¿Quién contra bando?

En estos tiempos de creciente incertidumbre en Guatemala, tiempos en los que observamos dos bandos enfrentados por el ejercicio del poder político, cuyos líderes se aprovechan de la justa indignación de muchos, unos por la corrupción y otros por las violaciones al debido proceso, ambas consecuencias, precisamente, del abuso de ese poder que, dentro del Estado Benefactor/Mercantilista, es casi ilimitado, no deja de sorprenderme que tanto tirios como troyanos, incluidos la mayoría de medios de comunicación, estén pidiendo más de lo mismo: más intervención gubernamental. Claro, en nombre del divino y todopoderoso Estado que todo lo puede otorgar, particularmente a los grupos de presión, a sus líderes y a los pícaros que actúan en su nombre.

Unos que recientemente solicitaron más burocracia estatal, son los representantes de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, que pidieron al Ministerio Público la creación de una fiscalía especial que conozca los casos de contrabando y defraudación aduanera, pretendiendo asustar a los consumidores con la falacia de que las mercancías que ingresan de forma ilegal ponen en riesgo su salud. Puede ser que con algunos productos así sea, los cuales termina desechando el mismo mercado. Pero no es ese el caso de la mayor parte de esos bienes contrabandeados, o sea importados, que permiten a nuestros compatriotas de recursos más escasos satisfacer sus necesidades. Si fuera lo contrario, sin necesidad de la intervención de papá gobierno, ya hubieran dejado de comprarlos.

Con más burocracia no se arregla el problema, se complica aún más. Además, ¿cuál es el crimen? ¿Las personas libremente intercambiando? ¿La gente decidiendo a quién comprarle? ¿Oferentes informales que satisfacen mejor las necesidades de los demandantes? Porque, dejémoslo claro, NADIE obliga a nadie a comprarles a los contrabandistas. Por el contrario, los quieren obligar a NO adquirir los bienes que ellos les ofrecen.

Esa vieja idea de que puede existir un mercado intervenido, regulado por los gobernantes para asegurar la ¿libre competencia? es un oxímoron evidente para quienes entendemos el mercado: el proceso donde las personas, de manera voluntaria (o sea, sin la mediación coactiva de ningún tercero), intercambian los unos con los otros. Cada quien persiguiendo sus propios intereses y a la espera de ganar sin dañar a nadie en el proceso. Más aún, ganando ambas partes. Y, sin buscarlo, de esa manera beneficiando al resto de la sociedad al contribuir a la asignación eficiente de los recursos escasos.

Ese deseo de controlar las vidas y las pertenencias de los demás la entiendo viniendo de los políticos. Pero cuando la propuesta viene del sector privado, que debería cerrar filas con aquellos que exigimos al gobierno que se dedique únicamente a sus funciones primordiales, seguridad y justicia, me decepciona. El colmo es que el tributario va a terminar pagando por la nueva burocracia innecesaria. El contrabando es el comercio internacional ilegítimamente criminalizado. Cuando sea más caro ser contrabandista que vender legalmente su producto entonces sí va a acabar el contrabando. Y esto solo va a suceder cuando no existan las aduanas ni los obstáculos al libre intercambio en general.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 17 de septiembre de 2018.

¿Competencia o más corrupción?

Es la pregunta que nos debemos hacer ante la amenaza de que sea aprobada por el Congreso la mal llamada ley de competencia, la cual será mejor comprendida si se le reconoce como lo que es: más legislación intervencionista que, al final, va a promover la incompetencia y la corrupción, porque a más intervención de los gobernantes y de los burócratas en la economía, en la salud, en la educación, en las carreteras…, mayor y más fácil es el robo y el despilfarro de nuestros impuestos y más difícil es la creación de riqueza y el progreso.

El problema de la ley anticompetencia está en su mismo origen y su naturaleza intervencionista. La raíz del problema es el poder discrecional y arbitrario que pretenden otorgar a un grupo de burócratas. Poder que con anterioridad usaron para otorgar privilegios que evitan la competencia. Poder ostentado por burócratas que no saben qué significa competir o le tienen miedo a la competencia y por eso se acomodaron como funcionarios del Estado. Burócratas que ahora van a decidir qué es una práctica anticompetitiva, qué es la eficiencia económica, qué bienes debemos adquirir y a quiénes se los debemos comprar. Lo que es una paradoja, porque la única práctica anticompetitiva que existe es la creada previamente por los gobernantes que favorecieron con monopolios o carteles a los mercantilistas.

Es absurdo utilizar de excusa para aprobarla que ya el resto de países la tienen: mal de muchos, consuelo de tontos. El objetivo REAL de la ley anticompetencia es intervenir el mercado y crear más burocracia por medio de un ente superpoderoso al que van a llamar la “Superintendencia de competencia”, hermana de sangre de la SAT. La oferta es tentadora para algunos que CREEN que les va a facilitar competir con los más eficientes. ¿Te afectan los que compiten en tu mercado? ¿Venden más que tú? ¡Ah! Reclámalo a la Superintendencia: es probable que estén llevando a cabo alguna práctica anticompetitiva como, por ejemplo, ofrecer un mejor producto, un mejor servicio o un mejor precio.

NO se necesita una supuesta ley de competencia para protegernos, porque la mejor protección para los consumidores es la VERDADERA competencia: la única que beneficia a todos en el largo plazo. Los intercambios de propiedad privada, pues al fin eso hacemos al adquirir bienes y servicios, son por naturaleza voluntarios. No se puede legislar el libre mercado o crear competencia por medio de legislación. Para tener un mercado, libre por definición, los gobernantes deben respetar la voluntad de las personas que deciden qué, cómo, cuándo, cuánto… y a quién le compran todo aquello que necesitan para cubrir sus necesidades y alcanzar sus objetivos PERSONALES.

Una política de intervención del gobierno en el mercado es una contradicción. Que los gobernantes pretendan controlar por medio de regulaciones la competencia es ilógico. EL “CONTROL” LO DEBE EJERCER EL CONSUMIDOR/USUARIO: en todos los bienes y en todos los servicios, incluidos los estatales. El control lo debe ejercer quien paga. Una ley de competencia, solo promueve la burocracia estatal, la arbitrariedad de los gobernantes y, por tanto, la corrupción y la extorsión legalizada. La única competencia que va a promover será la de la corrupción.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 19 de marzo de 2018.

Facebook, un negocio más

Y, como cualquier otra empresa exitosa, es producto del ingenio de un creador que hizo el esfuerzo mental y físico por alcanzar sus objetivos. Un empresario que se arriesgó y triunfó. Un genio que innovó radicalmente la manera de comunicarnos y de relacionarnos en el siglo veintiuno. Un hombre cuyo nombre es mundialmente conocido: Mark Zuckerberg.

Facebook es un servicio como cualquier otro, y sus creadores y propietarios tienen el mismo derecho que tenemos todos de obtener ganancias de nuestros negocios. En el caso de Facebook su sobrevivencia y éxito dependen de sus anunciantes, como también es el caso en la mayoría de los medios de comunicación, tanto tradicionales como virtuales. Pero, como sucede a menudo, hay gente que cree que otros deben trabajar para ellos y sus fines sin cobrarles: pretenden que los bienes y/o servicios que provean no tengan ningún costo para ellos.

Estos oportunistas, que suelen en muchas ocasiones vivir muy bien a costa de alguien más, desprecian los principios básicos de convivencia pacífica, en especial el respeto a la propiedad privada de los medios de producción, ya sea intelectual o material. Consideran que el justo intercambio voluntario entre dos o más personas debe ser regulado. En otras palabras, que los gobernantes, en nombre del Estado, controlen el mercado: que regulen la competencia (de ideas y de bienes), que ordenen a los empresarios qué producir y a los consumidores qué consumir. No les conviene reconocer que cuando la cooperación es una realidad, o sea que es libre, todos los participantes en el proceso ganan.

En el caso específico de la batalla de las ideas, que incluye la lucha contra la corrupción, algunos consideran que unos tienen la obligación de apoyar a otros a difundir sus opiniones. Los más descarados llegan a promover legislación que obligue a los propietarios de los medios a financiarlos, aun cuando las ideas que éstos sostienen no sean compartidas por quienes serían obligados a difundirlas.

La batalla de las ideas debe ser pacífica: por medio de la persuasión. Ojalá ganara quien prueba la veracidad de sus juicios y no aquel que es más eficiente para manipular emotivamente a los demás. Pero, al final, son las personas interesadas en progresar y ser felices quienes tienen la última palabra. Todos somos libres de expresarnos, pero nadie tiene la obligación de financiarnos. Hoy, precisamente gracias a creadores como Zuckerberg, todo individuo que quiera compartir con otros sus pensamientos, creencias, emociones, elecciones… lo puede hacer sin mayor costo, más que su tiempo.

Como usuaria de Facebook, la creación de la sección para explorar en la cual ahora encuentro las páginas que sigo, me parece fabulosa: me facilita enfocarme en la búsqueda de conocimiento. Como usuaria de una página pública significa que, si quiero que aquellos que no consultan la sección de explorar lean mis artículos, tendré que pagar una mínima cuota para que lo hagan. Por años tuvimos sin costo este servicio. Y justo es que, quien quiere celeste, que le cueste.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 6 de noviembre de 2017.

Hambre de progreso

No es el hambre de los burócratas, nacionales e internacionales, que utilizan el hambre de los demás, en particular el hambre de los más pobres, para saciar su apetito. Que se llenan la boca de las penas de los otros, jurando y perjurando que ellos tienen la solución a la lamentable situación en la que viven muchos. Esa original solución es hacer más de lo mismo que ha sido un fracaso para combatir la pobreza: aprobar más legislación estatista e intervencionista que otorgue a los gobernantes, y a los funcionarios estatales, más poder arbitrario del que ya tienen para quitarles una mayor tajada de sus ingresos a la gente productiva.

Por supuesto, venden su idea repitiendo la mentira que todavía muchos se tragan para alimentar su resentimiento: aseguran que serán los más ricos los sacrificados. ¿Cuál es la realidad? Que todos pagaremos, independientemente del patrimonio con el cual contemos, por la ingenuidad de quienes caen presas del engaño de estos bien pagados personajes que viven la buena vida a costa del hambre de los más pobres. Sí, porque esos pobres no van a lograr superar la pobreza con más despilfarro del dinero que le sea expoliado al legítimo creador de esa riqueza. Ese dinero que pudo ser parte del capital que hubiera servido para crear fuentes de trabajo productivo para aquellos que más lo necesitan: los que a duras penas juntan lo necesario para mal comer cada día.

Estos burócratas, que los hay de varias especies que comparten el gusto por la vida parasitaria, no sólo proponen más programas y legislación con la excusa de ayudar a los más pobres con el peculio de otros, sino que también obstaculizan la creación de riqueza por medio de regulaciones absurdas y contradictorias. Tal es el caso de la ley anticompetencia que tanto les interesa que se apruebe en Guatemala.

Es obvio, como lo han señalado muchos antes que yo, que una política de intervención del gobierno en un sistema comercial de libre mercado es una contradicción de términos. Los intercambios de propiedad privada, pues al fin eso hacemos al adquirir bienes y servicios, son por naturaleza voluntarios. No se puede legislar el libre mercado o crear competencia por medio de legislación. Para tener un mercado, libre por definición, los gobernantes deben respetar la voluntad de las personas que deciden qué, cómo, cuándo, cuánto… y a quién le compran todo aquello que necesitan para cubrir sus necesidades y alcanzar sus objetivos PERSONALES. Que los gobernantes pretendan controlar por medio de regulaciones la competencia y/o el mercado es una contradicción.

En pleno siglo veintiuno de la era compartida, ya debería ser entendido que las propuestas de más intervención estatal no resuelven los problemas, los agravan. No entiendo como todavía hoy tantos se alimentan del cuento de que un abstracto Estado les va a resolver la vida, cuando lo único que los gobernantes, en nombre de ese Estado deben hacer para proteger el bienestar y el progreso de la humanidad, es velar porque haya seguridad y justicia para todos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 21 de agosto de 2017.