Lo mío, es mío

Y lo tuyo es tuyo. No importa que lo hayamos ganado, trabajado o heredado: es independiente de los “hados” que nos lo hayan otorgado.

¿Acaso no es uno de los primeros vocablos que aprendemos aquel que implica la propiedad de un bien? En el caso de nuestro riquísimo español, la palabra clave es “mío” a la que acompaña, inevitablemente, la palabra tuyo. Porque, ¿cómo voy a exigir que se respete lo mío si no respeto lo tuyo?

Puedo hacer con lo mío lo que quiera: invertirlo, destruirlo, ahorrarlo, usarlo, regalarlo… una vez respete lo de todos, entendidos estos últimos como individuos y no un colectivo.

Sin embargo, dependiendo de la moda vigente en lo “socialmente aceptable”, este concepto se fortalece y protege como un principio básico que asegura el progreso y el bien común o, en otros casos, como el que nos ha tocado vivir, el derecho de propiedad y los términos que lo identifican, se convierten en una especie de tabú: en malas palabras que sólo repiten los “egoístas”. En algunas oportunidades, esa misma actitud “políticamente correcta” nos puede llevar a considerar casi pecaminoso hasta pensar en el “Yo” (con mayúscula).

Por cierto, a quienes disfrutan de la lectura, quisiera recomendarles la novela Anthem de Ayn Rand. Brillante manera la de esta escritora y filósofa del siglo veinte al presentar el extremo al cual nos puede llevar la idea de que, centralmente planificado, se puede “construir” un mundo feliz. Propuesta que también hace, entre otros, Aldous Huxley en su conocida obra A Brave New World.

La presente reflexión la inspira algunos comentarios de funcionarios públicos, quienes recientemente han declarado en los medios de comunicación que es obligación de la gente entregarle al ficticio “estado” (con minúscula) la parte de lo nuestro que le corresponde. ¿Desde cuando trabajamos para ellos? Qué dealpelo.

Pocos lo dudan: hay que contribuir al sostenimiento de los gobernantes, pero con objetivos específicos: asegurar que se haga justicia, se cumplan los contratos y se respeten los derechos a la propiedad, la libertad y la vida de las personas. Nada más. El resto de “buenas intenciones” lo único que logran es aumentar la discrecionalidad de los burócratas en el ejercicio del poder y, por ende, incrementar la corrupción y obstaculizar el desarrollo de los miembros de la sociedad.

Dice la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano” (Francia, 1789), en su artículo 14: “Todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar… la necesidad de la contribución pública, de consentirla libremente, seguir su empleo y determinar la cualidad, la cuota, el método de cobro y la duración de las misma”.

Promover la idea de que lo propio, o una parte de ello, es “propiedad” del “estado” implica regresar al pasado medieval donde los siervos terminaban siendo esclavizados por los señores feudales. Los habitantes de Guatemala, ¿vamos a ser ciudadanos o vasallos?

Nota: este artículo fue publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, en la columna semanal “Principios”, el lunes 23 de enero de 2006