El viernes por la tarde, la Presidente de la Corte de
Constitucionalidad, la magistrada Dina Ochoa, presentó su voto razonado
disidente sobre la ampliación del amparo solicitado por Alfonso Carrillo en
contra de la decisión de Jimmy Morales de no permitir el ingreso de Iván
Velásquez al país. Tanto Ochoa como el magistrado Neftaly Aldana votaron en
contra de la decisión mayoritaria del resto de magistrados.
Aldana razonó, entre otras cosas, que la naturaleza del
amparo provisional presenta una fundamental diferencia con la resolución de
fondo y no ofrece la posibilidad, conforme a sus aspectos esenciales, de
resolver acerca de puntos que corresponden a la sentencia definitiva sobre la
cual el tribunal deberá pronunciarse más adelante. ¿Debemos entender, entonces,
que el fondo de la resolución es si Velásquez puede o no entrar a Guatemala? Me
queda claro que, según la interpretación del magistrado Aldana, la respuesta a
esta pregunta será, precisamente, la decisión inapelable que deberá ser emitida
al finalizar el proceso.
El voto razonado de Dina Ochoa, comienza recordando una cita
del exPresidente de la República y exmagistrado de la CC, Alejandro Maldonado
Aguirre: “la Corte, con métodos jurídicos, se ocupa de la política, pero no
hace política”, para enfatizar que los magistrados no son actores políticos y,
por ende, no tienen más que velar por el compromiso de hacer respetar la
Constitución. Ochoa argumenta que la resolución del amparo provisional, no
conlleva la necesidad de ampliar el fallo por el mero hecho de no conceder la
totalidad expresa de requerimientos que formuló el sujeto que lo pidió y que en
la redacción de la resolución original, queda evidenciado el carácter
impersonal del auto, “circunstancia que no es una mera casualidad, sino el
efecto que perseguimos al brindar una solución interina, dejando a salvo las
negociaciones que de conformidad con lo preceptuado en el Acuerdo [de la CICIG]
es la vía para dilucidar los conflictos entre las partes”.
La respuesta del gobierno, por medio de un comunicado, no se
hizo esperar, una vez fueron notificados del resultado dividido de la
ampliación al auto que originalmente fue unánime, según el cual “harán uso de
las facultades y recursos que la ley les otorga para defender la Constitución”.
Una respuesta para la cual no necesitamos mayor interpretación: no van a dejar
entrar a Velásquez, y poco les importa lo que interpreten Gloria Patricia Porras Escobar, José Francisco De Mata
Vela y Bonerge Amilcar Mejía Orellana, sobre el auto dado a conocer el domingo
16 de septiembre. Obviando que, en nuestro nefasto sistema positivista, la
última palabra se supone que la tiene la CC como ente colegiado, o sea, lo que
decida la mayoría de los magistrados de la citada Corte.
El futuro cercano de nuestra institucionalidad queda en
manos de la negociación a la que lleguen Jimmy Morales y Antonio Guterres en la
Asamblea General de la ONU que se está llevando a cabo. Y en el largo plazo,
ese futuro está en las manos de nosotros, los ciudadanos que decidimos ejercer
como mandantes, y el cambio radical al sistema estatista/intervencionista, de
incentivos perversos, que hoy impera en nuestro país.
Artículo publicado en el diario guatemalteco “El
Siglo”, el lunes 24 de septiembre de 2018.
Etiquetas: Alfonso Carrillo, António Guterres, CC, CICIG, Corte de Constitucionalidad, desobediencia, Dina Ochoa, Iván Velásquez, negociación, ONU