Ni delito ni falta
En fin, hoy tengo que abordar de nuevo la aberrante decisión de los magistrados de la CC que debilita la protección a la libertad de expresión en nuestro país. Y no me refiero al IRRELEVANTE dictamen, al menos para este tema, por el cual le niegan al Vicepresidente Rafael Espada su frívola acción por la cual pretendía revertir la decisión de los jueces que rechazaron la querella que interpuso en mi contra. Me refiero a la decisión que tomaron de negarme el amparo solicitado ante la amenaza que representan para mi integridad la querella citada y las DOS denuncias que siguen vivitas y coleando en el Ministerio Público, que hace honor a su apodo, ya que es un misterio qué pretenden hacer los fiscales, los cuales, dicen, se encuentran presionados por el alto mando para proseguir con la investigación.
El lunes 6 de septiembre pasado, después de que muchos influyentes columnistas (salvo alguno que otro periodista cobarde y servil con la CC), entre ellos abogados, criticaron correctamente la resolución mencionada, los magistrados de la CC publicaron tres “Campos Pagados” (pagados con nuestros impuestos) en los cuales pretendían defender lo indefendible con excusas formalistas que no vienen al caso en una situación en la cual, quien se supone es el segundo hombre más poderoso del país (ejerce el poder como Vicepresidente) y que como tal se identifica en las demandas, utilizando los recursos del Estado (léase los dineros de los tributarios y el personal pagado con éstos), actúa en contra de una ciudadana que ejerce sus derechos constitucionales. Además, más que el formalismo, parece que los magistrados olvidan que la razón que aducen para rechazar la solicitud, aunque suene increíble, es que Espada actúa como ciudadano.
Por lo anterior, transcribo parte de mi artículo titulado “CC desprestigian solos”, publicado en Siglo Veintiuno el 24 de agosto de 2010: “…dejo por escrito quiénes firmaron la resolución que hoy abre la posibilidad a que todo funcionario público, desde el Presidente hasta el más oscuro burócrata, viole nuestro sagrado derecho a expresarnos libremente y cuestionarlos….: Roberto Molina Barreto, Alejandro Maldonado Aguirre, Mario Pérez Guerra, Gladys Chacón Corado y Juan Francisco Flores Juárez; auxiliados por el Secretario General de la CC, Martín Ramón Guzmán Hernández”.
¡Ah! Y por aquello de las sensibilidades de los funcionarios públicos, les recuerdo a los magistrados de la CC, los nombrados y los suplentes que los apoyaron en el campo pagado, que tal y como reza el artículo 35 de la Constitución en su segundo párrafo: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”. Notifíquese y cúmplase.
Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 13 de septiembre de 2010. La imagen de las Pléyades la bajé de la Internet. La fotografía fue tomada el viernes 3 de abril de 2009, para el primer aniversario de “Bohemio”. La descomposición es toda mía.
Etiquetas: Alejandro Maldonado Aguirre, Corte de Constitucionalidad, Gladys Chacon Corado, Juan Francisco Flores Juarez, libertad de expresión, Mario Pérez Guerra, Rafael Espada, Roberto Molina Barreto
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