¿Quién contra bando?

En estos tiempos de creciente incertidumbre en Guatemala, tiempos en los que observamos dos bandos enfrentados por el ejercicio del poder político, cuyos líderes se aprovechan de la justa indignación de muchos, unos por la corrupción y otros por las violaciones al debido proceso, ambas consecuencias, precisamente, del abuso de ese poder que, dentro del Estado Benefactor/Mercantilista, es casi ilimitado, no deja de sorprenderme que tanto tirios como troyanos, incluidos la mayoría de medios de comunicación, estén pidiendo más de lo mismo: más intervención gubernamental. Claro, en nombre del divino y todopoderoso Estado que todo lo puede otorgar, particularmente a los grupos de presión, a sus líderes y a los pícaros que actúan en su nombre.

Unos que recientemente solicitaron más burocracia estatal, son los representantes de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, que pidieron al Ministerio Público la creación de una fiscalía especial que conozca los casos de contrabando y defraudación aduanera, pretendiendo asustar a los consumidores con la falacia de que las mercancías que ingresan de forma ilegal ponen en riesgo su salud. Puede ser que con algunos productos así sea, los cuales termina desechando el mismo mercado. Pero no es ese el caso de la mayor parte de esos bienes contrabandeados, o sea importados, que permiten a nuestros compatriotas de recursos más escasos satisfacer sus necesidades. Si fuera lo contrario, sin necesidad de la intervención de papá gobierno, ya hubieran dejado de comprarlos.

Con más burocracia no se arregla el problema, se complica aún más. Además, ¿cuál es el crimen? ¿Las personas libremente intercambiando? ¿La gente decidiendo a quién comprarle? ¿Oferentes informales que satisfacen mejor las necesidades de los demandantes? Porque, dejémoslo claro, NADIE obliga a nadie a comprarles a los contrabandistas. Por el contrario, los quieren obligar a NO adquirir los bienes que ellos les ofrecen.

Esa vieja idea de que puede existir un mercado intervenido, regulado por los gobernantes para asegurar la ¿libre competencia? es un oxímoron evidente para quienes entendemos el mercado: el proceso donde las personas, de manera voluntaria (o sea, sin la mediación coactiva de ningún tercero), intercambian los unos con los otros. Cada quien persiguiendo sus propios intereses y a la espera de ganar sin dañar a nadie en el proceso. Más aún, ganando ambas partes. Y, sin buscarlo, de esa manera beneficiando al resto de la sociedad al contribuir a la asignación eficiente de los recursos escasos.

Ese deseo de controlar las vidas y las pertenencias de los demás la entiendo viniendo de los políticos. Pero cuando la propuesta viene del sector privado, que debería cerrar filas con aquellos que exigimos al gobierno que se dedique únicamente a sus funciones primordiales, seguridad y justicia, me decepciona. El colmo es que el tributario va a terminar pagando por la nueva burocracia innecesaria. El contrabando es el comercio internacional ilegítimamente criminalizado. Cuando sea más caro ser contrabandista que vender legalmente su producto entonces sí va a acabar el contrabando. Y esto solo va a suceder cuando no existan las aduanas ni los obstáculos al libre intercambio en general.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 17 de septiembre de 2018.

El libre intercambio no es un crimen

La corrupción en las aduanas aumentó a partir de que la mayoría de diputados cedieron a la presión de Otto Pérez Molina y Pavel Centeno, aprobando como parte de la puñalada fiscal un nuevo conjunto de normas para controlar el comercio internacional, violentando aún más, entre otras cosas, la libertad de las personas a intercambiar con quienes deseen.

El contrabando es el comercio internacional ILEGÍTIMAMENTE criminalizado para beneficiar a unos en detrimento del bienestar de todos. ¿Quieren evitar el contrabando? Eliminen los aranceles y las barreras no arancelarias que solo sirven para privilegiar a unos a costa del resto. De paso, eliminen los impuestos directos que castigan la inversión de capital y la producción en nuestro territorio para que los nacionales seamos más competitivos. Por cierto, algunas de estas cargas ya fueron declaradas inconstitucionales por la Corte de Constitucionalidad, tal es el caso del impuesto a la gasolina.

Según Jorge Benavides (Siglo Veintiuno, 27/8/2013), “el contrabando ha suplido la baja generación de trabajo formal en áreas urbanas del país, generándose una cadena de valor que cubre desde la comercialización hasta el consumo de productos. Fuentes extraoficiales estiman que el contrabando genera empleo hasta un 40 por ciento de la PEA lo que representa entre un 7 y un 28 por ciento de las ventas de cada producto, variando según la industria”.

Como escribió Ludwig von Mises en “El Socialismo: análisis económico y sociológico”: “Si participaran en el comercio general, la división del trabajo podría asegurarse de una manera más amplia… el interés de todos y el de la sociedad colectiva quedan cumplidos eficazmente en la sociedad capitalista por la ambición que anima a los empresarios… estos buscan siempre nuevos mercados; con sus mercancías mejores y más baratas desalojan las de los productores que trabajan menos racionalmente, que son más caras y menos buenas… buscan siempre fuentes más abundantes y más baratas donde obtener materias primas, y procuran así condiciones más favorables a la producción…El liberalismo quiere abrir todas las puertas al comercio. De ninguna manera está en su ánimo forzar a nadie a comprar o vender. Lo que desea es eliminar a los gobiernos que mediante prohibiciones, y por vía de otras restricciones en los intercambios comerciales, tratan de privar a sus gobernados de las ventajas que ofrece la participación en el comercio mundial… las fronteras de los Estados no tienen importancia. Las corrientes del comercio pasan por encima sin que nadie las detenga”.

Proteger lo que es nuestro no debe darnos vergüenza; no es ningún delito, menos un crimen. Defendamos nuestro derecho a intercambiar con quien nosotros elijamos y lo que a nosotros se nos antoje. Es responsabilidad de cada uno evaluar qué es lo que más nos conviene para asegurar nuestra vida y la de nuestros seres queridos, reconociendo que la única obligación que tenemos es respetar la vida, la libertad y la propiedad de los otros.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 9 de septiembre de 2013.