Presupuesto para la corrupción

Poco importa lo que haya pasado (y pase) en el Congreso, y menos son relevantes las excusas que dan por haber desperdiciado una oportunidad que no se había dado en décadas, la oportunidad de aprobar un Presupuesto que de verdad estuviera destinado a cumplir con el mandato primero que les hemos dado los mandantes a nuestros mandatarios: velar por la seguridad de todos los ciudadanos por igual y asegurar de que, en caso que se viole alguno de los derechos individuales (vida, libertad y propiedad) de cualquiera de los habitantes pacíficos, respetuosos y responsables de nuestro país, el culpable sea apresado y juzgado, respetando el debido proceso, para que haya justicia: o sea, que el antisocial que haya sido encontrado culpable, compense a su víctima.

Como claramente manda en los artículos primero y segundo nuestra Constitución Política: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común…Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. Por tanto, la mayor parte de los impuestos que pagamos DEBE ser destinada a la seguridad y a la justicia. Lamentablemente, es en los mandatos propios del sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos (el llamado Estado Benefactor/Mercantilista), mandatos que también están contenidos en nuestra contradictoria Constitución, donde los corruptos que llegan al ejercicio del poder encuentran la forma más fácil de robarse la mayor parte de todo lo que tributamos.

La corrupción es autorizada y legalizada por los diputados por medio del Presupuesto, que no solo incluye todo aquello que los gobernantes pretenden robar (principalmente por medio de los Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación), sino el mantenimiento de una burocracia estatal ineficiente, engorrosa e INNECESARIA, que la mayoría de las veces lo único que hace es estorbar el intento de quienes no pierden la esperanza de progresar en Guatemala. Esto último también es corrupción.

Como escribí en un artículo anterior: “El robo de nuestros impuestos se da en la ejecución del Presupuesto de malgasto y despilfarro de los politiqueros en el ejercicio del poder. El llamado Presupuesto General del Estado, que no es más que la forma en la cual legalizan la repartición del botín. El botín son los impuestos que pagamos todos los meses los tributarios, obligados a entregar una parte sustancial de la riqueza que hemos generado a base de nuestro esfuerzo mental y físico… Unos pagan más, otros pagan menos, pero todos pagamos, aún aquellos que trabajan dentro de la economía informal, ya que cada vez que consumen un producto o usan un servicio que está controlado por los terroristas fiscales de la SAT, el precio del bien o del servicio lleva cargados los impuestos respectivos”. ¿Hasta cuándo lo vamos a seguir tolerando?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 30 de noviembre de 2015.

¿Para qué #$% pagamos impuestos?

¿Para qué diablos pagamos impuestos? ¿Para la compra de viviendas de lujo, ostentosos vehículos europeos últimos modelos, aviones, helicópteros, yates… para los ladrones que llegan al ejercicio del poder y sus cuates? ¿Para financiar los caprichos de los familiares de los politiqueros? ¿Para sufragar las transas con los oportunistas contratistas del Estado? ¿Para satisfacer las demandas de los sindicalistas estatales: una partida de viles extorsionistas, vagos y vividores? ¿Para sostener una burocracia estatal ineficiente, innecesaria y engorrosa?

¿Acaso pagamos impuestos para mantener los exorbitantes salarios de la parasitaria burocracia supraestatal de los organismos internacionales? ¿Para premiar con bonos extras improductivos a quienes no cumplen con sus obligaciones en tiempo? ¿Para que construyan o adecúen cárceles V. I. P. para los pocos funcionarios corruptos que están presos? ¿Para que los peores representantes de nuestra sociedad, a quienes atrae el sistema político de incentivos perversos que prevalece, sigan viviendo cómodamente a costa nuestra?

¿Para qué diablos pagamos impuestos? Es una pregunta que me he hecho mil veces desde que supe que NO pagamos impuestos para que haya seguridad y justicia, a pesar de que la Constitución Política de la ¿República? de Guatemala dice claramente en los artículos 1 y 2 que “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común” y que “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. Ahora resulta que, para exigir que los mandatarios cumplan con su mandato, los tributarios debemos pagar más impuestos de los que ya pagamos para lo mismo. Similar al bono de Gloria Porras para que los empleados de la CC se pusieran al día en su trabajo atrasado.

¿Con quién quieren quedar bien los que irracionalmente promueven la injusta idea de que paguemos más impuestos dentro del contexto actual? Me parece absurdo que gente que ha presentado denuncias en contra de la corrupción y han dado a conocer los abusos del poder, el despilfarro y el robo descarado de los tributos que pagamos, ahora pretendan exigirnos que aportemos más, en lugar de fortalecer la lucha por el uso correcto de todo lo que recauda la SAT.

¿Por qué tal contradicción? ¿Por qué pretenden hacer creer que los que se oponen son los desprestigiados mercantilistas del CACIF? No sólo ellos están en contra de pagar más. Todo ciudadano sensato que a duras penas llega a fin de mes y que sabe que los impuestos no los van a pagar solo los más ricos (¡Qué populismo! ¡Qué demagogia!), que está harto de que los obligados a defender sus derechos individuales sean los primeros en violarlos, que se indigna de ver cómo una parte importante del resultado de sus esfuerzos va a parar a los bolsillos de los delincuentes y criminales que gobiernan, se opone a pagar un centavo más.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 23 de noviembre de 2015.

Gloria sin porras

Más abucheos que otra cosa, recibió la actual presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gloria Porras, ante su unilateral y dictatorial decisión de otorgar un bono por ¿productividad? al personal de la CC porque ¡finalmente! los empleados de esta institución están cumpliendo con sus obligaciones y se están poniendo al día en su trabajo atrasado. Y también, por supuesto, por otorgarse a sí misma, no faltaba más, el más voluminoso de tales bonos. Un reconocimiento revolucionario, dice Porras, aunque lo correcto sería llamarlo involucionario, ya que es una muestra más de las viejas costumbres de la política parasitaria que promueve el sistema de incentivos perversos que todavía impera en nuestro país.

Tal vez le hicieron porras a Gloria (indiscutible representante de la gauche caviar: los socialistas de penthouse), los trabajadores de la CC que salieron premiados con un loteriazo en plena crisis. Pero no es por esos serviles aplausos que Gloria Porras, presidente de CC, no va a dar marcha atrás en su decisión de otorgar tal prebenda. No lo hace porque ya se encariño con los miles de quetzales de los tributarios que se embolsó y, además, porque se siente una chica todopoderosa, la mera mandamás de la corte celestial: “Es competencia mía, como presidente de la Corte”, o sea, aquí las órdenes las doy yo.

¿Será? ¿Deberíamos prestarle pleitesía, nosotros sus súbditos pagadores de impuestos, en lugar de cuestionar su despotismo? Porras, repito, considera que la CC es su feudo, que ella manda y que no necesita consultar con nadie sus decisiones administrativas. ¿Qué piensan al respecto los mandantes? O sea, nosotros los ciudadanos, los que de verdad mandamos, los que pagamos las cuentas.

Quiero destacar la decisión moralmente acertada del magistrado Roberto Molina Barreto de devolver el bono. ¿Acaso esta decisión fue producto de, como coloquialmente se dice, un periodicazo? Puede ser… Aunque en las circunstancias propias de nuestros tiempos virtualmente sociales, más creo que fue producto de un redesazo: de la expresión soberana de miles de mandantes que por medio de Facebook y de Twitter mostraron su rechazo rotundo al abuso de autoridad y el oportunismo de la magistrada Porras.

Pienso que el magistrado Molina es consciente de que el año entrante termina el período para el cual fueron electos y, con visión de largo plazo (la que no tuvo Porras), decidió respetar la voluntad de los tributarios que exigimos que nos sea devuelto el dinero del cual abusivamente se apropió Porras. Por cierto, ya que la señora mencionada, aferrándose al dinero mal habido, afirmó en los medios que “quien debiera ser mi mayor juez es el pueblo de Guatemala”, vaya, pues démosle  gusto: ¡juzguémosla! Impulsemos el voto en contra de su reelección y que esto les sirva de lección a todos aquellos que se encuentran de una u otra manera en el ejercicio del poder. Porque, licenciada, lo que usted hizo también es parte de la endémica corrupción que corroe a toda la burocracia estatal.

           

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 16 de noviembre de 2015. El “meme” es una creación de Vilma de Moreno.

La salud de la corrupción

A pesar de las amenazas recientes, si no hay cambios de raíz en el sistema político, la corrupción se va a recuperar plenamente y más rápido de lo que podemos imaginar. Las capturas de este año y los procesos judiciales en contra de los acusados de ser parte del crimen organizado estatal, no pasaran de ser una leve molestia para el sistema promotor de corruptos que impera hoy en Guatemala.

Las roxanabaldetti, los ottopérezmolina, los gustavoalejos, los juandediosrodríguez, los juancarlosmonzón, las danielabeltranena… como el virus maligno que son, se van a multiplicar por un montón. Y lo que es peor, van a evolucionar hasta convertirse en una cepa de corruptos fortalecida que será más difícil de combatir que la actual, porque ya habrán adquirido las defensas necesarias para vencer los intentos de los ciudadanos, del MP y la CICIG de combatirlos. Más aún, estos dos últimos corren el riesgo de ser contagiados del síndrome de la corrupción, al igual que más de uno de los primeros mencionados.

Al mejor estilo de la nueva generación de corruptos, popularizado recientemente por José Ramón Lam (encargado de cabildear en el Congreso en nombre del presidente electo Jimmy Morales), ladrones que enarbolan la misma bandera que los anteriores, irónicamente, en contra de la corrupción (tal vez la de otros, pero no la propia) hago un copy/paste autorizado por mí misma de un párrafo de mi artículo publicado el lunes 7 de abril de 2014 en “Siglo Veintiuno”, titulado “El origen de la corrupción”:

“El origen de la corrupción es el poder, por eso debe ser limitado. Y ese poder lo adquieren los gobernantes gracias a la venia de los ciudadanos que decidieron otorgárselo más allá del necesario para que cumplan con sus obligaciones primordiales: dar seguridad y velar porque haya justicia. Sí, aquellos que esperan que alguien más les resuelva la vida y les satisfaga las necesidades, que votan por quienes les ofrecen más supuestos beneficios sin importar lo absurdo e incumplible de sus promesas, lo que están haciendo es entregándoles un cheque en blanco a los peores representantes de nuestra sociedad. Porque es a estos, a los peores, a quienes va a atraer el sistema de incentivos perversos que propone el Estado Benefactor/Mercantilista. Populista. Colectivista. Socialista. Y que, lamentablemente, prevalece en gran parte del planeta”.

La única forma de erradicar esta enfermedad degenerativa que avanza imparablemente, es acabando de un solo y sin miedo con su causa: extirpándola de nuestras vidas. Y los únicos interesados en acabar con ella en el largo plazo somos nosotros, los mandantes, quienes sufrimos los efectos, en muchos casos mortales, de la corrupción. Pero debemos entender que esa corrupción es un efecto del sistema inmoral e injusto dentro del cual intentamos sobrevivir. Si queremos vivir la mejor vida posible, cooperando en paz con los demás, debemos cambiar el sistema, para lo cual debemos aclararnos las ideas para no terminar apoyando más de lo mismo.

           

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 9 de noviembre de 2015.

El fiambrismo de Jimmy

Sigo sin entender cuál es la posición política del presidente electo Jimmy Morales. Menos logro descifrar cuál es su filosofía de vida. Sólo conozco ese fiambre de ismos que él ha asegurado en varias ocasiones que lo definen. Unos más otros menos, con variaciones camaleónicas dependiendo del auditorio, Morales afirma que cree en el nacionalismo y el cristianismo, se inclina por el conservadurismo de derecha aunque le llama la atención el libertarianismo, y según su elección del equipo de trabajo para la transición, yo diría que su predilección, como la mayoría de políticos, es por el estatismo y el intervencionismo.

                                                                                                       

No mencioné el colectivismo porque está implícito en la mayoría de ismos listados. ¿Se dan cuenta del origen de mi confusión? En este momento a la única conclusión que puedo llegar, siendo objetiva, es que el futuro presidente del Ejecutivo está lleno de contradicciones, lo que sin duda me preocupa. Motivo por el cual, elijo enfocarme en los retos que nos presentan nuestras elecciones recientes, siendo el primero de los desafíos el definir cuáles son las obligaciones de Morales una vez esté en el ejercicio del poder.

Las analistas y los analistos que forman parte del mainstream tecnócrata/estatista, opinan que la prioridad de Morales debe ser la SAT: o sea, exprimir aún más al tributario. Yo, definitivamente, no apoyo tal propuesta absurda. Por el contrario, considero que la prioridad DEBE ser acabar con la corrupción, lo que está íntimamente ligado a la necesidad de trabajar con un presupuesto equilibrado (no gastar más de lo que ya le ingresa), eliminar obstáculos a la inversión (comenzando por el ISR) y enfocarse en seguridad (que se reduzcan al mínimo posible las violaciones a la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos).

El Presidente del Ejecutivo se debe dedicar a ejecutar lo mandado, debe RESPETAR la división de poderes y no debe conspirar con los diputados para aprovecharse de los ciudadanos. Para alcanzar sus objetivos no necesita ni debe consensuar nada con los congresistas, esto último es un error en el cual también insisten los mencionados analistos y las analistas incapaces de pensar como mandantes dentro de una República. Más parece que se aprenden un guión el cual repiten a los medios de comunicación.

Jimmy Morales, presidente electo, es aquel al cual la mayoría que votó consideró la menos peor de las opciones. A quien favoreció la crisis política de este año que significó el despertar de cientos de miles de personas hartas de la corrupción imperante en el gobierno de Otto Pérez Molina y sus predecesores. Ojalá Morales se prepare como debe para hacer un papel decente como mandatario, que deje de hablar de sí mismo en tercera persona y  ponga los pies en la Tierra. Que actúe como un político serio. Mientras, nosotros los mandantes, debemos enfocarnos en lo que es verdaderamente importante: el cambio urgente, radical, a nuestro sistema de Estado Benefactor/Mercantilista. Y, por enésima vez: no habrá Luna de Miel.

                                                                                                       

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 2 de noviembre de 2015.