Del lado del ciudadano

En toda elección política me ubico en el bando del ciudadano honesto, responsable y productivo. Del ciudadano que respeta los derechos individuales de los otros y exige respeto de los propios. Del ciudadano que no pretende vivir a costa de los demás. El ciudadano que de los gobernantes solo espera que velen porque haya seguridad y justicia, en cumplimiento de las funciones que les corresponden dentro del abstracto Estado. Del ciudadano que quiere, como yo, vivir en una sociedad donde podamos intercambiar, cooperar y convivir en paz, cada quién buscando su propia felicidad sin imposiciones ajenas.

¿Qué significa estar del lado del ciudadano? Dar la batalla de las ideas, aclarando las propias, para que podamos tomar las decisiones correctas que nos permitan vivir dentro de un verdadero Estado de Derecho, donde todos seamos iguales ante la Ley y no haya privilegios para nadie. Un Estado en el cual los abusos del poder sean castigados, sin importar quién sea el señalado. Un Estado en el que ningún mandatario debe estar por encima de la Ley, y menos que se le permita creer que es el Estado. Tampoco ningún burócrata estatal, nacional o de organizaciones supranacionales, debe estar por encima de la Ley; así como ningún diplomático, sin importar el gobierno de qué país representa, debe estar por encima de la Ley.

Todos aquellos que ejercen el poder deben respetar al ciudadano que es el soberano: el mandante, el que manda. Mandato expresado en nuestra Constitución en su 2do. artículo que dice: “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. Es ésta la obligación primera del Presidente, de los diputados, de los jueces y de todo aquel cuyo trabajo dentro de la burocracia estatal es justificado y necesario para alcanzar tales fines.

No caigo en la trampa de las falacias ad populum, ad ignoratio elenchi y del falso dilema según el cual debemos elegir entre dos personas con las que no comparto valores, sin importar el cargo que ocupan o el papel que juegan. Sólo sé que ambos gozan de un amplio poder que se presta para abusos. Sé que es el poder político el que hay que limitar para acabar con la corrupción, y todos los males que este trae cuando no se circunscribe al poder justo y necesario para que los funcionarios, electos o nombrados, cumplan con las funciones propias de la naturaleza del gobierno.

A la mayoría de la población poco le interesa si el presidente es Jimmy Morales o cualquier otro, al igual que si Iván Velásquez se va o se queda. Lo que a la mayoría le interesa es satisfacer sus necesidades de la mejor manera posible. Yo elijo ser parte de la minoría que busca la verdad. No haré una transacción que implique abandonar principios morales básicos y hacer algo que considero incorrecto. Lamento que la mayoría de la minoría interesada esté enfrascada en una discusión en la cual prevalecen la irracionalidad y la emotividad, mientras nuestro país, con nosotros adentro, corre el riesgo de hundirse.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 4 de septiembre de 2017.

El destino de la corrupción

“La corrupción es un mal que, por desdicha, tiene como destino el olvido… ¿Quién se acuerda hoy de lo que se robaron los gobiernos anteriores?”, es la amarga idea que pone Francisco Pérez de Antón en la boca de Crisóstomo Valverde, uno de los personajes de su más reciente novela “Callejón de Dolores”. Al leer semejante sentencia, no pude hacer más que dejar mi libro a un lado y sentarme a escribir sobre mi reacción a tal afirmación.

Primero sentí una especie de fuego intenso que subía por mi cuerpo, una sensación que se apropiaba de mis entrañas en señal de rechazo a algo que ha sido hasta hoy una verdad indiscutible. Solo por mencionar los últimos veinticinco años pregunto: ¿qué pasó con lo que robaron en los gobiernos encabezados por Vinicio Cerezo, Jorge Serrano, Álvaro Arzú, Alfonso Portillo, Óscar Berger y Álvaro Colom? Y pienso que a esta lista también debo agregar al padre del nuevo Procurador de los Derechos Humanos: me refiero a Ramiro De León, porque, aunque breve su mandato, más de alguien debe haberse aprovechado de la incertidumbre de esa época para acumular una fortuna.

Luego, me pregunté qué pasará con todos los desmadres de los actuales gobernantes cuando estos entreguen el poder en cuestión de apenas tres años y un par meses. Porque si alguno del Partido Patriota es sensato, ya habrá reconocido que es casi imposible que continúen ejerciéndolo en menos de cuatro años. A casi diez meses de iniciado el período de Otto Pérez Molina y su gente, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, una gran parte de sus electores están decepcionados de ellos debido a los tremendos errores que han cometido. Por supuesto, tal vez casi nada les importa lo anterior: ya se aseguraron que a sus cuentas bancarias llegará gran parte de lo poco que dicen recaudar.

Y la recién aprobada “Ley contra la corrupción”, les debe provocar risa. Es muy probable que crean, ¡como tantos en Guatemala!, que da igual que, finalmente, haya pasado este intento de remendar un sistema corrupto como lo es el Estado Benefactor/Mercantilista, y tratar de, sino limitar, al menos otorgar herramientas eficaces a los escasos diputados y funcionarios que fiscalizan el uso del dinero de los tributarios. Porque sí: ese dinero es nuestro, es de los pagadores de impuestos: una verdad irrefutable que debemos internalizar y difundir, para que cada día seamos más los que nos indignamos del robo descarado de lo que NOSOTROS hemos ganado. Y, lamentablemente, no hemos disfrutado.

Pienso que hoy, a diferencia de 1929 (año en el cual transcurre la historia que narra magistralmente Pérez de Antón), contamos con más espacios para dar a conocer los actos ilícitos de los gobernantes, los cuales NO deben ser olvidados. Todo lo contrario: debemos darlos a conocer a todos aquellos que podamos para que en un tiempo breve seamos más los desencantados con la realidad actual y al fin tomemos las decisiones necesarias para cambiarla. No dejemos que el olvido borre la miseria presente.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 5 de noviembre de 2012.

Superyo

Mientras el actual Presidente Álvaro Colom hace honor a la gloriosa tradición de la izquierda y anda de paseo por Japón (“Viajar es vivir”, dijo Juan José Arévalo), el ex Presidente, a su parecer omnipotente, Álvaro Arzú, tocayo del presente, declara que decidió dejar la comodidad de su puesto, casi vitalicio, en la Municipalidad capitalina, para ponerse la capa de chapulín colorado y salir a rescatar a los inútiles ciudadanos guatemaltecos. ¿Deberíamos ponernos de hinojos para agradecer semejante sacrificio? En fin, para alguien como yo, que se valora y se respeta, responsable y libre, la pregunta se acerca a la frontera con el insulto.

Como periodista, reconozco que el inquietante oficio de buscar la verdad, nada tiene que ver con alimentar los pequeños egos de personajes que, a pesar de sus posibles buenas intenciones, suelen estar más perdidos que el hijo de la Llorona en el día de las madres. Eso sí, de lo que estoy segura que están seguros es de su deseo de decidir por los demás y sus bienes. Su amor por el ejercicio del poder. Y como el periodismo trata sobre hechos (la realidad) y no es cuestión de presentar equitativamente distintas visiones o ideologías, cuestiono la idea del superhombre estatal.

Los politiqueros prometen cualquier cosa. Pero, ¿de dónde sale el dinero para cumplir las promesas? Al fin, el trabajo más cómodo es el de repartidor de la riqueza creada por otros. Regalar pequeñas porciones a aquellos que es posible que ejerzan su derecho al voto, ignorar a los verdaderamente pobres y quedarse con la mayoría de los tributos. ¡Ah! Por supuesto, compartiendo las ganancias con sus financistas.

Tengo más de doce años escuchando el discurso que incluye las trilladas preguntas de “¿Qué tipo de país quieren? ¿Dónde están los líderes salvadores? ¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá defendernos?” Yo les pregunto: ¿Por qué la mayoría no se cuestiona por qué estamos como estamos? ¿Por qué, la mayoría de la minoría que se pregunta por qué, no busca los referentes en la realidad para encontrar la respuesta correcta? Ideas verdaderas contra ideologías falsas. Cuestión de disciplina conceptual.

Y, por aquello de las sensibilidades de los políticos, más tratándose de Arzú, les recuerdo que el artículo 35 de la Constitución en su segundo párrafo dice: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”. ¡Qué valioso es limitar el ejercicio del poder y asegurar los derechos individuales!

Ayn Rand en "La virtud del egoísmo", específicamente en el ensayo "Derechos colectivizados" aclara: "Los derechos son principios morales que definen las correctas relaciones sociales". A fin de cuentas es este el punto a enfatizar: necesitamos un gobierno de leyes basadas en principios generales, universales y abstractos, y no un gobierno arbitrario de reyes.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 25 de octubre de 2010. La imagen la bajé de Internet.

Razón y autoridad

Nota: este artículo fue publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 26 de mayo de 2008. La imagen representa el número Phi.

Hace algunas semanas, el alcalde capitalino, Álvaro Arzú, dio una equivocada y lamentable declaración: tratando de justificar los enfrentamientos entre sus pupilos de la Policía Municipal de Tránsito y los residentes de la capital, dijo que “la autoridad siempre tiene la razón”.

Por supuesto, se refería a la razón como sinonimo de estar en lo correcto. ¿Sobra decir que la anterior es una afirmación incorrecta? ¿Una falacia con la que Arzú mostró su desconocimiento sobre lo que significa la Razón? ¿Está de más advertir que tras sus comentarios, Arzú oculta una tremenda amenaza para la población? ¿No es la expresión del alcalde una muestra más de su vocación de dictador, donde su palabra es la ley y lo que digan los demás da igual?

La Razón es la facultad que nos permite identificar e integrar el material que nos proveen los sentidos. Integra nuestras percepciones por medio de abstracciones y conceptos: eleva el conocimiento perceptual al conceptual. Para llevar a cabo este proceso, nuestra Razón utiliza la lógica. La Razón nos permite comprender la realidad y conocer nuestro entorno: adquirir, corregir e incrementar nuestro conocimiento.

La Razón es un medio vital para pensar. Es una elección más que hacemos: cada uno de nosotros decide utilizarla o no. Es la acción necesaria para asegurar la vida humana y enriquecerla. Ser racional es actuar en armonía y concordancia con los hechos de la realidad, reconociéndonos como parte de esa realidad. Las emociones no son herramientas del conocimiento. Son sólo el resultado de nuestros juicios de valor.

Tanto el alcalde como la mayoría de políticos y burócratas con sus actuaciones, generalmente basadas en emociones no racionales, nos dejan ver lo poco que nos respetan. No sólo exponen su ignorancia, sino muestran el desprecio que sienten por los otros, en especial aquellos que se atreven a reclamar sus derechos y les recuerdan que la autoridad en los Estados modernos procede de todos: de la igualdad ante la ley de gobernantes y gobernados. La época de las monarquías absolutas y los súbditos que acatan órdenes sin cuestionar quedaron en el pasado. ¿O no? ¿Será que el Estado benefactor/mercantilista y toda la discrecionalidad que otorga a los individuos que lo administran termina acercándonos a un sistema casi imperialista?

En fin, si las respuestas a mis preguntas son afirmativas, sin duda, es urgente cambiar radicalmente el sistema socialdemócrata que tiene más de seis décadas de reinar en Guatemala. Si queremos la mejora en la calidad de vida de todos, es indispensable olvidar esta forma de gobierno basada en el intencionalismo moral y no en la realidad. Necesitamos un Estado de Derecho, a la fecha inexistente en nuestro país, que afirme la autoridad que emana del pueblo. Autoridad que sólo delegamos temporalmente en quienes la ejercen para proteger nuestros derechos individuales, y no violarlos, como tristemente sucede hoy.