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¿Por qué y para qué votar?

Considero que son las dos preguntas más importantes a responder antes de decidir por quién votar o cómo votar.

Voy a votar porque el reconocimiento del derecho que tenemos los ciudadanos de escoger el sistema político dentro del cual queremos vivir, la forma de gobierno que va a imperar y quiénes van a ejercer como gobernantes, a los cuales prefiero llamar mandatarios, ha tenido un costo altísimo, en especial en vidas humanas. Las vidas de los valientes que nos antecedieron en la batalla de las ideas, que pelearon por hacer realidad la definición de Estado que nos dio Aristóteles: “Todo Estado es, evidentemente, una asociación, y toda asociación no se forma sino en vista de algún bien, puesto que los hombres, cualesquiera que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece bueno”. Los héroes que murieron porque prevaleciera el respeto a la libertad de toda persona.

Voy a votar porque necesitamos que los poderes del Estado sean independientes, no sólo en el texto, sino en la práctica. Para que se mantenga una mutua y constante vigilancia de los unos y de los otros. Para que nadie tenga un poder ilimitado sobre nosotros y nuestros bienes. Voy a votar y dividir mi voto porque en arcas abiertas hasta el justo peca.

Voy a votar para que prevalezca el principio de separación de poderes, el cual es vital para fijar los límites al ejercicio del poder, monopólico y coercitivo, del Estado: condición sine qua non para evitar el abuso del mismo por parte de los gobernantes. Voy a votar para que algún día vivamos dentro de un verdadero Estado de Derecho que vele por el respeto a la vida, la libertad y la propiedad de las personas, asegurando la igualdad de todos, sin excepciones, ante la ley.

           

Voy a votar por aquellas propuestas que más se acerquen a los principios universales que han mostrado ser la clave para el progreso y la mejora constante en calidad de vida de las personas. Voy a votar porque yo quiero ser parte de una sociedad donde podamos convivir, cooperar y compartir en paz.

Pero, ante todo, voy a votar haciendo uso de mi juicio propio. No me voy a dejar presionar por nadie, por más bien intencionado que sea, para votar de determinada manera. No votaré a favor de alguien que promueva principios contrarios a los míos. Mi voto será racional, objetivo y coherente con mi código de valores. Ayn Rand enseña en el ensayo titulado “¿Cómo se puede tener una vida racional en una sociedad irracional?” que “pronunciar un juicio moral es una enorme responsabilidad… Se requiere una integridad inquebrantable, es decir, no ser indulgente EN ABSOLUTO con la maldad consciente o intencionada… toda persona racional debe mantener una integridad igualmente estricta y solemne en el tribunal de su mente”.

Por mi bienestar y el de mis seres queridos, me voy a enfocar en  el Congreso. No votaré por el Partido de quien tiene la mayor probabilidad de ser el próximo Presidente. No votaré por partidos atestados de corruptos. Mi voto será a favor nuestro, de los mandantes, y no en nuestra contra.  Usted, ¿por qué votará y para qué votará?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 10 de junio de 2019.

El Presidente es un mediocre

Y lo puedo decir sin temor a ser demanda penalmente por Jimmy Morales o cualquiera que ocupe el cargo de Presidente. Lo mismo puedo decir en el caso de cualquier funcionario del Estado que se me antoje decirle a la cara lo que pienso de él o ella, lo pueda justificar o no. Es mi derecho como ciudadana. Por supuesto, si quiero ejercer como mandante responsable, lo prudente es que justifique los adjetivos que elija usar para calificar a quienes ejercen el poder. El ataque ad hominem demerita un justo reclamo que se le debe hacer, no sólo a Morales, sino a la mayor parte de funcionarios, diputados y jueces. No obstante, debe ser tolerado el insulto injustificado a los gobernantes, para evitar en el largo plazo perder nuestra principal arma contra las dictaduras: la libertad de expresión.

En Guatemala, me lo permite, sin límites como debe ser, el artículo 35 de la Constitución que dice: “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derechos a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.

Bien hizo el juez Gustavo Adolfo Castillo Rodríguez, presidente del Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal, cuando resolvió el pasado jueves 30 de mayo que la denuncia presentada por el presidente Morales en contra del ciudadano Roberto Rímola por insultarlo debe ser tramitada y resuelta conforme la Ley de Emisión del Pensamiento, motivo por el cual no era de su competencia seguir tramitando el caso. La explicación del juez es que entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la honra o reputación al funcionario público: "Se ha de partir de la prevalencia en principio de la libertad de expresión".

La libertad de expresión debe prevalecer y defenderse, aunque algunas personas abusen de ésta. Cuando se cometan faltas en su ejercicio, el juez dejó claro que éstas deben resolverse de acuerdo con la que establece la Ley de Emisión del Pensamiento y no por medio de una acusación penal. En el caso particular de quienes ostentan un cargo público, deben entender que durante el tiempo que ejerzan el poder deben aguantar estoicamente todas la críticas que se les haga. Pueden responder a estas, pero no penalmente. También deben recordar, como correctamente lo expresó Jorge Vega, reconocido gimnasta guatemalteco, que "el respeto se gana". Y demandando a quienes los insultan, con o sin razón, lo único que logran es una mayor animadversión.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 3 de junio de 2019.

El suicidio político de Sandra Torres

No sólo es posible, es muy probable que Sandra Torres se haya suicidado. Aclaro, políticamente. Alguien con tan alto porcentaje de rechazo entre la población que sí vota, como es el caso de Torres, debiera ser en extremo sensata a la hora de actuar. Sin embargo, era de esperar que fuera víctima del hubris, por la emotividad que caracteriza a las personas de ego frágil, como es el caso de la mencionada candidata a Presidente del partido “Unidad Nacional de la Esperanza” (UNE).

Torres viene jugando con fuego desde tiempo atrás. ¡Cuántos cuestionamos la pasividad de la CICIG frente a la UNE y su principal figura pública, Sandra Torres! Cuando finalmente se animaron a presentar denuncias en el caso del Transurbano, para sorpresa de muchos, la señora Torres no fue ni mencionada. ¿Así de astuta fue como para no dejar rastros de sus acciones durante el gobierno de su exesposo, Álvaro Colom? Un gobierno en el cual ella mandaba, según lo cuentan quienes formaron parte de esa administración. Todavía no me trago el cuento de que es imposible probarle nada.

Luego, en febrero de este año, cuando presentan un nuevo caso en el cual sí se le menciona, ahora por financiamiento electoral ilícito, lo presentan absurdamente un día después de que ya Torres gozaba del privilegio del antejuicio. Ridículo. Un descuido, siendo benevolente con la Fiscal General Consuelo Porras, que nunca debió darse. Una denuncia que debió presentarse antes de que la acusada fuera protegida por una prerrogativa que a estas alturas no debiera existir para nadie.

Después, escuchamos el célebre audio en el que Torres y Gustavo Alejos, uno de los más notables corruptos presos, saboreaban el apoyo de 40 millones de quetzales que les ofreció un contratista del Estado de los que acumularon su fortuna negociando con los gobernantes. Uno más de los que justamente se encuentran en la cárcel. Era predecible la indignación de la mayoría al enterarnos de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, denegaron la solicitud que hiciera el Ministerio Público (MP) para retirarle la inmunidad que adquirió como candidata a Presidente.

No obstante, la gota que derramo la paciencia de la mayoría fue la manipulación de la “Ley de Femicidio”, con el objetivo de parar las investigaciones del MP y acallar a los editores del diario “elPeriódico”. De poco le sirvió la farsa de que iba a desistir de una parte, que no todos, de los procesos viciados que ha iniciado en contra del medio mencionado. Así como de poco le servirá la protección que le consiguió Gloria Porras, al retener en la Corte de Constitucionalidad el amparo provisional que le ¿otorgó? al MP. El enojo que ha provocado en la población este abuso del poder por medio de las Cortes, será el que acabe con la ambición de Torres de ser electa Presidente.

El próximo primer mandatario de nuestro país, será aquel que logre pasar a la segunda vuelta. Sandra Torres se hizo el harakiri. No importa que encabece la intención de voto con un magro 20 por ciento. Firmó su sentencia de muerte política al despertar al antivoto y al voto en contra..

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 20 de mayo de 2019.

Reto a Sandra Torres

Imagen propiedad del diario guatemalteco "elPeriódico".

La candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, mostró de nuevo su tendencia al autoritarismo, como lo dejó ver cuando ejerció impunemente el poder durante la presidencia de Álvaro Colom. Primero, denunciando a los fiscales del Ministerio Público que están investigando sus vínculos con financistas que se sospecha que son narcotraficantes o fondos cuyo origen es corrupto. Y ahora, intentando amordazar al diario elPeriódico para que no publiquen noticias de ella, tanto las periodísticas como las amarillistas, utilizando en ambos casos la Ley de Femicidio.

Es un común denominador en los aspirantes a dictadores con un ego frágil, considerar sus enemigos a quienes los cuestionan, no se pliegan a sus deseos y les recuerdan que en el marco de una República, los que mandamos somos los ciudadanos y los que obedecen son los gobernantes. Ninguno de los procesos mencionados es justificable, y los jueces que la apoyaron deben ser investigados: tanto los integrantes de la Sala Segunda de Apelaciones, Rafael Morales Solares, Franc Armando Martínez Díaz y Fredy López Contreras; como la juez Susan Sabrina Salazar que le otorgó medidas en contra de Juan Francisco Sandoval y Andrei González de la FECI.

Estos casos son una muestra más de cómo se tergiversan las leyes, desnudando la corrupción que también corroe al Organismo Judicial.  Debemos fiscalizar el proceso de selección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, para evitar la manipulación de esas elecciones. Más aún, tomando en cuenta el poder que tiene la bancada de la UNE en el actual Congreso.

La molestia que tenga Torres con elpeladero, la sección de chismes anónimos de elPeriódico, no justifica utilizar la ley, cualquiera que esta sea, para violentar la libertad de expresión de nadie. Si acaso considera que la ofendieron y mintieron en lo que a ella respecta, debe recurrir a los Tribunales de Honor (Código Penal, artículo 159 –calumnia–, artículo 161 –injuria- o 164 –difamación) o a los Tribunales de Imprenta, dependiendo al que corresponda la supuesta ofensa, como bien lo aclaró la Corte de Constitucionalidad.

Dice el Artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala que “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derechos a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.

Creo en promover una cultura que favorezca la discusión y que fomente la empatía, el respeto y la benevolencia, todo lo anterior en pro de la búsqueda de la verdad. Y considero que el ataque ad hominen es una forma equivocada y despreciable de expresión. Sin embargo, por el bien de todos, debemos respetar el derecho de quién así se expresa. Ese es el costo que debemos pagar para vivir en libertad. El derecho a la libertad de expresión es la principal defensa que tenemos los ciudadanos contra las dictaduras. Es el respeto irrestricto a la libertad individual lo que permite que circule la verdad. Reto a Sandra Torres a que se atreva a demandarme: a mí y al 50 por ciento de los electores que nunca votaríamos por ella.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 13 de mayo de 2019.

¿Política y noticias o entretenimiento? Cuarta parte

¿Cuáles son los programas supuestamente informativos o de análisis preferidos por la mayoría? Los que entretienen frívolamente o generan controversia sin profundizar en los temas. Aquellos programas cuyos objetivos no son promover argumentos lógicos, aclararse las ideas o discutir honestamente, sino crear polémica y enfurecer a la gente con el objetivo de aumentar la audiencia.

¿Cómo lo logran? Según Ben Sasse en su libro “Them: Why We Hate Each Other – and How to Heal” (2018), lo logran por medio del nutpicking. Este es el proceso mediante el cual los medios de comunicación buscan en las redes sociales a cualquier individuo que diga algo increíblemente estúpido. Lo que, lamentablemente, es fácil de encontrar. Luego, los medios de comunicación usan a esta persona, o nutjob, para denigrar a toda una comunidad de personas afirmando que el nutjob es representativo de determinado grupo. Básicamente, por medio de la falacia de la generalización apresurada o por la falacia de la abstracción congelada, explicada por Ayn Rand en el ensayo titulado “Éticas colectivizadas”.

La mayoría de las personas son conscientes de que los programas de noticias emocionales, que promueven la agresión y la ira no son productivos. Sin embargo, a cualquier cantidad de personas les atraen, en ocasiones casi de manera adictiva, los programas que se basan en la provocación y la promoción de emociones destructivas. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación psico-epistemológica de esta necesidad? ¿Cuáles son las consecuencias que esta adicción emotiva acarrea?

Para el mencionado autor, Ben Sasse, por medio de la investigación sociológica se ha encontrado que hay un beneficio psicológico tangible de tener enemigos. Según estos estudios, los enemigos (reales o ficticios) ayudan a dar a muchos un mayor sentido de coherencia. Al fin, una forma de evadir el esfuerzo mental que implica resolver las contradicciones con las que nos topamos. Los traficantes de odio tienen éxito porque ayudan a los espectadores a dar sentido a los eventos aterradores e incomprensibles: les ayudan a derramar su rabia y frustración en otros. Estos expertos en los medios siembran en la mente de la gente un ellos (el otro/los otros) malvados y, por lo tanto, siembran las semillas del conflicto social. No obstante, este sólo es un paliativo que causa más daño en el largo plazo.

Una sociedad sana necesita algo más que el reconocimiento a la libertad de expresión y a la necesidad de debatir asuntos de interés general. También requiere una cultura que favorezca la discusión y que fomente la empatía, el respeto y la benevolencia, todo lo anterior dentro del marco de la búsqueda de la verdad. Después de todo, nunca sabremos por qué aquellos que no están de acuerdo con nosotros piensan de la manera en que lo hacen, sino escuchamos lo que tienen que decir. Es importante recordar que existe una gran diferencia entre debatir honestamente y demonizar e insultar a nuestros oponentes, recurriendo a cualquier tipo de falacia.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 8 de abril de 2019.

¿Política y noticias o entretenimiento? Tercera parte

Como explica John Suart Mill, en el segundo capítulo de On Liberty, hay tres tipos de juicios y/o creencias: totalmente falsas, parcialmente verdaderas y totalmente ciertas. El reto que tenemos en la era de la posverdad, un reto aún mayor que el que tuvieron nuestros antepasados, es diferenciarlas en nosotros y en los otros, porque de ello dependen las decisiones que tomemos y los resultados de nuestras acciones. Este punto lo elaboraré con detalle más adelante. Hoy quiero profundizar en lo escrito por Mill en lo que respecta a la libertad de expresión, cómo la violación a este derecho afecta a la búsqueda de la verdad y por qué la autocensura es un fenómeno actual, debido a la forma en la cual muchos eligen interactuar en las redes sociales.

Según Mill, “primero, si cualquier opinión se ve obligada a guardar silencio, esa opinión puede, por lo que ciertamente podemos saber, ser cierta. Negar esto es asumir nuestra propia infalibilidad. En segundo lugar, aunque la opinión silenciada sea un error, puede contener, y muy comúnmente lo hace, una parte de verdad; y dado que la opinión general o prevaleciente sobre cualquier tema rara vez o casi nunca es la verdad completa, es solo por la colisión de opiniones adversas que el resto de la verdad tiene alguna posibilidad de ser alcanzada. En tercer lugar, incluso si la opinión recibida no solo es verdadera, sino toda la verdad; a menos que se considere que es, y de hecho es, impugnada enérgicamente y con seriedad, la mayoría de los que la reciben la considerará un prejuicio, con poca comprensión o sentimiento de sus fundamentos racionales. Y no solo esto, sino que, en cuarto lugar, el significado de la doctrina corre peligro de perderse, debilitarse y privarse de su efecto vital sobre el carácter y la conducta: el dogma se convierte en una mera profesión formal, ineficaz para siempre, pero agitando el terreno, y evitando el crecimiento de cualquier convicción real y sincera, de la razón o la experiencia personal”.

Es importante mencionar que con la aparición de Twitter y los mensajes breves, la comunicación de hechos complejos se ha vuelto superficial y, en muchos casos, falaz, lo que lleva a muchos, a pesar de las facilidades que tenemos hoy para expresarnos, a callar. Y no sólo callan por el reto que implica la brevedad que prevalece en las redes, sino por miedo a los insultos, tergiversaciones y ataques ad hominen que proliferan en estos medios.

Twitter es ideal para lanzar comentarios, algunas veces ingeniosos, a aquellos con quienes no estamos de acuerdo, pero no es un medio adecuado para debates en profundidad sobre temas de transcendencia para nuestra existencia, incluidos, por supuesto, los asuntos políticos. Con el panorama mediático actual, existe un riesgo real de que las personas se confundan más, malinterpreten las cosas y, por lo tanto, la sociedad se vuelva más polarizada, tal y como ha sucedido en Guatemala. ¿Es posible llegar a un entendimiento y a una reducción de esa polarización? Sí, pero sólo será posible entre los individuos intelectualmente honestos que hagan el esfuerzo mental por aclararse las ideas.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 1 de abril de 2019.