El despilfarro presupuestario

Los politiqueros en el ejercicio del poder, junto con la burocracia parasitaria nacional y supranacional, elevaron el botín para 2019 a casi Q88 millardos. Los esquilmados, como todos los años, seremos los tributarios. La mayor parte de nuestro dinero será despilfarrado en la buena vida que se dan los gobernantes y los burócratas del Banco Mundial, del FMI, del BID… y en el mantenimiento de una enorme cantidad de empleados gubernamentales que, la mayoría, vegeta dentro de la estructura estatal.

Hace dos semanas, los diputados aprobaron el Acuerdo 23-2018 que fijó el presupuesto del Organismo Legislativo en Q792 millones 36 mil; el de la PDH en Q100 millones; el del PARLACEN en Q13 millones; y el de la Corte Centroamericana de Justicia Q2.4 millones. Entre los incrementos más significativos se encuentran, en el renglón 131, los viáticos al exterior, que tendrá un aumento de Q1 millón 43 mil. El renglón 151, que es para el arredramiento de edificios y locales, también tuvo un incremento de Q4 millones 22 mil 500, mientras que en el renglón 171 para el mantenimiento y reparación de edificios se hizo un aumento de Q16.7 millones.

En fin, el partido oficial consiguió los votos suficientes para aprobar el presupuesto. Desconozco, a ciencia cierta, las negociaciones que han de haber habido para ese cambio, pero no nos debe extrañar que sean similares a las que mencioné en mi artículo de la semana pasada, basada en una investigación de elPeriódico, según la cual el objetivo de varias de las modificaciones al presupuesto es poner fondos adicionales de éste a disposición de familiares y amigos de los diputados que han apoyado al Presidente. No me va a extrañar que la distribución del listado geográfico de obras favorezca los intereses de los diputados que votaron a favor del presupuesto.

El año entrante es un año electoral, por lo cual los funcionarios intentarán utilizar parte del presupuesto, en particular los fondos del Ministerio de Desarrollo, para tratar de comprar votos. Sin embargo, en Guatemala las experiencias pasadas muestran que los anteriores intentos en ese sentido han fallado. Lamentablemente, los políticos se siguen engañando creyendo que de esa manera tendrán el apoyo de los votantes, y lo único que logran es despilfarrar el dinero de los tributarios.

Como he escrito en otras ocasiones, la corrupción es autorizada y legalizada por los diputados por medio del Presupuesto. El robo de nuestros impuestos se da en la ejecución del Presupuesto de malgasto y despilfarro de los politiqueros en el ejercicio del poder: el Presupuesto General del Estado, que no es más que la forma en la cual oficializan la repartición del botín. El botín, el cual es mantenido por nosotros por medio de los impuestos que somos obligados a tributar: el fruto de nuestro trabajo que nos es expoliado.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 3 de diciembre de 2018.

El botín de 2019

O, como es oficialmente conocido, el “Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación”, se encuentra en el último trecho de su aprobación. Tienen, los más de 40 ladrones que integran la cueva del Congreso, hasta el próximo viernes 30 de noviembre para aprobarlo. Por ese motivo, y ante la urgencia de saquear a los tributarios en el año de Hidalgo, el año de pendejo el que deje algo, se declararon en sesión permanente.

No tengo el espacio, ni el tiempo, de listar todas la críticas que se le han hecho a la absurda propuesta del exministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada. Sin embargo, quiero mencionar al menos algunas, entre estas, la denuncia de los diputados de Encuentro por Guatemala de que en el proyecto de presupuesto 2019 no hay ministerio ni fondo que no tenga incrementos en los renglones 029, 015, 022, 021 (para contratación de personal temporal) que juntos suman Q23 mil millones.

Según una investigación de elPeriódico, el proyecto de presupuesto está basado en los nexos de varios diputados con determinados entes gubernamentales. Por ejemplo, establece que la asignación de Q120 millones adicionales para el Ministerio de Salud, deberá ser utilizada específicamente para la compra de equipo y el remozamiento, por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, de los hospitales de Quiché, Alta Verapaz y Santa Rosa, asignación que coincide con el distrito de los diputados Estuardo Galdámez, Rudy Pereira y Marco Aurelio Pineda.

La Comisión de Finanzas agregó Q60 millones para la construcción de canchas deportivas que a cargo del viceministerio de Deportes en el que Mario Renato Monterroso García, sobrino del diputado Hugo Fernando García Gudiel, estaría a cargo de su ejecución. También crearon una partida presupuestaria de Q25 millones para pagar un subsidio de transporte al adulto mayor. Dicho aporte sería recibido por una asociación de transportistas con sede en Escuintla, y aparentemente fueron gestionados por el diputado Domingo Trejo.

El incremento de Q50 millones a la partida del MAGA para el fortalecimiento de la administración del agua, al parecer beneficia a los dos hijos de la diputada Delia Bac que trabajan en dicho ministerio. Además, el incremento de Q12.5 millones al Registro de Información Catastral se debe a que éste es controlado por familiares, amigos y socios del diputado Armando Escribá. Por último, otro incremento relevante es el de Q75 millones para el viceministerio de Seguridad Alimentaria que es dirigido por Manfred Melgar Padilla, hermano del diputado Herbert Armando Melgar Padilla.

Esperemos que prevalezca la falta de acuerdos bajo la mesa, para que no logren alcanzar su perverso objetivo de aprobar el presupuesto con mayor déficit de toda nuestra historia: alrededor de un 40 por ciento de los ingresos fiscales programados. La única forma de evitar que los políticos gasten más de lo que deben es reformando urgentemente nuestro sistema, comenzando por obligar a los diputados, por ley, sólo aprobar balanceados, donde no pretendan gastar más de lo que puedan justamente recaudar.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 26 de noviembre de 2018.

Celebración patética

El jueves pasado, 30 de noviembre, me encontraba alrededor de las doce y media de la tarde comentando con Jorge Jacobs en nuestro programa radial, “Todo a Pulmón”, las noticias del día, cuando nos avisaron que se había suspendido la sesión en el Congreso en la cual debían aprobar en tercera lectura el Presupuesto General de malgasto y despilfarro del Estado para el próximo año. Ambos celebramos tal hecho, conscientes de que la propuesta del gobierno para 2018 era la más absurda que habíamos visto en toda nuestra vida. Absurdo que, tristemente, crece año con año.

Era tan absurda la propuesta presupuestaria que, por primera vez que yo recuerde, hasta organizaciones estatistas e intervencionistas se pronunciaron en  contra de ésta. Un presupuesto que, si hubiera sido aprobado por el Congreso, hubiera acabado con las pocas esperanzas de muchos emprendedores de recuperar el año entrante parte de lo que hemos perdido en los últimos dos años. Por supuesto, que si se hubiese aprobado, lo hubieran celebrado un montón de corruptos que soñaban con la piñata de 2018.

No obstante la felicidad que me embargaba, a los pocos minutos de haber celebrado la suspensión de la sesión plenaria en el Congreso, me di cuenta de lo patética que era nuestra celebración. Poco me duró la euforia. Al final, el presupuesto de este 2017, que seguirá vigente en 2018, es también un absurdo casi catastrófico. ¡Qué triste celebración! La celebración de que nos libramos de un mal mayor pero, igual, podemos esperar un mal para el próximo año.

Lamentablemente, hemos llegado a este paradójico estado, en el cual celebramos la prevalencia de un mal menor, pero siempre un mal, porque pareciera que no tenemos forma de presionar, pacífica y legítimamente, a los politiqueros que ejercen el poder. Que seguirán haciendo lo que se les antoje a ellos y a los miembros más influyentes de los grupos de presión que, sin pena alguna, violan los derechos de los otros para reclamar privilegios que fácilmente les otorgan los gobernantes. Total, para eso sirve en la realidad el poder casi sin límites que otorga el Estado Benefactor/Mercantilista a quienes lo ejercen.

¿Y todo por qué? Por todos aquellos que se dejan embaucar por las promesas populistas de quienes quieren llegar al ejercicio del poder. ¿Por qué aceptan ser esclavos de tal engaño? ¿A qué le temen? ¿Tienen miedo a ser libres y decidir sobre su vida? ¿Cuántos prefieren morir engañados a enfrentar sus miedos? ¿Qué necesitan para liberarse?

Ojalá superemos la sentencia de Carl Sagan, según la cual "una de las lecciones más tristes de la historia es que si hemos sido engañados por tiempo suficiente, tendemos a rechazar cualquier evidencia del engaño. Ya no estamos interesados en descubrir la verdad. El engaño nos ha capturado. Es demasiado doloroso reconocer, incluso para nosotros mismos, que nos han tomado el pelo. Una vez que le das a un charlatán poder sobre ti, casi nunca lo recuperas". Patético. Rompamos esas cadenas y cambiemos nuestro futuro para bien.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 4 de diciembre de 2017.

El robo legal del año

Todos los años por estas fechas, se legaliza el mayor robo que hay en nuestro país. Y hasta hoy, a excepción de unas pocas columnas de opinión como esta que usted lee, los medios de comunicación tradicionales no sólo NO lo denuncian públicamente, en la mayoría de los casos se vuelven comparsas del robo al convertirse en caja de resonancia del establishment que aboga para que cada período los gobernantes malgasten y despilfarren más de nuestro dinero.

Sí, el dinero de los tributarios, el cual nos es expoliado bajo la amenaza de ir a la cárcel: una extorsión trágicamente legal. Por supuesto que aducen para justificar ese robo que se va a utilizar para lo que la mayoría considera fines deseables: educación, salud, vivienda, cultura, deporte… Agregue a la lista todo aquello que se le antoje: dentro de la reglas del Estado Benefactor/Mercantilista que impera, todo deseo (sea un derecho, una necesidad o un capricho) es bienvenido por los pícaros que quieren ejercer el poder y están dispuestos a ofrecer el cielo y la tierra a quienes voten por ellos, que suelen ser los peores representantes de nuestra sociedad ya que es a quienes atrae el sistema de incentivos perversos que prevalece.

Ese multimillonario robo, que pretenden que para 2017 sea de alrededor de Q.80 millardos, lo legalizan por medio del decreto legislativo que da vida al mal llamado Presupuesto del Estado que, si utilizaran correctamente los términos, deberían llamar Presupuesto de malgasto de las pandillas politiqueras en el ejercicio del poder. El tal Presupuesto lo que refleja es la negociación entre los gobernantes y los grupos de presión que se piensan repartir el botín.

No se deje engañar por el uso mal intencionado del lenguaje. Los gobernantes, en nombre de esa ficción llamada Estado, NO invierten en nada. Los gobernantes lo único que hacen es gastar lo que otros han creado. ¿Cómo lo gastan? Es esta una de las preguntas más importantes que debemos responder aquellos que somos obligados a financiar tal gasto, que al final solo sirve para que otros, que no se lo han ganado, acumulen fortunas a costa nuestra.

No me canso de repetir, y lo seguiré haciendo hasta que la mayoría de los tributarios lo hayan entendido e internalizado, que el robo de nuestros impuestos se da en la ejecución del Presupuesto de malgasto de los politiqueros en el ejercicio del poder. El botín son los impuestos que pagamos todos los meses. Somos obligados a entregar una parte sustancial de la riqueza que hemos generado a base de nuestro esfuerzo mental y físico.

¿Y para qué tributamos? Para mantener la buena vida de los gobernantes, de los líderes de los grupos de presión, de los burócratas internacionales de organizaciones supranacionales, de la parasitaria e innecesaria burocracia estatal nacional y de todos aquellos que se benefician del estatismo y el intervencionismo, impulsado en muchos casos por gente que se ve afectada pero no es capaz de superar la programación de siervo promovida por la educación estatizada.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 28 de noviembre de 2016.

La responsabilidad de Jimmy

Es responsabilidad de Jimmy Morales, y de todo aquel que ocupe el cargo de Presidente del Organismo Ejecutivo, velar, en nombre del abstracto Estado, por la seguridad de todos. ¿A qué me refiero con seguridad? A que es responsabilidad del Primer Mandatario de nuestra nación velar porque no se violen los derechos individuales de los habitantes de Guatemala: que se respete la vida, la libertad y la propiedad de todos. También es su responsabilidad, en caso de que los derechos de uno o varios miembros de la sociedad hayan sido violados, investigar el caso y presentar ante los tribunales competentes a los responsables de los delitos o los crímenes señalados, para que estos sean juzgados.

Lo anterior queda estipulado en los artículos 1, 2, y 4 de nuestra Constitución. Estos artículos ordenan lo siguiente: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común… Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona… En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre, ni a otra condición que menoscabe su dignidad”.

El objetivo del Ejecutivo no es gastar a rajatabla lo que pueda gastar. Mucho menos es obligación del Presidente gastarse todo el dinero aprobado por el Legislativo por medio del Presupuesto, el cual en gran parte es financiado por préstamos y/o bonos que luego tendremos que pagar nosotros. Sin embargo, tomando en cuenta que el tal Presupuesto no es otra cosa que el reparto del botín entre gobernantes, funcionarios, grupos de presión y la burocracia estatal parasitaria, más de uno de los pícaros incluido en el listado de maleantes que esperan apropiarse de nuestros impuestos, pondrá el grito en el cielo si no le entregan su tajada.

Gastar por gastar para mantener la corrupción vivita y coleando: eso es lo que Jimmy y aquellos que llegan al ejercicio del poder entienden por ejecución. Y ya advirtió Morales que, aquel que no cumpla con la orden de gastar a manos llenas será ejecutado: en otras palabras, será despedido y sustituido por un malandrín que sí cumpla con los requisitos esperados. Va a cambiar a los que considere ladrones mediocres por otros que sí sean capaces de repartir eficientemente la plata que nos expoliaron.

¡Son buenos para malgastar lo que nos costó producir! Pero  nada más. Después de más de 10 meses de gobierno nos queda claro que mintieron en su campaña. Según el ministro de Gobernación, Francisco Rivas,  aumentaron las denuncias por extorsión, a pesar de que la mayoría de los extorsionados no denuncian por temor a los mismos policías y las autoridades. ¿Debemos los tributarios denunciar por extorsionistas a nuestros gobernantes? Sí, es lo que se merecen.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 17 de octubre de 2016.