Pobres crónicos

Guatemala es el país en la región con más población viviendo en pobreza crónica (siempre han estado debajo del umbral de la pobreza), según el informe del Banco Mundial llamado “Los olvidados, pobreza crónica en América Latina y el Caribe”; lo que, a pesar de la desconfianza que me inspiran los burócratas bien pagados (con nuestros impuestos y el de los tributarios de los países que los mantienen) de las organizaciones estatales supranacionales, no me extrañaría que fuera cierto, ya que desde 1945 el sistema que impera en nuestro país es el castrante Estado Benefactor/Mercantilista.

Es importante señalar que después de 70 años de vivir dentro de un sistema estatista e intervencionista, en el cual los más pobres siguen siendo casi igual de pobres, esas mismas políticas han logrado, en particular en los últimos años, reducir la brecha que tanto les preocupa a algunos envidiosos: o sea, lograron que los ingresos reales de quienes no eran tan pobres, la llamada clase media, se redujeran y ahora estén más cerca de los ingresos de los pobres crónicos.

Por supuesto que en los países en los cuales hubo menos crecimiento económico son los países en los cuales viven más pobres crónicos: no se necesita ser genio para darse cuenta de tal realidad. Pero, ¿cómo va a haber crecimiento si cada vez hay más obstáculos a la creación de riqueza? Y, lo que es peor, casi todos los informes que los mencionados burócratas elaboran terminan recomendando más de lo mismo: más estatismo, más intervencionismo y, sobre todo, ¡más impuestos! Así es imposible que se logre mejorar la calidad de vida de todos en el largo plazo.

Con más impuestos, en especial impuestos directos, lo único que logran es ahuyentar la inversión de capital necesaria para transformar los recursos en riqueza que, como es obvio, es la única forma de superar la pobreza. Si no hay inversión, no hay suficientes fuentes de trabajo productivo que les permitan a aquellos que no tienen empleo encontrar uno que les facilite satisfacer sus necesidades; y a los que ya tienen trabajo, encontrar uno mejor que les permita progresar. Y sí, señores del Banco Mundial, descubridores del agua azucarada: “los ingresos laborales representan el factor impulsor más importante para la reducción de la pobreza”, como indican en su informe.

Ahora que los del CACIF, el gobierno y el ICEFI parece que se han puesto de acuerdo en lo que respecta a la futura reforma tributaria, es vital que tengan en cuenta lo anterior, para que no terminen negociando una nueva puñalada fiscal que, al final, también les va a estallar en la cara a quienes pretendan transar con los que ejercen el poder (incluido el embajador de EE. UU.) y clavar a los empresarios no organizados y al resto que ya pagamos más que suficiente para mantener a una burocracia estatal parasitaria, ineficiente, en algunos casos inexistente, y en su mayoría INNECESARIA. No se diga la tajada de nuestros ingresos que termina en los bolsillos de los corruptos de turno que creen que gobiernan.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 8 de agosto de 2016.

¿Para qué #$% pagamos impuestos?

¿Para qué diablos pagamos impuestos? ¿Para la compra de viviendas de lujo, ostentosos vehículos europeos últimos modelos, aviones, helicópteros, yates… para los ladrones que llegan al ejercicio del poder y sus cuates? ¿Para financiar los caprichos de los familiares de los politiqueros? ¿Para sufragar las transas con los oportunistas contratistas del Estado? ¿Para satisfacer las demandas de los sindicalistas estatales: una partida de viles extorsionistas, vagos y vividores? ¿Para sostener una burocracia estatal ineficiente, innecesaria y engorrosa?

¿Acaso pagamos impuestos para mantener los exorbitantes salarios de la parasitaria burocracia supraestatal de los organismos internacionales? ¿Para premiar con bonos extras improductivos a quienes no cumplen con sus obligaciones en tiempo? ¿Para que construyan o adecúen cárceles V. I. P. para los pocos funcionarios corruptos que están presos? ¿Para que los peores representantes de nuestra sociedad, a quienes atrae el sistema político de incentivos perversos que prevalece, sigan viviendo cómodamente a costa nuestra?

¿Para qué diablos pagamos impuestos? Es una pregunta que me he hecho mil veces desde que supe que NO pagamos impuestos para que haya seguridad y justicia, a pesar de que la Constitución Política de la ¿República? de Guatemala dice claramente en los artículos 1 y 2 que “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común” y que “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. Ahora resulta que, para exigir que los mandatarios cumplan con su mandato, los tributarios debemos pagar más impuestos de los que ya pagamos para lo mismo. Similar al bono de Gloria Porras para que los empleados de la CC se pusieran al día en su trabajo atrasado.

¿Con quién quieren quedar bien los que irracionalmente promueven la injusta idea de que paguemos más impuestos dentro del contexto actual? Me parece absurdo que gente que ha presentado denuncias en contra de la corrupción y han dado a conocer los abusos del poder, el despilfarro y el robo descarado de los tributos que pagamos, ahora pretendan exigirnos que aportemos más, en lugar de fortalecer la lucha por el uso correcto de todo lo que recauda la SAT.

¿Por qué tal contradicción? ¿Por qué pretenden hacer creer que los que se oponen son los desprestigiados mercantilistas del CACIF? No sólo ellos están en contra de pagar más. Todo ciudadano sensato que a duras penas llega a fin de mes y que sabe que los impuestos no los van a pagar solo los más ricos (¡Qué populismo! ¡Qué demagogia!), que está harto de que los obligados a defender sus derechos individuales sean los primeros en violarlos, que se indigna de ver cómo una parte importante del resultado de sus esfuerzos va a parar a los bolsillos de los delincuentes y criminales que gobiernan, se opone a pagar un centavo más.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 23 de noviembre de 2015.

¿Error del sistema?

"El gobierno no puede hacer al hombre más rico, pero sí puede hacerlo más pobre", Ludwig von Mises.

“Es culpa de los diputados”, es la excusa que dan los terroristas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) cuando los encargados de hacer las retenciones cuestionan que no pueden aplicar la tasa del 5 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a la facturación menor de Q30 mil. Y cuando piden soluciones, el descaro es increíble: arguyen que no pueden hacer nada, que retengan el 6 por ciento y que el año entrante el expoliado tributario vea cómo le hace para recuperar el dinero que le descontaron de más. Otro problema es que si utilizan el mismo razonamiento, el año entrante nos van a descontar ¡el 7 por ciento!

Aprovechándose de un supuesto error de los diputados, los terroristas de la SAT aumentaron ¡20 por ciento! el ISR de este año. Un incremento que solo beneficia a los saqueadores que ejercen el poder. Saben que son pocos quienes se van a atrever a reclamar lo que es suyo. Saben que pocos van a tener la paciencia de seguir todo el proceso para que les devuelvan el dinero que ILEGALMENTE les expropiaron.

El supuesto error lo cometieron en la parte de la puñalada tributaria que corresponde al Decreto 10-2012. Cosa curiosa, cuando intenté bajar el documento para leerlo, la computadora me dio el siguiente mensaje: “Este tipo de archivo puede dañar tu ordenador. ¿Quieres descargar Decreto_10-2012.pdf de todos modos?” En un principio me provocó risa. Luego tristeza. ¡Qué cierta es la advertencia! El tal Decreto, junto con el 4-2012, nos perjudican enormemente. Espero que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad cumplan con su deber y reconozcan las obvias inconstitucionalidades en los Decretos mencionados. Y, por supuesto, se interpongan más recursos que nos permitan librarnos de semejante carga.

Hasta Otto Pérez Molina reconoció el desastre. Según “elPeriódico” (7/2/13), el Presidente y ¿los empresarios o los mercantilistas? acordaron hacer 35 modificaciones a la puñalada tributaria en una reunión que sostuvieron en Chile. No obstante, el viernes pasado el mismo medio publicó que los cambios solo van a ser 27… aunque Prensa Libre reportó que son 15. En fin, me alegra saber que el abogado Stuardo Ralón va a presentar más acciones de inconstitucionalidad en contra de la mal llamada reforma fiscal, porque los tales acuerdos no sirven para nada.

Menos aún con un Congrueso estancado que, por un lado, es algo bueno: son menores las probabilidades de que los dipucacos nos hagan más daño. Pero, por otro, esto significa que las modificaciones a la Ley de Aduanas vigente, y las ofrecidas a la puñalada tributaria, dormirán el sueño de los justos por tiempo indefinido. Por cierto, ojalá los importadores y los exportadores, apoyados por las Cámaras empresariales nacionales e internacionales que los han acompañado en esta batalla, exijan a los magistrados de la CC que resuelvan lo más pronto posible las acciones en contra de esta insensata Ley que solo pérdidas ha causado a quienes intentan heroicamente seguir comerciando, produciendo y creando en Guatemala.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 11 de febrero de 2013.

La puñalada tributaria

Sé que ya muchos, yo incluida, hemos escrito sobre el paquetazo fiscal que aprobó una mayoría calificada del Congreso, de urgencia nacional, a principios del año pasado. El contexto dentro del cual pasó la exigencia del Presidente del Ejecutivo, Otto Pérez Molina, también es conocido por una gran cantidad de ciudadanos. Por supuesto, como estos procedimientos ordinarios de la política guatemalteca se llevan a cabo por debajo de la mesa, es casi imposible que tan siquiera uno de los corruptos que vendieron su voto pueda ser llevado a juicio. ¡Imaginen si a lo anterior sumamos el derecho a la impunidad que se han recetado los gobernantes, conocido como antejuicio!

En fin, lo que hoy quiero resaltar es la traición (¿una mancha más para el tigre?) del Partido Patriota, sus dirigentes y sus aliados, al pueblo de Guatemala. Y sí, yo que generalmente invito a la gente a reflexionar sobre las diferencias entre los abstractos y los concretos, y aclaro que los únicos que actúan, sienten y piensan son los individuos, no los colectivos, en esta ocasión considero correcto hacer mención a ese término abusado y corrompido por los oportunistas, porque el daño que hicieron los gobernantes en el largo plazo lo va a sufrir la mayoría de habitantes del país.

También sé que hasta el cansancio han tratado de justificar la puñalada tributaria como una medida justa ¿para quién?, que va a beneficiar a los más pobres ¿de los familiares y los amigos de los gobernantes? y que va a mejorar los servicios prestados por el Estado. Más promesas, no de campaña sino de gobierno, que tampoco van a cumplir. Aquellos que dicen creer en este tipo de discursos lo hacen porque tienen un interés creado (conseguir un puesto en la burocracia estatal o un contrato que les permita enriquecerse a costa de los tributarios) o son incapaces de aceptar la realidad y optan por falsearla y terminar viviendo existencias mediocres, la mayor parte del tiempo con la mano extendida esperando que les caiga alguna migaja de todo lo que les ofrecieron. ¡Ah! Y el tercer grupo que está compuesto por aquellos que esperan llegar al ejercicio del poder para pasar a mejor vida: la que es mantenida por quienes son extorsionados para que paguen impuestos.

¿Habrá quienes tengan la valentía y el dinero para poner los recursos legales en contra de este nuevo atropello? ¿Tendrán los magistrados de la Corte de Constitucionalidad la sabiduría para decidir por el bien de todos en el largo plazo? ¿Decidirán a favor de lo justo, de acuerdo a la Constitución, enfrentando las presiones de los gobernantes? ¿Serán conscientes del papel histórico que les corresponde en esta etapa de nuestra vida nacional?

"El avance de la maldad es el síntoma de vacío. Siempre que la maldad gana, es sólo por ausencia de oposición: por el fracaso moral de aquellos que evaden el hecho de que no puede haber compromiso en principios básicos”, Ayn Rand en “Capitalismo: El ideal desconocido”.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 21 de enero de 2013.

CSI Guatemala

Sé, gracias a sus correos, que varios de ustedes esperaban leer hoy la segunda parte del ¿cuento? que compartí con mis lectores la semana pasada. Sin embargo, a raíz del macabro asesinato de 27 personas en Petén, me veo en la necesidad de posponer la publicación de “Pasados los quince minutos” para el próximo lunes. Estoy segura que la mayoría entenderá el porqué.

Como lo expresa correctamente Alberto Benegas-Lynch (h) en un artículo publicado el pasado jueves en el diario argentino “La Nación”, en el que comenta el caso de la llamada revolución de los indignados en España: “Es increíblemente curioso y por cierto muy paradójico que la gente sea explotada miserablemente por intervencionismos estatales inmisericordes y, simultáneamente, las víctimas pidan más de lo mismo”. Lo que es aplicable a millones en muchos países, incluido el nuestro.

Uno de los ejemplos más recientes de lo absurdo que es pedir más poder para los gobernantes y una reducción mayor al poco respeto que todavía queda a los derechos individuales es la exigencia de un grupo de señores del CACIF de que en toda Guatemala se imponga el Estado de Sitio. ¡Qué tontería! Creen que de esa manera los criminales se van a encerrar en sus casas a temblar del miedo ante la presencia de las fuerzas de seguridad. De no ser por las consecuencias que la propuesta conlleva para los ciudadanos honrados y respetuosos de la Ley, una solicitud como la de los mencionados sería para tirarse al piso a llorar de la risa.

De tiempo atrás me hago la pregunta, y aún no he encontrado la respuesta, de por qué a tantos bienintencionados les cuesta entender ¿o reconocer? que por definición a los delincuentes y criminales la legislación y todas las prohibiciones que hayan en determinado momento en una sociedad, cualquiera que esta sea, les viene del norte y se la pasan por el arco del triunfo. Por eso, mis indignados señores caciferos y demás que piensen como ellos, los decretos que limitan el ejercicio de los derechos ciudadanos NO acaban con el mal que pretenden combatir. Por el contrario, lo fortalecen en el largo plazo.

Lo que sí con mucha pena tengo que aceptar es que hoy Guatemala entera es un espacio digno de una serie de televisión donde la escena del crimen es todo el territorio nacional. Una escena del crimen perfectamente limitada, como nuestros derechos, pero en la cual pocos se atreven a investigar las violaciones diarias por miedo a perder su vida en el intento. Al fin, muchos agentes de la justicia ya han muerto a manos de los antisociales que pretendían atrapar. Y lo más lamentable de todo es que NINGUNO de los candidatos presidenciales tiene la valentía de proponer lo único que se puede hacer: descriminalizar, (como explica Benegas-Lynch (h) en “La tragedia de la drogadicción”) la producción, comercialización y consumo de las drogas prohibidas, sin importa la opinión del gobierno de Estados Unidos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 30 de mayo de 2011. La fotografía la tomé el 11 de febrero de 2011, cuando fui a cubrir la escena del crimen: un asesinato, no como cualquiera, en la zona viva.