Uno de los principales problemas que
enfrentan en la actualidad los medios de información tradicionales, es esa
manía de la mayoría de sus miembros de confundir las leyes con la legislación y
creer que al Congreso hay que evaluarlo por la cantidad de decretos que emitan
los diputados, sin importar las consecuencias en el largo plazo que acarrean
estos decretos. Nuevos decretos cuyo objetivo es crear más regulaciones que lo
único que logran es debilitar aún más las pocas normas que merecen ser llamadas
leyes. Un mal hábito que repiten año con año, en particular por estas fechas.
El error de creer que el Organismo
Legislativo es una especie de fábrica de
leyes, que rara vez cumplen con las condiciones para serlo efectivamente,
promueve el estatismo y la intervención y, contrario a lo que muchos sostienen,
esa incontinencia legislativa a los únicos que favorece es a los gobernantes y
sus cómplices, ya sean estos últimos miembros de grupos de presión influyentes
o familiares y amigos de quienes ejercen el poder.
Un Estado de Derecho, dentro del
contexto republicano, está basado en la igualdad de todos ante la ley. Por eso,
las leyes deben de ser universales, abstractas, impersonales y pocas para que sean
conocidas y obedecidas. Las leyes deben aplicarse a todos por igual, mandantes
y mandatarios, estos últimos todavía llamados por la mayoría gobernantes. Ninguno
de los decretos legislativos, no importa cuántos sean ni quiénes los propongan,
que promuevan la violación de los derechos individuales de unos, con la excusa
de beneficiar a otros, pueden ni deben ser llamados leyes, porque estos son
contrarios a la igualdad mencionada que asegura la vida, la libertad y la
propiedad de todos sin distinciones de ninguna clase.
Sin embargo, en los tiempos
actuales, aunque mucha gente engaña y se engaña creyendo que vivimos dentro de
una república, la realidad es que hay pocas leyes y mucha legislorrea. Y esta última ahogando, poco a poco con cada nueva
regulación que es aprobada, a las primeras. Acabando con la efectividad de las
leyes y, de paso, con nuestros derechos individuales que quedan a merced de los
caprichos de los poderosos y sus secuaces.
En lugar de promover la emisión de
más legislación, debemos exigir la desregulación: la eliminación de todos
aquellos decretos que les han permitido a los gobernantes adquirir más y más
poder. Poder que es el origen de la corrupción, como bien lo enfatizó el
célebre Lord Acton, con su hoy aún más célebre frase: “El poder tiende a
corromper. El poder absoluto corrompe absolutamente”. Si queremos vivir en una
sociedad donde imperen la paz, el respeto y la justicia, en la cual podamos
convivir, compartir e intercambiar sin la intervención arbitraria de terceros,
exijamos a los diputados que legislen menos y fiscalicen más.
Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 19 de diciembre de 2016.
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