Janus: el David de los trabajadores

El pasado 27 de junio, la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. emitió un dictamen en favor de Mark Janus, contrario a las pretensiones de AFSCME, el cual debe ser celebrado por todos los trabajadores del mundo. Se enfrentó a Goliat, representado por el sindicato estatal, y le ganó. Un importante triunfo que afirma los derechos de los estadounidenses protegidos por la Primera Enmienda de su Constitución.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó en el caso Janus versus AFSCME, que no se puede exigir a los trabajadores gubernamentales no sindicalizados, que paguen cuotas a los sindicatos como condición para trabajar en el Estado. Esta resolución, considerada histórica por muchos, restaura los derechos de libertad de expresión y libertad de asociación de la Primera Enmienda, a más de cinco millones de maestros de escuelas públicas, personal de primera respuesta (policías, bomberos, etcétera) y otros empleados del gobierno en todo el país.

La Primera Enmienda reza: “El Congreso no legislará respecto al establecimiento de una religión o a la prohibición del libre ejercicio de la misma; ni limitará la libertad de expresión o de la prensa; ni coartará el derecho de las personas para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios”.

Mark Janus, demandante en el caso, empleado por el gobierno estatal de Illinois, declaró: "Estoy muy emocionado de que la Corte Suprema haya restaurado no solo mis derechos asegurados por la Primera Enmienda, sino también los derechos de millones de otros trabajadores gubernamentales en el país. Muchos de nosotros nos hemos visto obligados a pagar por discursos políticos y posiciones políticas con las que no estamos de acuerdo, solo para poder mantener nuestros trabajos. Esta es una victoria para todos nosotros. El derecho a decir ‘no’ a un sindicato es tan importante como el derecho a decir ‘sí’”.

Jacob Huebert, abogado de Janus, comentó al respecto lo siguiente: "Esta es la mayor victoria para los derechos de los trabajadores en una generación. La Primera Enmienda nos garantiza a cada uno de nosotros, como individuos, el derecho de elegir a qué grupos queremos apoyar y a cuáles no. La Corte Suprema reconoció que nadie debe ser obligado a renunciar a ese derecho solo para poder trabajar en el gobierno. La Corte reconoció que los sindicatos tienen el derecho de organizarse y abogar por las políticas en las que creen, pero no tienen un derecho especial para obligar a las personas a pagar por su cabildeo. Tienen que jugar según las mismas reglas que todos los demás”.

La importancia de esta sentencia radica en que nos recuerda que todo trabajador, sin importar el sector en el cuál trabaja, debe ser libre de elegir con quién asociarse,  de rechazar formar parte de un sindicato y no ser obligado a pagar cuotas para mantener a los líderes de estos grupos. Debe ser libre de elegir dónde trabajar, bajo qué condiciones y ganando lo que él acuerde con quien quiera que esté en la capacidad de ofrecerle un empleo productivo y desee hacerlo. El trabajador debe ser libre de elegir cómo prever para su vejez, con quién crear su fondo de retiro, bajo qué circunstancias y en cuál contexto desea hacerlo. Al final, es SU dinero: producto de SU esfuerzo. Si es capaz de ganarlo, lo justo es respetar su decisión de cómo gastarlo.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 9 de julio de 2018.

Sin debido proceso, no hay paz

"Meme" de autor anónimo que circula en las redes sociales.

En Guatemala, la Constitución no es respetada ni siquiera por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), hoy erigidos en dictadores. Y no es que nuestra carta magna sea la ideal y menos que establezca un sistema que instituya la igualdad de todos ante la ley. Más aún, las leyes en nuestro país están sepultadas debajo de un montón de legislación, no calculada en su totalidad a la fecha, que hace casi inútil las normas generales, universales, abstractas e impersonales que aseguren el respeto a nuestros derechos individuales.

Sin embargo, la Constitución al menos vela por el respeto a la vida, la libertad y la propiedad de todos, ya que a pesar de sus contradicciones, desde el artículo primero y el segundo, deja claro que “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia” y que “su fin supremo es la realización del bien común…”, estableciendo que es “deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”.

Por supuesto que en esos mismos párrafos, lista varios términos ambiguos que es importante definir. Por ejemplo, ¿qué es el bien común? Según define el Diccionario de la Lengua Española, bien es aquello que nos es de utilidad y nos representa un beneficio; y común implica que debe ser para todos, no sólo para unos cuántos miembros de grupos privilegiados: “Que, no siendo privativamente de nadie, pertenece o se extiende a varios… Todo el pueblo de cualquier ciudad, villa o lugar… Comunidad, generalidad de personas”.

Entonces, ¿qué nos es de beneficio a todos? Vivir en paz, cada quien persiguiendo sus propios fines, lo cual sólo se alcanza cuando la probabilidad de que se violen los derechos individuales de cualquiera es lo más baja posible, y en caso alguien atente contra otro miembro de la sociedad, se tenga la seguridad de que se hará justicia: se le dará a cada quién lo que le corresponde. Parafraseando a Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es el bien común.

Para alcanzar esa justicia, y no cometer en su nombre injusticias, nuestros antepasados concibieron el derecho al debido proceso, para que un inocente no fuera condenado por un crimen que no cometió. El debido proceso y la libertad de expresión, son las más importantes garantías contra el abuso del poder de los gobernantes y de todos quienes detentan el poder político. El debido proceso, como todos los derechos hasta que se prueba sin duda racional que un acusado cometió la violación de la cual se le señala, es inherente a toda persona.

Por eso es sumamente preocupante que ni siquiera los magistrados de la CC respeten las garantías procesales, en especial porque después de ellos, como dijo Luis XV, sólo nos queda el diluvio. Qué tremendo error cometieron los constituyentes de 1985 al otorgarle un poder ilimitado a la CC. Un poder ejercido por cinco personas cuyo fallo no tiene apelación. De nuevo se cumplió la sabia advertencia de Lord Acton: “el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 5 de febrero de 2018.

El árbol de la corrupción

De poco sirve podar las hojas del árbol de la corrupción, si este no se arranca de  raíz. De poco sirve cuántos terminan presos, si no se acaba con el origen de la corrupción. Al final, todos terminamos presos de la corrupción, incluidos aquellos que creen que ignorando la realidad todo lo malo que en ésta encuentran va a desaparecer.

¡Ilusos! El ser humano puede ELEGIR actuar contradictoriamente y falsear los hechos, desvirtuarlos, ignorarlos… Pero lo que NO podemos evitar son las consecuencias de esa desacertada decisión. Y, lamentablemente, dentro del sistema político actual no sólo ellos se hacen daño, sino también se lo hacen al resto, aún a quienes valientemente aceptan el reto de buscar la verdad y dar la batalla de las ideas.

La corrupción ha existido desde siempre. Pero, ¿qué es la corrupción? Según el Diccionario de la Lengua Española (DLE), en su cuarta acepción, es la práctica consistente en la utilización de las funciones y los medios de las organizaciones, especialmente las públicas, en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.

Para el filósofo español Fernando Savater, la corrupción consiste en aprovechar la preeminencia social que otorga un cargo público en beneficio propio, personal o partidista, en lugar de en servicio de la comunidad. Según Savater: “Las motivaciones de los corruptos para legitimar a sus propios ojos las fechorías que cometen deben abarcar un amplio registro. En primer lugar, van aquellos para quienes aprovecharse de todo, por poco que sea, es casi una ley moral... Luego están los que creen que prestan servicios tan destacados a la comunidad que se lo merecen todo y más… hay otros que han nacido para el embrollo y la tropelía, para los que la deslealtad es un mórbido placer aunque arriesguen más de lo que pueden obtener: en una palabra, que ‘pagarían por venderse’, como dijo Flaubert”. En resumen, frente al poder, hasta el más honesto se puede corromper, porque falsean el autocontrol por bienintencionado que sea.

¿Se puede acabar con la corrupción? Sí. Entonces, ¿cuáles son los barrotes que nos impiden salir de esa cárcel? Las reglas del juego que los constituyentes y los legisladores nos han impuesto desde 1945. Reglas que pueden y DEBEN ser cambiadas radicalmente, si es que de verdad queremos liberarnos de la corrupción y sus consecuencias. Al fin, la misma corrupción es sólo un resultado más de ese sistema de incentivos perversos al cual hago mención.

¿Por qué es un sistema de incentivos perversos? Porque premia las malas acciones y castiga las buenas. Promueve la corrupción y destruye la moral de la gente. Es un sistema en el que se admira a quien se sale con la suya y acostumbra a mentir y engañar para subsistir. El estatismo intervencionista, que otorga más poder discrecional a los gobernantes, es el origen de la corrupción. Y más intervención estatal no resuelven los problemas: los agrava y, además, facilita la corrupción.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 18 de septiembre de 2017.

Desigualdad ante la ¿ley?

¿Vamos a perder la oportunidad de cambiar de raíz nuestro nefasto sistema político? Sí, lamentablemente, si la mayoría no despierta y deja de entretenerse con el circo y todas las distracciones que este ofrece, en lugar de enfocarse en lo importante: lo que está pasando en el Congreso, las nuevas leyes que los diputados están discutiendo y los cambios constitucionales que pretenden aprobar. Por supuesto, hay que estar también atentos a lo que sucede en nuestros tribunales, donde los jueces y magistrados, en particular los de la Corte de Constitucionalidad, están cambiando la legislación a su antojo y al gusto de los poderosos.

Quiero señalar que ya, a pesar del entusiasmo ciudadano a partir de las manifestaciones de abril y mayo de 2015, una gran parte de los cambios que han sido aprobados en el Congreso, en lugar de acercarnos a la necesaria igualdad ante la Ley, nos han alejado de ésta al otorgar más poder a los gobernantes para que, en nombre del abstracto Estado, intervengan en áreas que no les corresponden y tengan más control sobre nuestras vidas y bienes. En otras palabras, en vez de avanzar en una verdadera reforma, hemos retrocedido.

Digo necesaria “igualdad ante la Ley”, porque sin esta igualdad, la única posible y ojalá fuera la única deseable por todos, es imposible el progreso en el largo plazo. Más aún, es imposible la convivencia pacífica entre los miembros de una misma sociedad. Cualquier otro tipo de igualdad no sólo es inmoral e injusta, sino que es contraria a nuestra naturaleza y lo único que trae consigo es más miseria y obstáculos para superar la pobreza… al menos para la mayoría.

Las siguientes son las condiciones sine qua non para la existencia de un Estado de Derecho: 1. el Imperio de la ley; 2. la existencia de leyes auténticas, o sea que sean iguales para todos, generales, abstractas, conocidas, pocas, ciertas...; 3. el respeto al debido proceso: que los ciudadanos disfruten de los derechos contenidos en la ley y que el peso de la prueba dependa de quién acusa; 4. el respeto a los derechos individuales: vida, libertad y propiedad; y 5. la alternabilidad en el ejercicio del poder. En resumen, debemos acabar con todos los privilegios (exenciones especiales, ventajas exclusivas, leyes privadas) de todos los que hasta hoy se han beneficiado de estos privilegios y, lógicamente, no promover ni aprobar más prebendas para unos a costa de los derechos de los demás.

Los cambios que se hagan a la actual legislación y las leyes nuevas que se aprueben, deben ir enfocados al ideal de la igualdad de todos ante la Ley. Eso es, si queremos convivir en paz los unos con los otros, cada uno buscando sus propios fines por medio de la cooperación y el  intercambio libre basados en el respeto que nos debemos los unos a los otros. De lo contrario, sólo estaremos promoviendo una mayor iniquidad en nuestra sociedad y, en definitiva, en nuestras vidas.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 24 de abril de 2017.

Privilegio a la impunidad

El derecho de antejuicio, que siendo correctos debe ser llamado privilegio, debe ser eliminado de nuestro sistema jurídico. Nadie debe estar por encima de la ley y esta debe ser igual para todos. Más aún, en el caso de los gobernantes debe haber un mayor control, ya que se les ha delegado el monopolio del uso legal de la fuerza, el cual dentro del sistema político interventor y estatista que prevalece, usan para violentar los derechos individuales de los soberanos: los ciudadanos.

El Código Procesal Penal en el artículo 293, sí reconoce al antejuicio como un privilegio: “Cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente, de oficio o a petición del Ministerio Público, solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda… Contra el titular del privilegio no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal... Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a otros imputados que no ostentan el privilegio”.

El origen de este privilegio se remonta a los antiguos regímenes monárquicos y los fueros  privilegiados que el Rey otorgaba y se reservaba. Según el Diccionario del Español Jurídico de la RAE, compilado por Muñoz Machado, el fuero privilegiado es un "Conjunto de prerrogativas reconocidas a distintas clases o categorías sociales, en virtud de las cuales las causas que les fueran abiertas serían juzgadas conforme a procedimientos especiales y por tribunales determinados, distintos de los comunes, lo que conducía a una gran desigualdad que diferenciaba a las personas, los procesos y los tribunales juzgadores”. Práctica que fue rechazada por el discurso preliminar de la Constitución de Cádiz (1812).

Como escribió Warren Orbaugh en “La arquitectura de la ciudad”: “La justicia es la misma para todos, pues respetar en las relaciones el derecho de cada individuo es beneficioso recíprocamente para cada quien. Y como los derechos de todos los ciudadanos son iguales, en la ciudad todos son iguales ante la ley… si hubiere alguien que gozara de un privilegio, que es una ventaja exclusiva o especial por concesión del gobierno, entonces no serían todos iguales ante la ley, entonces no habría Estado de Derecho, entonces no habría justicia. El derecho es lo justo; el privilegio es lo injusto”.

Se contradicen quienes apoyan el antejuicio, pero dicen estar a favor del Estado de Derecho y la igualdad ante la ley. El privilegio del antejuicio provoca la desigualdad ante las normas y  promueve el sistema de incentivos perversos que atrae a los peores representantes de la sociedad al ejercicio del poder, ya que falsea la realidad de nuestra naturaleza y los axiomas de la acción humana. Además, se basa en una desconfianza del sistema de justicia al cual pretenden que nos sujetemos el resto. Ser coherentes con los principios liberales clásicos implica pelear contra todos los privilegios, incluidos los privilegios de los gobernantes.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 13 de febrero de 2017.

Trump, ¿manipulador o fanfarrón?

O ambas cosas, entre muchas más. El tiempo lo dirá. A pesar de lo sensacionalistas y arbitrarias de algunas de las medidas adoptadas por el nuevo Presidente de EE.UU., considero que aún es demasiado pronto para pronosticar qué va pasar durante los cuatro años de gobierno de Donald Trump. Lo que sí puedo asegurar a la fecha, es que Trump logró acaparar la atención de la mayor parte del mundo con apenas unos días en el ejercicio del poder. Y logró que la mayoría de analistas reconocieran que “ha sido coherente y está cumpliendo sus promesas de campaña”. Ahora, que esas promesas supuestamente cumplidas prosperen en el largo plazo no depende del Presidente: la última palabra la tendrán el Congreso y la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, ya ante sus votantes, Trump cumplió, según lo repetido por muchísimos expertos tanto en EE.UU. como en el resto de países del mundo. Como dijo Joseph Goebbels: “Una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad”. Y, como el mismo Trump enseña en su libro “The art of the deal” (1987), a la hora de negociar es importante el bluff: alardear para que la contraparte ceda. En fin, lo crucial es que aunque después las instituciones republicanas se traigan abajo algunas de las locuras ejecutadas por Trump, ya este logró lo que quería: un reconocimiento público de que sí cumple lo que dice.

Pienso, sin dejarme llevar por la emoción generalizada, que las preguntas que debemos hacernos son las siguientes: ¿Puede Trump aumentar los aranceles o terminar tratados de comercio internacionales sin autorización del Congreso de EE.UU.? ¿Es cierto que le declaró la guerra a los inmigrantes? ¿Es factible el muro? ¿Es el muro una distracción? ¿Distracción de qué? ¿Por qué los inversionistas de todo el mundo que cotizan los mercados estadounidenses han reaccionado favorablemente a los primeros días de gobierno de Trump? ¿Por qué el Dow Jones alcanzó marcas históricas?

Como reza la Constitución estadounidense en la 4ta sección del Artículo IV: “Los Estados Unidos garantizarán a todo Estado comprendido en esta  Unión una Forma Republicana de Gobierno”. Así que repito lo expresado en mi artículo “Trump y la República”, publicado el 14 de noviembre de 2016: “para el bienestar de todos, Estados Unidos continúa siendo, primordialmente, una República, basada en un sistema de pesos y contra pesos claramente definidos, una división territorial y normativa federal independiente del gobierno central, una declaración universal de respeto a los derechos individuales contenida en su Constitución, el compromiso con la igualdad de todos ante la Ley y el sometimiento al cumplimiento de esa Constitución asegurado por su control judicial (Judicial Review), una importante expresión del balance de poderes que sostiene la República estadounidense”.

Es una verdadera República la que protege a los ciudadanos de los abusos de poder de sus gobernantes, sin importar quiénes estos sean. Larga vida a la República.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 30 de enero de 2017.

Trump en la República

Mientras algunos se encuentran devastados por el triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos y se preguntan qué pasó, otros lo celebran. ¿Por qué ganó Trump? Porque Estados Unidos es hoy el equivalente a la tierra prometida para aquellos que quieren crear riqueza y mejorar su calidad de vida y la de sus seres queridos. Todavía no es, y ojalá nunca lo llegue a ser, un país donde lo que prevalece es la envidia y el rencor contra los ricos.

Todo lo contrario, es la sociedad a la que la gente emigra con la esperanza de hacerse rica: uno de los principales motivos por los cuales la propuesta socialista de los mal llamados liberales no termina de ser aceptada. Menos por la mayoría de los inmigrantes, los que seguirán llegando a pesar de las amenazas de Trump. ¿Por qué van a continuar llegando? Porque la opción que tienen quedándose en sus países es peor que la de arriesgarse a estar ilegales en Estados Unidos.

Hay otras explicaciones de la victoria de Trump que se deben mencionar, en particular el éxito que al final tuvo su retórica agresiva que confrontó a muchos, pero logró convencer a la suficiente cantidad de los votantes que están molestos con las condiciones en las que viven, y que están hartos de las mentiras de los políticos tradicionales y del estatismo e intervencionismo que avanzó peligrosamente durante el siglo veinte y lo que va del siglo veintiuno. Esto último todavía no plenamente entendido por esa mayoría molesta.

Por cierto, si la forma de gobierno de Estados Unidos fuera primordialmente democrática, como es nuestro caso, la ganadora de las elecciones sería Hilary Clinton, quien obtuvo la mayoría de votos populares válidos. Y, si Estados Unidos fuera primordialmente una democracia, no sólo los gringos, todo el mundo debería de temer lo que fuera a pasar con la llegada al ejercicio del poder de manipuladores como Trump o como Clinton.

Pero, para el bienestar de todos, Estados Unidos continúa siendo, primordialmente, una República, basada en un sistema de pesos y contra pesos claramente definidos, una división territorial y normativa federal independiente del gobierno central, una declaración universal de respeto a los derechos individuales contenida en su Constitución, el compromiso con la igualdad de todos ante la Ley y el sometimiento al cumplimiento de esa Constitución asegurado por su control judicial (Judicial Review), una importante expresión del balance de poderes que sostiene la República estadounidense.

Espero que durante el gobierno de Trump prevalezca el ánimo conciliatorio de su primer discurso como presidente electo. Y, aunque no fuera así, sé que la República lo pondrá en su lugar. Al final, los grandes perdedores en esta contienda fueron los miembros del establishment, del mainstream, de los medios de comunicación tradicionales y los artistas políticamente correctos. Además de los encuestadores. Derribemos los muros mentales que detienen el progreso y enfoquémonos en las lecciones que estas elecciones y las nuestras nos dejan.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 14 de noviembre de 2016.