Después de leer y
analizar detenidamente el proyecto de reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala, conocido
popularmente como el paquetazo
constitucional, presentado por Otto Pérez Molina, presidente del Organismo
Ejecutivo, y sus asesores, puedo asegurar que el fin último del mismo es
fortalecer el sistema presidencialista y casi desaparecer las pocas
instituciones republicanas de nuestro actual sistema de normas. Además de
intentar, de nuevo, formalizar las fracasadas reformas acordadas por los signatarios
de los mal llamados acuerdos de paz
de 1996, las que fueron rechazadas en la Consulta Popular de 1999.
Uno de los mejores
cuestionamientos que he leído a las intenciones del todavía MANDATARIO, es el hecho por el dirigente sindical Victoriano
Zacarías, el cual fue publicado en el diario Prensa Libre del pasado 28 de
junio: “¿Qué beneficio tenemos los trabajadores y ciudadanos? ¿Se va a terminar
la delincuencia, el alto costo de la vida, el desempleo? ¿Habrá agua en algunas
colonias donde pasan más de 8 días y no hay? Es lo que nos van a preguntar los
compañeros”. Y son las preguntas básicas que debemos hacernos todos los todavía MANDANTES.
Hago énfasis en la calidad de
mandatario del Presidente (en buen chapín, el primer mandadero de la nación), y
la facultad de mandante del ciudadano (el que manda al mandadero) porque en la
parte del llamado “Fortalecimiento
del sistema político”, incluyen una modificación al artículo 182, la cual deja
de reconocer que el Presidente del Organismo Ejecutivo ejerce sus funciones por
mandato del pueblo y lo convierte en Jefe de Estado y Jefe del Organismo
Ejecutivo, cuál émulo de Hugo Chávez y todo aspirante a dictador.
Para rematar la intención
de los ponentes de convertir al Presidente del Organismo Ejecutivo en soberano
de la nación, incluyen cambios a varios artículos que van desde transformar en
un monstruo de dos cabezas al Organismo Judicial (que al final dependerían del
Ejecutivo) hasta eliminar el derecho de los ciudadanos a decidir bajo qué
normas vamos a vivir, tal y como queda expresado en la modificación al artículo
279: “Para cualquier reforma constitucional se deberá convocar a una Asamblea
Nacional Constituyente”. Eliminan la consulta popular. Le quitan el poder de
decisión al mandante: al ciudadano, al pueblo.
Y las anteriores
reflexiones son apenas las primeras que comparto con ustedes. Hoy quisiera
tener al menos diez cuartillas de espacio para detallar, artículo por artículo,
el porqué el proyecto de reformas a la Constitución del gobierno debe ser
rechazado por el bien de todos en el largo plazo. Nuestro presente contrato social, para llegar a ser
verdaderamente una Constitución Republicana, necesita ser modificado. Pero no
cualquier cambio nos va a permitir vivir dentro de un Estado de Derecho que nos
proteja de los abusos de los gobernantes, de los delincuentes y de los
criminales.
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