“Toda persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, pero nadie tiene el derecho de imponer su decisión a los demás". |
El origen del problema es la existencia misma de las
aduanas. Y solo va a terminar la corrupción en este ente inquisidor cuando deje
de existir el origen del mal: la inmoral intervención de los gobernantes en el
comercio internacional. Cuando los comerciantes y los consumidores descubran
que han sido engañados y manipulados por años con el discurso nacionalista y la excusa de recaudar más
impuestos. ¿Para qué? ¿Quiénes han sido los únicos ganadores con la imposición
de aranceles y barreras no arancelarias? ¿Quiénes han sido los sacrificados en
beneficio de unos pocos?
El problema no se arregla, más aún se complica, utilizando
la fuerza pública y la tecnología para combatir a los importadores de bienes
producidos en otros países, convirtiéndolos en criminales cuando no están
cometiendo ningún crimen: no causan daños a terceros, sino todo lo opuesto. Venden
productos que, obviamente, son demandados por muchos, de lo contrario no se
arriesgarían a traerlos. El que cada uno decida
libremente a quién le va a comprar, se produzca o no el bien en el país que
reside, no es un crimen ni es asunto de los gobernantes. ¿Por qué tiene
que pagar más aquel que prefiere comprar bienes elaborados en México, en Estados
Unidos, en China, en India…?
La fuerza pública y la tecnología se deben usar para
perseguir y atrapar a ladrones, a estafadores, a extorsionadores, a
secuestradores, a violadores, a asesinos, a políticos corruptos… Se deben usar
para llevar ante la justicia a quienes han violentado la vida, la libertad y la
propiedad de otros. Y que una vez hayan sido vencidos en un juicio apegado al
debido proceso, se les obligue a compensar a sus víctimas. Los anteriores son
los únicos motivos que justifican la existencia de los gobernantes: un grupo de
personas con el poder de someter a quienes no respeten a otros. Disciplinar a los
antisociales.
No estamos obligados a cumplir la legislación que violenta
nuestros derechos. Apelemos al artículo 45 de la Constitución que dice: “…legitimidad
de resistencia: Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y
defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”. El
contrabando es el comercio internacional ilegítimamente criminalizado. Es esa criminalización
la que ha provocado que se cometan verdaderos crímenes alrededor de acciones
comerciales encaminadas a facilitar el bienestar de la mayoría. Como sucede en
el caso de la guerra perdida contra las drogas:
todos terminamos pagando por la ambición de unos cuantos y por el abuso del
poder por parte de los gobernantes.
Como podemos leer en “The
Early Ayn Rand: A Selection from Her Unpublished Fiction”, editado por
Leonard Piekoff: “Toda persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones,
pero nadie tiene el derecho de imponer su decisión a los demás". Y es esto
lo que los ciudadanos, los soberanos, debemos entender para dejar de ser
siervos de quienes deben ser nuestros servidores: los gobernantes.
Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo
Veintiuno”, el lunes 28 de octubre de 2013.
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