La filosofía y el periodismo tienen un propósito similar: la
búsqueda de la Verdad. La filosofía busca las respuestas a las preguntas que
nos hacemos en lo que respecta a la realidad, el lugar propio dentro de esa
realidad y nuestra relación con los otros. El periodismo busca establecer la Verdad
de los hechos que impactan a la mayoría de miembros de la sociedad. El
periodismo responde al qué, cómo, dónde, cuándo, quién, cuánto… La filosofía
nos explica el por qué y el para qué. Ambas son disciplinas necesarias para la
vida del ser humano.
En lo que ha hechos trata, los miembros de la CICIG han
mostrado que su fin no es fomentar la justicia. Lo que les interesa es condenar
a cualquiera (menos a sus aliados, a sus amigos ideológicos y a quienes ejercen
el poder) para presentar resultados
ante sus jefes en Nueva York. Para alcanzar tal meta, han intimidado a testigos
(sobran denuncias al respecto en la PDH), han comprado los testimonios de los colaboradores eficaces, han extorsionado
a los acusados para que se declaren culpables… Ha llegado a tal extremo su
prepotencia, que hasta al actual Presidente de la CC, Héctor Hugo Pérez
Aguilera, intentaron corromper. Es lamentable que los magistrados no lo denunciaron
antes, y que Francisco Dall’Anese haya protegido al responsable, Thomas Pastor.
¿O es que este último solo cumplía órdenes?
Entiendo a las personas bienintencionadas, aunque poco
informadas (o mal informadas), que promovieron y respaldaron este experimento de
la ONU destinado al fracaso. Pero, lo que no entiendo es la necedad de algunos
de continuar apoyando a un ente que probó, nuevamente, lo cierta que es la
aseveración de Lord Acton de que “el poder tiende a corromper, y el poder
absoluto corrompe absolutamente”. El problema va más allá de quién está al
frente de la CICIG: el problema es que actúan por encima de la Ley. El problema
es el sistema.
El pasado miércoles 28 de agosto se cumplieron 50 años del
célebre discurso de Martin Luther King Jr. titulado “I have dream”, del cual reproduzco unas líneas que expresan mi
sentir, y el de muchos, en lo que respecta a nuestro país: “... nos rehusamos a
creer que el banco de la justicia está quebrado. Nos rehusamos a creer que no
hay fondos en los grandes depósitos de oportunidad en esta nación… hemos venido
a cobrar este cheque… que nos dará las riquezas de la libertad y la seguridad
de la justicia".
Quienes entendemos lo que implica ser mandantes, que no
somos serviles a los gobernantes ni a los arrogantes burócratas
internacionales, debemos exigir que acabe esta insensatez, y que los diputados
cumplan con su deber de derogar toda la legislación arbitraria, contraria a la
Constitución, que nos aleja de un verdadero Estado de Derecho. Los decretos que
han aprobado irresponsablemente, ya sea presionados o comprados, que ya no deben ser tolerados por los habitantes de
Guatemala que, además, los mantenemos a ellos y a la burocracia en general. Comiencen
con el Decreto 35-2007 que
dio vida a la CICIG.
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