La línea de la UNE

La línea de la UNE se pasó llevando a Álvaro Colom y a la mayor parte de quienes ostentaron el título de ministros durante su gobierno. Esa línea es la línea del Transurbano, que resultó ser una línea más de la corrupción que corroe a todos los organismos del Estado. Una corrupción que es imparable, sin importar cuántos sean acusados de corruptos y menos de cuántos terminen presos, una vez no se elimine desde su raíz el problema. Una realidad que sólo va a cambiar cuando cambien las causas que permiten la corrupción. Y, para que eso suceda, muchos tendrán que reconocer el fracaso del estatismo en todas sus expresiones.

Una línea que les dejo miles de millones de quetzales de los tributarios a los Colom y a varios de los funcionarios de su gobierno, a los pícaros de la AEAU y a saber a cuántos farsantes más. Una partida de estafadores que se aprovecharon de la necesidad de la mayor parte de la población capitalina de transportarse de manera segura.

Una línea que al parecer va a representar el último clavo del féretro de Oxfam, por ser uno de los acusados Juan Alberto Fuentes Knight, el presidente de la misma. Que, por cierto, no es la única ONG (además de la ONU que es la organización supranacional más poderosa que existe), en la cual sus directores y empleados han sido acusados de corrupción, de oportunismo y de violación de los derechos individuales de quienes se suponía iban a ayudar.

Pero, ¿por qué las ONG terminan atrayendo a corruptos, parásitos y violadores? Porque el origen de los fondos y el sistema que facilita el modus vivendi de sus miembros, es el mismo sistema de incentivos perversos que atrae a los politiqueros al ejercicio del poder. Como escribió F. A. Harper en The Freeman (1952): “Una vez que el derecho de cada persona a tener todo lo que ha producido ha sido sustituido por el derecho al saqueo colectivo, no es en absoluto sorprendente encontrar al dispensador oficial [el gobernante] que decide que es correcto para ELLOS saquear el botín… por un digno propósito, por supuesto”.

El origen de la corrupción es el poder, por eso debe ser limitado. Y ese poder lo adquieren los gobernantes gracias a la ingenuidad de los ciudadanos que decidieron otorgárselo más allá del necesario para que cumplan con sus obligaciones primordiales: dar seguridad y velar porque haya justicia. Quienes esperan que alguien les satisfaga sus necesidades, que votan por quienes les ofrecen más beneficios, lo que están haciendo es entregándoles un cheque en blanco a los peores representantes de nuestra sociedad, que son aquellos a los cuales atrae el Estado Benefactor/Mercantilista.

¿Qué cambió con la captura de Álvaro Colom y la mayor parte de su gabinete? Que, al menos ahora, quienes nos atacaban falazmente por defender el derecho al debido proceso, hoy insisten en la importancia que éste tiene dentro de una sociedad justa. En fin, como le responde Alfonso VI a Rodrigo Díaz del Vivar en el Mío Cid: “Cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras”.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 19 de febrero de 2018.

El diseño pro impunidad

En la reciente reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Iván Velázquez, jefe actual de la CICIG,  hizo una declaración en la cual coincido en principio. Dijo Velázquez que Guatemala fue diseñada para la impunidad. No obstante, como bien dice el refrán que el diablo está en los detalles, me pregunto ¿a qué “diseño” se refiere el Comisionado? Si se refiere al sistema político, continúo estando de acuerdo con él.

Ahora, ¿cuál es el sistema político que impera en Guatemala desde hace más de 70 años? Hasta hace unos días que leí por enésima vez nuestra Constitución, el sistema que prevalece es el de Estado Benefactor/Mercantilista, que es estatista e intervencionista y otorga grandes poderes a los gobernantes, no sólo para proteger los derechos individuales, sino para satisfacer las demandas de los grupos de presión y otorgar privilegios.

Esto me lleva a preguntarme si las acciones legales y los cambios constitucionales que promueve Velázquez, más allá de sus intenciones sean éstas cuales sean, que asumo son buenas, ¿profundizan ese sistema de incentivos perversos o lo cambian radicalmente? Según lo que investigué antes de escribir este artículo, lamentablemente, en lugar de corregir de raíz el problema, lo profundiza proponiendo en la mayoría de los casos más de lo mismo. Repito: estatismo e intervencionismo, además de la concentración del poder judicial en pocas manos. Terrible.

Siguiendo el hilo anterior, pienso que José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, en la misma reunión mencionada, se equivocó al decir que la corrupción provoca la pobreza. La pobreza no tiene causas, solo la riqueza. En otras palabras, la corrupción NO genera pobreza, pero sí impide que la gente la supere porque la corrupción es parte de ese sistema de incentivos perversos que le roba fondos a la gente productiva para repartirlo entre aquellos que viven parasitariamente dentro de la burocracia estatal (nacional, internacional y supraestatal), los gobernantes, sus familiares, sus amigos y los miembros de los grupos de presión influyentes, en particular en los medios de comunicación. Nos debe de preocupar (y ocupar) quitar los obstáculos que impiden la creación de riqueza y facilitan la corrupción.

Lo anterior explica la preocupación de Fernando del Rincón, en lo que respecta a por qué no existe una lucha real de los Estados contra la corrupción, sino lo que existe es complicidad. Es lógica esa complicidad, al final, los Estados son sólo abstracciones. Quienes actúan con el poder del Estado son los gobernantes y todos los que ya mencioné que se benefician del diseño político que no sólo asegura la impunidad: también facilita la corrupción, o sea, la acumulación de fortunas y, en el largo plazo, la destrucción de la riqueza que podría ayudar a la mayoría a superar la pobreza.

Por tanto, termino preguntando a Juan Francisco Solórzano Foppa, jefe de la SAT, ¿para qué debemos pagar impuestos? ¿Para sostener ese nefasto diseño?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 17 de abril de 2017.