Antes que nada quiero dejar claro,
como lo he hecho en incontables oportunidades, que estoy totalmente en contra
de todo privilegio, no importa la excusa que utilicen para aprobarlo ni las
supuestas buenas intenciones de quienes lo promueven. Lo anterior es aplicable
a todo grupo de presión: industrial, comercial, ambiental, laboral, social… Es
irrelevante el objetivo específico del grupo, una vez los miembros de este pretendan
violentar los derechos de otros con tal de satisfacer sus intereses
particulares.
Por lo anterior considero que es
de vital importancia que sea aprobada por medio de una Consulta Popular la
propuesta de modificar la Constitución presentada por la Asociación Civil
ProReforma, en especial el cambio al artículo 157, contenido en la Sección
Primera, que trata del Congreso de la República y reza lo siguiente: “En ningún
caso el Senado o la Cámara de Diputados emitirán leyes o decretos arbitrarios o
discriminatorios, en los que explícita o implícitamente se concedan
prerrogativas, privilegios o beneficios que no puedan disfrutar todas las
personas que tengan la oportunidad de hacerlo”. Una innovación trascendental
que haría realidad la deseada igualdad de todos ante la Ley, la única igualdad
posible.
Sin embargo, pienso que en la
discusión de la Iniciativa 4644, “Ley de Inversión y Empleo”, la mayoría de los
interesados, tanto los que la impulsan como los que la adversan, se han
equivocado en su estrategia, sobre todo en lo que a la eliminación del Impuesto
Sobre la Renta (ISR) trata. En lugar de dividir sus fuerzas, hay que unirse
para que la supresión de este dañino tributo sea generalizada, y no un privilegio
de unos cuantos. El solo hecho de que los gobernantes respalden la sugerencia
de los burócratas que trabajan con ellos de eliminarlo, es un reconocimiento al
camino que debemos seguir si queremos atraer capitales y mejorar nuestra
calidad de vida.
Es lamentable y un tremendo error
que columnistas bienintencionados, al igual que líderes empresariales como
Jorge Briz (Presidente de la Cámara de Comercio), al emprender la justa batalla
en contra de los privilegios, hayan fortalecido la falaz argumentación de los
estatistas que solo les interesa ver cómo logran exprimir más al tributario
guatemalteco por medio de más impuestos.
Tal vez peco de ingenua al creer
que es posible, todavía, llegar a un acuerdo entre quienes hoy se enfrentan en
este asunto para aprovechar la oportunidad que da el mismo gobierno para que se
elimine este nefasto impedimento al desarrollo en nuestro país. A lo mejor entre
los asesores de Otto Pérez Molina hay alguno lo suficientemente sensato y
valiente para explicarle al Presidente que también ellos (y su adorada recaudación) se van a beneficiar
más pronto de lo que prevén si toman la decisión de eliminar el mencionado
tributo de manera general. Eliminar los obstáculos que han puesto a la creación de
riqueza es la estrategia correcta para
asegurar el progreso.
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