Y para todos los inocentes que se encuentran
presos, víctimas de abogados y jueces corruptos que abusan de la poca institucionalidad que hay en Guatemala,
que se aprovechan del sistema de incentivos perversos que prevalece en nuestro
país para violentar los derechos individuales de miles, en particular el
derecho al debido proceso, privándolos de su libertad y poniendo en riesgo su
vida misma.
Puedo citar varios artículos de nuestra
Constitución que nos aseguran a todos ese derecho al debido proceso, pero me
voy a enfocar hoy en dos: el artículo 12 que dice: “Derecho de defensa.
La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser
condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en
proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido”; y el artículo
14 que reza: “Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es
inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en
sentencia debidamente ejecutoriada”.
En el caso de
Anaité Alvarado Sánchez, quien se encuentra injustamente presa, se ha
violentado descaradamente el derecho al debido proceso, entre otros derechos,
ya que la juez Julia Rivera del juzgado 4to. de primera instancia penal la ¿sentenció?, sin una sola prueba en su contra, a guardar cárcel por los delitos
de los cuales se acusan a otras personas, bajo la excusa de que puede influir a los acusados. Absurdo. La Ley
también aplica a los jueces que no actúan en base a derecho, y en su momento,
la juez mencionada tendrá que pagar las consecuencias de sus acciones.
Si Roberto Montano y la otra persona son
responsables de los delitos de los que se les acusa no es un tema que a mí me
compete. Montano y su empleado deberán responder de tales acusaciones. Pero
nadie más: ni sus padres, ni sus hermanos, ni sus hijos, ni las que han sido
sus esposas. Sin embargo, la actitud de los demandantes responde a la idea de
buscar quién se las paga y no quién se las debe. Pretenden hacer justicia cometiendo
una injusticia. Tal es el caso de Anaité, a quien tienen como rehén bajo la
amenaza de que si no aparece Roberto Montano y el dinero que le reclaman, la
dejarán presa. ¿Con qué autoridad? ¿Qué les permite creer que se pueden salir
con la suya? Los delitos de los cuales acusan a Montano palidecen al lado del
crimen que ellos cometen.
Entre los abogados que representan a los que se
consideran afectados por las acciones de Montano, se encuentra Frank Trujillo,
hermano del célebre Héctor que hoy se
encuentra detenido en EE. UU. por el caso de corrupción en la FIFA. Me cuentan
colegas suyos que tiene una fama similar a la del hermano y que al parecer eso
le afecta poco. Lo lamentable en la canallada contra Anaité, es la
participación de abogados que navegan con la bandera de correctos, que no son nada más que sepulcros blanqueados. Esta tragedia nos muestra que cualquiera en
Guatemala, aunque no sea culpable de lo que se le acusa, puede ir preso. Hoy es
Anaité, mañana puede ser usted.
Artículo
publicado en el diario guatemalteco
“Siglo Veintiuno”, el lunes 1 de febrero de 2016.Etiquetas: Anaité Alvarado, debido proceso, derechos individuales, Frank Trujillo, injusticia, Julia Rivera, justicia, Roberto Montano