Antejuicio contra la CC

Fotomontaje de Prensa Libre. La oración que acompaña a la imagen es mí responsabilidad.

En mi artículo anterior, comenté que uno de los casos más dramáticos de nuestra realidad es el de la Mina San Rafael, que ya cumplió más de 400 días sin operar, a un costo diario para nuestra economía de 5.1 millones de quetzales, lo que representa una pérdida acumulada de más de 2 mil millones. Pero la mayor pérdida que ha dejado este hecho deplorable es que a la fecha se calcula que alrededor de 8 mil personas, no 6 mil como estimé hace una semana, se han quedado sin ingresos debido a esta infamia.

¿Quiénes son los principales responsables de  esta tragedia colectiva? Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), en especial Gloria Patricia Porras Escobar y sus fieles seguidores, José Francisco De Mata Vela y Bonerge Amilcar Mejía Orellana, los cuales maliciosamente han retardado su decisión, por lo cual deben ser juzgados y pagar las consecuencias de su perversidad y falta de responsabilidad.

La ley establece que la CC debe dar una resolución cinco días después de la vista pública, la cual se dio hace casi 300 días, lo que constituye una prueba irrefutable de la falta de cumplimiento de sus deberes, además de su mezquindad y falta de solidaridad con los miles de compatriotas nuestros que se han quedado sin trabajo.

Se debe acusar a los magistrados de la CC de, por lo menos, abuso de autoridad, tipificado en el artículo 418 del Código Penal que dice: “Comete delito de abuso de autoridad, el funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de su función, ordenare, realizare o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública o de terceras personas, sean particulares, funcionarios o empleados públicos, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones de este Código. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial”.

Agregaría el  incumplimiento de deberes, plasmado en el artículo 419: “Comete delito de incumplimiento de deberes, el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare o retardare realizar algún acto propio de su función o cargo. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial”.

Si hay quien tiene el descaro de interpretar que los magistrados no son funcionarios, tendrá que aceptar que se les puede acusar de retardo de justicia, según reza el artículo 468 del Código Penal: “Comete delito de retardo de justicia, el juez que no diere curso a una solicitud presentada legalmente o que, a sabiendas, retardare u ordenare retardar la administración de justicia; será sancionado con prisión de dos a cuatro años, multa de cien mil a quinientos mil Quetzales, e inhabilitación especial”.

Sé que antes de que se les pueda acusar, se les debe retirar el privilegio del antejuicio del cual gozan. Por cierto, debemos continuar luchando porque se elimine este y todos los privilegios existentes, si es que queremos vivir en un Estado de Derecho en el cual todos seamos iguales ante la Ley. Este privilegio en particular (que hoy disfrutan miles, una vez tengan alguna relación con el ejercicio del poder o deseen ejercerlo por medio de elecciones), les permite hacer impunemente lo que se les antoje a aquellos que lo poseen, incluido beneficiar a quienes ellos quieran o fregar a quienes lo deseen, como lo prueba el caso de la Mina San Rafael.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 20 de agosto de 2018.

Gloria sin porras

Más abucheos que otra cosa, recibió la actual presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gloria Porras, ante su unilateral y dictatorial decisión de otorgar un bono por ¿productividad? al personal de la CC porque ¡finalmente! los empleados de esta institución están cumpliendo con sus obligaciones y se están poniendo al día en su trabajo atrasado. Y también, por supuesto, por otorgarse a sí misma, no faltaba más, el más voluminoso de tales bonos. Un reconocimiento revolucionario, dice Porras, aunque lo correcto sería llamarlo involucionario, ya que es una muestra más de las viejas costumbres de la política parasitaria que promueve el sistema de incentivos perversos que todavía impera en nuestro país.

Tal vez le hicieron porras a Gloria (indiscutible representante de la gauche caviar: los socialistas de penthouse), los trabajadores de la CC que salieron premiados con un loteriazo en plena crisis. Pero no es por esos serviles aplausos que Gloria Porras, presidente de CC, no va a dar marcha atrás en su decisión de otorgar tal prebenda. No lo hace porque ya se encariño con los miles de quetzales de los tributarios que se embolsó y, además, porque se siente una chica todopoderosa, la mera mandamás de la corte celestial: “Es competencia mía, como presidente de la Corte”, o sea, aquí las órdenes las doy yo.

¿Será? ¿Deberíamos prestarle pleitesía, nosotros sus súbditos pagadores de impuestos, en lugar de cuestionar su despotismo? Porras, repito, considera que la CC es su feudo, que ella manda y que no necesita consultar con nadie sus decisiones administrativas. ¿Qué piensan al respecto los mandantes? O sea, nosotros los ciudadanos, los que de verdad mandamos, los que pagamos las cuentas.

Quiero destacar la decisión moralmente acertada del magistrado Roberto Molina Barreto de devolver el bono. ¿Acaso esta decisión fue producto de, como coloquialmente se dice, un periodicazo? Puede ser… Aunque en las circunstancias propias de nuestros tiempos virtualmente sociales, más creo que fue producto de un redesazo: de la expresión soberana de miles de mandantes que por medio de Facebook y de Twitter mostraron su rechazo rotundo al abuso de autoridad y el oportunismo de la magistrada Porras.

Pienso que el magistrado Molina es consciente de que el año entrante termina el período para el cual fueron electos y, con visión de largo plazo (la que no tuvo Porras), decidió respetar la voluntad de los tributarios que exigimos que nos sea devuelto el dinero del cual abusivamente se apropió Porras. Por cierto, ya que la señora mencionada, aferrándose al dinero mal habido, afirmó en los medios que “quien debiera ser mi mayor juez es el pueblo de Guatemala”, vaya, pues démosle  gusto: ¡juzguémosla! Impulsemos el voto en contra de su reelección y que esto les sirva de lección a todos aquellos que se encuentran de una u otra manera en el ejercicio del poder. Porque, licenciada, lo que usted hizo también es parte de la endémica corrupción que corroe a toda la burocracia estatal.

           

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 16 de noviembre de 2015. El “meme” es una creación de Vilma de Moreno.