¿Castrados?

No. Ni en la primera ni en la sexta acepción de castrar según la RAE: “1. (capar) Extirpar o inutilizar los órganos genitales… 6. Debilitar, enervar, apocar”. No importa cuánto lloren algunos la partida de Carlos Castresana (todavía el titular de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala), en nuestro país hay gente valerosa, inteligente y dispuesta a trabajar porque vivamos dentro del marco de un verdadero Estado de Derecho que permita la mejora en la calidad de vida de todos sus habitantes. Un Estado de Derecho que nos facilite cooperar e intercambiar en paz, cada uno buscando sus objetivos, asumiendo los riesgos necesarios para alcanzarlos y respetándonos los unos a los otros.

Mucho ha dado de qué hablar en varios sectores afectados la inesperada renuncia del jefe de la CICIG. Sin embargo, como lo he afirmado en varias ocasiones, en nada va cambiar la vida de la mayoría en Guatemala porque ¿acaso hay hoy menos asesinatos, secuestros, robos, violaciones, extorsiones, corrupción...?

Más aún, nuestra situación es más precaria no sólo en el tema de seguridad, sino también en lo relacionado con la justicia. Lamentablemente, muchas de las acciones emprendidas por la CICIG, bajo el mando de Castresana, lo que lograron es debilitar la poca institucionalidad que había en nuestro país, casi acabando con el derecho al debido proceso y su premisa mayor: la presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Principio aplicable a los gobernados, pero que varía en el caso de los gobernantes dentro de un sistema político como el nuestro que les otorga a estos últimos un poder casi ilimitado.

Para aquellos que consideran que Castresana presentó pruebas de sus acusaciones tengo una sugerencia: revisen sus puntos de partida. Tómenla o déjenla, es decisión individual. Yo, planteo algunas de las tantas preguntas que me surgen: ¿A qué pruebas se refieren? ¿Pruebas de qué? ¿Son concluyentes? ¿Qué pasa con las dudas razonables que mucha gente honorable tiene sobre la supuesta evidencia o la forma en la cual han sido planteadas las hipótesis? ¿Justifica atrapar a unos pocos el acabar con el poco respeto al debido proceso que había en Guatemala?

Otro derecho que ha sido debilitado (en beneficio de los poderosos y con la connivencia de algunos periodistas y directores de medios), es el derecho a la libre expresión. Un derecho que es de todos y no exclusivo de un grupo. Ahora, aquel que se atreve a cuestionar a Castresana y la CICIG corre el riesgo de ser acusado de ser parte de una conspiración y pertenecer al crimen organizado. ¡Una gran estupidez! En fin, hay que vencer el miedo a expresarse. No nos dejemos intimidar por la campaña de desprestigio impulsada por la CICIG, Diego Álvarez y la empresa de comunicaciones que contrataron para hacer cabildeo. El principio del cambio para bien es ProReforma. Exijamos que sea consultada al pueblo.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 21 de junio de 2010. La imagen la bajé de la Internet.