Le llaman linchamiento y ocurre casi todos los días en algún
lugar de mi país. Es la máxima pena que un tribunal puede imponer a un antisocial.
Y en el caso de la apodada justicia
popular es el único castigo posible, sin importar que el acusado sea
inocente o culpable y sin importar el delito o crimen que haya cometido. Es una
muestra más del fracaso del Estado Benefactor/Mercantilista que impera en Guatemala
y en gran parte del mundo.
Así es, un fracaso más del sistema
intervencionista/estatista mencionado, que se basa en otorgar privilegios a los
grupos de presión que se multiplican gracias a los incentivos perversos propios
de una idea fundamentada en supuestas buenas
intenciones según la cual unos se deben sacrificar por otros, olvidando que
todo ser humano es un fin en sí mismo. Al final, aquellos que viven
miserablemente seguirán viviendo de tal manera mientras prevalezcan estas
reglas, y quienes pudieron invertir para crear fuentes de trabajo productivo
terminan en bancarrota (de tanto ser expoliados por quienes detentan el poder)
o deciden emigrar con todo y su capital, ya sean ideas o dinero.
Por supuesto que en este sistema suma cero, hay quienes ganan a costa de aquellos que pierden lo que
es suyo. Un sistema que les facilita a los parásitos quedarse con gran parte de
nuestros impuestos, por lo que van a promover cualquier agenda que convenga a
sus intereses sin que les preocupen las consecuencias a largo plazo de las
medidas que proponen y mucho menos les importa violar los derechos de otros con
tal de alcanzar sus objetivos individuales.
Escribo lo anterior para explicar el porqué los gobernantes
terminan relegando al último lugar de sus prioridades, independientemente del
discurso politiquero, sus funciones primordiales y las únicas que justifican la
existencia de un gobierno: proporcionar seguridad y justicia a TODOS los
miembros de la sociedad. Como a quienes aspiran a ocupar un cargo público y a
quienes ya lo ocupan (con muy pocas excepciones) creen que les conviene más
ofrecer una vida regalada a la mayoría porque de esa manera acumulan más poder,
deciden concentrarse en la supuesta agenda
social antes que en cumplir con sus obligaciones legítimas.
Luego, mucha gente ante al aumento de la delincuencia y la
criminalidad, gente en algunos casos desesperada, gente que en otras ocasiones
lo toma como una medida de escape a sus frustraciones personales, al grito de
cualquiera de “allá va el ladrón” corre a buscar un galón de gasolina junto con
unos fósforos para quemar al desgraciado, sin importarle que la acusación sea
falsa o verdadera.
La razón de ser del debido proceso es para que, en la
búsqueda de justicia, no se cometa una injusticia condenando a un inocente. Por
eso la carga de la prueba está en aquel que acusa, no en quien es acusado. Por
eso necesitamos con urgencia reformar nuestro sistema judicial para acabar con
las arbitrariedades y la corrupción. Para que cada quien reciba lo que le
corresponde.
Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo
Veintiuno”, el lunes 31 de marzo de 2014. La imagen es del diario mexicano "Impacto".
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