Si queremos cambiar las condiciones en la cuales vivimos en
Guatemala, para bien de todos los habitantes respetuosos, responsables y productivos,
debe prevalecer la razón por encima de la emoción. La discusión debe ser
intelectualmente honesta. Motivo por el cual hago mía la aclaración que hace
J.J. Rousseau al principio del Libro Tercero de “El contrato social”: “desconozco
el arte de ser claro para quien no quiere prestar atención”.
La semana pasada, la Fiscal General, Thelma Aldana, y el
titular de la CICIG, Iván Velásquez, presentaron la segunda acusación por
financiamiento ilícito en contra del Presidente Jimmy Morales y el partido que
le permitió llegar al ejercicio del poder, FCN-Nación. En esta ocasión, los señalan
de recibir de varios empresarios del país apoyo financiero anónimo y no
declarado para la campaña política de 2015.
Las dos acusaciones contra FCN-Nación suman alrededor de Q15
millones. Si ambas o alguna de estas acusaciones se prueban ante los tribunales
de justicia, Jimmy Morales DEBE disculparse por mentir en lo que respecta a
cuánto apoyo monetario recibió en su campaña, reconocer sus errores y pagar las
consecuencias de éstos, incluidas las multas y las penas que correspondan. Lo
mismo aplica a TODOS aquellos que se pruebe que estuvieron involucrados en los
hechos mencionados.
Ahora, para emitir juicios justos y verdaderos, debemos delimitar
objetivamente el contexto dentro del cual estamos deliberando. Es importante
diferenciar los hechos evidenciados (demostrados sin duda razonable) de los
chismes y de las falacias (ad hominem, fuera de contexto, generalizaciones,
etcétera).
En el caso de las denuncias relacionadas con la política, debemos
separar la corrupción de la extorsión: por ejemplo, no es el mismo contexto el
caso del Transurbano (robo de impuestos) que el de La Línea (extorsión). Luego,
debemos diferenciar los dos anteriores, que implican estar en el ejercicio del
poder y abusar de éste para violentar derechos individuales o apropiarse del
dinero de los tributarios, del financiamiento a los políticos, el cual se hace,
en la mayoría de los casos, con dinero propio.
Después, debemos separar el financiamiento político legítimo
(para financiar ideas) del financiamiento espurio (para comprar favores y
privilegios). Como bien dijo Velásquez, el problema no es el financiamiento
privado: el problema es que éste sea anónimo. Observación correcta dentro del
sistema de incentivos perversos que prevalece. El financiamiento se debe
separar por quién lo da, por qué lo da y el origen del dinero que se da. Si el
apoyo financiero se otorga con el fin de obtener prebendas, algún contrato con
el gobierno o continuar descaradamente cometiendo crímenes (en el caso de los
narcos y los mareros), este financiamiento debe ser evidenciado y castigado.
Al fin, el financiamiento fraudulento a los políticos es
sólo una consecuencia más del sistema estatista e intervencionista que impera. Les
dan ese dinero a los politiqueros porque saben que estos tendrán el poder para
concederles sus deseos. Y para que este se acabe, se debe reformar radicalmente
el sistema político entero, comenzando por la Legislación Electoral y de Partidos
Políticos.
Lo que no podemos permitir es que, con la excusa del
financiamiento “ilícito”, nos obliguen a los tributarios a financiar a los
políticos. El respeto a los derechos individuales de todos, incluye el derecho
de cada quien a hacer con su dinero lo que se le antoje, incluido el financiar
a un político o a las ideas que un partido declare sostener, sin obligarlo a
financiar a otros con quienes no comparte valores.
Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el
lunes 23 de abril de 2018.
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