas populistas que facilitan la corrupción. Además de ser una injusticia más contra quien honradamente trabajó para crear la riqueza que ese dinero representa. Bien lo señala el neoplatonista Henry More en el “Enchiridion Ethicum, IV” (1667): “Es bueno y justo que a cada uno se le otorgue lo suyo, y el uso y posesión del mismo se le debe otorgar sin molestia".

Fracasan los programas anteriores, así como fracasa el absurdo de asegurar una renta mínima a todos. Con apenas dos años de prueba, el experimento finlandés de otorgar ingresos mensuales de 560 euros a 2 mil personas desempleadas de entre 25 y 58 años fracasó. Tal y como informó el New York Times el pasado 24 de abril: “Durante más de un año, Finlandia ha probado… repartir dinero sin reglas o restricciones sobre cómo las personas lo usan….experimento que está por terminar. El gobierno finlandés optó por no continuar financiándolo... la decisión del gobierno finlandés de detener el experimento a fines de 2018 pone de relieve un desafío a la misma concepción del ingreso básico. Mucha gente en Finlandia -y en otras tierras- se molesta ante la idea de entregar efectivo sin requerir que la gente trabaje... El gobierno esperaba que el tener un ingreso básico permitiría que más personas se integraran al mercado laboral”.

Un fracaso anunciado, porque se basa en premisas equivocadas. La más evidente de éstas es la de creer que la gente iba a trabajar sin necesitarlo. ¿Por qué pasar por la molestia de trabajar cuando se pueden quedar tranquilamente acostados todo el día viendo tele? Por supuesto, no a todos nos parece éste el escenario ideal para disfrutar de nuestras vidas pero, lamentablemente, esa es la actitud de la mayoría. Con esta propuesta y las anteriores mencionadas, violadoras de los derechos individuales de unos para complacer a otros, mientras unos viven sin trabajar, otros tienen que esforzarse el doble para mantenerse ellos mismos y mantener a los gorrones que viven de su trabajo. ¿Hasta cuándo lo vamos a tolerar?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 30 de abril de 2018.

¿Magistrados o dictadores de la CC?

El frágil sistema de pesos y contrapesos propuesto por los constituyentes en 1985 ya no funciona. O, tal vez nunca funcionó, porque la falla del sistema es de raíz. El problema se origina en las premisas a partir de las cuales acordaron las normas que nos iban a regir en la que, efectivamente, es la era democrática; en la cual la mayoría (de la minoría que es la que generalmente vota) elige emocionalmente, motivada por ofertas incumplibles pero que alimentan la falaz y cómoda idea de que alguien más se va hacer cargo de nuestras vidas.

La ironía del caso es que al final, quiénes se han convertido en los dioses de nuestra democracia son cinco personas que integran la Corte de Constitucionalidad (CC), quienes ni siquiera son electos por los ciudadanos, sino son designados a dedo, dependiendo de qué grupo de presión es el más influyente en un momento determinado. Por cierto, esos mismos grupos de interés son también un resultado del sistema de incentivos perversos que actualmente impera en nuestro país, en el cual en última instancia prevalece la voluntad de los magistrados de la Corte mencionada. En otras palabras, son ellos quienes están gobernando sin límites e importándoles poco la Constitución, la justicia y el bienestar de los guatemaltecos. Un  ejemplo de lo anterior es el caso del cierre de operaciones de la Mina San Rafael.

Leslie Stephen, en “The Science of Ethics” (1882), reconoce que “los abogados tienden a hablar como si la legislatura fuera omnipotente, ya que no se ven precisados a ir más allá de sus decisiones… pueden hacer cualquier ley que les plazca y en cuanto una ley significa cualquier norma establecida por la legislatura”. Y, aunque Stephen considera que “desde el punto de vista científico, el poder de la legislación está estrictamente limitado... desde dentro porque la legislatura es el producto de una cierta condición social… que determina la sociedad… [Por medio de] la Constitución… y desde fuera, porque el poder de imponer leyes depende del instinto de subordinación, que en sí mismo tiene sus límites”, en nuestra triste realidad, los legisladores podrían decidir que había que “matar a todos los niños de ojos azules”, probando la locura que los invade, y, peor aún, la mayoría de los ciudadanos mostrarían que se han convertido en “súbditos idiotas” sometidos a una legislación absurda, exigiendo que ésta se cumpla.

¿Cómo serán recordados los magistrados de la CC?  ¿Cómo personas honestas, respetuosas de la ley y conscientes de su responsabilidad? ¿O cómo oportunistas vendidos a la voluntad destructora de CALAS? ¿Cuántos se quedaran sin trabajo si cierra definitivamente la Mina San Rafael? ¿Quiénes se benefician del cierre y por qué se benefician? ¿Qué podemos hacer? ¿Nos encontramos indefensos ante las decisiones de la CC? ¿Sólo nos queda esperar que, casi por milagro, los dictadores de la mencionada corte cumplan con su función de defender el orden constitucional, según dicta el artículo 268 de la Constitución?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 5 de marzo de 2018.

La ley de la atracción

Sin leyes objetivas, respetadas e iguales para todos, no vamos a atraer la inversión que necesitamos para transformar nuestros recursos en la riqueza imprescindible para que aquellos que se esfuercen, mental y físicamente, puedan superar la pobreza, progresar y mejorar su calidad de vida. Aún los menos aptos y los más perezosos pueden vivir mejor dentro de un sistema de normas propias de un verdadero Estado de Derecho.

¿Qué tipo de inversión se necesita para que haya crecimiento económico? La única a la cual aplica correctamente el término: la inversión de capital. Los gobernantes no invierten en nada: sólo gastan lo que es de otros. Y ese gasto, para que contribuya a la prosperidad de todos, debe ser de acorde a la naturaleza del gobierno, no según los reclamos, exigencias o caprichos de los grupos de interés o la gente bien intencionada, pero equivocada. La evidencia de que la redistribución de la riqueza sólo aumenta la pobreza en el largo plazo, es abrumadora. Sólo falta que sea reconocida por quienes promueven medidas estatistas y por quienes sufren las consecuencias de esas medidas.

¿Cuándo van a recuperar los capitalistas la confianza en nuestro país? Cuando los dejen trabajar y se respete la propiedad privada de los medios de producción. Cuando se les deje de agredir. Cuando termine el terrorismo fiscal. Cuando haya certeza jurídica. Cuando los colectivos que promueven la destrucción, el conflicto y la injusticia, cuyos líderes viven cómodamente de la miseria de los pobres, pierdan la influencia política y el poder que tienen en las cortes y demás organismos del Estado.

Es una tontería creer que para aumentar el crecimiento económico, hay que aumentar la carga tributaria. Así como es una tontería pretender aprobar, como sugirió Jimmy Morales, otra ley de expropiación, sin importar la excusa, ya que ésta sólo serviría para facilitar a los gobernantes apropiarse de las propiedades de cualquiera. También es una tontería aprobar una ley anticompetencia, solo por complacer a burócratas internacionales.

Todo lo anterior lo que logra es alejar a esos capitalistas que necesitamos atraer, porque sin su capital NO podemos aumentar la productividad y por tanto alcanzar el ansiado progreso. Por eso es que, a pesar de la enorme cantidad de emprendedores que hay en nuestro país, Guatemala es percibida como un país antiempresarios. Es nuestro sistema político el que obstaculiza el progreso, NO la corrupción, la cual es una consecuencia más del sistema de incentivos perversos engañosamente llamado Estado Benefactor/Mercantilista. Un sistema que impide, irónicamente, el bienestar de la mayoría.

En fin, es importante recordar que, para que la inversión rinda frutos, necesitamos trabajar y ser productivos. Todo crecimiento, en todo sentido, depende de nuestra actividad. No hay desarrollo intelectual o físico sin esfuerzo, y el esfuerzo implica trabajo. Bien lo dijo Calvin Coolidge: “El trabajo no es una maldición, es una prerrogativa de la inteligencia… es la medida de la civilización".

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 26 de febrero de 2018.

Vivir en paz

Si algo nos une a la mayoría de las personas, en Guatemala y en todo el mundo, es ese anhelo de vivir en paz, un sueño que para muchos parece lejano en las ¿sociedades? del presente. Pongo en duda utilizar el término sociedad en la actualidad, independientemente de que sí haya países en los cuales predominen las características que permiten llamar a un grupo de humanos libremente asociados, sociedad. Y lo pongo en duda porque la mayoría, a pesar de desear la paz, aún no entiende cómo ésta se alcanza ni las implicaciones que trae consigo la decisión de vivir en sociedad.

Desde tiempos de Aristóteles, se reconoce que una sociedad es una asociación de personas libres que cooperan en búsqueda de un bien común, ya qué, cómo escribió el mencionado filósofo “los hombres, cualesquiera que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece bueno” (“La Política”, Libro I, Capítulo I). Es un hecho que desde tiempos de la revolución neolítica, se demostró que asociarnos con otras personas para alcanzar nuestros fines propios es mucho más productivo que aislarnos y pretender vivir autónomamente. La interdependencia entre los integrantes de una misma sociedad, y el resto de miembros de nuestra especie, ha aumentado conforme se multiplica, en particular a partir de la Revolución Industrial de forma exponencial, la división del trabajo voluntaria: o sea, la división producto de las decisiones libres de cada individuo.

Para vivir dentro de una sociedad, con el objetivo de progresar y no solo sobrevivir, aspirando a vivir la mejor vida posible, debemos respetarnos los unos a los otros, lo que significa el reconocimiento de que todos tenemos el derecho a nuestra vida, a decidir sobre ésta y a disfrutar de los bienes que sean el producto legítimo de nuestro esfuerzo, tanto el mental como el físico. Estos dos últimos derechos, a la libertad y a la propiedad, se derivan del derecho fundamental de toda persona a la vida, y son necesarios para conservarla. Por supuesto, es obligación de cada quien velar por sí mismo, y no de los demás miembros de la sociedad. Nos asociamos, no para parasitar del trabajo de los otros, sino para cooperar e intercambiar libremente y en paz.

Las únicas funciones que por naturaleza corresponden al gobierno son las de velar porque ese respeto sea una realidad y, en caso un antisocial violente los derechos de alguien, éste compense a su víctima. Cualquier otra función de los gobernantes será contraria a la naturaleza del gobierno, porque requerirá de la violación de los derechos de unos para satisfacer las demandas de otros, lo que, además de injusto, es inmoral.

Debemos aprender a convivir respetuosamente para progresar. “El respeto al derecho ajeno es la paz”, afirmó Benito Juárez, y esa proposición es la única definición posible para el término “bien común”. Nadie tiene el derecho de imponer a otros sus decisiones, ni debe tenerlo. Si hoy usted pretende imponer su código de valores a otros, mañana cuando otros lleguen al ejercicio del poder, podrán imponerle a usted los de ellos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 22 de mayo de 2017.

El trabajo y la riqueza

La única forma de aumentar de manera sostenida en el tiempo los ingresos reales, personales y de los demás miembros de la sociedad, es aumentado nuestra productividad. Mejorando nuestros ingresos reales, aumenta la riqueza creada y por tanto la calidad de vida propia y de todos. Una mejora que depende de la importancia de nuestro aporte a la creación de esa riqueza. Existe una enorme cantidad de evidencia que sustenta la veracidad de lo anterior. Basta hacer una breve investigación en Internet para toparse con las estadísticas y los índices de productividad y progreso que empezaron a hacerse desde el siglo diecinueve.

Sin embargo, a la fecha hay mucha gente influyente, en algunos casos bienintencionados y en otros no, que promueven medidas estatistas que obstaculizan el progreso. Y, como casi siempre, los más afectados con estas medidas propias del Estado Benefactor/Mercantilista suelen ser los más pobres, a quienes más afectan los obstáculos que esas políticas ponen a la creación de riqueza. Por cierto, el estado natural del ser humano es la pobreza. Todos venimos de la mayor de las pobrezas, en la cual el principal objetivo del núcleo familiar, y de los individuos en general, es sobrevivir.

Sé y reconozco que éste es un hecho que cuesta entender, porque tanto usted como yo formamos parte de una familia en la cual esa pobreza extrema ya fue superada, gracias a que uno o varios de nuestros antepasados pagaron el costo para salir adelante y sacar a sus descendientes de esa condición natural del ser humano. Alguien que trabajó arduamente durante mucho más que ocho horas diarias, los siete días de la semana; que si acaso estudió algo fue apenas lo básico: sumar, restar, tal vez multiplicar y dividir y, con suerte, medio aprendió a leer. Quién plantó el capital semilla que les permitió a nuestros padres y/o abuelos crear la riqueza que hoy nos asegura una mejor vida.

Como escribí en mi artículo titulado: “La necesidad de trabajar” (9/2/2015): “Si elijo vivir necesito trabajar. Si no trabajo, no podré ni siquiera sobrevivir, no digamos mejorar mi calidad de vida. Nadie tiene el derecho moral de impedirme trabajar en lo que yo decida, una vez mi elección no violente la vida, la libertad y la propiedad de otros. Los demás, ciudadanos y gobernantes (burócratas estatales y de organismos internacionales), deben respetar mis decisiones en general, incluidas las condiciones que haya negociado con mi empleador”.

En fin, lo más importante es entender el porqué todos venimos de la pobreza, más allá de hace cuántos años ésta haya sido superada por nuestra familia. Nuestra tarea es conservar la riqueza creada y acrecentarla. Para alcanzar este objetivo, como lo hicieron nuestros ancestros, debemos trabajar. Y es vital resaltar que el esfuerzo debe ser tanto mental como físico. Más aún, de los dos trabajos, el trascendental es el mental. Si no le damos la relevancia que tiene, terminaremos derrochando nuestros escasos recursos y alejándonos de nuestras metas. Terminaremos destruyendo riqueza.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 1 de mayo de 2017.

¿El desempleo limita el crecimiento?

No. ¡Por supuesto que no! ¿Qué tontería, verdad? Es como poner la carreta enfrente de los bueyes. Lo correcto es lo contrario: hay desempleo porque no hay crecimiento económico. Y no hay crecimiento económico por la cantidad de obstáculos legales (intervención estatal) que hay a la transformación de los recursos en riqueza. No hay crecimiento económico por culpa de la incertidumbre fiscal caracterizada por el aumento periódico de impuestos, y al permanente ataque a quienes poseen el capital necesario para lograr esa transformación: o sea, a la agresión constante de algunos grupos de presión con el objetivo de ahuyentar la inversión. Violaciones que son permitidas por los gobernantes.

Sin embargo, esa es la conclusión a la cual llegaron varios burócratas supraestatales de la Sieca y funcionarios del Conare que trabajaron junto con gente del Icefi y de la Universidad Rafael Landívar. Los anteriores elaboraron el llamado “Quinto Informe del Estado de la Región, 2016”. Por cierto, los señores del Icefi son los creadores de la puñalada fiscal, tanto de la primera versión que no pasó durante el gobierno de la UNE, como de la segunda versión que se aprobó durante el gobierno del Partido Patriota.

Es el paquetazo tributario elaborado por el Icefi, el cual continúa vigente a la fecha, la principal causa por la que muchos están hoy viviendo en peores condiciones que antes y con pocas probabilidades de mejorar, honradamente y sin emigrar, sus ingresos reales. Todavía peor, son los cambios fiscales mencionados el principal motivo por el que tantos no lograron encontrar un trabajo productivo y permanente en los últimos años.

No obstante la evidente situación precaria en la que viven millones de guatemaltecos, Jimmy Morales y su equipo, apoyados por los nefastos señores del Icefi, decidieron preparar una nueva puñalada fiscal que, en lugar de eliminar impuestos directos que alejan la inversión, propone aumentar varios de los gravámenes que ya existen, algunos inconstitucionales como el de las gasolinas, y crear nuevos tributos. Claro, no propusieron absolutamente nada en lo que respecta a eliminar la corrupción y reducir el enorme malgasto gubernamental, principalmente en la gigantesca, ineficiente y en la mayoría de los casos innecesaria, burocracia estatal.

Jimmy Morales se merece el apodo que le han puesto, El hombre en la Luna, que le queda como anillo al dedo. Mientras, los guatemaltecos en lugar de progresar retrocedemos, los más pobres en nuestro país son considerados pobres crónicos (viven miserablemente), los que pueden invertir desconfían de los gobernantes y ven con recelo la crítica situación en la que vivimos (baja el índice de confianza, aumenta el desempleo y aumenta la violencia). ¿Quién va a ganar la batalla que recién empezó por los cambios al sistema impositivo? ¿Nosotros, los que pagamos los caprichos de los gobernantes y sus amigos que pretenden disfrutar de lo que hemos ganado justamente? ¿O los corruptos que creen que ejercen el poder?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el martes 16 de agosto de 2016.

¿Robar a los pobres?

Es el gobierno el que roba a los pobres la esperanza de salir de la pobreza.

¿Cómo se le puede robar a quien, por definición, tiene poco o, simplemente, no tiene nada que le roben? Según el Diccionario de la Lengua Española (DLE) la definición del adjetivo “pobre”, en su primera acepción, es la siguiente: “Necesitado, que no tiene lo necesario para vivir”. Y, cualquiera en pleno uso de sus sentidos, en particular el sentido común, reconocerá que lo primero que necesita aquel a quien aplica el adjetivo pobre es un trabajo para ¡poder vivir! Sin embargo, maliciosamente, muchos de los que dicen defender a los pobres, lo que suelen hacer es condenarlos a vivir miserablemente.

                                                      

Si hablamos metafóricamente, lo único que se les puede robar es la posibilidad de trabajar, crear riqueza y mejorar su calidad de vida. Y, contradictoriamente, quienes suelen robarles la esperanza a los más pobres son aquellos que los utilizan de excusa en su discurso político. Aquellos cuyos objetivos mezquinos son claros: conseguir financiamiento para sus organizaciones y vivir ELLOS cómodamente. O, aún mejor en el caso de unos pocos, llegar al ejercicio del poder y acumular fortunas robando a los tributarios. En fin, darse una vida de reyes a costa del progreso del resto. Parasitar del esfuerzo mental y físico de los demás.

En Guatemala es tal la desesperación de la gente, que hace unos días un grupo de personas entró a la fuerza a las instalaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) en El Estor, Izabal, exigiendo que los contrataran: reclamando trabajo por la fuerza. Por supuesto, con acciones como ésta alejan a los capitalistas y a los empresarios, en lugar de motivarlos a que inviertan en el área, creando fuentes de trabajo productivo que es, al final, lo que la mayoría desea.

       

Irónicamente, los burócratas estatales, tanto nacionales como internacionales, han contribuido al clima político antiempresarial (que aleja las inversiones creadoras de empleo) que prevalece en algunos sectores influyentes. Burócratas que también viven (sin hacer nada productivo, a diferencia de quienes laboran en empresas competitivas) de la riqueza que crean aquellos que arriesgan capital y hacen el esfuerzo, mental y físico, por producir bienes y brindar servicios que benefician a la gente y SÍ contribuyen a mejorar la calidad de vida de todos.

El respeto al derecho de propiedad es una condición sine qua non para atraer la inversión necesaria para transformar recursos en riqueza, lo cual permitiría que todos, hasta aquel que es menos productivo, encuentren trabajo y puedan aumentar sus ingresos reales. Al aumentar nuestros ingresos reales podemos satisfacer a nuestro gusto nuestras necesidades. El agujero más importante es el de los bolsillos de los habitantes de Guatemala, no el del malgasto y despilfarro de los gobernantes. Lo único que se le puede robar a un pobre es la esperanza de prosperar. Robo que llevan a cabo aquellos que promueven más del mismo sistema político fracasado actual: quienes promueven más intervencionismo y más estatismo.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 27 de junio de 2016.

La necesidad de trabajar

Si elijo vivir necesito trabajar. Si no trabajo, no podré ni siquiera sobrevivir, no digamos mejorar mi calidad de vida. Nadie tiene el derecho moral de impedirme trabajar en lo que yo decida, una vez mi elección no violente la vida, la libertad y la propiedad de otros. Los otros, ciudadanos y gobernantes (burócratas estatales y de organismos internacionales), deben respetar mis decisiones en general, incluidas las condiciones que haya negociado con mi empleador. La única persona que sabe cuál es MI canasta básica, los bienes y los servicios mínimos que necesito para mi supervivencia, soy yo: yo decido qué incluyo en ésta y a qué me voy a dedicar para cubrirla.

Más aún, si decido trabajar a cambio de víveres, vivienda, vestido, educación, salud… y otras necesidades, sin importar lo que me den en efectivo, ES decisión mía. De nadie más. La obligación de los gobernantes es velar porque nadie violente mis derechos individuales. NO es obligación de los gobernantes protegerme de lo que ellos crean son malas decisiones en lo que respecta a cómo manejo mi vida y mis bienes. NO tienen el derecho de protegerme de mi misma, sólo porque ellos eligen de manera distinta.

Los bienintencionados, que generalmente poseen una bondadosa alma de dictadores, que creen que protegen a los trabajadores impidiéndoles trabajar, no solo son cómplices de los políticos que promueven leyes que violan nuestra libertad, sino que son responsables de la miseria en la cual muchos mueren de inanición ante la imposibilidad de conseguir empleo en las condiciones que, según los activistas sociales, son las ideales. No me canso de reconocer la sabiduría del refrán que dice: “De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”. El principal problema en la mayoría de los casos, tal vez por eso no aprenden los bienintencionados, es que quienes sufren las consecuencias de las acciones de los mencionados no son ellos, sino aquellos a quienes se suponen pretendían ayudar.

Trabajar no es un derecho: es una actividad necesaria para ejercer mi derecho a la vida. Trabajar corresponde al ámbito de mi libertad: ese es el derecho que violan todos aquellos que impulsan y aprueban legislación antiprogreso, como lo son los salarios mínimos y los impuestos directos que castigan a quienes son exitosos en la creación de riqueza. Todas son medidas que ahuyentan el capital que URGENTEMENTE necesitamos que venga a nuestro país para que todos podamos mejorar nuestros ingresos reales y, por tanto, sean pocos los que opten por emigrar.

Los colectivistas/socialistas, entre los que hay muchos resentidos y envidiosos, pueden decir cualquier tontería pero la realidad es que con sus acciones cuyo objetivo es promover la intervención de los gobernantes en nuestras vidas en nombre del abstracto Estado, dañan irremediablemente la existencia de la mayoría, en especial la de los más pobres a quienes no dejan más opciones que vivir al margen del sistema en la economía informal o buscar trabajo en otro país.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 9 de febrero de 2015.

Necesito trabajar

Necesito trabajar para alcanzar mis objetivos, el primero de estos, sobrevivir. Si no trabajo, no me puedo alimentar, no puedo comprar vestido que me cubra ni pagar un techo que me proteja de las inclemencias del clima. Necesito trabajar para mejorar mi calidad de vida y velar por mis seres queridos que dependen de mi trabajo, aquellos a quienes he elegido como valores y, por tanto, asumo la responsabilidad de mantenerlos por el tiempo que sea necesario para su buen vivir.

Nadie me puede obligar a trabajar, a menos que sea mi amo y yo su esclava. Nadie me puede obligar a trabajar, a menos que me encuentre presa y privada de libertad. Pero tampoco nadie tiene la obligación de darme trabajo, menos de mantenerme. Aquel que me emplee, lo hará en pleno ejercicio de su voluntad, libremente y porque emplearme le va a representar un beneficio. Es un libre intercambio entre ambos. Los dos ganamos.

Necesito trabajar porque si no trabajo, me muero. Trabajar es una decisión que toma toda persona que elije pensar: usa su razón que le permite identificar la realidad y decidir sin aceptar, menos permitir, presiones de otros. Elecciones personales que hace de manera objetiva, siendo las principales elecciones su escala de valores y los medios adecuados para alcanzar eso valores y conservarlos.

Puedo trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena. Necesito trabajar, independientemente de que yo sea quien arriesgue e invierta y, por cierto, dé trabajo a otros que también (como yo) lo necesitan; o alguien más sea quien corra con los riesgos de emprender y me emplee para alcanzar sus metas.

Necesito trabajar, para poder descansar. Necesito trabajar para permitirme un tiempo de ocio, dedicado a enriquecer mi conocimiento o al esparcimiento por el tiempo que sea necesario para reponer la energía que he destinado al trabajo productivo: todo en la justa medida y a la medida de mis propósitos.

Trabajar es una condición necesaria para la vida de todo ser humano. Y va más allá de si tengo o no los suficientes ingresos para satisfacer mis necesidades físicas. El ser humano necesita trabajar para vivir como humano. Para sentirse orgulloso de su existencia única e irrepetible. El ser humano necesita trabajar para sentirse digno: para saber que lo que tiene se lo ha ganado en base a su esfuerzo e ingenio, que no es producto de la laboriosidad de otros. Saber que soy capaz de mantenerme y cumplir con mis compromisos me engrandece ante mis propios ojos: los únicos que plenamente saben quién soy.

La laboriosidad es una virtud. Es la diferencia entre una sociedad de personas exitosas y felices; y una comunidad de gente fracasada y resentida. Es la que hace la diferencia entre la calidad de vida de los primeros y las condiciones de los segundos. Necesitamos trabajar para nosotros y para alcanzar nuestros objetivos. Necesitamos que el gobierno y los gorrones, los grupos de presión, dejen de estorbar el camino del progreso.

El presente artículo fue publicado el lunes 7 de mayo de 2012 en el diario guatemalteco Siglo Veintiuno.