¿Es la lucha contra el progreso?

¿Qué está sucediendo en Guatemala? ¿Se está dando una lucha contra la corrupción o una lucha contra la producción? ¿Cuáles serán las consecuencias en el largo plazo si lo que se está gestando es la destrucción de nuestra capacidad productiva? ¿Quién querrá invertir y correr los riesgos que implica ser empresario en un ambiente político que fortalece el intervencionismo y el estatismo en contra del emprendimiento?

¿Quién querrá invertir en un país donde no hay certeza jurídica, no se respeta el derecho de propiedad y los jueces arbitrariamente detienen las operaciones de compañías, como es el caso de Mina San Rafael, por sus simpatías con grupos de presión ideologizados? ¿Por qué en Guatemala hay quienes tienen que recurrir a redes burocráticas corruptas o a firmas dedicadas a trámites con el “Estado” para recuperar el dinero que es suyo, que les pertenece legal y legítimamente? Tal es el caso del crédito fiscal de los auténticos exportadores, no de los fraudulentos. Un dinero que nunca debió ser expoliado.

¿Qué se ha ganado, o quiénes han ganado, con la ampliación del poder y la capacidad recaudadora de los gobernantes por medio de la Superintendencia de Administración Tributaria? Hoy, un ente similar a la “Santa Inquisición” de ayer. ¿Se fortaleció un árbol torcido? ¿Qué pasa cuando ese árbol torcido es un ente burocrático cuya organización fomenta la corrupción? En tal caso, ¿se facilitó el robo de nuestros impuestos?

Dentro del sistema de incentivos perversos que prevalece, el propio del Estado Benefactor/Mercantilista, ¿habrá un cargo estatal más despreciable que el de recaudador de la corrupción? O sea, el de jefe de la SAT. El inquisidor supremo de la mencionada entidad estatal, o si prefieren llámenlo el zar de la expoliación, que suele generar pasiones entre unos cuantos corifeos que apoyándolo encontraron una manera de expresar sus frustraciones personales y/o hacerles creer que es posible llegar al ejercicio del poder y ser ellos quienes mañana puedan gozar de los frutos de la riqueza creada por otros.

Ver cómo se ha desvirtuado la justa lucha contra la corrupción en nuestro país, me hizo recordar a dos admirables pensadores del pasado. El primero de ello es Thomas Jefferson, que en una carta a Pierre Samuel Dupont de Nemours de 1816, sentenció que "la mayoría al oprimir a un individuo es culpable de un crimen al abusar de su fuerza; y al actuar usando la ley del más fuerte, destruye los cimientos de la sociedad". Y luego, resonaron en mi mente las palabras de Voltaire, cuando advirtió que "cualquiera que tenga el poder de hacerte creer tonterías, tiene el poder de hacerte cometer injusticias".

Las piedras preciosas nacen del conflicto entre elementos químicos hostiles, lo suficientemente resistentes para sobrevivir cataclismos que destruyen todo a su alrededor. Las piedras preciosas son sobrevivientes, así como lo somos aquellos que a pesar de las circunstancias adversas en nuestro país, continuamos dando la batalla con la esperanza de que vamos a ganar en el largo plazo y, finalmente, viviremos dentro de una sociedad donde podamos progresar cooperando e intercambiando en paz, creando riqueza y respetándonos los unos a los otros.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 29 de enero de 2018.

¿Quién defrauda a quién?

¿Los tributarios al Estado o al revés? Tal vez sea más fácil responder a esta pregunta, si recordamos que el Estado es un concepto abstracto, y que quienes actúan en nombre de tal abstracción no son otros más que los políticos populistas, mentirosos y corruptos que, lamentablemente, representan a la mayoría de quienes llegan al ejercicio del poder, al menos dentro del sistema de normas políticas que prevalece en Guatemala y en gran parte del mundo: el Estado Benefactor/Mercantilista.

Esos mismos gobernantes que están ¡tan preocupados! en protegernos y cuidar nuestras propiedades, que llegan al extremo de que optan por quedarse con lo nuestro antes de que nosotros corramos el riesgo de perderlo. ¡La bondad y la honradez encarnadas en los políticos! ¿Creerán que nuestro dinero está más seguro en sus bolsillos? En fin, ironía aparte, son esos mismos gobernantes, o similares a ellos, que muchos queremos ver presos y devolviendo todo lo que nos han robado.

Una vez aclarado el contexto y los conceptos, es sencillo responder a la pregunta de quién defrauda a quién: son los gobernantes, en nombre del abstracto Estado, quienes defraudan a los tributarios y despilfarran, malgastan y/o se roban el fruto del trabajo de aquellos que son obligados a tributar bajo amenaza de ir a la cárcel. En otras palabras, los creadores de riqueza que son extorsionados y expoliados por los gobernantes y los burócratas a cargo de tal crimen, o sea, el Superintendente de Administración –terrorista- Tributaria y la gente que trabaja en la SAT.

Para aquellos que aún no han identificado el engaño, o tienen miedo a enfrentar la realidad, les pregunto, ¿para qué y por qué pagan impuestos? ¿Para mantener el sistema político (y a los politiqueros) que favorece la impunidad y la corrupción? ¿Pagan por qué así los han programado/educado? ¿Por aceptar la falacia de que al ser exitosos y capaces de mantenerse a sí mismos, deben velar por otros a quienes ni siquiera conocen? ¿Se dan cuenta de que esos otros son, en su mayoría, un montón de parásitos y oportunistas que poseen un poder arbitrario para hacer lo que se les antoje con lo que a usted le costó ganar? ¿Renunciaron a ser ciudadanos y mandantes, para convertirse en siervos incapaces de razonar por sí mismo? ¿Quiénes se benefician con esa visión servil de la relación entre los ciudadanos y los gobernantes?

Como escribió recientemente Juan Ramón Rallo en el artículo publicado por elCato, titulado “Paradise Papers: el riesgo de mezclarlo todo”: “Tendría mucho más sentido reputar como inmorales las artimañas políticas dirigidas a maximizar la rapiña tributaria que las tácticas individuales orientadas a proteger el patrimonio personal”. En resumen, la SAT no “recupera impuestos no entregados al fisco”. La SAT expolia a los legítimos dueños y con esa expoliación reduce el capital necesario para transformar los recursos en riqueza y la creación de puestos de trabajo productivos necesarios para que todos podamos mejorar nuestra calidad de vida.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 15 de enero de 2018.

Extorsión del fiambre al tamal

Veo con tristeza que mi país se ha convertido en el reino de los extorsionistas. Pero no sólo me refiero a los más obvios integrantes de este grupo, los pandilleros, que desde las mismas cárceles extorsionan a la gente responsable, respetuosa y productiva, entre ellos a los pocos que todavía se atreven a invertir en Guatemala, transformando recursos en riqueza y creando fuentes de trabajo que tanta falta hacen para reducir la emigración de nuestros compatriotas. Criminales que no dudan en asesinar a quién sea con tal de que sus víctimas sucumban a sus amenazas. Sicópatas que, en la mayoría de los casos, no tienen redención.

Sin embargo, no son los únicos que viven de la extorsión y de la violación continúa de los derechos individuales de la mayoría. Entre los principales extorsionistas se incluyen a los grupos de presión. Organizaciones, en muchos casos, delincuenciales que, así como los pandilleros tienen a su Smurf, ellos tienen a su Daniel, a su Joviel o a su Telma. Que, al igual que los mareros intimidan, ponen en riesgo la vida de los demás y viven del robo de la riqueza creada por otros. Aunque, a diferencia de los mareros y criminales comunes, ellos no se encuentran presos. Más aún, pareciera que son intocables gracias al apoyo que gozan de burócratas supranacionales y estructuras internacionales de personas que viven de la peor de las extorsiones: la extorsión impositiva.

¿Por qué es la extorsión impositiva la peor de todas? Porque utilizan la ley para extorsionar. Esa ley que llamó Frédéric Bastiat pervertida, porque fue desviada de su objetivo legítimo y dirigida a un objetivo totalmente contrario. Ley que deja de ser ley para convertirse en legislación arbitraria que facilita a los corruptos que llegan al ejercicio del poder expoliar a los creadores de riqueza, y vivir parasitariamente a costa de los tributarios temerosos que claudican ante la amenaza de ir a la cárcel. Ley que termina invirtiendo los papeles entre los mandantes y los mandatarios y, de alguna manera, retrocediendo el reloj a los tiempos del antiguo régimen.

¿Existe una reticencia a pagar impuestos? ¿O una aversión a ser extorsionados del fiambre al tamal? Para responder estas preguntas hay que aclarar el contexto. Es evidente que debemos financiar las funciones propias de la naturaleza de un gobierno si queremos vivir dentro de una verdadera República, donde el poder que gozan los mandatarios está limitado por el respeto a los derechos individuales de aquellos que respetan los derechos de los demás. Derechos que en principio son reconocidos a todos por igual, y que sólo se pierden cuando alguien no cumple con su obligación de respetar la vida, la libertad y la propiedad de otros.

Sobra decir que la realidad de los guatemaltecos no es la propia de una República. Entonces, ¿por qué vamos a pagar impuestos cuando la mayor parte de estos terminan en los bolsillos de burócratas, políticos y oportunistas que negocian con ellos? ¿Por qué aceptamos ser extorsionados? Extorsión que, por cierto, se da todos los días del año, independientemente del menú.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 20 de noviembre de 2017.