La consulta que no fue

La consulta que no fue consulta. La consulta que fue una imposición solapada. La consulta que escondía la amenaza de que si no se respondía como los gobernantes querían, la repetirían hasta que ganara el sí. Y en tal caso, lo mejor hubiera sido que la respuesta a la pregunta de si estamos “de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para su resolución definitiva y que esta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes”… solo fuera sí.

Al menos, eso me queda claro de las declaraciones del excanciller Raúl Morales a Prensa Libre, dadas el 2 de agosto de 2017. Cito: “En caso de que en un país gane el NO, habría que repetir el referendo hasta conseguir el SÍ de la ciudadanía, porque ambas naciones firmaron una reforma del acuerdo original, en la que reconocen que la única solución al diferendo es llevarlo a la CIJ, la cual, al emitir sentencia, definiría los límites territoriales”. O sí o sí a la primera. O de lo contrario, el reclamo nos saldrá muy caro, mucho más caro de lo que ya nos ha costado.

Digo lo anterior porque soy una persona práctica y no voy a falsear la realidad. En el contexto actual, los tributarios llevamos las de perder. Lamentablemente los políticos aprendieron nuevas mañas a raíz de la Consulta Popular que perdieron en 1999. Ahora se aseguran de que a los ciudadanos ¿consultados? no les quede otra opción que votar como a ellos les interesa que se vote. De lo contrario, habrá seudoconsultas, impopulares la mayoría, hasta que se salgan con la suya, lo que implica un gasto multimillonario. En este caso, varios cientos de millones de quetzales de nuestros impuestos, por cada vez que se haga la supuesta consulta. Lo que, mientras, les representa un gran negocio a los burócratas que están a cargo de las tales procesos.

Yo decidí no ser parte de la farsa y no fui a votar. Eso no significa que no considere importante definir la situación limítrofe entre Belice y Guatemala. Y menos significa que no me interesan las condiciones en que viven nuestros compatriotas en esas zonas cuyos límites no son claros. Sin embargo, me parece de una ingenuidad extrema el creer que esas condiciones van a cambiar para bien con autorizar a los gobernantes de Guatemala para que permitan que la CIJ decida sobre el diferendo con Belice, y que la CIJ será justa a la hora de dictar sentencia.

Las condiciones de vida de TODOS en Guatemala, no sólo de quienes viven “entre Jerez y la frontera”, van a mejorar hasta que los gobernantes cumplan, en nombre del abstracto Estado, con su mandato primordial de garantizarnos “a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral”. Y para que a los gobernantes no les quede de otra más que cumplir con sus deberes, los ciudadanos debemos promover un cambio de raíz a nuestro sistema político y la forma de gobierno que prevalecen. Para lo cual, irónicamente, deberemos ser consultados en otra oportunidad.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 16 de abril de 2018.

Dictadura Constitucional

Después de leer y analizar detenidamente el proyecto de reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala, conocido popularmente como el paquetazo constitucional, presentado por Otto Pérez Molina, presidente del Organismo Ejecutivo, y sus asesores, puedo asegurar que el fin último del mismo es fortalecer el sistema presidencialista y casi desaparecer las pocas instituciones republicanas de nuestro actual sistema de normas. Además de intentar, de nuevo, formalizar las fracasadas reformas acordadas por los signatarios de los mal llamados acuerdos de paz de 1996, las que fueron rechazadas en la Consulta Popular de 1999.

Uno de los mejores cuestionamientos que he leído a las intenciones del todavía MANDATARIO, es el hecho por el dirigente sindical Victoriano Zacarías, el cual fue publicado en el diario Prensa Libre del pasado 28 de junio: “¿Qué beneficio tenemos los trabajadores y ciudadanos? ¿Se va a terminar la delincuencia, el alto costo de la vida, el desempleo? ¿Habrá agua en algunas colonias donde pasan más de 8 días y no hay? Es lo que nos van a preguntar los compañeros”. Y son las preguntas básicas que debemos hacernos todos los todavía MANDANTES.

Hago énfasis en la calidad de mandatario del Presidente (en buen chapín, el primer mandadero de la nación), y la facultad de mandante del ciudadano (el que manda al mandadero) porque en la parte del llamado “Fortalecimiento del sistema político”, incluyen una modificación al artículo 182, la cual deja de reconocer que el Presidente del Organismo Ejecutivo ejerce sus funciones por mandato del pueblo y lo convierte en Jefe de Estado y Jefe del Organismo Ejecutivo, cuál émulo de Hugo Chávez y todo aspirante a dictador.

Para rematar la intención de los ponentes de convertir al Presidente del Organismo Ejecutivo en soberano de la nación, incluyen cambios a varios artículos que van desde transformar en un monstruo de dos cabezas al Organismo Judicial (que al final dependerían del Ejecutivo) hasta eliminar el derecho de los ciudadanos a decidir bajo qué normas vamos a vivir, tal y como queda expresado en la modificación al artículo 279: “Para cualquier reforma constitucional se deberá convocar a una Asamblea Nacional Constituyente”. Eliminan la consulta popular. Le quitan el poder de decisión al mandante: al ciudadano, al pueblo.

Y las anteriores reflexiones son apenas las primeras que comparto con ustedes. Hoy quisiera tener al menos diez cuartillas de espacio para detallar, artículo por artículo, el porqué el proyecto de reformas a la Constitución del gobierno debe ser rechazado por el bien de todos en el largo plazo. Nuestro presente contrato social, para llegar a ser verdaderamente una Constitución Republicana, necesita ser modificado. Pero no cualquier cambio nos va a permitir vivir dentro de un Estado de Derecho que nos proteja de los abusos de los gobernantes, de los delincuentes y de los criminales.

El presente artículo fue publicado el lunes 2 de julio de 2012 en el diario guatemalteco Siglo Veintiuno. La imagen la bajé de Internet.