Paro tributario

Creo en las protestas pacíficas que NO violentan los derechos de gente que no es responsable de mi reclamo o no les interesan, aunque les competan, mis motivos. Una vez existan herramientas legales para defender nuestros derechos individuales, no se justifican las medidas de hecho, las cuales son el ÚLTIMO de los recursos para defendernos del abuso de los gobernantes.

Exijo la renuncia del Presidente Otto Pérez Molina por corrupto. Me alegro y celebro la captura de Roxana Baldetti y la decisión del juez de ligarla a proceso, dictarle auto de prisión preventiva y enviarla a Santa Teresa, la cárcel de mujeres. Estoy a favor de los plantones pacíficos de los sábados, he participado en gran parte de estos y pienso seguir haciéndolo.

NO apoyo medidas de hecho, particularmente los bloqueos, que violan los derechos de otros y afectan a quienes más necesitan trabajar y producir: los más pobres. Rechazo toda acción destructiva, por más aparentemente nobles que sean los objetivos detrás de éstas o que yo comparta la petición que enarbolan. Aún las marchas por más bien intencionadas que sean, principalmente en días laborales, violan el derecho a la libre locomoción de cientos de miles de personas. Un derecho que es tan importante como el derecho a la libre expresión y el derecho de petición a los mandatarios.

No se puede violar un derecho pretendiendo hacer valer otros. La violencia genera más violencia. A los miembros de los grupos de presión que pretenden llegar al ejercicio del poder a la fuerza y/o a puro dedo del embajador les urge un mártir y qué mejor sería para ellos que alguno de los universitarios que participan en las manifestaciones perdiera la vida por la lucha en contra de la corrupción.

Un paro laboral NO afecta al gobernante: afecta al resto de la población que enfrenta serios problemas económicos. Promuevo el ÚNICO paro que afecta a los gobernantes corruptos: el paro tributario. Repito lo escrito en mi artículo titulado “No tributemos en la SAT” publicado el lunes 2 de marzo de 2015: “Depositemos nuestros impuestos en un tribunal, amparándonos en el artículo 45 de la Constitución que dice: ‘Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución’. Es más que evidente que la ineficiente burocracia estatal y los gobernantes corruptos no cumplen con sus obligaciones. Esta protesta pacífica y legal está más que justificada”.

Para alcanzar el éxito, se necesita del apoyo de algún grupo organizado y con recursos para prepararnos legalmente y dar la batalla. ¿Entre los miembros del CACIF o las distintas Cámaras hay quién esté cansado de que a los gobernantes no les importe lo que exigimos los ciudadanos o les ordene la Corte de Constitucionalidad y otras instancias del Estado? ¿Quién, como yo, está harto de ser explotado por la partida de ladrones en el ejercicio del poder, y sus aliados de pandillas delincuenciales que, además de parasitar a costa nuestra no nos dejan trabajar en paz?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 31 de agosto de 2015.

La victoria del mandante

Todos los cambios políticos que se están dando en Guatemala son el resultado de la presión de quienes deciden cuál debe ser el orden social en nuestro país: los mandantes. Tales mandantes somos usted, yo y todo aquel que alzó su voz al asistir a las manifestaciones pacíficas y espontáneas, siendo responsables de la única manera posible: individualmente. Todos aquellos que de manera voluntaria y sin miedo, empoderados e indignados, mostramos nuestro rechazo al status quo, a la corrupción y a la violación de nuestros derechos individuales.

Los crímenes y delitos mencionados en el párrafo anterior fueron cometidos, irónicamente, bajo la dirección de nuestros mandatarios, los cuales olvidaron el mandato que les dimos: velar por el respeto a la vida, la libertad y la propiedad de todo aquel que respeta a los otros y exige respeto. Un mandato que incluye a la justicia: aquellos en quienes hemos delegado temporalmente el monopolio legal del uso de la fuerza (el poder) deben asegurarse de que el antisocial que violente los derechos de alguien más pague las consecuencias de sus acciones y compense a sus víctimas.

Hoy, la posición de los peores delincuentes y criminales en nuestro país la ocupan los gobernantes, sus socios en los actos de corrupción y los líderes de los grupos de presión (incluyo a los politiqueros que quieren llegar al ejercicio del poder) que durante años han vivido cómodamente a costa nuestra y gracias al sistema de incentivos perversos que prevalece en Guatemala desde hace setenta años. Es irrelevante que la Constitución actual haya cumplido recientemente tres décadas de estar vigente, al fin, esta y sus antecesoras lo que hicieron fue copiar, con modificaciones en general superficiales, el Estado Benefactor/Mercantilista que nos heredaron los constituyentes de 1945.

Los mandantes debemos estar atentos y no dejarnos manipular por nadie ya que “en río revuelto ganancia de pepenadores”, como prefiero parafrasear este popular refrán. Un puñado de líderes de los grupos de presión señalados antes, que tienen cualquier cantidad de tiempo de estar promoviendo más de lo mismo (estatismo, colectivismo e intervencionismo), muchos de ellos responsables del caos presente, pretenden hacer creer ¿a quiénes? que son la voz del abstracto pueblo. Falso: no representa a nadie más que a ellos mismos. Una mentira descarada propia de cualquier farsante que quiere alzarse con el premio gordo (el gobierno) sin ni siquiera haber participado en una elección. Total, tontos no son: saben que sus probabilidades de ganar en las urnas son ínfimas.

Los ciudadanos conscientes, que ya estamos hartos de los shows y las mentiras, debemos seguir presionando a quienes ostentan por el momento el poder para que los corruptos gobernantes y sus socios criminales, renuncien a sus puestos y las autoridades a cargo de velar por la justicia inicien los respectivos procesos judiciales que TODOS deben enfrentar. Otto Pérez Molina, renuncie.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 1 de junio de 2015. La imagen es del caricaturista de Prensa Libre, Fo.

Ni son campesinos ni son pacíficos

No hay que llamarlos indígenas, ni campesinos, ni labradores. Nombrarlos de tal manera es un insulto a los indígenas, a los campesinos y a los labradores que dedican su día a trabajar y son afectados por los actos de estos delincuentes. Sí: delincuentes. Así es como debemos llamarlos. Pequeñas bandas de gente violenta que no representan a nadie más que a los intereses de los miembros de los grupos de presión de los cuales forman parte. Organizaciones que en muchas ocasiones actúan en complicidad con los gobernantes, como es el caso de las más recientes protestas que tanto daño causaron, en particular a nuestros compatriotas de más escasos recursos.

Tuvieron que morir varios y ser agredidos otros para que, finalmente, los medios de comunicación le dieran importancia a los testimonios de las personas que se ven afectadas cada vez que un puñado de malhechores deciden violentar los derechos de miles, de millones de habitantes de nuestro país. Al fin se escucha al agricultor al que se le pudrió la verdura y la fruta que llevaba a vender al mercado, al comerciante que le quemaron su auto por tratar de pasar las barricadas… a la vendedora que fue vapuleada por intentar ejercer su derecho a la libre locomoción. ¡Incontables son las historias de hombres y de mujeres que pagaron el precio de la irresponsabilidad de los gobernantes que no hicieron cumplir la ley y retiraron a los delincuentes de los caminos que ilegalmente ocuparon!

En las redes sociales virtuales circula un video en el cual un guatemalteco indignado les reclama a los delincuentes que violan los derechos individuales de tantos, el daño tremendo que provocan. Entre todo lo que dice me parece importante resaltar dos afirmaciones suyas: primero, que ellos (los que bloquean las carreteras) son los que perpetúan la pobreza de muchos, y que “por un grupito de revoltosos todos pagamos”. ¡Qué ciertas son las aseveraciones anteriores! Con solo estas dos ideas expresadas por nuestro coterráneo y compartidas por la mayoría, confirmo una vez más que la sabiduría no depende de cuántos títulos universitarios tiene una persona, si no vean quiénes son aquellos que todavía se atreven a defender a estos criminales repitiendo la mentira de que se intenta criminalizar la supuesta protesta popular. La sabiduría, sin duda, depende del uso correcto de la razón para identificar la realidad, la cual está al alcance de todos.

Las únicas protestas válidas y justificadas son aquellas que emprenden los ciudadanos contra quienes abusan del poder que temporalmente se les ha delegado para violentar los derechos de unos en beneficio de otros, los que generalmente suelen ser los mismos que gobiernan, sus familiares y sus amigos. Las acciones violentas de unos cuantos en busca de privilegios son ilegales e ilegitimas, y no deben ser, bajo ningún punto de vista, permitidas. Ya basta. Indígnese y proteste en contra de las protestas violatorias de sus derechos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 17 de noviembre de 2014.